Estrictamente Personal

El desastre de Silvano

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Por: Raymundo Riva Palacios

 

En un país donde nada sorprende, el asesinato de 10 personas el pasado 30 de julio ordenado por un alcalde de Michoacán, Juan Carlos Arreygue, sí sorprendió. ¿Cómo puede actuar una autoridad con tanta impunidad? El gobernador Silvano Aureoles dijo que fue una disputa por narcomenudeo, y que el Alcalde mandó asesinarlos porque querían quitarle el negocio.

 

Aureoles no estaba sorprendido. Desde hacía tiempo dijo que se sospechaba que Arreygue estaba vinculado a los líderes de Los Caballeros Templarios, motivo por el cual no fue candidato del PRD, como quería. La información sobre los antecedentes del Alcalde, lejos de generar confianza, es motivo de censura contra Aureoles. ¿Cómo permitió que una persona sobre la que había sospechas pudiera llegar a ocupar un puesto de elección popular? El Gobernador podrá no ser culpable de los malos pasos de Arreygue, pero políticamente hablando, es un irresponsable.

 

El caso del Alcalde no es un síntoma de la descomposición que vive Michoacán, sino expresión del cáncer que no ha podido extirparse. Hace un año, al participar como gobernador electo en un convenio en la Secretaría de Gobernación llamado Agenda por Michoacán, Aureoles prometió que tomaría medidas radicales para acabar con los conflictos en el estado y la impunidad; en agosto, ofreció paz y gobernabilidad. La verborrea no se le acababa al Gobernador, quien todavía en abril afirmó en una entrevista de radio: “Hemos restablecido el estado de derecho; hay seguridad jurídica y las cifras así lo reflejan”.

 

En ese momento, el Gobernador ya estaba mintiendo a los michoacanos y ocultando la verdad. En el primer trimestre de este año, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos en Michoacán se habían incrementado 62.58% en comparación con el mismo periodo de 2015. En los primeros cuatro meses de su gobierno, el robo a vivienda, vehículos y personas, se había disparado: el robo con violencia, 45.45%; los robos a casa-habitación, 109.52%; el robo a negocios, 21.62%; y el robo a personas, 148 por ciento. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI reflejó la zozobra en marzo de este año, cuando 70% de los michoacanos mayores de 18 años, dijo que vivir en su ciudad era inseguro.

 

Aureoles afirmó en abril que se había recuperado la tranquilidad y la paz social en Tierra Caliente. Sin embargo, no paraban los narcobloqueos, los enfrentamientos entre grupos armados y policías, incendios de vehículos y camiones, y suspensión de las actividades cotidianas en seis municipios. “El estado no se encuentra fuera de control”, insistió el Gobernador. La respuesta de la delincuencia se dio la misma noche en que decretó Aureoles retóricamente la gobernabilidad: al menos una decena de vehículos fueron incendiados en Apatzingán. Al igual que en ese municipio, en Uruapan, Zamora, Buenavista, Jiquilpan y Jacona, los niños se encerraron en sus casas y dejaron de ir a las primarias por la inseguridad.

 

La violencia, que nunca se fue de Michoacán, volvió a salir a las calles durante el gobierno de Aureoles. La Familia Michoacana revivió con su extensión en Guerrero, y Los Caballeros Templarios, una escisión de ese cártel de mesiánicos, mantuvo sus operaciones en Michoacán y el centro del país. El Cártel Jalisco Nueva Generación retomó altos niveles de actividad con los cultivos de mariguana y el trasiego de los precursores químicos para la elaboración de las metanfetaminas. El Gobernador está rebasado, aunque niegue que el estado se le fue de las manos desde el primer momento en que asumió el poder en octubre del año pasado.

 

Las condiciones de inseguridad en Michoacán afectan a Aureoles, que mantiene la esperanza de alcanzar la candidatura presidencial del PRD en 2018. Aureoles se había presentado como el salvador de Michoacán, al que iba a colocar una vez más en la ruta del desarrollo. Evidentemente, no lo ha logrado. El Gobernador no tiene los recursos políticos para restablecer el orden y la paz prometida. Tampoco ha funcionado la estrategia que afirmó haber instrumentado desde el inicio de su administración. Como en el pasado reciente, con ex los gobernadores Fausto Vallejo y Salvador Jara, Aureoles va en camino de quedar subordinado al Gobierno federal porque fue incapaz de frenar la inseguridad.

 

La delincuencia, organizada y del fuero común, le tomaron la medida desde el principio. Mucha palabrería, pero poca eficiencia. Sobreexpuesto en los medios de comunicación de la Ciudad de México, Aureoles se ha dedicado más a gobernar para la opinión política en la capital federal, que a resolver los problemas que más frustran y angustian a los michoacanos. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que provienen de la Procuraduría michoacana, desmienten sus afirmaciones de haber mejorado las condiciones de seguridad. Las encuestas del INEGI que miden las percepciones, ratifican lo que da la contabilidad del crimen.

 

Aureoles ha resultado una decepción como gobernante y un fiasco como estratega. Utilizar la condena pública del alcalde Arreygue, le ha dado prominencia nacional en estos días con la tolvanera que levantó. Será efímero. El linchamiento público que ha encabezado se le va a revertir. Todos los datos de inteligencia que reveló para justificar su detención y mostrar control, desnuda su ineficiencia. Si tanto sabía de él, ¿por qué no actuó antes? Por ignorancia o negligencia. Sólo por estas razones se entiende lo que sucedió, aunque el Gobernador intente dibujar la realidad de diferente manera.

Las malas costumbres

ENRIQUE PEÑA NIETO

Por: Raymundo Riva Palacio

 

Tres años después de haber iniciado su Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto hizo una importante rectificación: no se tolerará ningún abuso por parte de la Policía Federal, ni violación alguna a los derechos humanos. La advertencia es fundamental porque lo que reconoce es que lo hecho hasta ahora está mal y se tiene que corregir lo que empezó el 1 de diciembre de 2012, mientras asumía la presidencia en San Lázaro. Afuera, en la génesis de lo que ahora promete cambiar, los responsables de la seguridad comenzaban el regreso al pasado represor.

 

Ese día, la resistencia civil opositora a Peña Nieto organizó oleadas de ataques contra la Policía Federal en el perímetro de seguridad con el que se había blindado el Palacio Legislativo. El primer responsable de la seguridad pública, Manuel Mondragón, sacó del baúl de la ignominia a los “halcones” y les ordenó enfrentar a los provocadores.

 

Desde las barreras de metal de la Policía Federal salieron agentes vestidos de civil con palos, cadenas y armas para encararlos, y después de golpear, regresaban a sus trincheras. Nadie le dijo a Mondragón que los recursos que utilizaba, propios de un régimen represor, no eran aceptados. Al contrario, lo estimularon.

 

Halcones se utilizaron en diferentes momentos. El último fue en Nochixtlán el 19 de junio pasado, cuando desde las instalaciones de la Policía Federal en esa comunidad oaxaqueña, agentes vestidos de civil fueron vistos con armas largas para enfrentar a la población. No hay evidencia de que alguna bala de la Federal matara a una de las ocho personas que cayeron ese día, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene pruebas que en otros enfrentamientos previos los policías no han utilizado armas de cargo para esconder sus prácticas ilegales.

 

En este sentido, quiénes dispararon en Nochixtlán sigue siendo un misterio. La suspicacia sobre los federales se debe a que las malas costumbres que regresó Mondragón al Gobierno federal, superaron a los dos hombres íntegros que lo sucedieron, Monte Alejandro Rubido y Renato Sales.

 

El Presidente se refirió en términos generales a los abusos y las ilegalidades de los policías federales, sin entrar en detalles. Nochixtlán, como último botón de muestra, desnuda además la falta de trabajo de inteligencia en la Policía Federal.

 

El comisionado Enrique Galindo ha admitido públicamente que los emboscaron, pero el antecedente es que en los cuatro días previos al enfrentamiento, los federales que llegaron a esa comunidad no recopilaron la información de inteligencia que les habría permitido a sus jefes ajustar su estrategia y evitar el choque. Como resultado, los provocadores, que desplegaron tácticas defensivas, se aprovecharon de la desorganización y desarticulación de la Policía Federal, que tuvo que recurrir al uso de la fuerza sin acatar sus protocolos.

 

La falta de trabajo de inteligencia ha sido una constante en este gobierno. Por decisiones de Mondragón dejaron de recopilar información en los penales de máxima seguridad, por lo que Joaquín “El Chapo” Guzmán vio en esas deficiencias la oportunidad para su segunda fuga.

 

La inteligencia aparece en lo alto de los protocolos de uso de fuerza de la Policía Federal, y el déficit o ineficiencia en este Gobierno ha sido germen de tragedias, al producir en cascada el incumplimiento de los protocolos de procedimientos y uso de la fuerza.

 

Un notable ejemplo es la noche de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, cuando los federales en la región de Iguala fueron omisos en sus responsabilidades, cuando menos, al dejar que policías municipales y criminales actuaran contra los estudiantes. Fueron testigos del ataque contra el equipo de futbol de Los Avispones de Chilpancingo en Mezcala esa misma noche, sin que actuaran para evitar el ataque, ni para preservar la escena del crimen para la recopilación de evidencias, que es otra violación a los protocolos de la Policía Federal.

 

Tampoco hicieron nada por evitar el secuestro de un camión de normalistas que desaparecieron en la salida de Iguala rumbo a Huitzuco.

 

Es cierto que en México hay un problema estructural con las policías –algunas de sus causas son el mal reclutamiento, capacitación, controles de confianza, salarios, equipamiento–, pero en el gobierno de Peña Nieto se ha añadido una constante de errores que, por su volumen no se sabe si son fallas o si se está dando, en las cañerías del sistema de seguridad, una restauración del estado represor.

