En el caso Otinapa, alguien miente

Las partes en conflicto (ejidatarios y gobierno) se acusan de manipular el precio real de las hectáreas en litigio


Tensas las negociaciones entre Gobierno y ejidatarios de Otinapa

Mientras que los ejidatarios aseguran que el Gobierno del Estado amedrentó al perito a través de la Secretaría General, las autoridades sospechan que el encargado de la valuación está coludido con los de Otinapa para sobrevalorar sus terrenos.

Los ejidatarios aspiran a recibir 300 mil pesos por hectárea, mientras que la autoridad afirma y dice tener pruebas de que el valor de la tierra en esa zona no debe ser mayor a los 70 mil pesos por hectárea.


Texto: Daniel Ortiz

La situación se ha tornado tensa en torno al tema de indemnización al ejido de Otinapa, por las tierras que les fueron quitadas para la construcción de la Supercarretera Durango-Mazatlán. Ellos acusan al Gobierno del Estado de querer pagarles una cantidad injusta, mientras que la autoridad considera que se quieren “despachar con la cuchara grande”.

Las acusaciones y señalamientos han subido de tono en los últimos días, pues además de exigir la destitución o renuncia de Adrián Alanís Quiñones, secretario General de Gobierno, a quien acusan de intentar amañar los resultados del peritaje recientemente realizado en la zona en cuestión, también advierten de amenazas y presiones en contra de quien estuvo encargado de la valuación.

Por su parte, José Luis López Ibáñez, subsecretario General de Gobierno, adelanta que el Estado impugnará el resultado del peritaje, el cual considera fuera de toda razón, además de admitir sospechas sobre la posible colusión del perito con los ejidatarios.

“Están valuando los terrenos como si se tratara de una superficie similar a la de ejidos como La Victoria, El Brillante y El Salto, primeros lugares a nivel nacional en aprovechamiento forestal, cuando según la Semarnat, Otinapa es agostadero de mediana calidad”, señaló el funcionario estatal .

Exigen que se vaya Alanís

Los ejidatarios acusan que es el Gobierno del Estado quien ha amañado el peritaje realizado en torno a las tierras de Otinapa, pues quieren pagarles una cifra mucho menor al valor real, algo que no van a permitir.

Ante tal situación, Raúl Sarmiento, comisariado ejidal de Otinapa, acusó directamente a Adrián Alanís Quiñones, secretario General de Gobierno, de intervenir para alterar el precio real de las tierras, por lo que ahora exigen su inmediata destitución.

Acusó que cuando el perito valuador José Luis Campos Cháirez, determinó que el valor a pagar por las 50 hectáreas del ejido Otinapa utilizadas para la Supercarretera era de 18.5 millones de pesos, Francisco Rodríguez Esparza, subsecretario de Desarrollo Político y Fortalecimiento Municipal, se movilizó para impedir que el dictamen fuese entregado al Tribunal Agrario.

Ante dicha presión el perito redujo la cantidad a 14.5 millones de pesos, y antes de que otra cosa ocurriera entregó la documentación al Tribunal Agrario.

Sarmiento acepta que ellos le reclamaron dicha reducción al experto evaluador, quien les confesó que tuvo que hacerlo al verse amenazado por las autoridades, quienes le advirtieron que si no reducía la cifra se tendría que atener a las consecuencias.

Fue el 10 de enero a las 10:30 de la mañana, cuando el perito entregó el documento a la autoridad competente, mientras que los representantes de los ejidatarios alrededor de las 13:35 horas se encontraban con José Luis López Ibáñez, subsecretario General de Gobierno, en donde dicen haberse enterado del dictamen de 14.5 mdp.

El Comisariado de Otinapa refirió que con todo y que el Gobierno logró una reducción de cuatro millones de pesos al monto que deben pagarles, no están conformes y todavía quieren darles mucho menos.

Acusan al perito

Por su parte, López Ibañez declaró que el conocimiento previo de información relacionada con el avalúo, hace pensar que el perito está coludido con los ejidatarios.

En entrevista durante la edición del pasado jueves del noticiario Ciudad 2.0, declaró que al entrar en funciones el nuevo Gobierno Estatal hizo un convenio con los ejidatarios que contemplaba la elaboración de un peritaje para determinar el valor real de la superficie en cuestión.

Señaló que como antecedente, el ejido ha exigido “cantidades estratosféricas”, las cuales superan la realidad en cuanto al valor de la tierra que en su momento fue tomada para la Supercarretera Durango-Mazatlán.

Ellos pedían más de 300 mil pesos por hectárea, algo así como 20 millones de pesos en total, pero el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) determinó que la cantidad que se les debería pagar era de 400 mil pesos en total.

