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La cloaca de Padrés

Manuel Espino

Por Manuel Espino

 

La corrupción desatada en el gobierno de Guillermo Padrés no solo llevó a retroceder al PAN a su prehistoria electoral en el estado de Sonora, también amenaza hasta con cárcel al propio ex gobernador y a una gran cantidad de sus allegados y prestanombres. Este grupo político transita, en franca decadencia, de perder votos a perder la libertad.

Ya se firmó auto de formal prisión contra uno de sus empleados, a quien se le encontraran 3.5 millones de pesos en efectivo, por el cargo de narcotráfico. Las acusaciones de que dichos recursos eran para financiar la campaña panista a gobernador en Colima crecieron tanto que el propio candidato, Jorge Luis Preciado, se vio obligado a dar la cara y desmentirlas.

Asimismo, en un reciente cateo en casa de su cuñado en un exclusivo fraccionamiento de Hermosillo se le confiscaron armas de uso exclusivo del Ejército, así como bienes presuntamente robados.

Está además el caso  de la empleada doméstica Gisela Peraza Villa, quien fuera apresada por supuestamente robar en la casa del gobernador, comprobándose la falsedad de los cargos; a raíz de ello, Padrés y 20 exfuncionarios enfrentan acusaciones por violaciones a los derechos humanos y delitos como tortura, tráfico de influencias, asociación delictuosa y abuso de autoridad.

A ello sumemos, como si no bastara, las denuncias contra una treintena de padrecistas por provocar daños al erario por más de mil 700 millones de pesos, en un fraude al fisco federal.

 

A esta retahíla de complicaciones jurídicas del ex gobernador sonorense se le suma el aspecto político; se le ve cada vez más solo. Queda claro que a la dirigencia nacional panista únicamente le quedan dos opciones: sacrificar a Padrés o dejar que los hunda.

Ya rumbo a la elección presidencial, el liderazgo panista sabe que está ante el riesgo de que sus adversarios usen a Padrés como un nuevo símbolo de la corrupción azul, generando una oleada de votos de castigo capaz de inclinar la balanza en estados en los que las votaciones se encuentran por demás cerradas.

La otra es hacerle un juicio expedito y transparente, con sanciones severas para el ex gobernador y sus más cercanos colaboradores. Con ello, se demostraría con hechos que se toma en serio el combate a la corrupción y que el buen juez por su casa empieza.

 

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Diputados plurinominales ciudadanos, no partidistas

Manuel Espino

Por Manuel Espino

 

En la lucha por superar nuestro pasado autoritario, para los mexicanos “democratizar” y “ciudadanizar” siempre han sido sinónimos. Durante la larga y aun inacabada transición, ha sido permanente el esfuerzo por lograr que la vida pública ya no fuera patrimonio exclusivo y coto de caza de los políticos. Las leyes de transparencia, las consultas populares, los consejos consultivos, el ejercicio pleno de la libertad de expresión, las candidaturas independientes e incluso el voto realmente efectivo, son distintas manifestaciones de un mismo esfuerzo de décadas: empoderar al ciudadano.

 

Este esfuerzo, impulsado por políticos de todos los signos ideológicos y por la sociedad civil, ha contrastado radicalmente, y cada vez más, con el excesivo poder que han adquirido los partidos, al grado de que hoy se hable de una “partidocracia”, misma que se ha apoderado casi por completo de la vida pública y de las instituciones.

 

Esta ambición desmedida, sumada a numerosos casos de corrupción, ha provocado un desprestigio brutal al Estado y a los mismos partidos, así como a sus militantes. Hemos llegado al grado de que se ha vuelto una prioridad de la agenda nacional dignificar la política y represtigiar al Congreso mexicano, en cuyos diputados plurinominales se ha concentrado gran parte del desprestigio atribuido a los partidos y a “los políticos”.

 

Hablar de esta crisis no es simple retórica. Es una realidad con amplio respaldo estadístico que se proyecta de una elección a otra, en el abstencionismo y la apatía. Se trata de un riesgo que amenaza nuestro sistema de partidos y que podría abrir la puerta a opciones populistas y anarquistas, demagógicas y autoritarias.

 

Por todo ello, para retomar la senda del empoderamiento de los ciudadanos, he presentado en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados una iniciativa que busca dotar al Congreso de una visión menos partidista, a través de tres puntos primordiales.

 

El primero es establecer el principio de “primera minoría” para designar 100 de los diputados federales. Se trata de un acto de congruencia constitucional, toda vez que no es coherente que en nuestro sistema bicameral el Senado de la República tenga esta vía de acceso y no así la Cámara de Diputados.

 

Uno más es disminuir a la mitad los diputados electos por la vía de la representación proporcional.

 

El tercero busca establecer en la ley que los partidos postulen a ciudadanos sin militancia partidista al menos un ochenta por ciento de sus candidatos plurinominales, tanto a diputados como a senadores.

 

Es clave considerar que así como fue necesario establecer una “cuota de género” que garantizara el acceso de las mujeres al Congreso, proponemos fijar una “cuota ciudadana” de legisladores en ambas cámaras. Con ello se pretende dar mayor vigencia al derecho constitucional de los mexicanos a ser votados, así como aumentar la cantidad de legisladores con una visión auténticamente social.