 

Tanhuato, es otro caso de estudio. En esa comunidad michoacana hubo un enfrentamiento entre la Policía Federal y miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación en mayo del año pasado. Pero el saldo no fue resultado de un enfrentamiento sino de una matanza.

 

La Policía Federal utilizó una fuerza letal que violó los estándares de Derechos Internacionales y la llevó a una ejecución extrajudicial.

 

De acuerdo con los protocolos de la Policía Federal, el índice de letalidad establece que un radio de un policía muerto por 1.4 agresores; en Tanhuato hubo un policía muerto por 42 agresores abatidos. Adicionalmente, los federales alteraron la escena del crimen y colocaron armas en donde no había, para probar la violencia de sus actos. Aun si no fuera una violación a los protocolos, ni aun así, se justificaría el abuso de fuerza.

 

El desempeño de la Policía Federal ha sido desconcertante. La liga, a decir por las palabras del Presidente, ya se rompió. Tendrán que venir acciones y consecuencias, porque de palabras no se construye un estado de derecho.

El inexplicable Peña Nieto

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Por: Raymundo Riva Palacio

 

Entre lunes y martes estaba previsto que el Consejo Político Nacional del PRI nombrará a su nuevo dirigente nacional. La presidenta interina del partido, Carolina Monroy, dijo en la víspera que el jueves iniciaría el proceso para lanzar la convocatoria. Pero como en tiempos de una Presidencia priista, quien es dueño de los tiempos y las decisiones es el inquilino de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, decidió en vista de sus tiempos, más allá de trámites y procedimientos, que el destinatario de su deseo sacara la cabeza.

 

Enrique Ochoa, director de la Comisión Federal de Electricidad, tras una comparecencia en el Senado, respondió las preguntas de la prensa. “El mayor honor sería presidir al PRI”, dijo. Ochoa recogió rituales que son caducos para un PRI que está caduco. Pero al mismo tiempo, para ese partido obsoleto, ¿es la solución un forastero?

 

Ochoa no es ajeno al PRI, pero no tiene un ADN tricolor, salvo por el que pudo haber recibido por ósmosis. Fue compañero de cuarto de Alejandro Murat, gobernador electo de Oaxaca, cuando estudiaron sus posgrados en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y de ahí se hizo cercano a su familia.

 

Ochoa, con esas venas mexiquenses prestadas –Murat era funcionario en el gobierno de Peña Nieto y su madrastra miembro de la aristocracia de Atlacomulco– se acercó al círculo interno del entonces candidato presidencial del PRI, quien al pedirle a su asesor Aurelio Nuño la elaboración de la reforma educativa, hizo el trabajo fino en la redacción –de él es la controvertida medida de la evaluación a docentes como método de premio y castigo– de la iniciativa

cuestionada.

 

No pertenece a la gerontocracia priista, pero tampoco es un joven (nació en 1972). No tiene experiencia de partido, pero sí en materia electoral. Estos antecedentes ya motivarían un análisis sobre si dentro del partido, alguien que no tiene raíces ni trabajo de calle con las estructuras, sino que proviene de la élite gubernamental a la que más le achacan los negativos que contribuyeron a sus recientes derrotas electorales, podrá será un factor de división más que

unión, de resta más que suma. ¿Acaso de escisión?

 

El presidente Peña Nieto no tiene el consenso dentro de su propio partido, donde cada vez son más abiertas las diferencias con su forma de conducción nacional. Pero no parece importarle mucho.

 

Optó por Ochoa, con quien tiene una muy buena relación y a quien llama de manera espontánea y regular a Los Pinos para hablar de temas que no tienen que ver con el sector energético. Tan indiferente parece ser el Presidente a lo que pasa en las calles, que la prensa interrogó a Ochoa justo después de comparecer ante legisladores que lo llamaron para que explicara por qué incrementó las tarifas de electricidad, que era el ejemplo que presumía el Gobierno

como los beneficios que acarreaba la reforma energética. Es decir, al enemigo público del día de millones de mexicanos porque sus recibos de luz subirán, el Presidente encargó dirigir al partido para las elecciones estatales de 2017, y la campaña presidencial de 2018, y lo mandó a la arena pública para que los rumores se convirtieran en certezas.

 

¿Por qué piensa Peña Nieto que Ochoa es el mejor calificado para el timón del PRI en la peor época de su existencia? Sería interesante una introspección en la mecánica de su mente político-electoral. Pero esto es retórico porque no va a suceder. Lo que sí se puede medir es la forma como el PRI viene cayendo desde las elecciones federales del año pasado, cuando pese a ganar la mayoría en el Congreso –gracias a sus alianzas–, su presencia territorial bajó.

 

En la comparación a la par con partidos, sólo tuvo 11 mil 766 votos más que el PAN. En las elecciones de 12 gubernaturas el 5 de junio, obtuvo 18 mil 27 votos más que los panistas, que le arrebataron estados donde nunca había perdido el PRI. En el desdoblamiento microscópico del país –que Peña Nieto no vio en 2015 y no está claro si lo observó en 2016–, el PRI sólo tiene el control en siete de 32 congresos locales, y su principal aliado electoral, el Partido Verde, está a punto de perder el registro en nueve estados. En tres años ha dejado de gobernar a más de 20 millones de mexicanos, y los números siguen creciendo.

 

El PRI de Peña Nieto arrastra un rendimiento decreciente que no se va a revertir con cambios cosméticos. Una parte del combustible de su caída es la percepción de que es un Presidente que no gobierna bien, que acompañan las métricas económicas y de seguridad que muestran claramente a un gobierno deficiente.

 

Las denuncias de corrupción y flamboyante impunidad son un agregado tóxico a la realidad que rodea a Peña Nieto. Los números no le suman positivamente, y la designación de Ochoa generó reacciones inmediatas dentro de los priistas, que encuentran difícil de entender esta nueva decisión. “Tenemos que cambiar y escuchar a la ciudadanía”, dijo Ochoa a los periodistas en el Senado. “Tenemos que ser un partido más transparente que encabece cambios y que

atienda las solicitudes de los ciudadanos que quieren tener un mejor país”. No parece ser esta la razón de la decisión. Peña Nieto luce refractario. Este es su mensaje al PRI y al país: el futuro es lo que él piensa, y que la realidad –como hasta ahora ha sido–, lo desmienta.

 

El quarterback de los maestros

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Por: Raymundo Riva Palacio

 

El diálogo no fue de sordos, pero tampoco llegará a ningún lado. La disidencia magisterial, que ayer regresó a la Secretaría de Gobernación con un interlocutor que no habían tenido antes –el secretario Miguel Ángel Osorio Chong–, presentó lo que han exigido desde que se planteó la reforma educativa: su derogación. Lo innegociable en palabras de Osorio Chong, que sin embargo es lo que estuvo sobre la mesa en el primer encuentro que el secretario dijo le había dejado un buen sabor de boca. Esa afirmación sólo se entiende por el hecho que estén sentados los maestros disidentes y no prendiendo fuego en las calles y carreteras en el sur del país, pero el diálogo comenzado este miércoles va hacia ningún lado a menos que una de las partes claudique en su postura.

 

Es mejor tenerlos sentados en la misma mesa que enfrentándose a la Policía y estrangulando económicamente a Oaxaca. La nueva cita el próximo lunes, le da tiempo al Gobierno y distiende la violencia temporalmente, pero nada más. Osorio Chong dice que hay posibilidades de llegar a acuerdos, pero para hacer eso, el Gobierno tendría que violar la ley.

 

La disidencia magisterial está en lo suyo, lo que ha sido a lo largo de su historia, alcanzar sus objetivos mediante presión y confrontación. Errores repetidos en el diagnóstico de su génesis y prácticas, creó las condiciones para que la disidencia magisterial volviera a sentarse en una mesa de negociación política con el Gobierno.

 

¿A dónde van? Habría que remontarse al otoño de 2013, la primera etapa de la negociación de la reforma educativa, cuando el Gobierno federal les abrió el Centro Histórico, les dio dinero a través del ISSSTE mediante la regularización de 8 mil plazas, les ofreció que no habría sanciones por incumplimiento de trabajo o daños a propiedad privada, y les garantizó revisar el caso de sus compañeros en la cárcel acusados por secuestro, a cambio de suspender sus plantones y movilizaciones en la Ciudad de México. Dos años y medio después, sin haber logrado, pese a llenarles las alforjas con dinero público, todo regresa al punto donde comenzó, pero con movilizaciones más violentas y el contagio en el sur del país.

 

Sólo si el Gobierno se rinde habrá conclusión del conflicto social, porque la disidencia magisterial no dará pasos para atrás. En noviembre de 2013 se explicó en este espacio su racional: “La CNTE siempre juega al “primero y diez”.

 

La metáfora está inspirada en el futbol americano, donde el equipo atacante tiene cuatro oportunidades para avanzar 10 yardas y ganar cuatro oportunidades más de manera sucesiva hasta anotar puntos… llevado a la mesa de negociación, la CNTE siempre ganará algo con poco o nada a cambio.

 

“Eso ha sucedido en todos estos meses de negociaciones con la Secretaría de Gobernación, donde ha sido todo para ellos, pero nada tangible para el Gobierno federal. Privilegios económicos y prebendas jurídicas les ha entregado el Gobierno federal a cambio de que no se incendie la pradera social. Todo empezó el 15 de mayo (de 2013), la fecha en que anualmente inicia la negociación salarial con los maestros, cuando la CNTE hizo lo que ha hecho por casi cuatro décadas: entregar su pliego petitorio y poner su campamento. Negociación–movilización, es la dialéctica de la estrategia. (Ese) año, sin embargo, no lo hicieron en Oaxaca –donde se concentra 70% de su membresía–, sino en la Ciudad de México, debido a que la presión iba más allá de la coyuntura económica del año.

