Constructora foránea y SCT, investigados por posibles actos de corrupción

Texto: Daniel Estrada

La empresa mexiquense, La Cima Terraceros S.A. de C.V., ha recibido la asignación de su tercer tramo en esta carretera Durango-Parral a pesar de que no ha terminado los dos primeros. Uno es de alrededor de 50 millones de pesos, otro de 55 mdp y el tercero de 65.4 mdp.

La empresa a la que recientemente se asignó la obra de ampliación y modernización de un tramo de la carretera Durango-Parral, ha sido objeto de investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SPF) por presunto desvío de recursos en contubernio con la SCT.

La indagatoria involucra a 15 empresas, entre ellas La Cima Terraceros S.A. de C.V., según se da a conocer en una publicación de La Silla Rota, realizada el pasado 20 de octubre de 2019, en la que se cita a fuentes gubernamentales de primer nivel, como proveedoras de la información.

En la nota periodística se informa que la SPF solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) datos de los convenios y contratos celebrados con estas empresas desde 2017 a la fecha, mediante un documento cuya copia exhibe el citado medio.

Sobre La Cima Terraceros, el medio de comunicación escribe: “sería la séptima empresa bajo investigación. Recibió 10 contratos de la SCT por un monto de 392.8 millones de pesos. La empresa cuya acta constitutiva se realizó en 2004 en Atlacomulco, Estado de México, indica en su página Web que sus principales clientes son precisamente la SCT y el gobierno mexiquense; principalmente en autopistas y uso de concretos”.

Oficio circular emitido por la SFP en el que solicita información a la SCT sobre la empresa La Cima Terraceros. Imagen: La Silla Rota.

Una adjudicación muy sospechosa

Un segmento destacado de esta información formaría parte de una investigación que se mantiene abierta desde 2017 iniciada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía, en la que se investiga la posible colusión entre la SCT y las empresas en torno al sobreprecio de diversas obras.

Fue el diputado Esteban Villegas Villarreal quien advirtió sobre la manera sospechosa en la que se adjudicó la obra correspondiente a la ampliación y modernización del tramo Guadalupe Aguilera- Entronque San Juan del Río, del kilómetro 84+400 al 85 +600 y del 87+900 al 90+300.

Se trata de una obra que incluye trabajos de terracerías y, obras de drenaje pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamientos, dentro de la jurisdicción del municipio de San Juan del Río.

En el documento expuesto por el actual presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado se puede observar cómo la empresa La Cima Terraceros ocupa la posición número 11 de la licitación que aun así le fue asignada.

El primero y el segundo lugar lo ocupan empresas de Durango y el tercero otra del Estado de México, además de que arriba de la empresa a la que le adjudicaron la obra, hay otras cuatro de esta entidad, dos de Coahuila y otra mexiquense.

El importe de la empresa que quedó en primer lugar, de origen duranguense, registrada como Nexumrail S.A de C.V. y Agregados la Roca S.A. de C.V. es de 57 millones 567 mil 185 pesos, mientras que el de La Cima Terraceros S.A. de C.V. es de 65 millones 483 mil 606 pesos.

La diferencia es de siete millones 916 mil 421 pesos, por lo que llama la atención el hecho de que la asignación haya recaído en la empresa de origen mexiquense, cuando hay mejores ofertas por parte de varias compañías locales.

Esteban Villegas, Presidente de la JUCOPO, denunció el caso y exigió que la obra pública se quede con constructores locales.

El pasado lunes 3 de febrero, Villegas Villarreal, habló del falló de la licitación del 25 de enero del año en curso y cuestionó el hecho de que se haya preferido dar la obra a una empresa ubicada a 800 kilómetros, cuando había seis con mejores importes.

“Esa empresa tiene que traer su maquinaria y subcontratar gente, cuando en Durango hay constructores que manejan muy buena calidad, son muy profesionales y pueden dar buenos precios, además de que pagan impuestos y hacen sus gastos aquí”,  mencionó.

Dijo que pedirá a los líderes del sector de  la construcción que ponga una queja, pues muchas veces no se levanta la voz cuando se presentan este tipo de circunstancias que tanto afectan a la economía local.

Además, el legislador local hizo el señalamiento: “le digo a Juan, para que me entienda Pedro”, al advertir que estará vigilante de la forma de trabajar de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope).

“Vamos a estar al pendiente de que la obra que se realice en Durango sea hecha por duranguenses y no por empresas de foráneos con registro aquí. Ojalá que tengamos la oportunidad de platicar con el Secretario de Obras Públicas y con el Director del Centro SCT para disipar todas las dudas”, anotó.

En entrevista, del 4 de febrero pasado, señaló que la misma empresa tiene un tramo en la misma obra que todavía no ha podido terminar, lo que causa todavía más molestia entre los constructores locales, quienes han demostrado que tienen capacidad para cumplir con este tipo de compromisos, cuando se les da la oportunidad.

