Díaz Medina: hay orden y transparencia en finanzas

Texto: Daniel Estrada

El responsable de los dineros en el Gobierno Estatal, aclaró una por una, todas las dudas que le plantearon legisladores de todos los colores

Fue el COVID-19 lo que atrasó la formalización del préstamo: Díaz Media . El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración declaró que en marzo, las instituciones bancarias comenzaron a mostrar resistencia al otorgamiento de créditos a largo plazo, mientras que durante abril, mayo y junio, prácticamente se cerraron a esta posibilidad.

 El Gobierno del Estado ha postergado la aplicación de varios programas y proyectos, entre los que se encuentra el de los uniformes escolares, equivalentes a 380 millones de pesos, dinero que ha sido utilizado para atender asuntos relacionados con el Coronavirus.

Una de las grandes dudas y motivo de señalamientos hacia el Gobierno del Estado es el retraso que se ha tenido en la aplicación del crédito a largo plazo aprobado por el Congreso local en diciembre de 2019 y que hasta hace pocos días se procedió con la licitación de obras a realizarse con este recurso.

Hubo quienes, como el diputado Gerardo Villarreal Solís, vieron como sospechoso dicho atraso, al señalar que parece que se dejó correr el tiempo para que el recurso pudiera ser aplicado lo más cercano al Proceso Electoral 2021.

Sin embargo, durante su comparecencia, en el marco de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, Arturo Díaz Medina, titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, dio su versión del motivo por el que tardó tanto la liberación del crédito, que por cierto, será pagado en un plazo de 20 años.

El funcionario estatal recordó que en diciembre pasado, hace alrededor de nueve meses, se planteó ante el Congreso del Estado la necesidad de contratar un crédito a largo plazo, a través del  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

El Legislativo autorizó la solicitud de un préstamo por mil 815 millones de pesos, por lo que de inmediato se procedió al registro de este procedimiento ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual llevó alrededor de un mes.

A partir de entonces se inició con el cabildeo ante las instituciones financieras que son especialistas en la materia; la mayoría de ellas fueron tomadas en cuenta para dar a conocer la intención crediticia.

También se tuvo contacto con las calificadoras H R Ratings y Fitch Ratings, obteniendo una calificación de doble A positiva y A sencilla, respectivamente.

Entre principios y mediados de febrero del año en curso, ocurrió algo “insólito” dentro del sistema financiero nacional, ya que los bancos, que en su momento fueron visitados con el objetivo de ver sus ofrecimientos para la contratación del crédito, comenzaron a hacer cuestionamientos relacionados con el sistema de retorno y las garantías otorgadas.

En esos momentos, las instituciones bancarias ya tenían indicios de que el comportamiento financiero mundial era volátil y de alguna manera se preveían los estragos que podía causar una pandemia.

Sin embargo, al llegar marzo, prácticamente se suspendieron los financiamientos de largo plazo, las instituciones financieras fueron muy precavidas e incluso el sistema bancario puso inmediatamente en marcha un esquema de apoyo a quienes tenían contratados créditos hipotecarios y personales.

Esta medida tuvo como objetivo prevenir que los usuarios no cayeran en cartera vencida y prepararse para hacer frente a la contingencia económica que se vendrían con la pandemia.

El sistema financiero se cerró durante los meses de abril, mayo y junio; fue hasta julio que se encontró una ventana de oportunidad y, gracias a la participación de la Banca de Desarrollo Banobras, se pudo encontrar la opción de mejores condiciones.

La situación todavía era complicada, ya que de siete instituciones financieras invitadas para participar en la licitación, solamente dos hicieron propuestas.

El propio Arturo Huerta González, titular de la SHCP, advirtió al Gobierno de Durango las dificultades que podían enfrentar para la contratación del crédito, ya que el propio Gobierno Federal se encontró con ciertos contratiempos en sus procedimientos.

Con este argumento, Díaz Medina explicó los motivos por los cuales se tuvo un atraso en el proceso para que el préstamo pudiera concretarse y con ello tener la oportunidad de realizar obra en los 39 municipios del estado.

Pero además, destacó el hecho de que se obtuvo una tasa muy competitiva, a pesar de la inestabilidad que se vive en el país y de lo complicado que fue obtener el préstamo en medio de una pandemia.