 

“Se trataba de rebelarse contra la reforma educativa… La defensa de la educación de los niños es la coartada social y política, pero el rechazo a la reforma educativa tiene que ver con otras cosas, menos nobles. La CNTE no puede permitir que un instituto autónomo sea el que evalúe a los maestros, porque si no aprueban los exámenes de conocimiento, los trasladarán a tareas administrativas, con lo que les arrebatan el control hereditario y clientelar de las plazas de maestros.

 

“Tampoco quieren el censo de maestros, porque esto podría exhibir la verdadera fuerza de la CNTE con maestros de carne y hueso, en lugar de fantasmas que engrosan presupuestos y dibujan músculos virtuales, que también repercutiría en sus bolsillos, pues maestros no censados, no existirían en la nómina. En la lucha por la sobrevivencia, como cada año, jugaron al “primero y diez”, y encontraron en el Gobierno un adversario que al no conocer la estrategia tradicional, se fue replegando. Los resultados han sido extraordinarios para la CNTE, que propinó una paliza a las autoridades federales… Ser institucionales es menos redituable que jugar al margen de la ley. Si ser rupturista pone de rodillas a los gobiernos y además da dinero, privilegios y sabotea la reforma educativa, ¿no es la CNTE el camino a seguir?

 

“La estrategia del Gobierno federal ha beneficiado a la CNTE… En la CNTE se sorprenden de hasta dónde han llegado, y todo tendría lógica si el objetivo del Gobierno (fuera) fortalecerla para diluir al SNTE. Pero difícilmente se deseaba construir un monstruo de esa organización beligerante, amalgama de grupos de interés cuyo fin es doblegar al Estado. Eso habría sido suicida, aunque eso es exactamente lo que política y socialmente, la Secretaría de Gobernación (hizo). El “primero y diez” arrancó el 15 de mayo (de 2013), y este juego no ha terminado”.

 

Sin comentarios.

El odio nos sigue dividiendo

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Por: Raymundo Riva Palacio

 

El odio sigue entre nosotros. La forma como se galvanizó nuestra división a raíz del atentado terrorista en un centro nocturno gay en Orlando, nos habla de cómo confundimos creencias con libertades. Es motivo de respeto que una persona, por razones religiosas, se muestre en contra de las lesbianas, los homosexuales, los transexuales.

 

Lo que es inaceptable es la intolerancia a coexistir en una sociedad donde los derechos humanos son para todos. Es el caso de José de Jesús Manzo Corona, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social de Jalisco, quien tras la masacre en Orlando escribió en Facebook que lamentaba que hubieran sido 50 y no 100 los muertos, fue cesado en forma fulminante. No hubo mayores consecuencias, como tampoco las hubo para Esteban Arce, conductor estelar en Televisa, quien a finales de 2009, dijo que los homosexuales eran “anormales” que actuaban con “demencia animal”.

 

Ni hablar sobre la violencia cotidiana en las redes sociales o los comentarios a las columnas que se publican en los periódicos. Según la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, cada día se difunden en las redes sociales entre 15 mil y 20 mil mensajes de odio por razones de género, racismo y orientación sexual.

 

Hasta hace cuando menos dos años, el Consejo de Europa colocaba a México en el primer lugar de campañas de odio, porque los mexicanos habían convertido las redes sociales en espacios de mercadotecnia para fines políticos específicos, generando campañas de odio contra personas, partidos o instituciones, y no como un espacio de convivencia social, como es en la mayoría de los países.

 

El discurso del odio es abusivo, insultante, intimidador. Estos discursos ponen su marca sobre las sociedades, y suben de intensidad cuando van acompañados de tensiones políticas o asuntos públicos que polarizan por definición, como despenalización del aborto o matrimonios igualitarios.

 

En un artículo de quien esto escribe en el periódico El País de Madrid en enero de 2010, se apuntó que el discurso de odio tuvo en México una combinación de dos disparadores que coincidieron en tiempo y espacio.

 

El primero fue la lucha política donde el gobierno del presidente Vicente Fox se empeñó en que por un delito menor el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, fuera enviado a la cárcel.

 

Esa lucha es a prolegómeno de la sucesión presidencial, que se tradujo en una polarización social y política donde incluso muchos mexicanos que no compartían las ideas de López Obrador se sumaron a sus legiones de defensores ante lo que veían como un abuso de poder.

 

A ese hecho se le sumó el despegue de la comunicación horizontal entre los ciudadanos y los medios de comunicación, donde comenzó a desmantelarse la estructura vertical que durante décadas caracterizó a la prensa, que se vio forzada a dejar de hablar sólo con los gobernantes y empezar a dialogar con los gobernados.

 

La polarización que mostraron los medios en la lucha política se trasladó a la sociedad. Desde entonces desaparecieron los grises y todo fue blanco o negro. No había adversarios sino enemigos; el que no era incondicional era rival.

 

La belicosidad con la que trataban a los actores políticos se expresó en la rijosidad con la que grupos sociales se fueron encima de periodistas. Varios políticos contrataron servicios de call centers para que tan pronto como saliera un comentario negativo de su patrón, se saturara con spam e insultos el correo electrónico o los comentarios en donde aparecía su opinión.

 

A varios de los conductores de noticieros más visibles se les hicieron juicios sumarios virtuales y sus efigies de cartón fueron quemadas como si estuviéramos en el medioevo.

 

Lo notable no era sólo la partición de la sociedad, sino los grados de violencia que alcanzaba una discusión que muy pocas veces fue racional y muchas, en cambio, apasionada, beligerante y violenta. Junto con ello llegaron amenazas de muerte a periodistas, que al ser divulgadas sólo provocaron un mayor enrarecimiento social.

 

La polarización ya no desapareció. El discurso del odio tampoco. Lo que sí sucedió es que un fenómeno circunscrito al ámbito de la política se socializó con intensidad amenazante a los asuntos de interés público.

 

Notables mexicanos de origen judío, como el historiador Enrique Krauze y el excanciller Jorge Castañeda, han sido lapidados por voces anónimas y salvajes. A la afamada conductora de televisión Adela Micha le llovían amenazas y comentarios en las redes sociales donde le decían “te vamos a convertir en jabón”, como hicieron los nazis durante el Holocausto. Un correo electrónico que circuló en ese entonces de manera masiva, pedía: “Haz patria, mata a un político”.

 

En fechas más recientes, el académico que escribe y conduce un noticiero de radio, Ezra Shabot, fue objeto de una campaña fascista en redes sociales por discrepar de Carmen Aristegui y las razones de su salida de MVS el año pasado.

 

Las recientes campañas electorales estuvieron cargadas de odio y en la temporada postelectoral, la Arquidiócesis Primada de México contribuyó al enrarecimiento social por su postura intolerante contra los derechos humanos de las lesbianas, homosexuales y transexuales.

 

El discurso del odio contamina. Encuentra en los fundamentalismos y las frivolidades, la superficialidad de unos y la confusión de muchos, sus raíces ominosas. El tránsito de la palabra a la acción parece estar muy lejos en México. Pero cuidado. No estamos lejos. Estamos solamente a la distancia de un pestañeo. Que no se nos olvide.

Veracruz y la gobernabilidad

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Por: Raymundo Riva Palacios

 

Una razón poderosa por la cual Javier Duarte pudo haber salvado un proceso de juicio político como gobernador de Veracruz para enfrentar acusaciones de presunto enriquecimiento inexplicable y desvío de recursos, debe encontrarse en la amenaza que deslizó a finales del año pasado: una parte del dinero que decían que había caído en su bolsa, 2 mil 300 millones de pesos –decía–, habían sido para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. ¿Es verdad? Muy pocos podrán hablar con pleno conocimiento de ello, pero lo que es cierto es que el Presidente no autorizó que el PRI buscara el desafuero, con lo cual la campaña para renovar al Ejecutivo en Veracruz se convirtió en un pantano de estiércol.

 

Como sucede normalmente en estos procesos, el pleito todo debió haber terminado el domingo con la elección, como pasó en otros campos de batalla negros como Tamaulipas y Oaxaca, o en otros nada impolutos como Durango y Puebla. Pero no en Veracruz, donde el conflicto postelectoral cambió la ruta de los tribunales a los medios. Odios que parecen irreconciliables entre el gobernador saliente, Duarte, y el virtual Gobernador, Miguel Ángel Yunes, expresados a lo largo de esta semana con una continuación de la guerra de acusaciones y amenazas, de descalificaciones y vituperios, están llevando al estado a una etapa de ingobernabilidad. Eso va a ser inadmisible.

 

Yunes, sometido a una campaña de descalificación sistemática y profunda como nunca antes en su vida, como él mismo lo reconoce, tampoco ha dejado de estar señalando en entrevistas de prensa que va a meter a Duarte en la cárcel. Es tal el encono, que Yunes pasa por alto que él no tendrá atribuciones de ministerio público cuando llegue a la gubernatura, y que como ha sucedido en otros casos de ajustes de cuentas entre gobernadores entrantes y salientes, tiene que recurrir al apoyo de la Federación porque tampoco está dentro de sus atribuciones legales. No obstante, Duarte tuvo una reacción propia de un comportamiento bipolar.

 

El martes pidió a los veracruzanos a dejar atrás el encono y a trabajar unidos. Pero como Yunes no aceptó su mano e insistió en que lo meterá en la cárcel, el Gobernador, que tiene la piel bastante delgada, difundió este jueves un video en donde, sin decir nombres, dijo que las acusaciones en su contra sólo existen en la mente de quien sí tiene denuncias formales por enriquecimiento ilícito.“Una cosa es la propaganda electorera basada en la infamia y la acusación sin bases y otra muy distinta probar los dichos”, dijo. “Los desvíos de los que se habla sólo existen en la mente tortuosa de quien sí tiene denuncias formales por enriquecimiento ilícito y gravísimos señalamientos por falta de probidad como persona”.