 

Esta iniciativa se nos presenta a los legisladores como oportunidad para que con inteligencia y voluntad, con responsabilidad y altura de miras, dignifiquemos la representación popular y consolidemos desde la ley un cambio de mayor impacto que los escándalos que han deshonrado a la clase política. Un cambio que demuestre que senadores y diputados podemos cobijar distintas visiones ideológicas y provenir de diversos partidos, pero que en el Poder Legislativo cimentamos nuestro actuar en valores democráticos comunes y el interés preeminente de la nación.

 

Las circunstancias, los tiempos y la sociedad claman por una reforma que dote al Congreso de una visión más ciudadana y menos partidista. Una reforma en la que todos salgamos ganando, para que las palabras “diputado” y “senador” vuelvan a ser sinónimos de honor y servicio a la nación.

 

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Colima: prueba de fuego para Beltrones

REUNIÓN PLENARIA

Por Manuel Espino

 

La elección extraordinaria de gobernador en Colima se extiende como un campo minado ante los pies de Manlio Fabio Beltrones, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Se trata de un proceso electoral que impondrá retos máximos a la conocida sagacidad del sonorense, que arranca esta batalla cuesta arriba.

Para comenzar, la sociedad reconoce que si el proceso tiene que ser repuesto se debe a una acción indebida del PRI: la influencia del gobierno estatal tricolor provocó daños al erario público por 21.8 millones de pesos, así como una dosis inusitada de polarización social y de conflictos entre las fuerzas políticas nacionales.

Costará trabajo sostener un discurso de honestidad, de transparencia, de respeto a la democracia, cuando las más altas instituciones nacionales dejaron en claro con su fallo que los priistas locales incurrieron en prácticas de la peor politiquería electorera.

Aunque Beltrones haga declaraciones del tipo de “esta es una de las elecciones más limpias que se ha vivido en Colima”, sus colores ya no tienen credibilidad que las respalde.

Además hay un caldo de cultivo ideal para la apatía electoral: que gran parte del proceso se dé durante las vacaciones decembrinas, el desencanto con los líderes locales y el hartazgo ante la guerra sucia partidista seguramente alejarán a gran cantidad de ciudadanos de las urnas.

Consideremos que el abstencionismo siempre es una pésima noticia, pero más todavía cuando el candidato priista ganó la anterior elección por tan solo .17 por ciento de los votos, apenas 503 sufragios que hicieron la diferencia ante el candidato del PAN.

Se trata, además, la primera de las elecciones en las que el PRI tiene focos rojos rumbo al 2015, con otros ocho estados prácticamente en crisis para el tricolor: Tamaulipas,  Chihuahua, Durango, Sinaloa, Veracruz, Puebla, Quintana Roo y Oaxaca.

Quizá la única ventaja visible y aprovechable para el tricolor sea que, en el mano a mano entre los candidatos punteros, del PRI y del PAN, Ignacio Peralta es el mejor. Y por mucho.

Este es el panorama electoral para Manlio Fabio Beltrones, por lo que la elección colimense impondrá un tono y un ritmo, para bien o para mal, al avance de su proyecto rumbo al 2018.

Por todo ello, si el presidente del PRI visita la lona en este primer round podría resultar fatal en su pelea por l a Presidencia de la República, aunque también representa una oportunidad para que deje en claro si sus habilidades de estratega electoral son tan aguzadas como las que exhibió siendo parlamentario.

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Por la despartidización de la seguridad pública

INICIO DE OPERATIVO SEMANA SANTA

Por Manuel Espino

 

Desde hace lustros, la inseguridad pública es el Talón de Aquiles del Estado mexicano. Estamos ante un cáncer social que carcome la credibilidad de las instituciones, que corrompe a los servidores públicos, que profundiza el antagonismo entre gobernantes y gobernados y que atenta contra nuestras libertades más básicas, creando el caldo de cultivo ideal para que se violen los derechos humanos.

 

Hemos alcanzado un nivel atroz de delincuencia, que ha enlutado a cientos de miles de familias, que ha impactado en la inversión extranjera y la generación de empleo, que ha generado olas de migración por miedo a la violencia, y que ha drenado económicamente al gobierno, obligándolo a distraer recursos de programas sociales para comprar armamento y pertrechos policiacos.

 

Más aún, la violencia homicida del crimen organizado ha comprometido la propia gobernabilidad y ha provocado zozobra social, tal como ha venido sucediendo a raíz de la trágica desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

 

A esa lista de estudiantes, se suman las de miles de personas asesinadas por secuestradores o extorsionadores; las de las mujeres víctimas de la violencia feminicida; las de inocentes caídos en enfrentamientos entre narcotraficantes; las de los migrantes muertos en su intento de alcanzar una vida mejor para sus familias; las de los propios policías y militares honestos, abatidos en su afán por proteger a nuestra sociedad de la delincuencia organizada.

 

El primer paso para combatir este flagelo es no permitir que las decisiones de la autoridad sean inspiradas por intereses partidistas o de grupo, menos aún por desencuentros personales.

