Corrupción


: la otra

mafia del poder

Una red de complicidad que involucra las más altas esferas del poder político y económico del país, es expuesta por la investigadora Viridiana Ríos

La semana de comparecencias, en el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno que encabeza José Aispuro Torres, se convirtió en el periodo de sesiones del Congreso en donde el tema de corrupción se debatió insistentemente. En este contexto, legisladores del PRI, Partido Verde y Morena, han insistido en que este cáncer debe de combatirse en forma real y que las acciones de transparencia administrativa tienen que convertirse en una constante.

Ante ello, el gobernador José Aispuro Torres insistió la semana pasada en que su gobierno no solapará ningún acto de corrupción e invitó a la ciudadanía a pasar de la denuncia verbal, a la acción concreta ante las autoridades correspondientes. “Yo invito a la ciudadanía que denuncie a cualquier funcionario de mi gobierno que caiga en acciones de extorsión o corrupción. Estamos decididos a combatir este mal en todas su formas”, insistió.

Iván Gurrola: los datos duros

Durante la comparecencia de la contralora Raquel Fallad Arreola, el diputado Iván Gurrola fue insistente en el manejo de datos del Inegi, particularmente de la  Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG).

Citó que el estado de Durango pasó de 16 mil 010 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes en 2017 a 25 mil 389 en 2019, lo que representa un incremento del 58.6 por ciento.

Pero al hablar de trámites en oficinas públicas, por cada 100 mil habitantes se registraron 55 mil 192 actos de corrupción, es decir, poco más de 55 actos de corrupción por cada 100 trámites.

De acuerdo con el Inegi, el costo de los actos de corrupción en 2019 en Durango, fue de tres mil 500 pesos por persona, lo que significa que el impacto de este problema en ventanillas públicas fue de 193 millones 172 mil pesos.

El valor de la corrupción en trámites gubernamentales, durante el año pasado, fue equivalente al presupuesto que se destinó a la Universidad Pedagógica, las seis universidades tecnológicas, los tres politécnicos y los cuatro tecnológicos superiores del estado juntos.

De los 55 mil 192 actos de corrupción que señala el Inegi, de acuerdo con el informe de 2019 se realizaron 65 procedimientos de responsabilidad y sanciones administrativas a funcionarios activos, en ese mismo año.

Esto quiere decir que solamente se castigó al 0.11 por ciento, por lo que Iván Gurrola manifestó que en Durango la corrupción no se castiga, no se persigue y no se investiga.

Aunque se denuncie públicamente el actuar de los funcionarios en servicio, se les protege y con ello tienen a incrementarse los indicadores de corrupción.

La realidad nacional

En su más reciente trabajo de investigación denominado “La otra mafia del poder: corrupción y desigualdad en México” el movimiento internacional denominado OXFAM,  a través de Viridiana Ríos, analista política y doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard,  da a conocer nueva información y los caminos que “la mafia conformada por las personas que se benefician de los mecanismos de corrupción en programas y gasto social, impiden que los recursos que el Estado Mexicano invierte para el combate a la pobreza (becas, hospitales, apoyos, etcétera), lleguen a las personas destinatarias legítimas”.

Viridiana Ríos indica que según la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad, la corrupción es el segundo problema más importante del país, solo después de la inseguridad. Más aún, los recientes señalamientos realizados por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, confirman esta percepción y apuntan hacia una red de complicidad que involucra las más altas esferas del poder político y económico del país.

A continuación, parte del documento que ya está en circulación a través de la página web de OXFAM: https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/La%20otra%20mafia%20del%20poder_0.pdf.

Combatir la corrupción importa porque ésta genera desconfianza en el gobierno, debilita el pacto social y disminuye recursos que deberían utilizarse para obras públicas, servicios y, en general, garantizar los derechos de todas las personas. Este informe aporta una nueva razón: la corrupción afecta más a quienes menos tienen.

De cada diez pesos que se pierden en potenciales actos de corrupción, cinco están destinados a gasto social.