 

Los términos de la batalla fueron ratificados. Duarte contra Yunes, a ver hasta dónde le alcanza. El Gobernador, podría decirse, tiene ventaja. El relevo de mandato será hasta dentro de cinco meses, por lo cual dispondrá de los recursos políticos que tiene un mandatario en México para preparar el terreno, de su salida por un lado, que significa limpiar las cuentas públicas para minimizar la posibilidad de que le atrapen en ellas irregularidades, y desbarrancar o descalificar a Yunes en el camino como un mecanismo preventivo y de control de daños para lo que venga después.

 

Si uno se atiene al temperamento de ambos, el reguilete de estiércol continuará durante un largo tiempo más. Aquí es donde viene la duda: ¿harán de la vida pública veracruzana un chapoteadero de acusaciones de corruptos, ladrones y pederastas durante todos estos meses por delante? Duarte y Yunes deben pensar que sí. El punto central es si no habrá una autoridad superior que los ponga en su lugar.

 

En la lógica del acuerdo entre los nuevos siete gobernadores que tendrá el PAN concretado este miércoles con el líder del partido, Ricardo Anaya, de trabajar coordinadamente con el Gobierno federal, no sería extraño que le pida a Yunes detener por ahora su cruzada contra Duarte. Después de todo, si el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto actúa en aras de la gobernabilidad, Duarte tendrá que ser silenciado. No será un tema de censura, sino de responsabilidad y disciplina política. El Gobernador no puede declarar la guerra a un adversario político sin pensar que no habrá represalias, no de él, sino de quienes son los responsables de la gobernación en el país.

 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, está obligado a llamarlo a cuentas y forzarlo a que se calle la boca. Sus palabras sólo enturbian más el entorno y radicalizan la problemática política en Veracruz, un estado de por sí azotado por la violencia. La locuacidad del Gobernador, disparada por las amenazas de Yunes, no ayuda al estado pero, para efectos inmediatos, menos a él. Duarte va de salida y Yunes tomará posesión. Sus gritos no impedirán la transmisión de poder. Lo que tampoco debe soslayar es que en estos momentos es una pieza desechable, despreciada por la sociedad veracruzana y por el país, el peor gobernador evaluado en la nación. Es decir, cualquier acción política puede caer sobre él. El desafuero, quizás. Una acción judicial que le finque responsabilidades por delitos asociados con la corrupción, tal vez. Su cabeza es muy apetecible para la gradería popular, y tanta histeria histriónica le pudieran dar el Presidente la oportunidad de responderle a los votantes del 5 de junio: “ya los escuché”.

El sistema está roto

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Por: Raimundo Riva Palacio

El sistema electoral mexicano está roto. Existen sus instituciones, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, con sus leyes, normas y reglas, sus sistemas de monitoreo y fiscalización para que nadie juegue en las condiciones injustas e inequitativas que son factores tóxicos en los sistemas democráticos. El sistema, se han quejado los especialistas, está sobre regulado, pero tiene como bases evitar que los partidos que tienen más y mayor acceso a los recursos, desequilibren los procesos y, al mismo tiempo, establecer parámetros tan estrictos, que quienes sin tener esas posibilidades financieras tienen el arrastre electoral suficiente para derrotar a los Goliat del sistema político mexicano, puedan ser acotados y deshidratados en su financiamiento, con lo que se reducen sus posibilidades de triunfo. Las reglas son tan rígidas que sucede algo obvio: se pueden romper.

 

En las elecciones para gobernador en 12 estados del país este domingo, las contradicciones del sistema electoral llegaron a su contradicción máxima. Los partidos políticos que construyeron este andamiaje electoral lleno de muros y obstáculos infranqueables, descubrieron tardíamente que sus obsesiones personales los llevaron a morderse su propia cola. No legislaron para flexibilizar las normas y que su elasticidad fortaleciera al sistema, sino que aceleraron su perversión y lo rompieron. No hay todavía datos cuantitativos de la guerra sucia electoral en las campañas en 2016, pero la evidencia empírica señala que este proceso es el más ilegal que se haya registrado en tiempos democráticos.

 

Los partidos construyeron un sistema, decían, para defender la democracia, pero terminaron tirándola a la basura. Un ejemplo claro de la perversión de su iniciativa es el modelo de difusión de spots. Crearon un mecanismo para que cada partido tuviera que presentar ante el INE los spots que iba a difundir, a fin de que este órgano los colocara en tiempos oficiales. El INE los publicaba en su página de internet antes de que los medios comenzaran a transmitirlos, y cuando los partidos rivales los veían y sentían que los denigraban, difamaban o sencillamente que su contenido los dañaba, no tenían opción de contrarrestarlos con otro spot, porque cuando el suyo fuera autorizado y transmitido, días después, el daño ya estaba hecho. Ante la imposibilidad de defenderse o contra atacar, recurrían al Tribunal Electoral para evitar su difusión. Sin embargo, aún si conseguían que el Tribunal lo prohibiera e impidiera su difusión en los medios, el spot ya había sido compartido en las redes sociales y causado el impacto que buscaban evitar que tuviera.

 

Las leyes y las normas que inventaron, por tanto, no servían a sus intereses. Es cuando decidieron darle la vuelta a la ley, y escalaron las perversiones electorales. El estratega de dos de los grandes partidos nacionales –según sus intereses particulares trabaja indistintamente para cada uno de ellos– compró la versión clon del portal de Anonymus para utilizarlo como vehículo para difundir grabaciones ilegalmente hechas con el propósito de golpear a candidatos y desacreditarlos. Ese portal pirata, sin embargo, es sólo el vehículo. ¿Quién hace la minería de datos para alimentarlo? No se sabe. Lo que sí se puede ver es que hay recursos suficientes para escarbar en el pasado olvidado de aspirantes a puestos de elección popular y presentar acciones o declaraciones comprometedoras en un contexto electoral que no tiene nada que ver con aquél en donde se direron originalmente. Hace unos días sucedió esto con una videograbación tomada hace una década, y presentada sin mayor explicación como actual. ¿Quién realiza las grabaciones ilegales? Tampoco se sabe. Lo que sí es evidente que hay quien invierte mucho dinero no sólo en las grabaciones ilegales –hay tantos dispositivos que no es un costo oneroso-, sino en mantener un equipo que está escuchando permanentemente los teléfonos de sus objetivos y analizando qué material sí puede ser explosivo y utilizado en su momento contra el o la adversaria. Estos equipos humanos sí cuestan dinero. Pero este no es el problema.

 

El dinero parece ser lo de menos. Un reporte de la consultoría Integralia publicado este jueves por El Financiero, reveló que en las elecciones federales en 2012 y 2015, hubo un aumento promedio de 33 mil 165 millones de pesos en el flujo de efectivo durante los meses previos a la celebración de elecciones federales, que “pueden dar una pista del dinero usado para financiar campañas de forma ilegal, (y) aunque la ley ha puesto candados para que las operaciones se bancaricen, muchos gastos de campaña se pagan en efectivo, ya sea porque los fondos provienen de fuentes ilegales, porque se usan para pagar actividades proscritas por ley o para evitar rebasar los topes de gastos de campaña”.

 

Todas estas actividades ilegales perpetradas por los partidos, fueron legisladas y aprobadas por los mismos partidos. Al no funcionar para sus propósitos, que era mantenerse en el poder o acceder a él, decidieron violar las leyes y las normas. Han demostrado la ineficiencia del sistema electoral que crearon en el último lustro y lo ineficaz e inoperante del modelo bajo el cual se administran las elecciones en México. El sistema está roto y repararlo no parece posible. Una vez probada su eficiencia, ¿por qué regresar a lo que no sirve? El dilema es qué hacer para adelante. Lo más probable es que los partidos no hagan nada por cambiarlo. La sociedad tendrá una vez más que obligarlos.

La desmemoria del Presidente

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Por: Raymundo Riva Palacio

 

¿Qué tiene el presidente Enrique Peña Nieto? ¿Le falla la memoria? ¿Miente? ¿Nunca terminó de comprender hasta dónde lo llevaría la forma como su equipo lo secuestró y lo hizo perder contacto con la realidad? Estas preguntas tienen su origen en lo que afirmó el lunes en una entrevista con La Jornada al hablar del caso Ayotzinapa. “Nunca he logrado entender una cosa: cuándo pasó el Gobierno a ser señalado, si lo único que quiso fue atraer un asunto ocurrido en una entidad, Guerrero”, dijo Peña Nieto.

 

“El Gobierno intervino para esclarecer y apoyar la investigación de qué había ocurrido, dónde estaban, cuál había sido el paradero de los jóvenes desaparecidos”. Las repuestas son claras desde el principio; su reacción es inaceptable. Una selección de textos publicados en este espacio permiten argumentar que Peña Nieto no entendió ni entenderá que su inacción irresponsable en los primeros días es la causa de ello. Veamos:

 

1.- En la columna “La crisis de Peña Nieto”, del 13 de octubre de 2014, se apuntó: “El Presidente atraviesa por la peor crisis política de su vida pública con los actos de barbarie en Iguala, donde existía un Gobierno articulado con la delincuencia organizada, que reprimió a normalistas en una noche donde murieron seis personas y se llevaron con rumbo desconocido a muchos más que aún no aparecen. Fue una violación a los derechos humanos, avalada, por su inacción, por el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, que infectó políticamente al Presidente por haber intentado, erróneamente, encapsular el agravio en el estado. El mal diagnóstico en Los Pinos lo proyectó en los últimos días como un líder sin ideas claras, dubitativo, contradictorio…

 

“El proceder de Peña Nieto se inscribe en la lógica de arranque de Gobierno, donde se inocularon del discurso los temas de seguridad y violencia. Aplicar la misma receta a los actos en Iguala fue una ingenuidad. Iguala era un escándalo el 27 de septiembre, pero escondieron al Presidente hasta el día 30, cuando en lugar de enfatizar su preocupación, se lavó las manos”.