 

Así como un soldado no piensa en sus preferencias políticas a la hora de arriesgar hasta la misma vida por defender a México, es necesario que todos quienes tenemos poder de decisión en materia de seguridad pública conduzcamos nuestro trabajo con valores patrióticos y no ideológicos, democráticos y no partidistas, institucionales y no personales.

 

Enfrentamos un futuro con poderosas amenazas a la seguridad nacional. Desde los grupos antisistema que buscan sembrar la confusión y el miedo, hasta los narcotraficantes empeñados en hipotecar el futuro de México.

 

Por ello, responder al anhelo de paz de los ciudadanos, reclama dejar atrás egoísmos y reconocer que la seguridad pública es un asunto de colaboración y no de rivalidades, de la sociedad entera y no de los partidos, de la más alta visión de Estado y nunca de afanes electoreros. Es por ese camino, y no por el de la ideología partidista, que llegaremos hasta el México de paz que anhelamos.

 

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Contrastes en materia de seguridad pública

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Por Manuel Espino

 

Es un acto de honestidad política reconocer que ha habido avances en materia de seguridad pública, muy especialmente el dato (sustentado por el INEGI) de acuerdo al cual en 2014 México padeció 24 % menos homicidios que en 2012. Tenemos que en el indicador internacional de “Tasa de Homicidios por cada 100 mil habitantes” se logró una reducción de 22.1 en 2012 a 16.4 en 2014.

 

Por supuesto, la reducción en los homicidios no es mérito exclusivo de los tres órdenes de gobierno; testimonios de primera mano nos dejan ver que en muchos casos se debe tan solo a que los ciudadanos de esas regiones acceden a pagar derecho de piso, como un perverso “impuesto” que les permite proteger a sus vidas y las de sus familias.

 

También están las cifras positivas de que el robo se redujo 13% entre 2012 y 2014. Asimismo, hay un 20% menos de denuncias por extorsión y tenemos que durante los primeros siete meses de 2015 las denuncias por secuestro disminuyeron 30% respecto al mismo lapso del año anterior.

 

Estos avances son bienvenidos, pues no significan una ganancia política o electoral, sino un cambio real, tangible, comprobable, en la vida de personas y comunidades enteras.

 

Sin embargo, las buenas noticias palidecen cuando vemos que al margen de lo coyuntural, es en la estructura misma del Estado —que no solo del gobierno— donde tenemos retos inconmensurables.

 

Allí está el dato devastador presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein: De cada cien delitos que se cometen en México, solo dos son castigados. Una tasa de impunidad del 98 % es una verdadera tragedia nacional, así como una franca invitación a delinquir.

Además, por segundo año consecutivo se redujo el presupuesto al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.  Ello va en contra, directamente, de uno de los objetivos en materia de seguridad marcados por el presidente, licenciado Enrique Peña Nieto, que es el de aumentar el gasto en programas que combatan la inseguridad no con la fuerza de las armas, sino con la fuerza pacífica del desarrollo social.

Igualmente preocupante resulta el estado en el que se encuentra el sistema penitenciario del país; la fuga de Joaquín “el Chapo” Guzmán no es la enfermedad, sino tan solo el síntoma de un esquema carcelario y de readaptación fallido, que se ha convertido en un eslabón más en la cadena de la corrupción.

 

En este contexto, urge un cambio de rumbo en el combate a la delincuencia organizada, cuya estrategia ha cambiado de forma, pero no de fondo, en los últimos años. Es hora de extender la convocatoria, de abrir espacios, de permitir la participación real de los ciudadanos en la construcción de la paz, por encima de visiones partidistas o ideológicas.

 

Porque se pueden lograr cambios positivos, coyunturales, capaces de engalanar un informe o un evento. Pero solo la participación ciudadana efectiva logrará los cambios estructurales que demanda el tener un México de paz.

 

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Glosa del Informe, esquema superado

Por Manuel Espino

 

Las comparecencias de los secretarios de Estado ante el Poder Legislativo han demostrado, una vez más, ser un esquema rebasado por la realidad política y mediática actual: no permiten el diálogo, el análisis ni los acuerdos, son infructuosas.

En teoría, formarían parte de un esquema de institucionalidad republicana, de una ceremonia de Estado en la cual se rendirían cuentas no solo al Poder Legislativo, sino al equilibrio entre los tres Poderes de la Unión que constituye la base de toda democracia sana y funcional.

En los hechos, se trata de un ritual con resultados previsibles, de un escaparate en el que se lucen políticamente los secretarios de Estado y logran acaparar los reflectores y los titulares de la prensa, con altos saldos de exposición mediática positiva, que para muchos resulta vital, sobre todo a los aspirantes a la Presidencia de la República.

Por otro lado, resulta un ejercicio que empantana la productividad legislativa: al dividirse los diputados y senadores en partidarios y opositores del compareciente en turno, se minan los caminos de entendimiento que  con oficio político, paciencia, tolerancia y respeto a la pluralidad se van abriendo entre las diversas bancadas.

Se trata de uno de los efectos más nocivos de la excesiva partidización de nuestra vida pública: los espacios que podrían ser de encuentro se convierten en arenas de lucha, de descalificación, en los que pocas veces se reconoce un mérito al contrario. Brilla por su ausencia la visión de Estado, suplantada por la ideología ciega y el ánimo electorero.