De esta forma, el tesorero del estado respondió a la pregunta realizada por el diputado Carlos Maturino Manzanera, de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

¿Dónde está el dinero de los uniformes?

Otra intervención que llamó la atención, en esta comparecencia, fue la de Claudia Julieta Domínguez Espinoza, en representación de la Coalición por la Cuarta Transformación, quien preguntó qué se ha hecho con el dinero de los uniformes escolares y la Feria, el cual no se ha aplicado por causa de la contingencia sanitaria.

Arturo Díaz indicó que el programa de entrega de Uniformes Escolares, en el que el Gobierno del Estado aplica 155 millones de pesos, no ha sido cancelado, sino solamente postergado, es decir, en cuanto haya condiciones, será puesto en marcha.

Admitió que al tener claro que la elaboración de los uniformes será necesaria hasta que se tenga previsto un regreso a las clases en la modalidad presencial, se ha utilizado parte del dinero del programa en requerimientos de salud.

Son 31 millones de pesos los que se tienen presupuestados para Ferias y Espectáculos, que tampoco han sido utilizados en el ámbito para el que fueron etiquetados y que, a decir del Secretario de Finanzas, su utilización tampoco ha sido cancelada, sino postergada.

Dijo que actividades como el Festival Revueltas y otras actividades de esta naturaleza, tampoco se han podido o podrán llevar a cabo, al menos de forma presencial, por causa de la pandemia.

Insistió en que se ha tomado dinero de estas partidas para atender temas como el equipamiento de unidades hospitalarias, como el Hospital General 450 con el incremento en el número de camas y el nuevo Hospital General de Gómez Palacio que se puso en operación recientemente.

Son muchos los gastos e imprevistos que se han tenido que hacer por causa de la contingencia que trajo consigo el virus SARS-CoV-2, pero en cuanto haya necesidad de aplicar los programas postergados, se hará el ajuste que se requiere.

Cuestionado también sobre los ahorros que ha realizado la actual administración estatal, comentó que, si bien no se ha recurrido a despidos, se han dejado de contratar 317 vacantes, con el objetivo de adelgazar un poco la nómina.

Anticipó que se vienen fusiones de dependencias estatales, como la adhesión a la Secretaría de Turismo del Museo Bebeleche, el Paseo Teleférico y la Dirección de Ferias y Espectáculos, lo que ayudará a generar ahorros.

Esto no contempla el despido de personal, ya que ahora menos que nunca, se debe recurrir a esta estrategia como una forma de reducir gastos.

El diputado Otniel García Navarro, de la Coalición por la Cuarta Transformación, pidió información relacionada con los rubros afectados de forma directa por el Coronavirus, así como la posible reasignación de recursos por este motivo.

El funcionario estatal indicó que el programa de Uniformes, la Feria, el Festival Revueltas y dos proyectos de competitividad tecnológica que se tenían previstos para abril pasado, equivalen a un monto de 380 millones de pesos.

Estos recursos no ejercidos, han sido objeto de reasignaciones presupuestales, con respaldo en el artículo 24, para la atención de temas relacionados con el COVID-19, y en el entendido de que el recurso se aplicará en los programas para los que fue asignado, en su momento.

Citó que el Gobierno del Estado también implementó un apoyo de 70 millones de pesos para la generación de empleo, además de una exención del Impuesto Sobre Nómina (ISN) durante el segundo trimestre del año, equivalente a 16.1 millones de pesos.

Hubo además un programa de apoyo al empleo temporal no identificado, por cerca de 2.5 millones de pesos, mientras que en el programa de prevención de COVID-19, a través de una plataforma tecnológica, representó la inversión de 1.6 millones de pesos.

Aunque en el sector educativo se dejaron de hacer algunos gastos por causa de la ausencia de clases en las aulas, se tuvo que invertir en el programa de desinfección y en los enlaces tecnológicos para promover la academia a distancia, con 4.3 millones de pesos.

En un esquema de apoyo para el campo se aplicaron más de 65 millones de pesos, debido a la complicada situación por la que atraviesan los productores por la pandemia y ante la necesidad de sembrar la tierra a tiempo.

Sobre el saldo de la deuda a corto plazo que tiene el Gobierno de Durango, dijo que con fecha al 30 de julio, este es de mil 353 millones de pesos, las cuales se cubren en plazos de un año.