Sin Censura: En salud, Aispuro rompe acuerdo de unidad con gobernadores del PAN

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    Por: Víctor R. Hernández

A 12 días de haber estrenado el Instituto Nacional de Salud del Bienestar, además del caos que prevaleció en la prestación de servicios, hubo otros dos elementos de conflicto que comenzaron a desarrollarse la semana pasada en torno a este tema de salud.

1.- El primero es derivado de la torpeza e indefinición de las reglas de operación con que empezó a operar el Insabi. Y el principal componente de confrontación entre la población y el presidente López Obrador es el servicio de tercer nivel que antes se otorgaba con el Seguro Popular y que hoy ha desaparecido.

— Es precisamente este componente, y claro, la falta de recursos suficientes, los que determinaron que ocho de los 10 gobernadores panistas en el país, decidieran no firmar el convenio de coordinación con la federación.

Tal decisión fue dada a conocer en una carta pública al presidente Andrés Manuel López Obrador, agudizando más el conflicto del ejecutivo federal con la población mexicana.

— El gobernador José Aispuro Torres, inteligentemente, se mantuvo fuera de esta posición de nuevo conflicto con López Obrador, por cuando menos dos razones esenciales: Primero, el compromiso del presidente de México, de equipar y autorizar la contratación de 800 trabajadores para el nuevo hospital en Gómez Palacio; un enorme y moderno edificio construido en el pasado sexenio y que por falta de presupuesto hoy es un enorme elefante blanco.

Segundo, la esperanza que tiene Aispuro Torres de que López Obrador autorice recursos suficientes para seguir manteniendo con eficiencia, los servicios de salud de primero y segundo nivel en la entidad.

2.- El segundo componente de conflicto es el de la relación entre los gobernadores panistas a partir de esta decisión de Aispuro Torres. Hasta ayer, ya sumaban seis de los diez gobernadores panistas que no habían firmado el acuerdo de salud y habían decidido conservar el sistema de Seguro Popular en sus entidades.

Aunque en para esta semana se tiene agendado un encuentro entre el presidente López Obrador y los gobernadores rebeldes, la interrogante es si en el futuro inmediato, los 10 mandatarios estatales se atreverán a emprender acciones coordinadas en beneficio de sus respectivas entidades.

Por lo pronto, el tema de Salud hoy los ha dividido. El gobernador Aispuro se repliega con el presidente López Obrador, mientras que la mayoría de los ejecutivos estatales panistas, han decidido confrontarlo.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el gobierno federal en verdad se encuentra en un serio problema, pues a partir del primero de enero de 2020, los servicios de salud para unos 64 millones de mexicanos sin seguridad social se volvió gratuita, por decreto, pero lo hizo sin un esquema de transición.

En su edición del sábado 11, el diario Reforma publicó como nota principal la siguiente información:

El 1 de enero de 2020 entró en vigor la nueva redacción del artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, que no sólo desapareció al Seguro Popular creado en 2003, sino que ordenó brindar en forma gratuita un servicio por el que siempre se habían cobrado cuotas, aunque fueran mínimas.

«Todas las personas que se encuentren en el País que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo Cuarto de la Constitución, sin importar su condición social», dice ahora la ley.

La Constitución no prevé la gratuidad. Sólo dice que «toda persona tiene derecho a la protección de la salud», y que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y los Estados en materia de salubridad general.

Hasta el 31 de diciembre, el artículo 77 Bis 1 mencionaba que «todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) de conformidad con el artículo Cuarto de la Constitución, sin importar su condición social».

El artículo 77 Bis 11, en tanto, señalaba que el Seguro Popular sería financiado con aportaciones de la Federación, los Estados y los propios beneficiarios, mediante cuotas familiares que se determinaban según la condición socioeconómica, similares a la prima que se paga por un seguro.

A partir del 1 de enero, según el mismo artículo, los beneficiarios ya no tienen que pagar nada porque toda la carga recae en los gobiernos federal y estatales.

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