Más que debates, las comparecencias son una sucesión de monólogos, que reabren heridas abiertas en campañas negras, que radicalizan las posiciones entre legisladores y que provocan enfrentamientos que debilitan la capacidad de diálogo, sin lograr un solo efecto positivo para la vida parlamentaria.

Ciertamente, la gran mayoría de los legisladores mantienen un ánimo dialogante y pleno de apertura, que es bloqueado por el diseño institucional ya arcaico de las comparecencias.

Justo por ello urge rediseñar ese espacio —como algunos otros del Congreso de la Unión de los que hablaré en mis próximas colaboraciones— para que los cuestionamientos no se conviertan en un pelotón de fusilamiento al compareciente, pero tampoco en una oportunidad para la zalamería; para que la mejor ganancia que se pueda lograr no sea denostar y exhibir al adversario político, sino fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Para, en fin, que pese la visión de Estado sobre las estériles disputas partidistas.

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La inminencia de la narcopolítica

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Por Manuel Espino

 

Ante la sola posibilidad de que sea cierta la vox populi, ¿para qué arriesgarse a tener un gobierno postrado ante el crimen organizado? Esa es una pregunta que deben responder las dirigencias nacionales de los partidos antes de presentar candidatas o candidatos con historiales neblinosos, pues lo que hoy demanda el electorado es certeza, trasparencia, candidaturas blindadas de toda duda.

Más allá de destinos individuales, proyectos de grupo o cacicazgos regionales, actuar con visión de Estado demanda ver que en el paisaje político nacional pesa la sombra de la narcopolítica.

No se trata de alcaldías o gubernaturas, tampoco de competencias partidistas, sino de un tema de seguridad nacional: un solo gobernante de alto nivel con lazos oscuros podría, como un Caballo de Troya, abrir las puertas del Estado al poder corruptor del crimen organizado.

Especialmente tras la fuga de Joaquín “el Chapo” Guzmán, se respira la amenaza de que el narco intente ya no comprar gobernantes, sino simple y llanamente imponerlos a través de la compra de votos.

Es por ello que, a pesar de los riesgos personales que implica, jamás me ha temblado la voz para demandar que haya historiales impecables detrás de cada proyecto político.

Es por ello, también, que expresé recientemente que de presentarse candidaturas con “vínculos extraños” a la gubernatura de mi estado natal, Durango, participaría en la contienda con la finalidad de evitar que triunfaran; participaría, debo puntualizar, no necesariamente como candidato. Entonces declaré, y lo sostengo, que se corre un riesgo demasiado alto al permitir que una gubernatura sea ocupada por una persona que no tenga un currículo inmaculado.

Además, no dije que tal o cual persona es narcotraficante. La senadora Leticia Herrera se precipitó y creyó ciertas versiones, malinterpretadas por accidente o dolo, pero en todo caso falsas que, de ser ciertas las versiones de la prensa, la llevaron a amenazar con interponer una “denuncia formal por difamación” en mi contra, cosa que no ha sucedido. Es por ello que ahora doy la cara públicamente.

Más que sentirse agredida, convendría que la precandidata advirtiera que está ante la gran oportunidad de limpiar su nombre y el del clan Herrera Araluce.

Balazos, heridos, sicarios, narcotráfico, cocaína, armas, lavado de dinero, esos son los temas que la prensa registra sobre su familia. Hay un cúmulo de notas periodísticas, que por cuestiones de espacio no puedo referir aquí, en las cuales el padre de la Senadora ha recibido severas acusaciones a lo largo de casi una década.

No es que se busque manchar su reputación, es que ya está manchada desde hace años sin que se logre convencer al pueblo duranguense de que las afirmaciones de la prensa local y nacional son falsas.

Por ello, me muestro abierto al debate y hablo de frente a la opinión pública en este tema; no es nada personal contra la Senadora o su familia, sino un intento pleno de sinceridad democrática: está en juego algo mucho más grande que una candidatura o que la misma gubernatura de Durango, lo que realmente enfrentamos es la oportunidad de hacer frente a la sombra de la narcopolítica con el poder de la transparencia.

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Las ganancias del Verde son pérdidas para el INE

Sesión Extraordinaria del INE

Por Manuel Espino

 

El Verde es un partido que odia la ley y ama la publicidad. La ausencia de ideas contundentes, de propuestas novedosas y de líderes con raigambre social, se ha suplido con un ejército de avezados mercadólogos y con expertos en encontrar lagunas, recovecos y huecos en la reglamentación electoral.

 

Para desgracia del Estado mexicano, esta conducta perniciosa ha impactado ya en diversas instituciones nacionales, pues en la balanza de la honorabilidad democrática cada triquiñuela del Partido Verde ha sido pagada por el Instituto Nacional Electoral (INE), a costa de perder credibilidad ante los ciudadanos y ver disminuida drásticamente su estatura como máximo árbitro comicial de la nación.

 

Estamos ante un perverso juego de suma cero, en el que cada ganancia del Verde va en detrimento de la vida institucional de la república y del prestigio del Estado mexicano en su totalidad.