Esa cantidad fue separada y depositada en una institución bancaria, con el objetivo de garantizar los recursos para los ejidatarios, pero además el Gobierno del Estado cede a la petición de elaborar un nuevo avalúo y fue entonces cuando ellos presentan uno de 20 mdp.

A través de su representante legal, tuvieron la oportunidad de elegir al perito que se encargaría del avalúo, a realizarse a través del juicio agrario que dicho sea de paso, se ha acelerado, pues bien podría llevarse entre dos y cuatro años.

Cuando el perito comenzó a realizar su trabajo, los ejitdatarios se mantuvieron muy cerca de él, lo cual el Gobierno del Estado no hizo. Pero al momento de que se acercó el tiempo de entregar el dictamen al Tribunal Agrario, le solicitaron acercarse a la Secretaría General de Gobierno.

Esto debido a que había estado alrededor de cinco semanas en contacto constante con los ejidatarios, por lo que el perito se comunicó con las autoridades para informarles que el peritaje resultó de 15.5 mdp, cantidad que según él mismo, ya conocía también la otra parte involucrada.

José Luis López, de oficio abogado, consideró poco profesional el hecho de que el perito haya informado sobre los resultados del avalúo a las partes, antes de presentarlos al Tribunal Agrario.

Por tal motivo, se tomó la decisión de acercarse al perito, con la asesoría de personas que se dedican a los negocios en materia de inmobiliaria, e incluso vecinos de predios aledaños, que afirman que el valor por hectárea de las tierras en disputa no debe ir más allá de los 40 mil pesos.

Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que está pagando a los particulares que se vieron afectados por la construcción de la carretera (debido a un convenio signado en esas condiciones), no ha entregado más de 70 mil pesos por hectárea.

Al perito se le mostraron incluso, documentos de una transacción reciente de compro-venta de un terreno de 633 hectáreas cercano a Llano Grande, por el cual se pagaron poco más de 15 mil pesos por hectárea.

Hay otro documento, firmado por el propio Raúl Sarmiento, comisariado de Otinapa, el cual data de 2008 y en el cual manifiesta su inconformidad por el hecho de que los terrenos del ejido estén valuados en tres mil pesos por hectárea, cuando otros de similares características llegan a costar hasta 20 mil pesos.

Son diversos los ejemplos en los que se muestra que el ejido de Otinapa pretende obtener una cifra muy elevada por el espacio que cedieron para la vía de comunicación.

“Nosotros les hemos ofrecido pagarles una cifra justa y además ofrecerles otro terreno de condiciones similares, pero su respuesta ha sido negativa y dicen que si no se les da lo que piden, será necesario destruir la parte de la carretera que pasa por su propiedad “, expuso el funcionario estatal.

Hay inconsistencias

Empero, la manera en la que el abogado de los ejidatarios desglosó el avalúo cuando todavía no se había dado parte formal al Tribunal, hace que la Secretaría General de Gobierno tenga fuertes sospechas de que hubo un arreglo previo con el perito.

Señaló que el especialista encargado del avalúo compara al ejido de Otinapa con otros como La Victoria, El Brillante y El Salto, de Pueblo Nuevo, en cuanto a costos de la tierra, cuando no es difícil saber que esas superficies son de costos más elevados por el simple hecho de ser forestales.

Se trata de ejidos que se encuentran en los primeros lugares en el ámbito nacional en aprovechamiento de la madera, mientras que el ejido de Otinapa no ha registrado ningún tipo de beneficio forestal en los últimos 17 años por el simple hecho de que no tienen bosque.

En el peritaje las tierras fueron clasificadas como superficie de vocación forestal, cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) las identifica como agostaderos de mediana calidad.

Con todo y eso, la tierra ha sido valuada en 10 o 12 veces más de lo que realmente cuesta, lo cual no tiene soporte jurídico y será causa de impugnación por parte de la autoridad gubernamental, pues además la afectación al ejido fue por 50 hectáreas, mientras que el perito realizó su trabajo teniendo como referencia una superficie de 78 hectáreas.

Con la impugnación del Gobierno del Estado y la de la Procuraduría General de la República (que al parecer será presentada este lunes 29 de enero), el Tribunal deberá realizar una Junta de Peritos para analizar el dictamen que derivó en un valor exagerado de la tierra.

“A final de cuentas, nosotros podríamos entregar a los ejidatarios la suma de dinero que exigen, pues no la vamos a pagar con nuestro dinero, pero resulta injusto que el recurso del pueblo se gaste de forma irresponsable”, expuso.

El Subsecretario General también señaló que si el Gobierno hubiese amenazado al perito, este no fijaría cifras tan elevadas como lo hizo y reiteró que por las condiciones en las que se realizó la valuación, la balanza más bien parece estar cargada hacia los ejidatarios.

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