Ahora contra la libertad de expresión y demás garantías individuales

Sin Censura.-

Ene. 21. 2020

Por: Víctor R. Hernández

El lunes por la mañana, la contestación del presidente López Obrador a la interrogante de una periodista, sobre las posibles reformas al código penal federal, que se perfilan para violentar derechos humanos y garantías individuales, el presidente contestó con el aplomo que lo distingue:

 No tengo información sobre eso. No estamos interviniendo para la aprobación de una reforma en lo judicial. La iniciativa que nos importa ahora, es la de elevar a rango constitucional el derecho a la pensión para adultos mayores y el derecho de los estudiantes para recibir una beca. Sí porque se tienen que aprobar algunas leyes reglamentarias pero, ya nosotros estamos al corriente, no tenemos nada pendiente.

En el documento de reformas que se pretendía presentar el pasado jueves, se contempla las intervenciones telefónicas, sin una orden judicial… complementa la reportera.

 No creo eso. No se va a retroceder a nada. Es libertad y democracia real, auténtica. Nada, nada. Se inventan muchas cosas también. Y si hubiera una iniciativa en ese sentido aquí, Ustedes presentan eso y nosotros opinamos. No va haber nada que signifique retroceso. En el caso de delitos electorales qué buscamos, que no se condicionen los programas sociales al apoyo político electoral; que se acabe el reparto de despensas de frijol con gorgojos; que no se falsifiquen actas, que no voten los difuntos. Esto es delito grave.

Si un presidente municipal, si un gobernador comete un delito, va a la cárcel sin derecho a fianza. Me canso ganso. 

Sin embargo, periodistas bien enterados y con comprobadas relaciones en los circuitos del gobierno federal han sostenido lo contrario.

1.- el mismo lunes, el columnista de El Financiero, Pablo Hiriart, sobre el tema, escribió lo siguiente:

Integrantes del gabinete se presentaron en el Senado el miércoles con un paquete de reformas judiciales que configuran la pérdida de libertades políticas e individuales. Nada menos.

Se tuvieron que echar momentáneamente para atrás (hasta febrero) pues el líder de su propio partido en el Senado, Ricardo Monreal, les dijo que eso era una locura, impasable.

La intención, sin embargo, ahí está. Quedó al descubierto y tienen que sacar la payasada de la rifa del avión para cambiar de tema.

Entre las propuestas del Ejecutivo está ampliar el arraigo a todos los delitos, no sólo a delincuencia organizada.

Cualquier persona acusada sería susceptible de ser arraigada, en la cárcel, en una casa de la FGR, en separos o donde haya espacio, antes de iniciar un juicio. No importa que el señalado sea inocente: basta la acusación. Más soviético, imposible.

Las reformas que llevaba el gobierno bajo el brazo plantean autorizar las intervenciones telefónicas en temas fiscales y electorales.

¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Toda persona, especialmente los empresarios, son sujetos de sospecha de evasión fiscal. Se acabó la privacidad para ellos porque vivirán intervenidos, bajo sospecha.

Desde los dueños de la compañía, sus directivos hasta los contadores, podrán ser espiados, legalmente, sin derecho a reclamar.

El contribuyente que no es empresario también puede ser sujeto de sospecha y espionaje legal. Así el clima de terror se extiende a prácticamente toda la población.

2.- El periodista Raymundo Rivapalacio ayer, también escribió al respecto:

Ya no se sabe con certeza si el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene control de su gobierno, es una anarquía en la cual se desenvuelven sus funcionarios, o es el arquitecto de una autocracia. Pero el paquete de reformas al sistema de justicia que llevaron el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, al Senado, la semana pasada, habla del desaseo con el que este nuevo régimen hace las cosas. El Senado rechazó aceptarla al argumentar que no había sido consultada dentro del propio gobierno, lo cual es incorrecto, porque fueron todas las dependencias a las que se les pidió observaciones y propuestas quienes incumplieron con la solicitud, salvo la Unidad de Inteligencia Financiera.

Es posible conjeturar que se buscó un control de daños ante las críticas por la regresión a las libertades que entrañaba, y que abría la puerta al retorno de un modelo autoritario, sepultando años de lucha por la democracia, lo que a muchos les parecerá abstracto, hasta que sufran las arbitrariedades de los excesos del poder, como sería este el caso. El paquete de reformas, sin embargo, es un suicidio político –lo que es muy poco probable–, o lo hizo un enemigo del Presidente, porque de aprobarse como lo envió, él mismo violaría varios de sus artículos.

3.- Por su parte, el escritor y politólogo, Héctor Aguilar Camín, en Milenio diario, escribió lo siguiente:

Trataré de listar en mi columna de mañana los focos rojos de la reforma judicial en marcha, cuya primer defecto de origen es que falta en ella el punto de vista de la Suprema Corte y de la Judicatura misma.

Creo que los focos rojos de que hablo deben leerse en sintonía con lo legislado previamente. Desde el punto de vista de las libertades públicas y de las garantías constitucionales, en 2019 se hizo ya una preocupante reconfiguración de los delitos y las penas.

Llamo la atención sobre el triángulo legal que incluye: 1. Ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva forzosa; 2. Equiparación de delitos fiscales con delincuencia organizada, 3. Extinción de dominio sobre bienes que se supongan de procedencia ilícita.

Cada una de estas leyes tiene una lógica de combate a la impunidad. Tiene también sus restricciones garantistas. Pero la combinación de estas leyes, aplicadas simultáneamente a un individuo o a una sociedad de individuos, puede suspender de facto y de juregarantías individuales consignadas en la Constitución.

Combinando esas tres leyes, el gobierno podría acusar a alguien de defraudación fiscal, elevar el delito a la condición de delincuencia organizada, decretar la prisión preventiva del acusado y extender una orden de extinción de dominio sobre los bienes y recursos económicos del preso.

Antes de tener un juicio y una sentencia, el gobierno podría tener en prisión a quien acusa, despojado de su libertad y de sus bienes.

Ningún gobierno, ningún gobernante puede ser titular de estos poderes sin amenazar las garantías de sus ciudadanos. No importa cuán bien intencionadas sean esas leyes ni cuán honrados y rectos el gobierno y los gobernantes.

Si la Corte no revisa, niega o ajusta estas leyes, que han sido aprobadas ya por el Congreso, quedará instalada en nuestra democracia el huevo de la serpiente de una tiranía legal.

O, si se prefiere, de una discrecionalidad legal para privar a los acusados de su libertad y de su patrimonio, antes de que haya tenido lugar un juicio o una sentencia contra ellos.

Muchos de los focos rojos de la reforma judicial anunciada van en este camino.

 Mañana: los focos rojos. 

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