Ya merito, ya merito pero… YA MERITO

Texto: Daniel Estrada Ortiz

Está claro que lo que busca el Colegio de Abogados es sacar a Esteban Calderón de la presidencia del TSJED ¿lo lograrán?

Se calentaron de más los ánimos; tuvieron que intervenir los bomberos y la FGED. Durante una protesta, la Barra Colegio de Abogados de Durango incendió un vehículo en las afueras del Poder Judicial del Estado, para exigir la salida del presidente, Esteban Calderón Rosas. Ante los disturbios, Gustavo Gamero Luna, presidente de la Barra Colegio de Abogados y Martín Estrada Arreola, presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas (Fecop), fueron detenidos, mediante un arrebatado operativo.

Los abogados querían llamar la atención y las cosas no pudieron haberles salido mejor. La quema de un vehículo en pleno Centro Histórico de la ciudad y el zafarrancho que se armó con la detención de sus líderes, sin duda atrajo todos los reflectores para quienes no han parado de exigir que Esteban Calderón Rosas deje la presidencia del Poder Judicial del Estado. Pero, el viejo abogado de profesión es un lobo de mar y se tambalea, se tambalea pero no se cae.

Lo que ocurrió el pasado jueves 6 de agosto en el cruce de la calle Zaragoza y la avenida 5 de Febrero se sumará a las anécdotas que no a todos los duranguenses les gusta recordar, ya que las protestas del foro jurídico salieron de control, con el argumento de que fueron muchas veces las que quisieron hacer las cosas por las buenas y no fueron escuchados.

Era el segundo día consecutivo de protestas frente al edificio que alberga al Tribunal Superior de Justicia del Estado, de nueva cuenta, exigiendo que Calderón dejara el cargo, que ostenta de manera ilegal, de acuerdo con el argumento de los integrantes de la Barra Colegio de Abogados de Durango A.C.

Las protestas subieron de tono, pues en esta ocasión fueron convocados dirigentes de organizaciones, de esos que llevan gente para hacer algarabía, además de un vehículo chatarra, al que prendieron fuego, luego de rociarlo con gasolina.

Dicho acto atrajo la presencia de los reporteros y curiosos, además de los bomberos, obviamente, quienes llegaron a sofocar el fuego que, de alguna manera, en ningún momento puso en riesgo la vida de ninguno de los presentes.

Sin embargo, al lugar también arribaron elementos de la Policía Municipal, tanto en bicicleta como en unidades motrices,

con la consigna de ayudar a mantener el orden en el lugar, en donde también se prendió una fogata justo frente a la puerta principal del Tribunal.

Tras la llegada de un equipo de antimotines, el resto de los agentes comenzaron a retirar unos toldos que habían sido instalados por los manifestantes, en su mayoría gente que habían traído líderes sociales.

En esta acción se dio un forcejeo que no pasó a mayores, pero que encendió los ánimos de quienes formaban parte de la manifestación en la que se encontraban presentes Gustavo Gamero Luna, presidente de la Barra Colegio de Abogados y Martín Estrada Arreola, presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas (Fecop).

Entrevistado mientras era apagado el vehículo incendiado, Gamero dijo ser consciente de las implicaciones que dicha acción podría ocasionar, pero también declaró que estaba dispuesto a asumir las consecuencias, pues ya no encontraban otra manera para que su exigencia fuese atendida.

No pasó mucho tiempo para que llegara una camioneta tipo van con torretas, de la que descendieron varios elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), adscritos a la Fiscalía General de Justicia (FGED), en su mayoría uniformados de gris.

Mientras que varios de ellos procedieron a retirar varias cartulinas y lonas que habían sido colocadas en torno a la sede del poder judicial, uno de ellos, que no portaba uniforme, comenzó a buscar entre los presentes, hasta que sujetó al abogado Pablo Güereca, a quien jaló hasta la unidad oficial, entre empujones y reclamos.

El abogado mencionado comenzó a pedir la presencia de Gamero, mientras que, al poco tiempo de ser introducido a la van, pronto recibió la compañía de Martín Estrada, quien prefirió no oponer la misma resistencia.

