INE: clase media y alta indiferentes a participar como funcionarios de casilla

INE aspira al 70% de participación en este 2018

 

En las elecciones presidenciales de 2012 la participación ciudadana representó el 63.3% de la lista nominal; para este 2018 se aspira llegar al 70, según indicó Ciro Murayama Rendón, consejero del INE.

 

No son Durango, Tamaulipas, ni Guerrero los estados con mayores dificultades para garantizar las condiciones para votar en el país, sino las zonas en las que viven las personas con altos ingresos económicos, quienes se niegan a participar como funcionarios de casilla.


Más que la inseguridad, es la indiferencia de este tipo de ciudadanos lo que limita el trabajo del organismo electoral

 

Texto: Daniel Estrada

En 2012 la participación ciudadana en la elección de Presidente de la República representó el 63.3 por ciento de los 79 millones 454 mil 802 de ciudadanos y ciudadanas registrados en la lista nominal. Al tener en cuenta que la cantidad de votantes tiende a crecer, según los más recientes comicios, para este 2018 no resulta descabellado aspirar al 70 %.

El pasado primero de marzo en El Universal, varios especialistas como Carlos Ugalde, consideraron que dadas las espectativas que el proceso de campañas está generando, hay amplias posibilidades que la participación electoral sea del 70 %.

Luis Carlos Ugalde, ex presidente del extinto IFE consideró que al ser la elección más competida y con más cargos en disputa que nunca antes en la historia de México. El abstencionismo, que ha sido aproximadamente 40% en elecciones presidenciales pasadas, baje a 35%.

“Tengo la impresión de que este año la participación, reitero, que ha sido de 50%-62%, quizá pueda subir a 65%-70%, esta sería una muy alta participación en un país donde no hay voto obligatorio”.

Cuestionado por este semanario respecto a la expectativa en número de votantes para 2018, Ciro Murayama Rendón, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), mencionó que la sociedad mexicana ha mostrado un mayor interés de participación en ejercicios democráticos.

De 2009 a 2015 la participación se incrementó del 44.7 al 47.7 por ciento, mientras que en las presidenciales de 2006 a 2012, pasó del 58.5 al 63.3 por ciento, de acuerdo con la estadística del INE.

“Yo confío en que el próximo 1 de julio los mexicanos salgan a las urnas y el número de votantes sea superior al de las dos últimas elecciones presidenciales que se han tenido en México”, expuso el Consejero del INE.

En Durango la participación en las elecciones de 2015 fue inferior al promedio nacional, con el 41.6 por ciento, aunque en los últimos comicios (que fueron locales) realizados en 2016 pasado, el porcentaje de participación alcanzó el 57 por ciento.

Se viene el tiempo de campañas, por lo que partidos, INE y Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES) tienen mucho por hacer para lograr que los ciudadanos de las diferentes regiones del país se involucren en la elección de sus próximos representantes.

Por lo pronto, Murayama Rendón indicó que el reto más próximo del INE es contar con la cantidad de funcionarios de casilla suficientes y debidamente preparados para atender los requerimientos de los próximos comicios.

Indiferencia peor

que la inseguridad

El Consejero del INE, que estuvo en Durango para impartir la conferencia “Garantías para una elección genuina en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez (UJED) vio la posible negativa de los ciudadanos a participar como funcionarios de casilla, como un obstáculo a vencer.

Ahora mismo hay en todo el país, más de 50 mil Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores, que se preparan para cumplir con la tarea de visitar a 11 millones 600 mil ciudadanos insaculados e invitarlos a cumplir con su deber de fungir como funcionarios de casilla.

A nivel local, el pasado domingo 4 de marzo se realizó la primera insaculación del 13 por ciento de la Lista Nominal, para seleccionar a los duranguenses que participarán como funcionarios de casilla durante la jornada electoral.

Este procedimiento representa más complicaciones para el Instituto que las propias condiciones de inseguridad, pues a decir de Ciro Murayama, no es la violencia la mayor traba para el INE, sino la indiferencia.

