La reforma política de oropel.

 

Wendy Bautista Morales.

La reforma política aprobada ya en Durango como parte del constituyente permanente plantea múltiples retos para los representantes populares y para la autoridad electoral. Las reformas Constitucionales definidas bajo intereses partidistas, obligan a resultados. Habrá reelección de legisladores y presidentes municipales, gobiernos de coalición, paridad de género,  y un sistema único de elecciones con el INE.

El PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra por no incluir la revocación de mandato, no homologar los proceso electorales locales con los federales, y no reducir el financiamiento público de los partidos políticos, Felipe Enriquez estuvo en contra de la reelección por ser un retroceso, ya que se corre el riesgo de comprar elecciones con mayor descaro para mantenerse en el cargo.

Es incongruente que los representantes populares se puedan reelegir hasta por dos periodos, pero sin someterse al escrutinio social, de evaluarlos a través de la revocación del mandato, que los ciudadanos después de un periodo decidan si se queda o se va, por eso quien ostente el cargo tendrá que esmerarse a hacer un gran trabajo, o de plano perfeccionar los mecanismos de compra del voto para continuar y convertirse en caciques.

Enrique Herrera cuestionó la reelección de diputados, pues en el congreso del Estado como están las leyes electorales locales, se podrán seguir teniendo diputados “patito” que pertenecen a un partido pero forman parte de otro en el congreso, y no variará nada, el PRI seguirá con el poder sin dar oportunidad a la oposición.

Otro factor es que se abrió la puerta para recursos ilícitos en las campañas, pues ya no existe la prevalencia del recurso público sobre el privado, y eso es peligroso para las contiendas, porque se corre el riesgo de que llegue dinero de todas las fuentes con tal de ganar, pero si los resultados no rebasan el 5% de diferencia de un partido a otro no será factor de nulidad.

Los consejeros electorales tendrán mayor independencia a través del Instituto Nacional Electoral, al menos esa fue la justificación, este órgano  será el concentrador de las decisiones y por donde pasarán los nuevos consejeros nombrados en los Estados, y  esta medida será una prueba real si de verdad se busca dar un giro de timón en el tema recurrente de cuestionamiento constante sobre la injerencia de los gobernadores a través del control de los órganos electorales, o si todo sigue igual.

Entre los puntos destacados, el documento plantea la reelección de alcaldes, legisladores federales y locales; propone que los senadores puedan ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos.

Detalla que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiera postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

En los artículos transitorios, establece que la figura de la reelección “será aplicable a los diputados que sean electos a partir del proceso electoral de 2015, y a los senadores electos a partir del 2018″.

El dictamen contempla que las constituciones de los estados tengan que establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo de mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años.

De igual manera, deja en claro que la reelección no será aplicable para aquellos diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del decreto aprobado en diciembre del 2013.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE)

En referencia al INE, el instituto “independiente en sus decisiones, funcionamiento, y profesional en su desempeño”, contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, así como un Consejo General conformado por un presidente y 10 consejeros electorales.

Se sugiere que la organización de las elecciones debe ser una función estatal que se realice a través del INE y de los organismos públicos locales. De esta manera, “en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución”.

La minuta también dispone que la ley establezca un sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, cuando se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado, se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley o se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o públicos en las campañas.

Dichas violaciones, se agrega, “deberán acreditarse de manera objetiva y material” y se presumirá que éstas son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%.

El proyecto también estima que en caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

Plantea que el Congreso de la Unión expida las leyes generales que regulen a los partidos políticos nacionales, así como los procedimientos y delitos electorales, a más tardar el 30 de junio de 2014, así como las normas que establezcan las “sanciones aplicables a la promoción de denuncias frívolas”.

La minuta define “denuncias frívolas” de la siguiente manera: “Aquellas (denuncias) que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia”.

Asimismo, la reforma constitucional busca aumentar el umbral al 3% para mantener el registro como partido político nacional o estatal.

OTRAS MODIFICACIONES

La minuta, en materia política, señala que el presidente de la República tenga la posibilidad de establecer un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso.

Además, sugiere la autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Ministerio Público de la Federación; en este sentido se determinó que la PGR se transforme en la Fiscalía General de la República.

El fiscal general podrá ser removido por el Ejecutivo federal por las causas graves que establezca la ley y dicha remoción podrá ser objetada por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores.

También propone que sea el Congreso de la Unión quien apruebe el Plan Nacional de Desarrollo y que el Senado de la República haga lo propio con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Respecto de la toma de protesta del titular del Ejecutivo se busca que para el periodo que comprende del 2018 al 2024, inicie el 1 de diciembre del 2018 y concluya el 30 de septiembre del 2024 para que el siguiente titular inicie el encargo el 1 de octubre de 2024.