 

2.- El 27 de octubre, en “El sexenio en 27 días”, se señaló: “La primera valoración sobre lo sucedido en Iguala fue reduccionista al soslayar que policías municipales habían atacado a decenas de normalistas de Ayotzinapa, y desaparecido a 43, en coordinación con criminales. El yerro de juicio se puede presumir fue de la asesoría política en la Presidencia tripartita con la que opera Peña Nieto, del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el jefe de Oficina, Aurelio Nuño, que lo hizo declarar que esos hechos eran responsabilidad de los guerrerenses…

 

“El segundo error de valoración fue no entender que la desaparición forzada de personas, sin importar que fueran normalistas o criminales, significa una violación de derechos humanos que puede llevar a la constitución de un crimen de lesa humanidad. Al documentarse que habían participado policías, era cuestión de horas en que se movilizaran organizaciones defensoras de los derechos humanos en el mundo. La paralización del Gobierno peñista en este tema detonó la crítica internacional. La difusión en la prensa extranjera de cómo actuaron gobiernos y policías como criminales, cuestionó la eficacia de la estrategia de seguridad del Gobierno federal, y puso en entredicho el estado de derecho”.

 

3.- El 10 de diciembre, dos meses y medio después del crimen, se publicó “Ayotzinapa: la tormenta del Príncipe”, donde se observó: “En el equipo íntimo del Presidente piensan que la crisis social, política y económica por la que atraviesan es una tormenta perfecta, que no deja de ser tormenta y que, por lo tanto, pasará. Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, confirmó al diario El País esa lógica y aseguró que la opinión pública no les modificará el rumbo escogido. ‘Vamos a tener paciencia en este ciclo nuevo de reformas’, dijo. ‘No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo, ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas’.

 

“Habló el Príncipe que le susurra al oído al Presidente y que es el arquitecto de su aislamiento. Pero la plaza pública no pide sangre ni espectáculo, como descalifica; exige que el Gobierno gobierne y que asuma sus responsabilidades, a las que claudicó durante casi dos semanas tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa porque el diagnóstico que presentaron al Presidente era equivocado. Por la boca de Nuño se anticipan las acciones del Presidente. No habrá cambios, está claro… Las palabras de Nuño sugieren que en Los Pinos siguen sin darse cuenta que no se han dado cuenta. Lo que detonó Ayotzinapa no es una tormenta perfecta”.

 

Iguala, se subrayó el 13 de octubre, aniquiló en 27 días el modelo de gestión de la gobernación del presidente Peña Nieto, enmarcado por aquellas palabras cuando dijo que era un tema que tenían que resolver exclusivamente los guerrerenses. Estaban a la vista los pocos alcances de su equipo cuando esto empezó, que llevó a pagar al Presidente costos políticos en el medio plazo e históricos en el largo, del que la gestión vertical, cerrada y encapsulada, es la responsable. Si el Presidente no lo sabe, que revise aquellos días de 2014.

La democracia incomprendida

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Por: Raymundo Riva Palacio

La muerte de don Luis H. Álvarez causó gran duelo entre la clase política. No fueron pocos los que lo ubicaron como uno de los arquitectos de la democracia mexicana, que a través de una larga lucha en las calles ayudó a crear la conciencia para que millones de mexicanos, una generación después de haber iniciado su carrera política en Chihuahua en 1956, comenzara a rebelarse en 1988 contra el poder establecido.

Cecilia Romero, que fue secretaria general del PAN en esos años de resquebrajamiento del viejo sistema autoritario, dijo que hablar de él como un demócrata podría parecer un lugar común. Tiene razón. Para 46 millones de mexicanos que en ese paradigmático año no habían nacido ni tienen memoria alguna de lo que era aquel régimen cerrado, la democracia se da por sentada.

Pero el camino no fue fácil. Las elecciones de 1988, apunta la memoria del Instituto Nacional Electoral, fueron muy controvertidas y se adujo fraude electoral en favor del candidato del PRI, Carlos Salinas, y en perjuicio del candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas.

Los mexicanos se plantearon la rebelión. Aquella noche electoral del 6 de julio, la protesta callejera estuvo a punto de terminar en matanza. Frente a las puertas de Palacio Nacional, todos los candidatos opositores querían que Cárdenas tomara por la fuerza el poder, pero el candidato de la izquierda aguantó la presión y disolvió la protesta. No sabía que detrás de las puertas estaba una barrera de soldados que tenían órdenes de disparar contra quien las cruzara.

Matar era el recurso de esa noche controvertida electoralmente. Eran los últimos estertores de un régimen en agonía que no ha terminado de desmantelarse.

Casi 9 millones de jóvenes de la generación post-88 votaron por primera vez en 2006, cuando ya se había dado la primera transición en el poder con el final del imperio de 70 años del PRI, se habían iniciado las reformas político-electorales de primera generación democrática, el PRI había perdido la mayoría en el Congreso, habían llegado sus opositores a gubernaturas y se habían creado órganos electorales, un nuevo Poder Judicial, la Ley de Transparencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y había una prensa más libre acompañada de una sociedad exigente y contestataria.

Este México no fue en el que creció don Luis H. Álvarez ni el de millones de mexicanos que enfrentaron y combatieron el autoritarismo. Álvarez fue candidato a la Presidencia en 1958 y perdió ante Adolfo López Mateos, que obtuvo 91% del voto, un porcentaje que sólo se ve en dictaduras.

Álvarez nunca tuvo espacio en los medios, y su equipo de campaña fue hostigado, atacado y, en algunas etapas, hasta hospedaje le negaban en los hoteles. Eran años de represión ferrocarrileros y asesinatos de líderes cañeros. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz no fue menos duro. Reprimió a médicos y estudiantes, mientras cerraba las posibilidades de libertad que empujó a unos a la guerrilla, aplastada en una guerra sucia de la que aún se viven las consecuencias.

Las pocas voces que ejercieron su derecho a la libertad fueron reprimidas y perseguidas. Los más beligerantes, torturados y asesinados. No fueron pocos los líderes de la oposición, como Álvarez, que fueron encarcelados por el sólo hecho de oponerse al PRI. Tras las elecciones de 1986 en Chihuahua, donde el gobierno de Miguel de la Madrid operó un fraude electoral, Álvarez optó por la protesta moral: una huelga de hambre de 41 días que estuvo a punto de matarlo. México era una olla sin válvulas de presión.

La prensa, en su gran mayoría, estaba maniatada. En las redacciones, los reporteros escondían lo importante, para que los visores censores no eliminaran lo relevante de las noticias. Secretarios de Gobernación tan respetados como Jesús Reyes Heroles amenazaban con ejercer “toda la fuerza del Estado” cuando se desafiaba al Gobierno, o como Manuel Bartlett, quien no dudaba en intimidar a quien ejercía la libertad.

Las elecciones eran fraudulentas y violentas. El naciente PRD vio cómo más de 500 de sus militantes murieron durante el gobierno de Carlos Salinas, y cómo los grupos paramilitares respaldados por el PRI en Chiapas asesinaron a 45 personas, la mayoría mujeres y niños, en Acteal, durante el gobierno de Ernesto Zedillo.

No es un lugar común recordar con respeto a los demócratas. El México de hoy no podría haber existido sin la lucha contra los autócratas de este pasado reciente, que enfrentaron a los déspotas ilustrados para que no siguieran sometiendo a los mexicanos.

La democracia no es sólo la schumpetariana que se refiere a lo electoral, es un sistema de organización social. La nuestra es inmadura, imperfecta y con regresiones, como se han visto en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero no estamos peor que antes. La democracia para millones de mexicanos es algo con lo que nacieron y la respiran de manera natural. Por eso quizás la desprecian, como muestra el informe de Latinobarómetro, donde de 18 países en la región, México es el penúltimo de más alto de retroceso en la consolidación democrática, y último en satisfacción con la democracia.

El desconocimiento de lo que se vivió no puede traducirse en la soberbia del ignorante. La democracia tiene que cuidarse para ampliarse. Rechazarla es apoyar a los autócratas que aún viven entre nosotros, y facilitarles la restauración del ese régimen autoritario que se pensaba muerto y que aún patalea.

Censura en Periscope

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Por: Raymundo Riva Palacios

 

Por alguna extraña razón, en los rincones de las cavernícolas mentes de algunos distinguidos miembros de la clase política mexicana existe la disposición para censurar las redes sociales. Lo detonó Periscope –una herramienta para transmitir audio y video en tiempo real– por parte de un funcionario en la Ciudad de México que la usó para denunciar socialmente a un empresario cuyos escoltas estaban violando la ley. Sus guardias blancas lo insultaron y golpearon, pero la consecuencia no fue una acción legal en contra de los guardaespaldas y su patrón, sino la discusión si Periscope podía ser utilizado en ese tipo de situaciones. ¡Vaya discusión bizantina! En lugar de la sanción moral contra los atacantes del funcionario, mejor se pusieron a analizar cómo censurar las redes sociales.

 

La discusión sobre la vulnerabilidad de la libertad de expresión nunca tomó cuerpo, pero las tentaciones autoritarias volaron –incluso con la certeza de quien esto escribe que muchas de estas almas retrógradas ni siquiera se percatan de los peligros–, que llevó a un grupo de legisladores del PAN a preparar una iniciativa de ley para la regulación de Periscope, y a la afirmación del presidente del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal, de que tiene que haber un protocolo que impida a los funcionarios usar en tiempo real esa herramienta. ¿Cuál es la racional de tales lances de creatividad gorila? A saber, salvo que no se debe olvidar que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones.