 

El colmo ha sido permitirle conservar su registro como partido nacional a pesar de sus no solo reiterados, sino sistemáticos quebrantos a la ley. Bien argumentó la consejera Pamela San Martín: ¿cómo no va a ser grave la conducta de un partido político que hace de la violación del Estado de derecho su estrategia electoral?

 

Para mala suerte de los verdes, esta conducta no ha pasado desapercibida. De ahí que 140 mil ciudadanos solicitaran al INE el retiro de su registro. Aunque dicha iniciativa ciudadana fue ignorada, ya se ha posicionado en la opinión pública nacional que el Verde tiene como principal característica su desprecio a la ley.

 

Ello presenta tres riesgos primordiales para el Estado mexicano. Uno es tener un INE cada vez más débil, carente de autoridad y de credibilidad, con consejeros arrinconados e incapaces de levantar la voz.

 

El segundo riesgo es que estas estrategias sean replicadas por otros institutos, con el incentivo de que al Verde le resulta más fácil cosechar votos por medios ilegales que legales, sin sufrir consecuencias políticas o económicas significativas. El INE ha lanzado un claro mensaje a todos los demás partidos: es más rentable quebrantar la ley que respetarla. La impunidad se ha convertido en una patente de corso para el uso ilegal de publicidad, la entrega de dádivas y el uso de recursos poco transparentes.

 

Pero más grave aún es el seguir ahondando la brecha de desconfianza que separa a gobernantes de gobernados y a votantes de votados. Pues al dar la mano a un partido que hoy por hoy es símbolo de ilegalidad y desprecio por la ley, varios consejeros electorales dieron la espalda a todos esos ciudadanos que claman por una vida pública honesta y anhelan que la democracia sea mucho más que una palabra.

 

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Anaya, Ruffo, Yunes y los audioescándalos del PAN

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Por Manuel Espino

 

El árbol de la corrupción panista da frutos cada vez más podridos. Incluso en el actual ambiente político, manchado por el contubernio y la corrupción, resulta sorprendente el grado de cinismo que se escucha en una grabación en la que presuntamente Ernesto Ruffo y Guillermo Padrés acuerdan un intercambio de recursos económicos por protección política.

En el PAN no es poco común que sus dirigentes caigan en “audioescándalos” que proyectan sus actos de corrupción. Los ha habido desde políticos locales, como el candidato a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, conocido como “Pacomoches” o el dos veces alcalde en el estado de Querétaro Antonio Zapata Guerrero.

Pero también se han dado casos entre la cúpula panista, tres de ellos protagonizados por Miguel Ángel Yunes. A Yunes se le escucha hablar de números, porcentajes y entregas de millones de “documentos” con Miguel Martínez Peñaloza, ex legislador y ex alcalde, con el diputado Rosendo Guzmán y con Ricardo Anaya, actual candidato a la presidencia nacional del PAN. Hay procesos legales abiertos al respecto.

Queda claro que la presunta llamada Ruffo-Padrés no es una anomalía en la vida interna del PAN. Hasta el propio Anaya ha sido “salpicado” por el escándalo. Se trata de un modus operandi, un estilo de vida y una herramienta de la peor política, la que sustituye la propuesta y la estrategia por la vulgar compra de consciencias.

Por ello, poco o nada sorprendería que desde el gobierno de Sonora se tejieran ese tipo de complicidades. La paradoja está en que se ofrezca ayuda para sortear las consecuencias de actos de corrupción cometidos por los padrecistas, cometiendo otro acto de corrupción con el próximo Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

Ruffo y Padrés negaron la autenticidad del audio, quizá porque es lo único que podían hacer. Mayor peso podría haber tenido su respuesta de haberse acompañado de un perito que certificara científicamente que no se trataba de sus voces.

Queda claro que los panistas de honor, que aun los hay, para seguir sirviendo a México tienen que encontrar nuevas rutas y nuevas alianzas. Seguir a sus actuales dirigentes es, sencillamente, un acto de complicidad. Como la institución ya se encuentra carcomida, depende de los militantes individuales comenzar la sanación con libertad de consciencia. Porque en estas circunstancias la obediencia a la cúpula solo contribuye a seguir consolidando al PAN como un ícono de corrupción.

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Se agudiza la amenaza de la narcocultura

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Por Manuel Espino

 

Durante décadas han corrido ríos de tinta criticando las diversas expresiones de la narcocultura y señalando el peligro —real y presente— de que cincelen los valores, los ideales y los héroes de las nuevas generaciones.

Los símbolos de la narcocultura son evidentes y de todos conocidos: los corridos, las camionetas de lujo, las armas enjoyadas, las botas vaqueras y los sombreros texanos. Una caricatura del hombre del norte, de la vida rural y del campesino mexicano.

Se ha señalado, no sin razón, el peligro de que los jóvenes hagan del narcotraficante un ideal a seguir, buscando emular sus “hazañas” delincuenciales y optando por dedicar su vida al crimen y la violencia.

Ese peligro se ha recrudecido al máximo a raíz de la segunda fuga de Joaquín Guzmán, “el Chapo”. Con tal de hacer escarnio de las autoridades, muchos analistas, políticos y comunicadores ha enaltecido al Chapo al grado de elevarlo a la estatura de antihéroe.

