Salum se acerca a su primer informe pero mantiene tres frentes abiertos

Texto: Daniel Estrada O.

De soportar la presión, el alcalde de la ciudad  habrá dado un paso más hacia 2022

Mantiene Alcalde tres frentes de batalla abiertos, de cara a su primer informe. El tema del contrato de las luminarias ha dado mucho de que hablar en los últimos días, mientras que en el Congreso el PAN pide que la EASE realice una investigación sobre las irregularidades en el asunto, Morena agrega que también se indague a quienes lo firmaron. El Municipio denunció de manera formal a la líder sindical Alicia García Valenzuela ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, acción que derivó en la toma de la Unidad Administrativa durante todo un día.

Con el primer informe de su gobierno en puerta, el alcalde Jorge Salum del Palacio mantiene abiertos tres frentes de batalla de los cuales difícilmente podría alguno podría convertirse en la “joya de la corona” en el marco de la rendición de cuentas.

Dos de los tres casos se encuentran en poder de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y se trata de la denuncia por el presunto desvío de 14 millones de pesos en la pasada administración y los señalamientos en contra de la líder sindical Alicia García Valenzuela.

Mientras tanto, el costoso contrato de las luminarias requiere del dictamen de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) para llegar a dicha instancia.

Los dos primeros involucran a José Ramón Enríquez Herrera y a su gente, mientras que el tercero es contra una mujer que ya lleva 26 años al frente del Sindicato de Trabajadores del Municipio

que por mucho tiempo fue el único y que hace poco cuenta con el cobijo de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem).

Del presunto desvío

El tema del presunto mal manejo de los 14 millones de pesos ha quedado un poco relegado, luego de que exfuncionarios que se desempeñaron durante la gestión de Enríquez han salido a medios a defenderse y presentar pruebas que supuestamente ponen las cosas a su favor.

Ellos son representados por Ernesto Aguilar García, abogado de profesión, quien se desempeñó como titular del Juzgado Cívico, con José Ramón y que, junto con Juan Carlos Corral Solís, quien fue secretario Técnico, han llevado la batuta en la defensa de sus compañeros exfuncionarios.

En el asunto de los 14 millones, Felipe de Jesús Pereda Aguilar, quien se convirtió en director de Administración y Finanzas, tras la abrupta salida de Francisco Bueno Ayup, ha sido, por obvias razones el más “raspado”.

Sin embargo, Aguilar García se ha dado a la tarea de recabar pruebas y presentarlas ante la Fiscalía Anticorrupción, entre las que se encuentran recibos y documentos de empresas presuntamente involucradas en la malversación de recursos públicos.

La novela de las luminarias

Por otro lado, el asunto de las luminarias ha tomado mayor efervescencia, puesto que en el Congreso del Estado se busca exigir al Gobierno Municipal de la capital que separe de su cargo a los panistas que forman parte de esta administración y que presuntamente tuvieron que ver de alguna manera con la contratación de las luminarias.

Y es que la diputada panista María Elena González, propuso ante la Comisión Permanente del Legislativo que, a través de la EASE se investigara el contrato de las luminarias, mismo que fue rechazado por sus compañeros de Morena luego que la fracción panista no aceptara agregar que se investigará también a los involucrados por la Fiscalía Anticorrupción.

Arguyó que ellos están protegiendo a Enríquez Herrera, ahora militante de su partido y no quieren que los ciudadanos se enteren de lo que realmente pasó con este convenio y que pasa con los 800 millones de pesos excedidos.

Dijo que para que el caso pueda llegar a la Fiscalía Anticorrupción se necesita el dictamen de la EASE, de ahí la importancia de que dicho órgano revise a conciencia el asunto que está lleno de anomalías.

Señaló de manera directa a Sandra Amaya Rosales e Iván Gurrola Vega, diputados por Morena, miembros de la referida comisión, de haber rechazado la posibilidad de investigar el asunto.

Al respecto, Amaya Rosales señaló que ellos consideraron prudente que, dentro de la misma investigación, se incluyera a quienes firmaron a favor del contrato de las luminarias, que en su mayoría fueron panistas que hoy se desempeñan en la función pública.

“Nosotros aceptaremos esa revisión, siempre y cuando el PAN acceda a que la investigación alcance a todos los que firmaron a favor de la negociación por la compra de 36 mil luminarias de tecnología LED, para el municipio de Durango”.

La postura de los legisladores de Morena incluye la separación del cargo de quienes forman parte del gabinete municipal y que firmaron a favor de la adquisición de las lámparas, esto, mientras se mantiene la investigación y se deslindan responsabilidades.

El presidente Jorge Salum del Palacio ha informado que el costo a pagar por las lámparas es de mil 241 millones 162 mil 232 pesos en un lapso de 12 años y que el ahorro que se pretende obtener con la recisión del contrato es de 803 millones 222 mil 232 pesos.

