La ley general de Transparencia y la hora decisiva

El 7 de febrero pasado se venció el plazo para que el senado de la República, aprobara las reformas a la Constitución que se realizaron en materia de Transparencia y que quedaron asentadas en el artículo 6° de la Constitución.

De esa reforma, los propios senadores establecieron que en un plazo de un año se tendrían que emitir las leyes generales de Trasparencia, Protección de Datos Personales y muy probablemente la de Archivos.

Este mandato de los legisladores, colocaba un escenario para abrir al debate y la construcción de la ley general de Transparencia donde se establecieran las reglas de funcionamiento del derecho de acceso a la información, pero sobre todo para incorporar avances a fin de continuar en la edificación de las mejores prácticas en el ejercicio del derecho a saber.

El tránsito para alcanzar esos objetivos ha tenido obstáculos; unos se han logrado vencer, pero otros continúan en la ruta para impedir que el autobús de la transparencia logre llegar a buen puerto y por el contrario en este momento está detenido.

En el camino se lograron sortear esas dificultades, en el seno de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información, COMAIP, que aglutina a todos los integrantes de los órganos garantes del país, durante el 2013 se hicieron una serie de foros y consultas a fin de elaborar una propuesta donde se establecieran las nuevas reglas del juego de la transparencia, pero sobre todo que se incluyeran aspectos sustanciales que hoy tiene el pleno ejercicio del derecho a saber.

En otro carril del análisis, trabajaron las Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC, quienes hicieron lo propio. Ambas instancias, concluimos con la presentación ante el senado, de las propuestas que a juicio de cada una consideramos las más importantes para que nuestro país avanzara y fortaleciera el ejercicio del derecho a saber, la rendición de cuentas, la protección de datos personales y la organización de los archivos.

En un ejercicio de apertura del Senado de la República y de las comisiones unidas para el análisis de las leyes, se integró una mesa de expertos en la materia para construir el documento final de la Ley General de Transparencia, además de incluir algunos de los aspectos más relevantes de la COMAIP y el IFAI.

El borrador final de la ley general, a juicio de las OSC, de los senadores y de los órganos garantes, contenía avances de la mayor trascendencia en el ejercicio del derecho a saber.

Sin embargo, este esfuerzo podría quedar diluido, ante la amenaza de la consejería del gobierno de la República al hacer sus “observaciones” que ponen en riesgo el efectivo de este derecho, pero que además podría representar retrocesos.

Este escenario llevó a la realización de una gran campaña contra esta intentona de retrocesos, donde participamos los órganos garantes, la sociedad civil, investigadores, expertos, académicos y algunos legisladores.

Los 8 puntos centrales de la preocupación son:

1.- Sanciones que limitan el derecho de acceso a la información.

2.- La desaparición de la obligación de generar la información. La propuesta de Ley obliga a generar la información y a documentar todos los actos de los sujetos obligados. Uno de los principales problemas del actual sistema es que los sujetos obligados niegan la información adjudicando su inexistencia. Con las modificaciones propuestas, basta con que la autoridad justifique que no ejerció las facultades que la ley le atribuye para declarar la información inexistente.

3.- Se limita el acceso a la información sobre violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Las propuestas de modificación ignoran disposiciones establecidas desde 2002 en la Ley Federal de Transparencia cuyo alcance ha sido desarrollado a través de criterios de la Corte y determinan que sólo se podría acceder a información de violaciones graves  o delitos de lesa humanidad, si hay un pronunciamiento previo de autoridad competente.

4.- Reserva de información por causal de estabilidad económica, seguridad nacional e integración de nuevas reservas.

5.- Eliminación de la prueba de daño. Se elimina la obligación para los Comités de Transparencia de fundar y motivar la clasificación de la información por medio de la aplicación de la prueba de daño.

6.- Intervención ampliada del Consejero Jurídico contraviene al principio de inatacabilidad de las resoluciones del IFAI.

7.- Desaparecen las obligaciones de transparencia relacionadas con la gestión pública de las actividades de explotación de hidrocarburos.

8.- Se elimina la obligación de transparentar el listado de personas que han recibido cancelaciones y condonaciones en materia tributaria

La hora decisiva está por llegar y esperemos que la iniciativa de Ley, sea la mejor y no represente retrocesos en nuestro país, en materia de derecho de acceso a la información.

 

Lourdes López Salas

Consejera Propietaria del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, IDAIP

 

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