“Recomendados sí hay; yo creo que compadres también y moches no sé. Pero el lugar número 11 de la lista está muy lejos, que la disfracen poquito”, declaró.

Dijo que hubiese sido mejor que la asignación se diera de forma directa, ya que con el ejercicio que se hizo se ve que todo estaba totalmente dirigido para favorecer no a la mejor opción sino a una empresa en particular.

Roberto Santos Serrano, presidente de la Asociación de Maquinaria Pesada

No tiene las mejores referencias

Roberto Santos Serrano, presidente de la Asociación de Maquinaria Pesada en esta entidad, informó que a La Cima Terraceros S.A. de C.V este es el tercer tramo que se le asigna, con todo y que los dos anteriores no los ha culminado.

Hay uno que se le asignó en 2018, el cual no solamente no ha sido terminado, sino que el rezago que presenta es de consideración. Se trata de un contrato por alrededor de 50 millones de pesos, cuya obra debió entregarse en 2019 y no fue así.

En 2019 se le adjudicó otro contrato en la misma carretera, por un monto de alrededor de 55 millones de pesos, el cual tendría que presentar ya un avance significativo.

Ahora para 2020 se le está adjudicando un nuevo tramo de 65.4 millones de pesos, cuando no solamente el antecedente de que mantienen obras inconclusas, sino que además no es la mejor opción en cuanto a costos.

Además, advirtió que se tiene una situación parecida con una compañía denominada Etsa Construcciones, S.A. de C.V. con sede en Tlaxcala, a la que se le asignó obra al quedar en quinto lugar de la licitación correspondiente.

En este caso el importe fue de alrededor de 40 millones de pesos, y se tiene la referencia de que mantiene un tramo de esta carretera, de 19 millones de pesos, que tampoco ha terminado en el tiempo establecido.

“Tenemos la experiencia desde el sexenio pasado, de que empresas foráneas han dejado las obras ‘tiradas’, pues nada más vienen por los anticipos y luego ya no regresan”, acusó.

A pesar de que en su momento se habló de sanciones y castigos para las empresas que incurren en estas fallas, poco se sabe de acciones realmente contundentes que ayuden a evitar que esto siga ocurriendo, mientras que los constructores locales están sin trabajo.

La SCT se defiende

Sin dar una respuesta directa al diputado Esteban Villegas, pero sí haciendo referencia al cuestionado esquema de asignación de obra, la SCT emitió un comunicado el jueves 6 de febrero, mediante el cual se explicaron algunos procedimientos de las licitaciones.

Cuando el monto de la obra a ejecutar es mayor de 26 millones de pesos, esta se adjudica a la proposición que cumple con todos los parámetros establecidos en la convocatoria y que haya obtenido dentro de las proposiciones solventes el mayor número de puntos o unidades porcentuales.

Es decir, el contrato no es necesariamente para la empresa que haya ofertado el monto más bajo, sino para la que cumple con todos los aspectos técnicos, económicos y legales solicitados.

En el documento también se informó que en 2019 el Centro SCT Durango llevó a cabo 123 contrataciones de obra pública, de las cuales 93 se asignaron a empresas locales y 30 a empresas de otros estados.

De acuerdo con dicho texto, la mayor derrama económica con la ejecución de las obras públicas se queda en el estado de Durango, ya que a pesar de que se hayan contratado empresas de otras regiones del país, tienen la obligación de contratar mano de obra de la región, con los beneficios que esto conlleva.

De la misma manera se anunció que en el presente ejercicio 2020 se tiene programado llevar a cabo 79 licitaciones de obra pública y servicios, por lo que algunas de ellas iniciaron su procedimiento en noviembre de 2019.

A la fecha han sido asignados 38 contratos, de los cuales 31 se quedaron en manos de empresas locales y siete son para empresas de otras entidades federativas.

Hay constructores que ya se fueron

Sobre el tema, Roberto Padilla Márquez, delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Durango, fue tajante al señalar que la SCT comente un atropelló en contra de los constructores locales que atraviesan una situación económica muy difícil.

Afirmó que hay constructores duranguenses que ya se han visto en la necesidad de cambiar de residencia a entidades como Coahuila y Nuevo León, ante la falta de oportunidades que hay aquí.

La obra pública ha sido prácticamente nula, tanto por parte del Gobierno del Estado como de la Federación, lo que ha llevado a algunos a vender su maquinaria y equipo.

La obra que se lleva a cabo en la carretera Durango-Parral es un poco de obra pública que se ejecutará en Durango en este 2020, pero el Gobierno Federal ha cometido el error de ponerla en manos de empresarios foráneos.

En vez de dar un mensaje de respaldo a los empresarios locales, la Federación adjudica la obra a una empresa que tiene su sede a muchos kilómetros de distancia de Durango, lo que deja ver la falta de sensibilidad que hay para el estado.

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