Además, se habla de un faltante de 400 luminarias, lo cual equivale a 13 millones 600 mil pesos, de acuerdo con el tabulador de la Dirección de Finanzas y Administración.

El pasado sábado 1 de agosto, en el arranque de una obra en el poblado El Nayar, el senador José Ramón Enríquez fue cuestionado sobre este tema, a lo que en primer lugar manifestó estar de acuerdo en que se busque la transparencia al respecto.

Luego, manifestó que cuando el regresó de la campaña en la que participaba, ya había esos compromisos institucionales, por lo que hizo fue cumplirlos.

Hay que recordar que Alfredo Herrera Duenweg, quien era presidente suplente cuando se firmó el contrato de las luminarias, también señaló que a él solamente le correspondió firmar algo que el Cabildo ya había procesado.

El pleito con “Lichita”

El otro asunto que se mantiene candente es el de Alicia García, a quien el Municipio decidió denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción por la ocupación de empleados del Ayuntamiento en tareas totalmente ajenas, a lo que se supone que deberían hacer.

Fueron cuatro las denuncias interpuestas a través de la Contraloría Municipal y con el respaldo de la Secretaría del Ayuntamiento, mismas que se sumaron a otras seis que ya habían sido presentadas de forma directa ante el órgano autónomo.

A decir del Presidente Municipal, las tareas que desarrollaban los denunciantes eran prácticamente de servidumbre, en asuntos totalmente ajenos al trabajo municipal y/o la delegación sindical.

Ya con anterioridad, la propia García Valenzuela había admitido que tenía personas con sueldo proveniente del erario, que se desempeñaban en una estética y en una cocina económica de su propiedad.

En esa ocasión alegó que en ambos negocios se prestaba atención y precios especiales para los trabajadores sindicalizados, con lo que justificó su proceder.

En la rueda de prensa que se efectuó el pasado 4 de agosto, Judith Ávila Lucero, explicó que llevan ya algunos años realizando labores fuera del Municipio, pues eran ocupados en propiedades particulares, por lo que la acusación que se hace es el desvío de recursos.

De acuerdo con el Contrato Colectivo, el sindicato puede contar con un número determinado de trabajadores comisionados, pero en labores propias del colectivo, no fuera de este.

La reacción no se hizo esperar y el jueves 6 de agosto, a las 8:00 horas, un grupo de personas que se ostentaron como miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales, tomaron las instalaciones de la Unidad Administrativa General Guadalupe Victoria.

Estas personas bloquearon todos los accesos y salidas del inmueble, por lo que se impidió la realización de los diferentes trámites que en ese lugar realizan los ciudadanos.

En la movilización participó Cristhian Salazar Mercado, dirigente estatal de la Catem, quien declaró que el motivo por el cual se había suscitado la protesta era por las violaciones graves que se estaban cometiendo en torno al Contrato Colectivo de Trabajo.

Negó que la manifestación se haya dado en represalia a las denuncias en contra de Alicia García, pues dijo que la Catem está a favor de la legalidad, por lo que, si hay alguna falta que señalar o perseguir, se tiene que actuar en consecuencia.

Al lugar también arribó por unos momentos la propia “Lichita”, quien mencionó que la protesta se debía a los compromisos no cumplidos con los trabajadores, pero cuando fue cuestionada sobre las denuncias en su contra, decidió cortar la entrevista en breve.

Con todo y estos argumentos, había un grupo de mujeres con pancartas y consignas de apoyo directo a la líder sindical, quienes decían que estaban con ella y que no la iban a dejar, haciendo referencia al procedimiento en su contra.

El alcalde Jorge Salum calificó la movilización como una “cortina de humo” para desviar la atención de las denuncias en contra de la líder sindical, aunque reconoció que hay algunos retrasos relacionados con el Contrato Colectivo, que en su momento serán atendidos.

Dijo que no se quitará el dedo del renglón y que además hay otras situaciones con el tema de los comisionados, entre los que hay algunos familiares de García.

El presidente municipal lamentó que se haya puesto en riesgo la salud de las decenas de personas que participaron en las protestas, ya que en todo momento faltó la sana distancia.

La toma del inmueble se dio por terminada poco antes de la media noche del mismo jueves 6 de agosto, de acuerdo con el anuncio hecho por la propia Catem.

El panorama es complejo para el Gobierno Municipal, de cara al primer informe de gobierno, que además se viene en medio de una pandemia que ha traído diversas complicaciones para la ejecución de proyectos y obras que demanda la ciudadanía.

Además, es un hecho que los rivales políticos no están cruzados de brazos y también están haciendo lo suyo para exhibir lo que se ha hecho mal y lo que se ha dejado de hacer en este periodo, incluso al solicitar la cabeza de varios funcionarios de primer nivel a quienes califican como poco eficientes.