Mientras tanto, el presidente de la Barra de Abogados, quien aparecía para ver qué era lo que estaba ocurriendo, pronto fue interceptado por los agentes, pero cuando intentaron someterlo para llevárselo intervinieron los hijos de este para defenderlo y entonces ocurrió el más intenso de los forcejeos e intercambios de golpes que se suscitaron en la jornada.

En poco tiempo y con la advertencia de que se llevarían a todo aquel que intervinieran, los elementos de la PID se retiraron con los tres abogados y los hijos de Gamero detenidos.

Las escenas de lo ocurrido pronto comenzaron a difundirse en redes sociales y a través de los diferentes medios de comunicación, con reacciones en apoyo de los litigantes y otras a favor de la autoridad.

Fue alrededor de las 20:00 horas del mismo jueves, cuando los abogados detenidos y ya liberados, se presentaron en las instalaciones de la Barra, en donde convocaron a los medios de comunicación para fijar su postura ante lo acontecido.

Hacía poco tiempo que los habían soltado, pues, aunque se había anunciado su libertad más temprano, el cumplimiento de algunos trámites retrasó su salida.

Sobre el asunto, Ruth Medina Alemán, titular de la FGED, declaró que a raíz de estos hechos fueron aseguradas cinco personas, entre ellas dos menores de edad (en conflicto con la ley).

Ella mencionó que una de las posibles faltas que se podían imputar a los detenidos o a algunos de ellos, es la interrupción a las vías de comunicación.

 Una vez que estuvieron en libertad y en posibilidad de hacer declaraciones, Gamero y Estrada calificaron su detención como un atropello y un abuso de autoridad.

El primero aceptó tener temor por la manera en la que procedieron los agentes de la PID y de la vulnerabilidad que se tiene ante el actuar de las corporaciones.

El segundo, lamentó que, si estas cosas ocurren a los abogados, que no sucederá con el resto de los ciudadanos, quienes no tienen argumentos legales para poder defenderse.

Por separado, ambos se mostraron dudosos en cuanto a lo que harán en respuesta a la detención de la que fueron objeto, así como del movimiento en contra del magistrado presidente.

Y es que el mismo día comenzó a circular con fuerza el rumor de que Calderón Rosas había decidido renunciar a su rol de presidente, aunque para dar formalidad al procedimiento, se necesita hacerlo ante el Pleno de la Judicatura.

Asimismo, para renunciar como magistrado, tiene que hacer el debido procedimiento ante el Poder Legislativo, por lo que una decisión de esta naturaleza no se trata solo de irse y ya.

El caso de Alejandro Acosta

Hay que tener en cuenta que, para fundamentar la exigencia de la salida de Calderón, los abogados apelan al argumento de que está ejerciendo sin el nombramiento debido, puesto que alegan que llegó para suplir a Apolonio Betancourt Ruiz, luego de su renuncia y solamente durante el tiempo que le restaba.

Sin embargo, Calderón se mantuvo en el encargo durante el siguiente periodo, sin que se haya llevado a cabo el procedimiento legal para que se quedara.

Pero, el presidente del Tribunal tiene otros pendientes que todavía lo persiguen, como el del juez Alejandro Acosta Nájera, quien promovió juicio político en el Congreso del Estado, en su contra, acción que terminaría por dejarlo fuera del Poder Judicial y castigado para ejercer la función pública por tres años.

Acosta presentó pruebas documentales ante el Congreso del Estado, a finales de 2018, en las que exponía su caso, al argumentar que el magistrado presidente le había solicitado emitir sentencias y fallos de forma ilegal, en un caso en particular.

El entonces juez cuarto de lo familiar, con 33 años de trayectoria, se negó a atender la exigencia de Calderón Rosas, lo que le valió para ser enviado como juez de Primer Instancia en el alejado municipio de Topia, en donde se desempeñó durante un año, hasta que fue dejado fuera del Poder Judicial, en esta segunda ocasión, presuntamente en represalia por haber promovido el juicio político.

A mediados de junio del año pasado, se dio a conocer que la solicitud de juicio político en contra de Esteban Calderón había resultado improcedente, lo que dejó en total vulnerabilidad a Acosta Nájera, quien, sí terminó fuera del poder judicial y además castigado.

Como este, hay otros señalamientos en contra de Esteban Calderón, quien se ha defendido de las acusaciones de nepotismo al lanzar el reto de que quien le compruebe que tiene a algún familiar en el Poder Judicial, le concede su renuncia.