 

Existe una profunda confusión sobre el concepto de libertad y las libertades, así como de las responsabilidades públicas y sociales. Hace algunos años hubo grandes manifestaciones en Nápoles, donde la camorra protestaba abiertamente contra la Policía italiana por renovar su flota de lanchas, por lo que la velocidad de las nuevas naves les impedía seguir contrabandeando. En estos días, la discusión sobre cómo impedir que los funcionarios públicos utilicen Periscope, se asemeja a aquel episodio en las cosas del Mediterráneo, salvo que allá la Policía ignoró a los mafiosos y la prensa los denunció, mientras que aquí los políticos quieren sancionar a los políticos, la prensa mantiene una distancia irresponsable, y la sociedad se regodea escatológicamente en las redes sociales. Deben pensar que la censura se puede acotar, sin entender que la larga lucha por las libertades trajo a muchos hostigamientos y represalias. Debe condenarse a aquellos improvisados sin conciencia ni memoria que vean en la regulación de Periscope la coronación de su oportunismo efímero.

 

En un texto seminal para la conservadora Fundación Heritage sobre la corrección política, que ahora nos empapa como la norma que debe guiar nuestro futuro y llevarnos al destino añorado, el profesor de Harvard, Harvey Mansfield, escribió en 1991: “La libertad de expresión es algo necesariamente asociada con la razón; es ofrecer una opinión que contiene una razón. Cuando se da una razón, se establecen puntos en común para convencer o persuadir a alguien. No es una imposición. Por tanto, la libertad de expresión posibilita un gobierno democrático”.

 

El alegato de la clase política para regular Periscope es que no afecta a la sociedad en su conjunto, sino que busca únicamente regular su uso para los funcionarios públicos. ¿Qué significa eso? Que no abusen, argumentan, como si no existieran disposiciones legales que permiten enfrentar ese tipo de excesos. En cambio, nadie se acordó que a quienes el funcionario de la Delegación Miguel Hidalgo tomó en su dispositivo y mostró en tiempo real sus violaciones a la ley, lo insultaron, lo golpearon, tras lo cual se quejaron de que les violaron sus derechos y la clase política, borrando con su soslayamiento los términos y las definiciones de lo público y lo privado, respaldaron a los delincuentes y castigaron a quienes busquen métodos de inhibición como un recurso para la sanción moral. Vergüenza debía darles a quienes han tomado la iniciativa de censurar Periscope, y abrirle la puerta a los demonios autoritarios que merodean desde hace unos meses como buitres sobre la sociedad mexicana.

 

Periscope es parte de todas las herramientas que la nueva tecnología ha puesto a disposición de la gente. Se le llaman medios sociales, cuya definición es que han democratizado el contenido y el entendimiento que la sociedad tiene en el proceso de diseminar y consumir la información, así como en la forma de crear y compartirla para que otros participen. Los medios sociales rompieron con la verticalidad de quienes detentaban el control de la información y la volvieron horizontal, transversal. Se acabó el monopolio del acopio, filtro, proceso y diseminación de la información para llevarla al terreno del acceso de todos y en la forma, tiempo y espacio que lo desee.

 

Es cierto que hay abusos en las redes sociales, y que muchas veces el discurso del odio predomina en las discusiones. Pero como el presidente Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, escribió en 1787 sobre los abusos de la prensa, es mejor enfrentar sus mentiras y sus groseros chismes que pueden engañar y confundir a la gente, que vivir sin un mercado de ideas. No se puede permitir que una clase política pigmea cierre las puertas de la libertad y que coloque a México en el mismo nivel que Venezuela, Cuba, Corea del Norte, China o Turquía, por mencionar sólo algunos de los compañeros de viaje con los que estos políticos confundidos nos quieren meter en la cama.

¿Pactos con ‘El Chapo’?

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Por: Raymundo Riva Palacio

 

Uno de los párrafos más intrigantes de la entrevista en el periódico inglés The Guardian con Rosa Isela Guzmán Ortiz, que se identificó como hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán, es cuando dice que su padre financió campañas de políticos. La deficiencia técnica del entrevistador dejó sin réplicas las preguntas, por lo que no pudo extraer ni más información, ni entender contextos o motivaciones. The Guardian, periódico respetable y fundamental en la investigación sobre el espionaje global de Estados Unidos, nos quedó a deber mucho del rigor al que nos tiene acostumbrados. Pero más allá de lo anecdótico, lo que la señora Guzmán Ortiz dijo –o asegura el periodista que así fue–, tiene paralelismos intrigantes.

 

Según señaló, varios políticos mexicanos aceptaron donaciones de Guzmán durante sus campañas, a cambio de cerrar los ojos cuando escapara de prisión. Aunque la declaración choca con el sentido común –si el financiamiento fue antes de su recaptura, ¿por qué pagar para que cerraran los ojos en lugar de pagar por protección para que no lo detuvieran?–, disparó al corazón político del equipo del candidato Enrique Peña Nieto. O sea, al del actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, responsable de esos temas en la campaña. Esta queja –sin nombres y apellidos, que tampoco utilizó la señora–, es la misma que hacen en Washington al entorno de Peña Nieto desde la campaña.

 

La versión en la comunidad de inteligencia estadunidense en 2012, reciclada a través de The Guardian en una entrevista donde las contradicciones en la que se encuentra –fue real o falsa– se revuelca en el marco de la desinformación, corre libre por el imaginario colectivo, y fue recogida acríticamente por una parte de la prensa mexicana y extranjera, que dio por bueno que existía un pacto que fue unilateralmente roto. ¿Hay un acuerdo entre el Gobierno y “El Chapo” Guzmán? ¿Con el cártel de Sinaloa? Muchos en México lo creen, pero la información dura dice lo contrario.

 

Un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda muestra que la primera investigación del Gobierno sobre el entramado financiero y lavado de dinero del cártel de Sinaloa se abrió el 4 de abril de 2013. En el documento, actualizado al 3 de febrero de este año, se mencionan análisis financieros a 960 personas relacionadas directa o indirectamente con el cártel de Sinaloa. En paralelo, la PGR y el Cisen tienen una investigación sobre la red de “El Chapo” Guzmán desde 2013, de donde, por ejemplo, tienen indicios que empresas de la actriz Kate del Castillo recibieron transferencias bancarias de personas con nexos con esa organización criminal.

 

Las redes del financiamiento criminal son extensas y muy complejas, por el grado de sofisticación de quienes las construyen. En el caso de “El Chapo” Guzmán, sólo una pista llevó a la PGR y al Cisen a nueves países en donde están tratando de romper la telaraña criminal. En el caso de la investigación al cártel de Sinaloa, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó que han bloqueado operaciones por cuando menos 5 mil 300 millones de dólares. El combate al lavado de dinero fue una de las grandes deficiencias en la guerra contra las drogas del presidente Felipe Calderón, pese a las críticas públicas de lo poco que hacía en la materia. Como botón de muestra: los montos de dinero ilegales que congeló la Secretaría de Hacienda entre 2013 y 2015 fueron 242% superiores a los que se inmovilizaron entre 2010 y 2012.

 

La Unidad de Inteligencia Financiera deja ver en su reporte un incremento significativo en las denuncias contra presuntos lavadores de dinero. Sólo en el caso de Sinaloa, donde el cártel y Guzmán realizaron alrededor del 45% del total de sus operaciones financieras, hubo 18 denuncias en 2013, 90 en 2014 y 78 el año pasado. Esto produjo que en noviembre de 2014 se desmantelara una de las redes de lavado de dinero en Sinaloa y bloquearan 2 mil 500 millones de dólares, y que en enero de 2015 desarticularan una red nacional y congelaran mil 500 millones de dólares. En las operaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera se incluye la disrupción de dos rutas de dinero entre Tijuana y Sinaloa, y una más que pasaba por Tijuana y Mexicali y llegaba a Sinaloa.

 

Baja California no es, sin embargo, la mejor plaza para el lavado de dinero. Después de Sinaloa, le siguen Sonora, Jalisco y la Ciudad de México. Las operaciones contra el cártel de Sinaloa en materia de combate al lavado de dinero, se han llevado 23% del total de los casos; es decir, uno de cada cuatro golpes ha sido contra la principal organización criminal mexicana, en tamaño e impacto de distribución de drogas. Un dato no menor por lo que significa en cuanto a tranquilidad y ánimo, es que 42 familiares o muy cercanos a los líderes del cártel de Sinaloa han caído en esta operación.

Cuando se habla de pactos institucionales con el cártel de Sinaloa o “El Chapo” Guzmán, la realidad choca con la percepción. Mucho dinero les han quitado a los criminales para sus operaciones diarias, lo que contradice en hechos la versión de un arreglo con ellos. Pero una vez más, hay que recordar: la realidad es distinta a la percepción, pero cuando la percepción crece, construye una realidad, la de la opinión pública, que es la que cree en el pacto maldito.

Iguala: sin vuelta a la hoja

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Por: Raymundo Riva Palacio

 

Jesús Murillo Karam lleva semanas indignado con el presidente Enrique Peña Nieto. Comenta con resentimiento con amigos comunes que lo ha traicionado y que rompió el compromiso de enviarlo como embajador a Portugal al salir de la Procuraduría General de la República. El Presidente, dice, ni siquiera le toma llamadas telefónicas. Su amigo, sugiere, lo abandonó, pero se equivoca. El Presidente está demostrando que es más amigo de sus amigos que sus amigos de él, y el exprocurador debería agradecerle que no esté sometido a ningún proceso por la controvertida investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa hace dos años, llena de evidencias cuestionadas y desmanteladas por débiles o falsas, y que está protegido por un blindaje presidencial que le permite seguir caminando por las calles, amargo, pero libre.

