Son los programas sociales, y no en la obra pública, donde se aloja la corrupción

Por: Víctor R. Hernández

Sept. 27. 2020

La semana de comparecencias, en el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno que encabeza José Aispuro Torres, se convirtió en el período de sesiones del Congreso en donde el tema de corrupción se debatió insistentemente. En este contexto, legisladores del PRI, Partido Verde y Morena, han insistido en que este cáncer debe de combatirse en forma real y las acciones de transparencia administrativa tienen que convertirse en una constante.

Ante ello, el gobernador José Aispuro Torres insistió la semana pasada en que su gobierno no solapará ningún acto de corrupción e invitó a la ciudadanía a pasar de la denuncia verbal, a la acción concreta ante las autoridades correspondientes. “Yo invito a la ciudadanía que denuncie a cualquier funcionario de mi gobierno que caiga en acciones de extorsión o corrupción. Estamos decididos a combatir este mal en todas su formas”, insistió.

Sin embargo, “el rostro” de la transparencia nunca ha dejado de quitar la mirada a los contratos de obra pública, en donde históricamente han corrido ríos de corrupción. Y hasta la fecha, la atención permanece vigilante en ese obscuro rincón.

En su más reciente trabajo de investigación denominado “La otra mafia del poder: corrupción y desigualdad en México” el movimiento internacional denominado OXFAM,  a través de Viridiana Ríos, analista política y doctora enGobierno por la Universidad de Harvard,  da a conocer nueva información y los caminos que “la mafia conformada por las personas que se benefician de los mecanismos de corrupción en programas y gasto social, impiden que los recursos que el Estado Mexicano invierte para el combate a la pobreza (bescas, hospitales, apoyos, etcétera), lleguen a las personas destinatarias legítimas”.

Viridiana Ríos indica que según la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad, la corrupción es el segundo problema más importante del país, solo después de la inseguridad. Más aún, los recientes señalamientos realizados por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, confirman esta percepción y apuntan hacia una red de complicidad que involucra las más altas esferas del poder político y económico del país.

Combatir la corrupción importa porque ésta genera desconfianza en el gobierno, debilita el pacto social y disminuye recursos que deberían utilizarse para obras públicas, servicios y, en general, garantizar los derechos de todas las personas. Este informe aporta una nueva razón: la corrupción afecta más a quienes menos tienen.

De cada diez pesos que se pierden en potenciales actos de corrupción, cinco están destinados a gasto social.

La evidencia es muy clara: se pierde más dinero en los programas con mayor potencial redistributivo, en las regiones más pobres y en las acciones más útiles para combatir la pobreza tales como políticas y servicios de salud, educación y desarrollo.

Es fundamental que la agenda anticorrupción y la mirada pública se enfoque para no solo vigilar las grandes obras sino también a las universidades, hospitales, becas y programas sociales. Más aún, es fundamental redoblar esfuerzos en transparencia, rendición de cuentas y contraloría social, pero con conciencia del impacto de la corrupción en la desigualdad. De lo contrario, continuaremos con procesos de obra pública que satisfacen todos los estándares internacionales, mientras que la política social continúa siendo el botín de la (otra) mafia.

En el actual contexto de la emergencia sanitaria de COVID-19, este esfuerzo anticorrupción es más importante que nunca. Cada peso invertido en solucionar la actual crisis debe llegar a su lugar para que todas las personas cuenten con acceso a los servicios de salud y apoyos económicos.

Este informe muestra que erradicar la corrupción en México no solo es un deber ético y representaría un gran ahorro a las finanzas públicas, sino que también puede ser uno de los caminos más efectivos para construir un país más igualitario.

El 10 % de las partidas y programas más redistributivos concentran el 47 % del dinero que no ha podido ser comprobado ante la auditoría, lo que se traduce en 132 mil millones de pesos perdidos. Esta cantidad podría dar 10 mil pesos al 10 % de la población con menores ingresos en el país, monto que supera seis veces el ingreso mensual promedio de estas personas. Visto de otro modo, este dinero equivale a todos los recursos con los que contó el gobierno del estado de Oaxaca durante 2017.

Entre las partidas más redistributivas  —como las destinadas a educación básica—, las irregularidades se concentran en los estados con mayor rezago educativo: Michoacán, Veracruz y Oaxaca. Durango está lejos de estas entidades federativas.

La corrupción es más común en los municipios más pobres. El 16 % del dinero público perdido a nivel municipal se concentra en el 10 % de los municipios más pobres. En otras palabras, hay 4 mil millones de pesos perdidos en los municipios más vulnerables de nuestro país.

El dinero público destinado a los más pobres «desaparece» casi tres veces más que el dinero destinado a los más ricos.

Hay mayor corrupción en gasto destinado al desarrollo social.

De acuerdo con este documento, las miradas de la transparencia deberán dirigirse a los programas sociales, de los tres niveles de gobierno. Ahí es donde está la injusticia social, la perversidad de los políticos y las corrupción infinita