Allí está el Chapo en el tweet ingenioso, en el meme certero, como un rey de las redes sociales. Y no podemos olvidar que para posicionar mensajes en las mentes jóvenes el internet es radicalmente más poderoso que los narcocorridos.

Por si fuera poco, se ha anunciado ya una película con uno de los directores cinematográficos más taquilleros de Hollywood en la que uno de los actores protagónicos sería Leonardo Di Caprio, quizá el histrión de mayor popularidad en el planeta.

Estos hechos, que a un lector distraído podrían parecer frivolidades, representan una seria amenaza para el tejido social y para la credibilidad de las instituciones, pues al posicionar antivalores y anunciar que las conductas criminales tienen tan altas recompensas carcomen toda posibilidad de convivencia armónica y productiva.

Debemos tener claro que muchos jóvenes enfrentan una encrucijada terrible: por un lado está el camino del esfuerzo por lustros y décadas para estudiar y hacerse de una carrera universitaria, la cual muchas veces no culmina con la obtención de un trabajo digno y adecuadamente remunerado.

Por otro, está el camino del crimen que de manera inmediata ofrece dinero y el falso prestigio que da la fuerza bruta. Claro está que entre los sacrificios de la honestidad y la riqueza que brinda el crimen, haya quienes opten por venderse a la delincuencia organizada. He allí el peligro de ensalzar a los capos como si de ídolos se tratase.

Como padres, como personas con voz en la opinión pública, como ciudadanos de bien, tenemos la responsabilidad de que las críticas a la autoridad no crezcan hasta llegar a la alabanza al criminal. Pues juntos, en tanto sociedad, estamos librando una guerra cultural en la que está en juego el más valioso recurso de nuestra patria: los corazones y las consciencias de nuestros jóvenes.

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La pobreza, responsabilidad de Estado

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Por Manuel Espino

 

Pocas veces las estadísticas tienen un impacto que trasciende lo político y económico para instalarse en lo humano, así como lo hemos padecido estos días con la presentación de datos sobre el aumento de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Colegio de México (COLMEX).

La información carece de paliativos. 93.5 millones de mexicanos viven en situación de pobreza. Estamos hablando de 78% de la población, el porcentaje más alto desde 1998, cuando alcanzó la cota de 80.7%. Además, la clase media se redujo  en 1.36 de 2012 a 2014. Únicamente 6.78 % de los habitantes son clasemedieros. En 2012 eran 8.14%. Asimismo, la pobreza extrema se incrementó en 2.43% en este mismo periodo para llegar al 56.48%. Uno de cada dos personas no tiene recursos suficientes para comprar la canasta alimentaria.

Aunque estos son datos del Colegio de México, por donde se le vea una de las instituciones académicas más prestigiadas de la América Latina, la información oficial tampoco es alentadora.

Según el CONEVAL, de 2012 a  2014 la población en pobreza creció en dos millones de personas; estaba en 53.3 (45.5%) y ahora está en 55.3 millones (46.2%). Contrastando con el COLMEX, según esta medición la pobreza extrema se redujo de 11.5 (9.8%) a 11.4 millones de personas (9.5%). Para esta institución hay un 20.5% de personas que no viven en pobreza. Se coincide en que uno de cada dos mexicanos no tiene recursos para comprar la canasta alimentaria.

Más que polemizar y cuestionar las cifras, pues se trata de dos instituciones sumamente respetables, lo vital de esta información es sacudir las consciencias de todos los gobernantes y de la así llamada clase política para reorientar las estrategias de los tres niveles de gobierno y de los tres Poderes de la Unión. No se trata de un fallo de tal o cual gobierno, sino del Estado en su totalidad, que solo será resuelto cuando lo ataque igualmente el Estado en su totalidad.

La pobreza asoma su dolor en los miles de emigrantes que se encuentran lejos de su patria y de su hogar contra su voluntad. Se refleja en los desocupados que angustiados buscan una oportunidad de trabajo que les permita al menos la supervivencia, en las personas que por enfermedad o senectud beben el cáliz amargo de la soledad y el abandono.

Se manifiesta en las madres e hijos que lloran a sus maridos y padres secuestrados o desaparecidos, en quienes luchan por salir de las garras de las drogas, de la violencia, de las organizaciones delictivas.

Por todo ello, a los buitres de la política habrá que ahuyentarlos pidiéndoles propuestas y trabajo transparente, pues estamos ante una emergencia nacional en la que las ambiciones partidistas son un lastre. Y quien politice las cifras de pobreza es parte del problema y no de la solución.

 

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El gobierno en el túnel

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Por Manuel Espino

 

Quien ahora comienza a trastabillar por un túnel largo y accidentado es el gobierno federal. Se trata de una de las peores crisis de seguridad nacional que habremos de padecer los mexicanos este sexenio, con consecuencias contundentes y reales aún más impactantes que la trágica desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Se equivocan quienes creen que las peores consecuencias de la fuga del narcotraficante internacional Joaquín “El Chapo” Guzmán se inscribirán en el plano de lo político o de las embestidas mediáticas contra el Ejecutivo Federal.