“La violencia no nos impide instalar casillas, pero la negativa de participación de las personas con mayores recursos económicos si se convierte en una dificultad compleja de solucionar”, expuso el entrevistado.

No son Durango, Tamaulipas, ni Guerrero los estados con mayores dificultades para la instalación de casillas en el país, sino las zonas en las que viven las personas con altos ingresos económicos pues ellos no le abren la puerta a los capacitadores cuando los buscan para pedirles cumplir con su deber de funcionarios de casilla.

Opinó que la inseguridad es un lastre que ha crecido en el país, aunque en unas regiones más que en otras, afectando la vida cotidiana de millones de mexicanos, en actividades tan simples como los traslados a la escuela y al trabajo.

“No se puede minimizar el problema de la inseguridad, pero tampoco es un tema que haya ocasionado la suspensión de las elecciones, ni la instalación de casillas en los estados que han tenido los mayores conflictos”, expuso el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales.

Para el INE resulta determinante asegurar el derecho al voto, por lo que deja en manos de las autoridades competentes todo lo que tiene que ver con la seguridad y se enfoca en la organización de los comicios.

Hay particular precaución con las personas que tienen la encomienda de recorrer los estados en busca de funcionarios de casilla, se toman medidas preventivas para evitar que su encomienda represente algún riesgo.

Ya en ocasiones anteriores, la autoridad local del INE ha mencionado sobre la necesidad de tener precaución con los horarios de visita, sobre todo cuando hay que acudir a colonias y localidades en donde hay deficiencias con el alumbrado público o evidencias de vandalismo.

No obstante, el Instituto no realiza tareas como la elaboración de mapas de riesgo, ni tampoco realiza valoraciones sobre posibles zonas de peligro, pues eso se lo deja a la autoridad competente en seguridad.

No a las autoproclamaciones

El funcionario electoral habló también del conteo rápido y no dejó pasar la oportunidad para opinar que las autoproclamaciones de victoria de forma anticipada son actos de irresponsabilidad política y dijo esperar que en este 2018 no se presenten con ninguno de los participantes y esperen a los resultados.

Respecto al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) recordó que apenas la primera semana de marzo fue aprobado un acuerdo para iniciar con el conteo rápido de la elección presidencial, en cuanto concluya el escrutinio y cómputo de votos en cada casilla.

Con todo y eso, la autoridad no puede evitar este tipo de pronunciamientos, cuya responsabilidad recae en cada individuo que participa, por lo que es directamente a ellos a quienes los ciudadanos pueden pedir esperar a que la autoridad informe con base en datos fidedignos.

“Hay que vaciar el resultado de la elección y llenar la hoja de operaciones, antes de que concluya el cómputo de los resultados de las votaciones para senadores y diputados”, explicó.

En el momento en el que las tendencias se estabilicen, se darán a conocer a la opinión pública los primeros datos, lo que se espera que ocurra alrededor de las 23:00 horas del 1 de julio.

La fiscalización

es al momento

En cuanto a la fiscalización de los recursos económicos, mencionó que el INE estará vigilante de que los actores políticos carguen su información a la plataforma en tiempo real, teniendo en cuenta que hay conexión a internet prácticamente en todo el país.

Ellos tienen hasta tres días después de que se recibió un ingreso o se hizo algún gasto, para subir su información, lo que le permite al órgano electoral la revisión en tiempo real.

Pero si los candidatos no cumplen con esto, tendrán que ser sancionados, por lo que una vez en campañas, se implementará una campaña permanente de transparencia, con la publicación diaria de los reportes que hagan los candidatos a los cargos de elección federal y local.

El proceso de fiscalización culminará 40 días después de la jornada electoral, luego de revisar si se respetaron o no los topes de gastos, mientras que los tribunales analizarán los elementos que se presenten, en caso de que se haya incurrido en irregularidades.

 

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