Marina Vitela: la tempestad que se anunciava desde 2019

Texto: La Semana Ahora Con información de Sin Embargo, El Siglo de Durango y Reforma

Ahora con la UIF a su servicio, le facilitará la operación política  en La Laguna duranguense para 2021 y 2022

El 17 de junio de 2019, el gobernador José Aispuro Torres vivió los momentos más amargos de su vida política, probablemente comparados con aquella “derrota” infringida por el priismo en las elecciones de 2010.

Pero lo sucedido esa tercera semana de junio de 2019, la tiene aún bien presente, cada y que por situaciones e su gobierno, tiene que encontrarse con la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela. Y es que esos momentos amargos en lo que la gente trasladada por la ahora alcaldesa de ese municipio, no se cansó de abuchearlo de gritarle, fuera, fue fuera, de burlarse del mandatario estatal, en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en ningún momento hizo algo por frenar el operativo morenista.

El mandatario se exaltó porque no cesaron los abucheos, rechiflas y gritos en su contra mientras daba su discurso en tribuna en la unidad deportiva Francisco Gómez Palacio.

“Vienen y gritan acá, no dan la cara, no tienen valor para dar la cara. Yo no me he robado nada. Ustedes no tienen valor para dar la cara”, gritó el gobernador mientras las protestas subían de tono, hasta alcanzar momentos de claro desorden.

Los pocos seguidores panistas y de aispuristas, comenzaron a aplaudir para acallar los gritos. A pocos metros del mandatario federal, Leticia Herrera (quien estaba también en el presidium), se levantó de su asiento y aplaudió fuertemente, en un intento por animar al mandatario durangunse.

Fue ese 17 de junio cuando Leticia Herrera Ale, por primera vez se sintió extranjera en su propio terruño. Territorio que le había sido arrebatado días antes por su antigua amiga de partido (hoy en Morena), Marina Vitela quien se preparaba para suceder en el cargo a la hija de Carlos Herrera Araluce.

Bien dicen que para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo. Si a Leticia Herrera se le conoce como una mujer mucho producto de gallina, que siempre habla sin rodeos y cuando hay que echar madres, las avienta sin miramientos, Marina Vitela es una Leticia Herrera pero “remasterizada”, esto es, mejorada.

De ahí los momentos de alta tensión e incertidumbre que hoy vive la dirigencia estatal del PRI en la entidad, respecto al futuro inmediato de la empresaria lagunera, quien ha sido casi todo dentro de las filas priistas y que se preparaba para la contienda estatal de 2022.

El 14 de septiembre, la información salida del portal de El Universal, circuló aceleradamente en los cuarteles del PRI, en la Ciudad de México, pero también en la Comarca Lagunera. Se encendían los focos rojos para decenas de empresarios lagunera.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó un desvío de recursos por parte de exfuncionarios que se desempeñaron del 2016 al 2019 en el municipio de Gómez Palacio, Durango (1).

De acuerdo a las investigaciones realizadas la operación se llevó a cabo a través de la recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de nómina que después trasladaban a sus cuentas personales.

Entre las personas que resultaron expuestas por el fraude se encuentra la expresidenta municipal de Gómez Palacio, Juana Leticia Herrera y el extesorero de la misma demarcación, Oscar García, cuyas cuentas supuestamente fueron bloqueadas por la UIF.

Asimismo, tres empresas resultaron ligadas a la triangulación de recursos por lo que se realizó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por desvío de recursos del  municipio.

Por su parte, la exdiputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Herrera Ale, advirtió a través de sus redes sociales que la información respecto al bloqueo de sus cuentas es totalmente errónea y sin sustento, y culpó (sin referirse a Marina Vitela) a la actual administración del municipio donde se desempeñó como presidenta municipal, de manipular la información con fines políticos.