Lo que muy probablemente padeceremos todos los mexicanos, gobernantes y gobernados, es un reacomodo en diversas estructuras de narcotraficantes que generará enfrentamientos cruentos entre cárteles y grupos regionales, por la recuperación de plazas y rutas de distribución que cambiaron de manos mientras “El Chapo” estaba en prisión. Habrá de correr mucha más sangre que tinta.

Por ello, no es hora de contar puntos en las encuestas o contabilizar de antemano supuestos dividendos en el río revuelto de la política electoral. Es una frivolidad pensar en las urnas cuando está en juego la estabilidad de amplias zonas de la frontera y de diversos estados del interior.

Ciertamente, es ineludible e indispensable hacer ajustes al sistema de seguridad en general y al penitenciario en general. Se requiere una estrategia nueva y novedosa, con perfiles mucho más definidos que la actual.

Lo hemos afirmado en voz alta, ya desde el sexenio anterior, pero no debemos dejar de repetirlo: hay que insistir en la corrupción como fuente de “ineficacia” deliberadamente permitida.

Sí debe haber renuncias, despidos e incluso consignaciones de quienes operativamente tienen responsabilidad directa en resguardar el penal. Sin embargo, ir más allá y pedir la renuncia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o del presidente Enrique Peña Nieto, no pasa de ser un desahogo o una muestra del peor oportunismo político.

Escuchar esas exigencias irracionales puede generar más inestabilidad en esta “crisis post fuga”. No es hora de ofrecer cabezas como sacrificio a los gurús de la opinión pública, sino de privilegiar las labores de seguridad pura y dura. Es hora de crear trabajar por recuperar la calma social, no de hacer política. Es, en fin, momento para tomar decisiones que coloquen al país de la ruta de recuperación de la paz que ha vuelto a debilitarse.

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Reynoso Femat y la cultura de la corrupción panista

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Por Manuel Espino

 

Por segunda vez, el ex gobernador panista Armano Reynoso Femat ha sido encarcelado acusado de actos de corrupción. Sin embargo, por lamentable e indignante que resulte este arresto, no podemos olvidar que dista mucho de ser un caso aislado, sino que es de uno de tantos síntomas de la enfermedad que ha desfigurado el rostro, antes honorable, de Acción Nacional.

La opinión pública hoy dice “Reynoso Femat” pero ayer dijo “Yunes” “Nava”, “Martínez”, “Villarreal”, “Gil Zuarth”, “Padrés” y un largo y vergonzoso etcétera, nombres que son sinónimos de escándalo. Incluso el propio Gustavo Madero ha enfrentado fuertes cuestionamientos, no fehacientemente aclarados, con el tema de los casinos. Este es el PAN del “coopelas o cuello”, de los “moches”, de los departamentos millonarios o de las presas ilegales.

Es el PAN que fue arrasado el pasado 7 de junio por un voto de castigo a la corrupción y a la podredumbre de esa ética por la que se distinguió al panista durante décadas.

Por supuesto que para Acción Nacional y para el propio sistema de partidos el arresto de Reynoso es importante. Se trata del mismo gobernante que en pocos años deshizo la paz de Aguascalientes y se ganó fama internacional por asignarse el sueldo más alto entre todos los gobernadores, con emolumentos incluso superiores a los que entonces percibía el presidente de la república: durante 2008 se reveló que ganaba un 50 % más que Felipe Calderón.

El 4 de mayo de 2014 fue arrestado bajo cargos de peculado, pero salió libre bajo fianza solo para ser apresado de nuevo esta semana, enfrentando acusaciones de defraudación fiscal por 29 millones de pesos. Es, por donde se le vea, una vergüenza para su partido.

Pero mal haría el blanquiazul en considerar que basta con tuitear afirmaciones como  “cada militante debe hacerse cargo de sus propios actos y afrontar las consecuencias”  o “PAN se deslinda por completo de Luis Armando Reynoso Femat, quien fuera detenido esta tarde por presunta defraudación fiscal”. Esas son medidas cosméticas que en nada cambian la realidad.

Lo verdaderamente urgente e indispensable para Acción Nacional es reconocer que tantos y tan profundos escándalos no pueden seguir siendo achacados a las conductas individuales, sino que son reflejo de una cultura interna de opacidad, encubrimiento y tolerancia. Porque mientras no se reconozca que la corrupción azul es un tema institucional y no personal el PAN no podrá arrancaste el estigma de ser un ícono de la corrupción.

 

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Pago de piso, cáncer social

Por Manuel Espino

 

Durante décadas, quizá siglos, se calificó al “pizzo” como la empresa más lucrativa de Italia. Dicho crimen consiste, desde hace siglos ya, en el pago de extorsiones a la mafia por parte de pequeños empresarios y personas de todos los estratos sociales. En algunos momentos hasta un 80 % de las empresas italianas han pagado pizzo, bajo la amenaza permanente del asesinato, el incendio, el secuestro.

Ciertamente, en los hechos resulta imposible medir con exactitud qué tanto dinero es arrancado de las manos de los trabajadores honestos para engordar las arcas de la Camorra, la ‘Ndrangheta y la Cosa Nostra.

Lo que sí está claro es que regiones enteras de la península italiana vieron trastocada no solo su economía, sino su convivencia, su bienestar, su paz e incluso sus tejido social, debido a que eran víctimas, rehenes, de una acción que no por ser generalizada dejaba de ser esencialmente injusta.

