Cocopos deben quedarse en el CERESO

@wendybautistamo

Lo visto de cerca el mediodía del jueves 24 de abril deberá quedar registrado en la historia jurídica de Durango, pero sobre todo en la historia del combate a la impunidad, hacia hechos delictivos que laceran a la sociedad duranguense.

Frente al juez de control Ricardo Castro Romero, mediante un juicio oral, los cuatro dirigentes de la Cocopo que desde hace dos décadas se han dedicado a delinquir y a violentar el estado de derechos, estuvieron postrados en un tribunal por casi tres horas en audiencia, en un juicio oral, donde tuvieron la oportunidad de defenderse.

Sin éxito alguno, su defensa no demostró con argumentos sólidos su inocencia, tampoco los imputados lo hicieron, pues su larga y vergonzosa trayectoria de atropellos y violencia para delinquir en propiedad privada y arrebatar a particulares sus viviendas fue contundente. En espacio de casi tres horas no pudieron demostrar su inocencia.

José Hilario Román, Verónica Villarreal, Nobel Galván y Jorge Zúñiga invadieron 28 casas del fraccionamiento Villas del Manantial con lujo de violencia, con un daño patrimonial de 2 millones 53 mil pesos,, sólo que esta vez se toparon en pared, pues la fiscal general Sonia de la Garza y el ministerio público de delitos patrimoniales Alfredo Aldama Enríquez actuaron hasta llevarlos a la cárcel, para proteger los intereses de particulares, en este caso de Proyectos Inmobiliarios de Culiacán, hecho que genera un precedente de certeza a la inversión en Durango.

Esta acción, obligación de la autoridad, envía señales positivas de no permitir impunidad, de castigar a quienes se atrevan a violar la ley, y a no encubrir a vividores que chantajean, amenazan y lucran.

En el lapso de poco más de 30 días, los cuatro pseudolíderes de Cocopo, fueron aprehendidos por la orden de un juez e internados en el Cereso, donde deben permanecer por largo tiempo, pues tienen en su haberes otros delitos de fraude y despojo, y si antes, la autoridad les otorgó el perdón legal, y no fueron sentenciados, hoy no debe ser así, la justicia debe actuar con rigor y retirarles estas prerrogativas a este grupo de vividores que lucran con la necesidad de la gente, y han convertido la comisión de delitos en su modus vivendi.

Si se protestan y cobra como maestros casi 25 mil pesos al mes, según consta con los talones de cheque mostrados en el juzgado, no tienen necesidad de cometer delitos, ni arrebatar a particulares su patrimonio, no pueden dar clases, ser directores de una escuela y delinquir a la vez, que gran ejemplo y contradicción para los alumnos a quienes dicen formar.

Es vergonzoso que ante la sociedad se digan maestros frente a grupo, sean directores, cobren como tales y salgan a las calles a cometer delitos, tal y como lo hicieron en el fraccionamiento las nubes, San Luis, y Villas del Guadiana, hoy es el momento para que los propietarios de esas viviendas que las perdieron por la impunidad de estos pseudolíderes, hoy hagan las denuncias respectivas ante el ministerio público.

Esto se convertirá en la diferencia para que los cocopos no salga de la cárcel, se queden a pagar lo que han hecho, y no sigan delinquiendo en las calles, gente de esta calaña es peligrosa para la sociedad, no hay justificación alguna para bajo su bandera de las causas sociales atropellen, agredan y sigan en la impunidad, que parece se les ha acabado.

Hoy la fiscalía general  y el poder judicial del Estado, tienen la obligación legal y moral de enjuiciar a esos agresores de la sociedad, a hacer todo lo que esté de su parte para que se mantengan por un buen rato en el Cereso, pero también es momento para que la sociedad contribuya  y haga su parte, con las denuncias penales de las viviendas invadidas en los fraccionamientos donde los Cocopos se han posesionado.

Hoy, la ley no se puede negociar, aunque el nuevo sistema penal acusatorio permite un acuerdo entre las partes,  en el caso de Villas del Manantial, el acuerdo en el juzgado fue que una vez  realizada la devolución de las casas, los dirigentes saldrían libres y se les borraría antecedente penal, es una alternativa, sin embargo sus delitos no se pueden borrar tan fácil, por el daño causado.