“Me estoy enterando por las redes sociales de una información totalmente errónea y sin sustento con respecto a que se me habían bloqueado mis cuentas bancarias personales, cabe aclarar que es FALSA dicha información … (1/2)”

“… pues no he sido notificada al respecto y sigo trabajando con toda normalidad mis actividades particulares. Sin duda es un señalamiento claramente con fines políticos, manipulado por la actual Administración Municipal de Gómez Palacio, Dgo. (2/2)”

Marina: sí le congelaron sus cuentas

El martes 15 de septiembre, Marina Vitela explicó que ante el bombardeo de información que surgió a raíz de la publicación en el diario El Universal se comunicó directamente con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, quién le confirmó esta situación.

«Hay que enfatizar que la UIF atrajo la investigación y ellos en la parte que van es en el congelamiento de cuentas, las denuncias ante la Fiscalía General de la República y ante la Fiscalía Anticorrupción que presentan ellos son aparte de las que nosotros presentamos en el Estado de Durango pero es muy importante mencionar que un presidente o presidenta municipal que acaba de entrar y que encuentre inconsistencias se tienen que manifestar porque por omisión nosotros terminaríamos convirtiéndolos en parte de esta investigación y quedaríamos como responsables… Te conviertes en cómplice sobre todo porque son cantidades muy importantes, creo que es muy lamentable que los recursos no se utilicen para lo que se ve deben utilizar», declaró la presidenta municipal.

Vitela dijo que por parte de su Administración se han presentado ante las autoridades correspondientes observaciones por más de 500 millones de pesos y esto ha sido derivado del proceso de entrega-recepción, lo que representa alrededor del 30% del presupuesto anual.

«Pero ayer que empezó a circular esa información en algunos medios de comunicación tuve comunicación con el Dr. Santiago Nieto sólo para tener datos precisos y me dicen que se actuará apegado a la legalidad y que efectivamente el proceso va en congelamiento de cuentas de algunas personas físicas y morales por denuncia ante la Fiscalía de la República y denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para deslindar responsabilidades y ahí yo creo que es importante mencionar que nosotros como municipio no somos instancia para ello, el proceso se hizo en la entrega-recepción, realizamos un procedimiento jurídico que además es nuestra responsabilidad y que no podemos ser omisos”.

La alcaldesa dijo que la investigación tiene que ver con acciones que calificó como burdas.

«Hay una investigación en proceso que tiene que ver con recursos que de manera burda se depositaron en efectivo y que atiende a esta cifra que mencionamos…», dijo la alcaldesa.

Mencionó que en el caso de una de las empresas habría recibido alrededor de 140 millones de pesos.

«Es una empresa que en primer lugar recibió alrededor de 140 millones de pesos que se depositaron en efectivo y que es una de las agraviantes que están investigando, sin embargo como lo dije, nosotros no somos la instancia, nosotros lo que hicimos fue poner la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado como nos corresponde por ley y ante la PGR también en el estado y sobre todo ante el órgano auditor del estado de Durango, que es el Congreso», dijo Vitela.

UIF: la Gestapo en el Siglo XXI

La Gestapo (GeheimeStaatspolizei) era la fuerza de policía secreta de la Alemania Nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Gestapo estaba bajo el control directo de Heinrich Himmler, quien controlaba todas las unidades policiales dentro de la Alemania nazi. El primer jefe de la Gestapo fue Rudolf Diels pero durante la mayor parte de su existencia, la Gestapo fue dirigida por Heinrich Müller. La Gestapo actuó fuera del proceso judicial normal y tenía sus propios tribunales y actuó efectivamente como juez, jurado y, con frecuencia, ejecutor.

El objetivo principal de la Gestapo era cazar a aquellos considerados una amenaza para la Alemania nazi. En el momento en que la Segunda Guerra Mundial inició estos incluidos los judíos, los comunistas, los testigos de Jehová, básicamente cualquier persona que penaban que desafiar la hegemonía del Partido Nazi de Alemania. Después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el trabajo de la Gestapo cubrió la Europa ocupada donde tenía dos tareas principales. La primera era cazar a los judíos mientras que la segunda era abordar la amenaza de los movimientos de resistencia (3).