En México esta práctica echó hondas raíces durante el calderonato, aunque en nuestra patria ha sido llamada “pago de piso” (en una errónea referencia a la palabra italiana pizzo, que designa el pico de un ave).

Ahora vemos con preocupación la serie de denuncias que han surgido a raíz de un empresario del barrio restaurantero capitalino “La Condesa”. Asociaciones de empresarios han denunciado que  desde mediados de 2014 los delincuentes han doblado la “cuota” y se han comportado con mucha mayor violencia.

Además, existe una situación especialmente compleja: las autoridades capitalinas piden a los empresarios que presenten denuncias formales, mientras que estos argumentan que hacerlo resultaría contraproducente pues hay policías y autoridades judiciales en contubernio con los extorsionadores.

Lamentablemente, existen bases sólidas que respaldan una aseveración tan grave. Hablando tan solo por mi experiencia como habitante de Ciudad Juárez, que durante años fuera catalogada como la comunidad más peligrosa del mundo entero, puedo señalar que desde 2010 hasta 2015 diversas bandas de policías federales fueron arrestadas por extorsionar a los habitantes de dicha industriosa frontera. Ahí están los nombres de los oficiales, como un dato duro y contundente.

Está además el hecho de que aun cuando diversas autoridades, de los tres órdenes de gobierno, afirman que Ciudad Juárez se ha pacificado, lo que dicta la vox populi es que en realidad ha disminuido el número de asesinatos porque la gente paga para no ser una estadística más. No olvidemos que en dicha comunidad incluso se han llegado a reportar que en primarias de los barrios más humildes los padres han tenido que dar cuotas para evitar que las escuelas sean ametralladas. Hasta esa sima de podredumbre criminal se ha caído.

Es por ello que resulta especialmente alarmante lo que están padeciendo los comerciantes capitalinos. Mal harían las autoridades de los diversos órdenes en esperarse a actuar solo con base en denuncias —que seguramente serán escasas.

No estamos ante un problema empresarial y no estamos ante un problema económico, estamos ante una amenaza a la forma en la que vive y funciona la sociedad entera.

La extorsión funciona como un cáncer que se extiende por todos los órganos del cuerpo comunitario: si hoy se victimiza a los dueños de bares y restaurantes pronto sucederá como en otras ciudades del país, donde la extorsión se generalizó por todos los estratos sociales, carcomiendo los lazos cívicos y obligando a comunidades enteras a vivir bajo la sombra de la violencia.

 

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Aniversario de un compromiso presidencial

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Por Manuel Espino

 Decía el entonces candidato, licenciado Enrique Peña Nieto: “Coincido con ustedes en que es tiempo de levantar anclas y navegar en las aguas de nuestra historia para reactivar el proceso de transición hacia la democracia y concluirlo en una nueva forma de relación entre gobierno y sociedad que, acorde a los tiempos que corren, sea auténticamente democrática y libertaria sin cortapisas”.

 

Se trataba de un compromiso de honor entre el hoy primer mandatario y el movimiento nacional Volver a Empezar, firmado el 22 de mayo de 2012, en plena campaña electoral pero con una visión social y política de transformación de la precaria situación en que el gobierno en turno mantenía al país.

 

Igualmente era un reconocimiento público al peso específico de este esfuerzo colectivo que congrega a líderes de gran raigambre social y de conocida probidad, unidos con el objetivo supremo de dignificar la política y despartidizar las instituciones abriendo espacios de colaboración transparente entre gobernantes y gobernados.

 

A tres años de ese compromiso y justo ahora que se cumple el primer lustro en la vida de este movimiento, podemos ver que el arduo y comprometido trabajo de sus dirigentes ha rendido frutos cívicos. Se han generado y publicado propuestas para coadyuvar en los temas que motivaron la firma de aquella promesa. Se desarrollaron proyectos para aliviar la carga de injusticia en diversas comunidades. Hemos acrisolado un prestigio por ser un factor de unidad social y desempeñar una labor de creación de espacios de diálogo, por encima de ideologías y partidos, indispensable en este ambiente político tan crispado y conflictivo, con la congruencia como sello de la casa.

 

En estos logros ha sido decisiva la labor de su dirigencia, el presidente Carlos Acosta Víquez y la secretaria general Jeanette Moisés Ramírez, así como el trabajo humilde y entregado de sus líderes estatales, motivados no por la búsqueda de un beneficio personal o grupal, sino por el objetivo supremo de servir a la patria.

 

En este quinto aniversario recordamos que el licenciado Enrique Peña Nieto también dejó asentada su firma bajo las palabras “de ser presidente de México, me comprometo con ustedes a promover la instauración de un nuevo sistema político”. Ahora que ya lo es, gracias al voto de VAE y al de millones de mexicanos, podemos decir con la mirada firme y las manos limpias que durante lo que va de esta administración federal hemos puesto todo de nuestra parte para que se cumplan los compromisos pactados de cara a la nación. Por nosotros no ha quedado y esperamos que nuestra contraparte también honre la palabra empeñada. Al día de hoy es uno de los muchos pendientes del Presidente de México.

 

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