 

Murillo Karam es la contradicción del discurso que el Presidente pronunció este miércoles en Iguala, donde conmemoró el 195 aniversario de la Bandera, a unos centenares de metros de donde se secuestró a los normalistas. “Durante un año y cinco meses –dijo Peña Nieto–, el Estado mexicano ha desplegado un amplio esfuerzo institucional para procurar justicia a partir de una investigación profunda, transparente y abierta”. El esfuerzo ha incluido, agregó, la colaboración con organismos de expertos internacionales, que condujo a la reapertura de líneas de investigación o abrir otras. Sin embargo, la persona clave para poder explicar todas las inconsistencias de la investigación que han derivado en confrontaciones públicas, el exprocurador, sigue en calidad de intocable.

 

Sus responsabilidades son amplias, como se documentó en la columna Las mentiras de Murillo, publicada el 20 de noviembre en este espacio. En ese texto se argumentó cómo el hombre de confianza del Presidente lo desinformó y llevó a tomar decisiones equivocadas, muy probablemente por su incompetencia para la tarea de la que lo hizo responsable. Con base en sus propias palabras, en esa colaboración se describieron algunas de sus pifias. Por ejemplo:

 

1.- Sobre la polémica “verdad histórica”, desarrollada durante una conferencia de prensa el 27 de enero de 2015, admitió: “Me equivoqué en usar esa expresión, pero es falso que alguien me haya advertido que no debía hacerlo”. Es falso. Cuando preparaba el documento que presentaría a la prensa y mencionó con su equipo de abogados que daría a conocer la “verdad histórica”, le alertaron que ese concepto era equivocado y que tenía que cambiarlo por el de la verdad legal que se tenía hasta ese momento. Murillo Karam, ojos de lumbre y voz de trueno, espetó: “No me va a venir usted a enseñar derecho”.

 

En ese momento dictó la famosa frase sobre el basurero de Cocula: “(Muchos) elementos aportados durante la investigación, permitieron… llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden. Ésta, es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente”.

 

2.- El basurero de Cocula se ha convertido en el emblema de una fallida investigación, donde al mostrar los expertos sus deficiencias han generado la sospecha de que hubo encubrimientos. Murillo Karam ni siquiera tiene claro qué es lo que sucedió, como lo muestran sus declaraciones públicas. En la última, a finales del año pasado, aseguró que fue uno de los padres de los normalistas quien llevó la PGR a Cocula. El nombre de Cocula no surgió en los primeros días de la desaparición, y de acuerdo con la investigación, llegaron ahí no por un padre, sino por Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortés y Agustín García Reyes, miembros de Guerreros Unidos. Quien hizo esta revelación, paradójicamente, fue el propio Murillo Karam en su conferencia de prensa el 7 de noviembre de 2014. Es decir, un año después, había cambiado los hechos de su investigación.

 

3.- Murillo Karam dijo en noviembre pasado que varias pistas que siguió la PGR en los primeros meses de la investigación habían resultado falsas, como “la del ataque contra el autolavado Los Peques de Iguala”. Lo increíble es que esa pista surgió de una declaración tomada por él mismo al entonces jefe de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, a quien se lo había confiado Víctor Hugo Palacios Benítez, uno de los cinco hermanos propietarios de Los Peques. Palacios Benítez fue el que afirmó que entre los normalistas había una célula de la pandilla de Los Rojos. El exprocurador validó esa versión pese a que otros Guerreros Unidos decían que no era cierta. De ella Murillo Karam tejió la hipótesis de la vinculación del narcotráfico con los normalistas.

 

Murillo Karam se casó con la versión del narcotráfico como el móvil central del crimen antes incluso de empezar a investigar. Desde los primeros días del secuestro de los normalistas, le dijo al Presidente que lo que había sucedido en Iguala era una “depuración” de narcotraficantes. En Los Pinos le creyeron y no hicieron nada. La inacción del Gobierno federal durante más de dos semanas convirtió un crimen del ámbito municipal, en un asesinato de Peña Nieto y el Estado mexicano.

 

El Presidente carga con ello como si fuera propio, pero aún así, Murillo Karam sigue impune. La palabra presidencial seguirá trunca en el caso Ayotzinapa hasta que el exprocurador no sea llamado a cuentas y explique qué hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo.

Reconciliación imposible

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Por: Raymundo Riva Palacio

 

El papa Francisco oró este miércoles por la misericordia en el penal de Ciudad Juárez, que ha sido crisol de todos los padecimientos sociales mexicanos. La misericordia que tiene en el perdón y la reconciliación sus dos pilares. Fue la coronación de las plegarias de Francisco, que a lo largo de su viaje por México ha pedido por el reencuentro de los mexicanos con los mexicanos. El jefe de la Iglesia católica sabía que llegaría a un México que vive una ruptura social. Desde hace dos años, ocho obispos de Michoacán –a uno de ellos, Alberto Suárez Inda, lo haría cardenal– difundieron un mensaje a los michoacanos que la reflejaba.

 

Fue el primero de dos documentos que emitieron en 2013, donde la conclusión cuando terminaba el primer año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, era que “la sociedad (estaba) a tal grado contaminada por la corrupción… que cualquier esfuerzo de querer mejorar las cosas, está condenado al fracaso”. El diagnóstico de la realidad michoacana, era la radiografía de un país que, desde entonces, su sociedad ha vivido una exacerbación creciente. Francisco habló de los males en esta gira, pero si la reconciliación ese año era una urgencia, hoy es una utopía.

 

Las palabras del Papa serán estériles. La reconciliación nacional no es algo que esté en la idiosincrasia del Gobierno peñista. Ni siquiera se puede decir que es por su distanciamiento de lo que sucede en las calles mexicanas, sino porque parece que el Presidente se niega a actuar en consecuencia. Tomemos el mensaje de los obispos michoacanos: “No nos extraña el surgimiento de las llamadas policías comunitarias, signo y consecuencia del hartazgo de la población ante el crecimiento de los problemas arriba señalados, con lo cual se ha aumentado la confusión para los habitantes de las comunidades, que se ven rodeados de grupos armados de distinta procedencia, muchos de los cuales se autonombran defensores de los intereses de la gente y hasta pretenden actuar en nombre de Dios”.

 

¿Cuál fue la respuesta del Gobierno? Convirtió esas policías en grupos paramilitares integrados con criminales y la volvió una política de Estado. Bajó la violencia en Michoacán y reactivó la actividad económica, pero no se solucionó el problema de fondo. En su segundo mensaje ese año, expresaron su frustración: “Es generalizada la percepción de que falta eficacia en las autoridades federales, estatales y municipales para garantizar la seguridad, el orden, el derecho al libre tránsito”. ¿Qué sucedió? La política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, origen de su crítica, se convirtió en una política de tolerancia en el primer año de gobierno peñista.

 

Recordemos: el primer comisionado de Seguridad dejó de perseguir a criminales y con ello los fortaleció; el primer procurador no quiso actuar contra gobiernos locales criminales que trajo, entre otras consecuencias, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

 

El Presidente protegió el desgobierno en Guerrero, que encabezaba su amigo, y ha protegido al Gobernador de Veracruz, que inyectó dinero en su campaña. Este Gobierno ha sido tolerante con la corrupción, queja eterna de los empresarios ante lo cínicamente atascado por cómo se comportan en el Gobierno federal, y soberbio en ignorar sus conflictos de interés.

 

¿Cómo puede Francisco aspirar a la reconciliación nacional cuando desde el propio Gobierno al que fue dirigido su mensaje, la política ha sido rupturista? Las palabras del Papa están inspiradas en los reclamos michoacanos, que pidieron en 2013 al Gobierno que instaurara “un orden de justicia y equidad” con toda la determinación y todos los medios posibles.

 

Ese clamor no tuvo respuesta. Al contrario. Un año después se confirmó cómo los grupos paramilitares que abrazó el Gobierno terminaron de limpiar a sus enemigos, y cómo, ajenos del pudor, se mantuvo la predilección y los privilegios a los cercanos del poder.

 

La definición de lo que pensaba Peña Nieto y su equipo interno la dio el entonces jefe de Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, en una entrevista con el diario madrileño El País: “No vamos a sustituir las reformas por actos teatrales con gran impacto, no nos interesa crear ciclos mediáticos de éxito de 72 horas. Vamos a tener paciencia en este ciclo nuevo de reformas. No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo, ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas”. Pero aquellas denuncias eran mucho más que gritos desaforados. Colocaban los acentos en la mala ortografía del palacio.

 

La conducción peñista no sacó al Gobierno de la crisis. La agudizó. La desaprobación del Presidente en todas las encuestas públicas es mayor que la aprobación por una diferencia de dos dígitos. En los estudios que tienen en Los Pinos, los datos son peores: casi ocho de cada 10 mexicanos, desaprueban su gestión. Desde 2013, la aprobación de Peña Nieto va en picada, mientras que el malestar social sube: 8 de cada 10 mexicanos, según los estudios que miden el humor social, están enojados con el Gobierno. No hay palabras santas capaces de revertir esta tendencia.

 

No faltan los buenos deseos ni las intenciones, pero el mensaje de Francisco choca con un Gobierno incapaz de aceptar que sus formas, modos, políticas, discursos y actuaciones han sido equivocadas, sin que se vislumbre que en los casi tres años que restan del sexenio, pueden modificarse.

 

Los sacerdotes del PRI

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Por. Raymundo Riva Palacio

 

La visita de Francisco a México ha despertado altas expectativas para aquellos que piensan, ven, sienten y en algunos casos padecen, que las cosas en este país marchan hacia atrás. Polarización social, violencia y víctimas de abusos que crecen por semanas, generan incertidumbre y encono que reflejan el deterioro del humor social en México. La historia de lucha social de los jesuitas, la orden a la que pertenece el Papa, su activismo a favor de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la visión crítica del estado de cosas en México, permearon el discurso de Francisco en víspera de su arribo a México. La pregunta hoy es si la visión crítica que mostró en sus mensajes desde Roma se mantendrá en sus homilías y actos públicos en este país.