El 16 de Septiembre, Sergio Sarmiento, en su cotizada columna del diario Reforma, titulada “UIF politizada”, sostiene lo siguiente:

La Unidad de Inteligencia Financiera se ha convertido en la Gestapo de este gobierno. La ley le permite congelar cuentas bancarias sin orden de un juez y sin presentar pruebas de un presunto ilícito. Estas facultades tenían como propósito en un principio combatir al crimen organizado, pero la UIF las utiliza cada vez más para hostigar a quienes considera enemigos del régimen (4).

Este 14 de septiembre la UIF anunció la congelación de las cuentas bancarias de varios de los participantes en las movilizaciones contra el uso de agua de la presa de La Boquilla, de Chihuahua, para cubrir un adeudo de líquido a Estados Unidos. La propia institución explicó: «De esta manera la UIF refrenda su compromiso de llevar a cabo acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano por parte de organizaciones que tienen como finalidad ocultar el origen de recursos de procedencia ilícita, para fortalecer el cumplimiento del estado de derecho, brindando seguridad jurídica a la ciudadanía». La verdad es que la acción, lejos de dar certeza jurídica, manda el mensaje de que el gobierno congelará cuentas de quienes se opongan a sus designios.

La congelación de cuentas se aplica no solo sin orden judicial, sino sin presentar acusaciones formales. Al contrario de cualquier otro proceso legal, la autoridad que acusa no está obligada a probar; quien sufre el congelamiento debe presentar pruebas de que sus ingresos son legítimos. La congelación viola así la presunción de inocencia que garantiza la Constitución.

En esta ocasión se han congelado las cuentas de Salvador Alcántar Ortega, presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego de Chihuahua; José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua; y Eliseo Compeán, alcalde de Delicias. También se aplicó la medida a las cuentas de esa asociación de usuarios de riego y a las del municipio de Delicias. Ninguno forma parte del crimen organizado.

Santiago Nieto, titular de la UIF, afirmó por Twitter que la acción contra José Reyes Baeza, exdirector general del ISSSTE, «versa sobre el presunto desvío de 129 mdp del ISSSTE en el marco de la denominada estafa maestra, entre otras irregularidades financieras». Es mera coincidencia que la UIF encontró estas faltas años después y que se le congelaron las cuentas al mismo tiempo que a otros participantes en las protestas, como Salvador Alcántar, sin vínculos con el ISSSTE.

Alcántar me dijo que la afirmación de que ha recibido millones de pesos en transacciones sospechosas es risible. «No tengo dinero… Fui maestro universitario muchos años. Estoy retirado… Tengo un pequeño terreno que trabajo… Es una manera de intimidar a las personas… Pero este movimiento ya no lo van a parar».

Antes vimos el caso de Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte, a quien primero se le congelaron las cuentas y después se le liberaron. El ministro, cuyas posiciones no eran del agrado del gobierno, renunció. Nieto afirmó que la congelación de cuentas no tenía como propósito forzar la renuncia, porque, dijo, la acción se hizo después. Pero nunca quedó claro ni por qué se congelaron las cuentas ni por qué se descongelaron más tarde.

Es sumamente improbable que se hayan encontrado súbitamente irregularidades financieras en varios de quienes participaron en las protestas de La Boquilla. Lo que vemos, más bien, es cómo la UIF se ha convertido en una policía política con un arma muy poderosa a su disposición: la congelación de cuentas bancarias de los presuntos enemigos del régimen.

Hasta aquí la columna de Sergio Sarmiento.

Finalmente, el caso Herrera Ale, se podría extender hasta el 2022, para evitar que la empresaria participara en el proceso sucesor para la gubernatura en ese año. Así, dejarían al PRI de uno de sus principales cartas para recuperar este importante espacio de poder y le facilitarán a Marina Vitela, el trabajo electoral para el 2021 y 2022.

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(1). Sin Embargo (https://www.sinembargo.mx/14-09-2020/3859861)

(2). El Siglo de Durango

(3). Merca2 (https://www.merca2.es/terror-nazi-la-gestapo/)

(4). Diario Reforma