Aunque la jaula sea de oro, NO DEJA DE SER PRISIÓN

A la familia de Elba Esther Gordillo, la fiesta contra el régimen de Peña Nieto, sólo les duró tres semanas

Texto: La Semana Ahora

La fiesta le duró tres semanas. En Chiapas, el sobrino de la maestra chiapaneca encarcelada en su propio departamento de Polanco, Fujiwara Montelongo, no sólo anunció el 22 de enero su salida del PANAL, sino que días después promovió la salida de cientos de jóvenes de eses instituto político y los llevó a las filas de Morena, en Chiapas.

Días después, el yerno de Elba Esther Gordillo, Fernando González Sánchez, además de adelantar que el SNTE no beneficiará al PRI en las próximas elecciones y se sumará a López Obrador, encabezó en Culiacán, Sinaloa, el lanzamiento de las Redes Sociales Progresistas dedicadas a promover el voto en el norte del país y vigilar las elecciones el primero de julio.

El miércoles 14 de febrero, día del amor y la amistad, Enrique Peña Nieto tras dar un golpe en la mesa presidencial en señal de “¡esto termina ya!!”, ordenaría regresar al aislacionismo político a la chiapaneca.

(1) Con el argumento de que Elba Esther Gordillo Morales podría desestabilizar la paz y la seguridad del Estado mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó y logró que el juzgado sexto de distrito modificara las medidas cautelares concedidas como parte de la prisión domiciliaria a la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Desde ayer, con la autorización judicial, se restringieron para Gordillo Morales –quien se encuentra en prisión domiciliaria desde el 16 de diciembre pasado– llamadas telefónicas, visitas, acceso a Internet y a otros medios de comunicación.

Los abogados de la ex lideresa deberán entregar entre este jueves y mañana un listado con los nombres de quienes podrán visitar a su defendida y éstos serán sometidos a la aprobación del Ministerio Público Federal (MPF), en caso contrario se suspenderán temporalmente las visitas.

Resolución ilegal y draconiana

El abogado Marco Antonio del Toro difundió un comunicado de prensa en el cual señala que el acuerdo judicial se estima ilegal y draconiano, y “esta mordaza, propia de regímenes totalitarios, no hace sentido con el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria, ya que consiste en el beneficio del adulto mayor con precario estado de salud de permanecer en su residencia en tanto se concluye el proceso penal que se le sigue.

Las medidas de seguridad deben instrumentarse únicamente para que el adulto mayor no abandone dicho domicilio. A eso deben constreñirse. De ninguna manera faculta a autoridad alguna para introducirse en el domicilio, revisar mensajes de texto, correos electrónicos, escuchar conversaciones, oír llamadas.

Por esta razón, los defensores de la ex lideresa del SNTE presentaron un recurso de amparo que, de acuerdo con fuentes judiciales, podría ser del conocimiento del juzgado cuarto de distrito, que ya ha conocido de otros recursos relacionados con Gordillo Morales, y este viernes podría definir si le otorga una suspensión provisional que impida la continuación de esas medidas.

Las limitaciones para Elba Esther Gordillo fueron aprobadas por el juez sexto de distrito, Alejandro Caballero Vértiz, ante quien se desahoga el único juicio pendiente que enfrenta la ex dirigente del SNTE por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita –por un monto cercano a 2 mil millones de pesos– y delincuencia organizada.

La semana pasada, la defensa de Gordillo solicitó al juzgado sexto que analice la posibilidad de declarar inocente a su cliente, al considerar que se han desvanecido las pruebas con las cuales se solicitó su detención por delincuencia organizada y lavado de dinero.

En ese contexto, en varias entidades del país integrantes del SNTE que simpatizan con Gordillo Morales presentaron amparos –que están en trámite– contra la toma de nota con la cual se designó a Juan Díaz de la Torre líder de la organización magisterial en 2013, y que esta semana fue ratificado en el cargo en un congreso nacional.

El lunes pasado, el MPF solicitó la restricción de visitas y llamadas telefónicas para Elba Esther Gordillo.

En su argumentación, la PGR explicó al juez Caballero Vértiz que Gordillo Morales fungió como presidenta del SNTE, posición que implicó una relevancia y trascendencia social significativa en las personas sobre las cuales ejerce autoridad moral, por lo que el uso desmedido de los medios de comunicación que tiene a su alcance, evidentemente, podrían desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano; por tanto, resulta imperioso que se establezca un régimen de control de comunicaciones para dar cumplimiento de forma adecuada a la medida de seguridad concedida en su momento y evitar un descontrol que permita perder el sentido y esencia de la prisión domiciliaria.