 

Francisco dijo que no va a ocultar la realidad mexicana. ¿Cuál es la realidad a la que se refiere? Una es la de los jesuitas, que no han logrado hasta ahora que reciba a los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Otra es la del obispo Raúl Vera, a quien Juan Pablo II sacó de Chiapas para enviarlo a Saltillo y buscar su desconexión de las causas indígenas y su trabajo por los derechos humanos, que tampoco pudo concretar un encuentro de Francisco con movimientos sociales.

 

Los otros dos que contribuyen a su visión son el Obispo de Tlalnepantla, Carlos Aguiar, su mejor amigo en México desde que hicieron mancuerna en la Comisión Episcopal de América Latina, y el cardenal Alberto Suárez Inda, de quien le llamó la atención su crítica a la política de seguridad del expresidente Felipe Calderón.

 

Pero no son lo mismo. Aguiar y Suárez Inda, a diferencia de Vera y los jesuitas, han jugado en momentos definitorios, por el PRI. Aguiar, un obispo que públicamente se maneja con mucha discreción, es un hábil político. Lo demostró en el Celam, donde relegó a la extrema derecha de la Iglesia latinoamericana, y lo probó como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde tejió lazos con el Gobierno y los grupos políticos emergentes. Uno de ellos fue el del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por quien intercedió ante el papa Benedicto XVI para que se anulara el matrimonio religioso de Angélica Rivera y pudieran volver a casarse por la Iglesia.

 

No fue una gestión sin recompensa. Aguiar, quien desde que asumió su cargo en Tlalnepantla –la Diócesis de Ecatepec pertenece a ella– se comprometió a luchar por la libertad religiosa en México, recibió como pago informal del presidente Peña Nieto, la reforma al Artículo 24 de la Constitución mexicana, donde en términos coloquiales, se permite que la religión salga de los templos y se inserte en la vida cotidiana, amenazando al Estado laico. Su cercanía con Peña Nieto desde Toluca no ha sido incómoda para el Vaticano, que a través del apoyo de la Curia Romana por medio del nuncio Christopher Pierre, le ha sostenido el respaldo absoluto por los réditos políticos entregados, aunque por lo que toca a su avance en la jerarquía eclesiástica, como la posibilidad de ser cardenal, está frenado porque es considerado, de acuerdo con fuentes de la Iglesia, como un prelado demasiado cercano al poder.

 

El caso de Suárez Inda es menos transparente en sus alianzas con el PRI y el poder que el de Aguiar, pero no menos importante. Suárez Inda hizo voltear a Francisco en mayo de 2013, cuando firmó una carta –junto con otros siete obispos– contra la violencia en Michoacán, y en donde expresaban el sentir de indefensión que sentían los michoacanos. “¡No es posible seguir viviendo así!”, arrancaba esa carta que allanó el camino para que Suárez Inda, quien había pedido cambiar la estrategia de seguridad del expresidente Calderón, fuera el primer cardenal mexicano nombrado por Francisco. No es un hombre progresista, sino se inscribe en el corte más conservador de la Iglesia mexicana.

 

Suárez Inda forma parte del llamado Club de Roma, al que pertenece el controvertido cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, y junto con otros dos de sus integrantes, Norberto Rivera y Emilio Berlié, lograron cerrar en los 90 el Seminario Regional del Sureste, en Tehuacán, Puebla, influido por la Teología de la Liberación. Como pago, el Vaticano los nombró al frente de los arzobispados en Morelia, Ciudad de México y Tijuana. No sería el único servicio a las élites del viejo sistema político. A diferencia de su postura abierta contra la estrategia de seguridad de Calderón, ha sido complaciente con la del presidente Peña Nieto. Ni una palabra sobre la paramilitarización en Michoacán con criminales ni las fallas iniciales de la estrategia. Inclusive, en un momento álgido del Gobierno con los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, dijo que estaban siendo manipulados.

 

Como Aguiar, está cercano al poder político y económico, y lejano a un perfil como el de Vera y de los jesuitas, que es contestatario. ¿Cuál es la realidad a la que se referirá Francisco en México? Dentro de la Iglesia mexicana también es un misterio. Saben la temática de sus homilías, pero no el contenido, en buena parte porque a Francisco le gusta improvisar. ¿Qué pesará más en su papado? Uno podría pensar que su visión crítica lo llevará a pronunciamientos que incomoden al Gobierno. Pero no hay que sorprenderse si el trabajo de los sacerdotes del PRI matiza sus posturas.

La frustración de Francisco

Pope Francis Leads Stations of The Cross

Por: Raymundo Riva palacio

 

La diplomacia vaticana ha sido menos delicada con el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de lo que se hubiera pensado. Contra todos los antecedentes de visitas papales, a 10 días de que Francisco llegue a México, los mensajes sobre la insatisfacción que sienten con el Gobierno, con su manejo y con las dificultades que hubo para poder fijar una agenda del interés de el Vaticano y no de Los Pinos, ha producido expresiones públicas inusitadas. La última, del Papa mismo, quien en una entrevista colectiva este miércoles denunció la corrupción, la violencia y el narcotráfico en México. No es la primera vez que se refiere a estos temas, pero en vísperas de su arribo, sus palabras traen un cargamento políticamente explosivo.

 

El Vaticano está marcando su territorio, ante los intentos para alterar y modificar la agenda del Papa. En diciembre pasado se mencionó en este espacio las peticiones específicas del Gobierno a Roma para que excluyera a Guerrero de sus visitas y homilías, y que no se refiriera a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El principal negociador de la visita, Roberto Herrera Mena, director de Asuntos Religiosos de la Presidencia, también buscó eliminar y meter a Campeche como destino papal, aduciendo que nunca había estado en ese estado y que el Gobernador los trataría maravillosamente. Cuando le dijeron que iban a tener una comida con indígenas en Chiapas, Herrera Mena les ofreció organizar la comida con todo e indígenas. El rechazo fue inmediato. El Papa hablaría con indígenas verdaderos convocados por la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.

 

Herrera Mena, muy cercano a Peña Nieto desde sus tiempos en la gubernatura, estaba acostumbrado a otro tipo de relación. Él llevaba el trato con la Conferencia Episcopal Mexicana, cuya sede está en el Estado de México, y quien llevaba anualmente a Peña Nieto a comer con ellos al final de sus asambleas. Les llevaba regalos, y actuaba como un “concierge” divino para sus necesidades materiales: camionetas para transportarse, boletos de avión para ir a Roma, y otras canonjías terrenales. En el Vaticano descubrió otro manejo. Por ejemplo, cuando propuso en lugar de que el Papa fuera a Ecatepec fuera a Toluca, el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, le respondió que por qué no en Atlacomulco. “¿De verdad?”, respondió, según fuentes de la Iglesia. Era una broma. No sabía que el cardenal Parolin había sido el número tres de la Nunciatura hace 25 años, cuando el embajador vaticano era Girolamo Prigione.

 

El Gobierno buscaba llevarlo a territorios alejados de la conflictividad social, que no fueran a convertir una fiesta católica en México, en una angustiante gira para Los Pinos. La información que tenía el Papa no era la que le pintaban los funcionarios mexicanos. Durante muchos meses, por ejemplo, sacerdotes mexicanos peregrinaron a Roma para denunciar la extorsión de los cárteles de las drogas para no atacar sus iglesias, y cómo las autoridades los habían ignorado. De alguna manera a eso obedeció la filtración autorizada de un correo electrónico que envió a su amigo Gustavo Vera en Argentina, donde hablaba del peligro que su país se mexicanizara, como consecuencia de la corrupción y violencia que se vivía en México por el narcotráfico.

 

Directamente de la Nunciatura y varios cardenales mexicanos se enteró de primera mano de lo sucedido en Guerrero con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, cuya causa fue tomada por los jesuitas –la orden a la que pertenece–, y que adquirió tintes contestatarios cuando en diciembre de 2014 ofició una misa en la normal rural el embajador vaticano, Christophe Pierre. La oposición del Gobierno mexicano a que Francisco fuera a Guerrero, frustró la visita que había negociado la exsubsecretaria de Gobernación para Asuntos Religiosos, Mercedes Guillén, en marzo del año pasado. El activismo jesuita por la causa de los normalistas y los de-saparecidos no ceja, y será uno de los temas de homilías del papa Francisco en México.

 

Muchas reivindicaciones se esperan con Francisco en México. Una muy notoria es la visita y oración que hará en San Cristóbal de las Casas a la tumba del dominico obispo Samuel Ruiz, que trabajó por los indígenas y estuvo muy cerca del nacimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Otra, muy poco publicitada, fue el inicio de proceso de santificación de José Sánchez del Río, un joven de 14 años que durante la Guerra Cristera fue asesinado por soldados del gobierno de Plutarco Elías Calles, fundador del PRI. El joven fue beatificado en 2005 por Benedicto XVI, pero con el proceso iniciado en vísperas de su viaje a México, Francisco lo hará santo.

 

El viaje de Francisco no será como las cinco visitas de Juan Pablo II y la de Benedicto XVI. Ésta será altamente contestataria contra el Gobierno. Lo anticipó el Papa este miércoles en Roma. Orará en México y con los mexicanos, dijo, para que “los problemas de violencia, corrupción, y de todo lo que ocurre se resuelva, porque el México de la violencia, de la corrupción, del narcotráfico y de los cárteles no es el México que nuestra madre quiere”. Francisco dijo: “no va a tapar nada de eso”, pero que estimulará a todos a combatir cotidianamente esos males. En un contexto diferente y con problemas distintos, Juan Pablo II dijo palabras similares en Polonia, y ya se vio que sucedió con el cambio de metabolismo en los polacos.