La evidencia es muy clara: se pierde más dinero en los programas con mayor potencial redistributivo, en las regiones más pobres y en las acciones más útiles para combatir la pobreza tales como políticas y servicios de salud, educación y desarrollo.

Es fundamental que la agenda anticorrupción y la mirada pública se enfoque para no solo vigilar las grandes obras sino también a las universidades, hospitales, becas y programas sociales. Más aún, es fundamental redoblar esfuerzos en transparencia, rendición de cuentas y contraloría social, pero con conciencia del impacto de la corrupción en la desigualdad. De lo contrario, continuaremos con procesos de obra pública que satisfacen todos los estándares internacionales, mientras que la política social continúa siendo el botín de la (otra) mafia.

En el actual contexto de la emergencia sanitaria de COVID-19, este esfuerzo anticorrupción es más importante que nunca. Cada peso invertido en solucionar la actual crisis debe llegar a su lugar para que todas las personas cuenten con acceso a los servicios de salud y apoyos económicos.

Este informe muestra que erradicar la corrupción en México no solo es un deber ético y representaría un gran ahorro a las finanzas públicas, sino que también puede ser uno de los caminos más efectivos para construir un país más igualitario.

El 10 % de las partidas y programas más redistributivos concentran el 47 % del dinero que no ha podido ser comprobado ante la auditoría, lo que se traduce en 132 mil millones de pesos perdidos. Esta cantidad podría dar 10 mil pesos al 10 % de la población con menores ingresos en el país, monto que supera seis veces el ingreso mensual promedio de estas personas. Visto de otro modo, este dinero equivale a todos los recursos con los que contó el gobierno del estado de Oaxaca durante 2017. Entre las partidas más redistributivas —como las destinadas a educación básica—, las irregularidades se concentran en los estados con mayor rezago educativo: Michoacán, Veracruz y Oaxaca.

La corrupción es más común en los municipios más pobres. El 16 % del dinero público perdido a nivel municipal se concentra en el 10 % de los municipios más pobres. En otras palabras, hay 4 mil millones de pesos perdidos en los municipios más vulnerables de nuestro país. El dinero público destinado a los más pobres «desaparece» casi tres veces más que el dinero destinado a los más ricos.

Hay mayor corrupción en gasto destinado al desarrollo social.

El 53 % del dinero público cuyo uso no ha podido ser comprobado ante la Auditoría Superior de la Federación se encuentra en gastos de educación, salud o programas sociales ($263 mil millones de pesos). El mal manejo de los recursos públicos impide que el gobierno pueda utilizar las principales herramientas que tiene para reducir la desigualdad. Las irregularidades que encontramos en materia de educación equivalen a una tercera parte de todo el presupuesto asignado al ramo de educación pública en 2019, y las de salud suman siete veces los recursos destinados a la prevención y control de enfermedades. La totalidad de las irregularidades encontradas en programas sociales son suficientes para igualar 1.7 veces el presupuesto del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en 2019, una de las políticas insignia del gobierno actual.

En materia de salud, hay irregularidades abismales en los recursos federales transferidos a las entidades en las que no se ha podido comprobar el uso de 46 mil millones de pesos.

Hay mayor corrupción en gasto destinado al desarrollo social.

El 53 % del dinero público cuyo uso no ha podido ser comprobado ante la Auditoría Superior de la Federación se encuentra en gastos de educación, salud o programas sociales ($263 mil millones de pesos). El mal manejo de los recursos públicos impide que el gobierno pueda utilizar las principales herramientas que tiene para reducir la desigualdad. Las irregularidades que encontramos en materia de educación equivalen a una tercera parte de todo el presupuesto asignado al ramo de educación pública en 2019, y las de salud suman siete veces los recursos destinados a la prevención y control de enfermedades. La totalidad de las irregularidades encontradas en programas sociales son suficientes para igualar 1.7 veces el presupuesto del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en 2019, una de las políticas insignia del gobierno actual.

En materia de salud, hay irregularidades abismales en los recursos federales transferidos a las entidades en las que no se ha podido comprobar el uso de 46 mil millones de pesos.