Indicó que no se trata de vulnerar o limitar los derechos de Gordillo Morales y que sólo solicitó llevar un control adecuado, dada su condición de procesada, “pues es de recordar que no se encuentra en libertad absoluta, sino que su situación jurídica está subjudice, es decir, bajo proceso penal por delitos considerados graves”.

En su escrito, la autoridad federal señala que el personal adscrito a la Agencia de Investigación Criminal desplegado para vigilar a la procesada Elba Esther Gordillo, no tiene la posibilidad de observar directa y permanentemente el interior del departamento destinado para la prisión preventiva domiciliaria.

Con esta decisión judicial, Gordillo Morales no puede recibir amistades que no sean consideradas de buena reputación y estén incluidas en una lista de visitas aprobadas por la PGR; se restringen las comunicaciones vía telefónica, mensajes de texto y correos electrónicos.

Los defensores de la ex dirigente magisterial señalaron que la sentencia de amparo que dio lugar a la prisión preventiva domiciliaria fue enfática en que dichas medidas cautelares no deben trastocar derechos fundamentales, como ahora se pretende con base en criterios que parecen más políticos que jurídicos.

El juez acordó lo que correspondía

Acerca de estas medidas, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, dijo: tenemos la obligación de revisar que se dé cumplimento a las medidas cautelares determinadas por la autoridad judicial, se hizo una revisión, una valoración, se presentó una promoción ante el juzgado y el juez acordó lo que correspondía.

El 15 de enero, en La Jornada, Julio Hernández López, le dio el sentido exacto a la nueva medida promovida desde Los Pinos, contra la ex líder sindical del SNTE:

Originalmente, la Procuraduría General de la República (PGR) pretendía que hubiera cuando menos un agente de tiempo completo adentro del departamento de Elba Esther Gordillo en la colonia capitalina Polanco, habilitado como lugar de reclusión domiciliaria de la profesora, cuya edad y condiciones de salud fueron la base de las diligencias judiciales que impulsó hasta recibir ese beneficio constitucional. El objetivo policiaco era evitar que la ex dirigente sindical se fugara y, además, que hubiera control sobre visitas, comunicaciones y cualquier otra forma de interacción.

Luego que la justicia federal rechazó esa intromisión directa en el domicilio de la procesada, se mantuvo a un agente federal en el rellano más cercano a la entrada del departamento. Ese policía hacía que cada visitante anotara su nombre y ocupación. No solo había familiares y personal de apoyo administrativo y jurídico; también algunos personajes con perfil político lograron asomarse al domicilio en cuestión.

Ayer, la PGR, es decir, el gobierno de Enrique Peña Nieto, logró que el mismo juez que había cerrado el paso al control global policiaco autorizara la reinstalación de parte de las medidas originales. No está de más señalar que entre una y otra de las decisiones del juez Alejandro Caballero Vértiz se produjeron dos hechos políticos adversos para el gobierno federal: la confirmación del apoyo político y electoral del grupo de seguidores de Gordillo hacia Andrés Manuel López Obrador (con las Redes Sociales Progresistas como forma de organización y una asamblea masiva en Zacatecas como confirmación) y la guerra jurídica y política del elbismo contra Juan Díaz de la Torre, el dirigente que el peñismo instaló, sin cuidado de las formas legales, como relevo de Gordillo cuando esta fue apresada, en febrero de 2013. En ese frente contra Díaz de la Torre, por si faltaran ingredientes que molestaran a la administración Peña, coinciden ahora los elbistas y parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, merced a acuerdos básicos, logrados en encuentros privados.

La historia sindical de Gordillo, llegada al poder mediante la misma imposición desde Los Pinos que ahora combate, ampliamente beneficiada en el terreno económico gracias al manejo de las cuentas sindicales, cacica implacable, no puede nublar, sin embargo, la visión respecto a este golpe político determinado por el Poder Ejecutivo federal y validado por el Judicial: a Elba Esther le están aplicando una mordaza (el término fue usado ayer en un boletín de prensa difundido por el equipo de Gordillo) por razonamientos jurídicos (aún está sujeta a un proceso judicial) pero, sobre todo, por motivos políticos: se busca frenar la presunta autoría intelectual de dos movilizaciones: la adhesión de un grupo ciudadano a determinado candidato presidencial y la lucha sindical contra un dirigente al que consideran ilegítimo.

La propia solicitud de la PGR reconoce la valoración política como principal motivación, pues el uso desmedido de los medios de comunicación que (Gordillo) tiene a su alcance, evidentemente, podrían desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano, por tanto resulta imperioso que se establezca un régimen de control de comunicaciones.

(1).- La Jornada, Enero 15 de 2018.

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