Deudas públicas ahogan finanzas y municipios

Miguel Á. Hernández Gro.Por: Miguel Á Hernández Gro.

La deuda pública de estados y municipios se han convertido en una pesada loza para la administración pública de este país, que amenaza con erigirse en un auténtico dique que les impida brindar los servicios básicos a la sociedad en el corto plazo de no aplicar acciones correctivas de fondo.

De acuerdo a información dada a conocer a finales de la semana pasada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre julio y septiembre pasados, la deuda de los estados y municipios en México incrementó 2 mil 355 millones de pesos, con lo que cerró el tercer trimestre en 406 mil 765 millones de pesos.

Respecto al segundo trimestre, que finalizó con una cifra general de 404 mil 409 millones de pesos, la deuda estatal y municipal tuvo un alza de 0.58 por ciento.

Por nivel, el Distrito Federal ocupó el primer lugar con 54 mil 422 millones de pesos; seguido por Nuevo León, con 41 mil 976 millones de pesos; Estado de México, con 38 mil 795 millones de pesos; Coahuila, con 36 mil 450 millones de pesos; y Veracruz, con 34 mil 53 millones de pesos.

Siendo este último el que registró un mayor porcentaje de deuda en el trimestre, pues sus obligaciones financieras aumentaron 7.03 por ciento, junto con Quintana Roo, cuya deuda creció 5.26 por ciento al llegar a los 14 mil 359 millones de pesos en el mismo periodo.

Si bien la deuda de los estados y municipios equivale a poco menos del 3 por ciento del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), su desordenado crecimiento la mantiene en la lupa de analistas y autoridades, que ven un potencial dolor de cabeza para las finanzas del país.

Según la Secretaría de Hacienda, la deuda de los gobiernos locales -estados y municipios- en la administración de Felipe Calderón creció un 153 por ciento, cuando en la de Vicente Fox fue de 76 por ciento.

Mientras que en el 2000 la deuda de las entidades federativas y de los municipios fue de 90 mil 731 millones de pesos, en el 2006 aumentó a 160 mil 93 millones de pesos y en el segundo trimestre de este año alcanzó los 404 mil 409 millones de pesos.

Durante la administración de Calderón, las entidades que mayor incremento registraron en sus niveles de deuda fueron Coahuila, Zacatecas, Chiapas, Tamaulipas, Nayarit y Quintana Roo.

Para especialistas es preocupante el crecimiento acelerado de los pasivos de los gobiernos locales, y sobre todo la opacidad con la que son empleados los recursos.

En México ningún partido político se opondría a la posibilidad de que el actual gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, implemente algún programa de rescate financiero de estados y municipios tipo Fobaproa, en virtud de que cuentan con alcaldes o gobernadores emanados de sus filas.

La simple mención de un Fobaproa para estados y municipios para el ciudadano común y corriente significa además de crisis económica y financiera, señales de impunidad, lo que hace necesario el diseño de un modelo de rescate en donde se privilegie la corresponsabilidad de las autoridades involucradas, y no sólo un pago de factura nuevamente por parte de la sociedad.

Para controlar el excesivo endeudamiento de las entidades federativas y municipios, el Ejecutivo federal buscará expedir una nueva Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública.

Según detalla el compromiso número 68 del “Pacto por México”, el presidente Enrique Peña Nieto prometió expedir una nueva Ley que controle el endeudamiento de los gobiernos locales, regulando el acceso a la fuente de pago y a las garantías de la Federación.

“Se expedirá una nueva Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las entidades federativas y municipios para controlar el exceso de endeudamiento de las entidades federativas y los municipios.”, señala.

En el transcurso de la semana pasada, el Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores propuso fijar un límite al endeudamiento de estados y municipios para evitar el “inminente riesgo de que gobiernos locales corruptos repitan el ejemplo de las entidades que se han endeudado de manera desorbitada”.

Lo anterior lo expuso el legislador panista Luis Fernando Salazar Fernández ante al pleno de la Cámara de Senadores, donde dijo que se requiere modificar la fracción VIII del Artículo 117 constitucional para establecer un límite al endeudamiento local.

Como representante de la fracción parlamentaria, el Senador propuso que el límite sea de 15% del total del Presupuesto de Egresos del año fiscal que corresponda al estado o municipio. Además de que las contrataciones que haga el estado sean autorizadas por dos terceras partes del Congreso local.

Los datos presentados en este tema en lo relativo a los elevados montos de endeudamientos de estados y municipios, es preocupante porque los gobiernos locales dan señales de fortalecer sus desempeños presupuestales y tengan que incurrir a deuda.

 

Es urgente todos los gobiernos, desde el federal hasta el municipal, a lograr una administración más eficiente, eliminar duplicidades de funciones y medir sus resultados. La decisión final estará en manos del Poder Legislativo y ojalá asuman su responsabilidad antes que responder a los intereses de sus partidos que representan.

De no asumir una decisión adecuada, los costos para el país serían incalculables.

 

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