Ali Gamboa: es tiempo de cerrar

filas con nuestros constructores

Texto: Daniel Estrada O.

Le exige al titular de Secope, que los mil 800 millones  sean ejercidos por empresarios locales

Diputados cuestionan asignación, rezagos y calidad de la obra pública

 

El inicio de la instalación del puente vehicular Francisco Villa tiene nueva fecha, iniciaría en la segunda quincena de octubre y culminaría en un plazo de 10 meses, es decir, a mediados de julio de 2021.

 

A pesar de que Rafael Sarmiento Álvarez, tiene muy poco tiempo al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Secope), los diputados no se detuvieron para cuestionar los rezagos, asignación de obra y dudosa calidad de los trabajos.

Si hay una dependencia estatal cuyos resultados han sido cuestionados, esta es la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Secope), cuyo titular anterior tuvo que dar un paso lateral para entregar la batuta a Rafael Sarmiento Álvarez, quien la semana pasada tuvo que hacer frente a los cuestionamientos, observaciones y recomendaciones de los diputados locales, en el marco de la comparecencia por la glosa del Cuarto Informe de Gobierno.

Con poco menos de un mes de haber tomado las riendas de la Secope, Sarmiento se presentó a rendir cuentas ante el Poder Legislativo del Estado, tal y como lo contempla la ley; a pesar de ser recién llegado, los diputados no se detuvieron para cuestionar los rezagos, asignación de obra y dudosa calidad de las obras.

Uno de los temas que más incertidumbre ha causado, no solamente entre los diputados, sino en la ciudadanía en general es la edificación del puente vehicular Francisco Villa, cuyo proyecto inicial fue presentado en 2018 y que actualmente se reporta con un avance del 70 por ciento en el armado de su estructura, aunque esta se encuentra fuera del lugar en donde será instalada.

Fue el diputado panista Carlos Maturino Manzanera, quien preguntó sobre el estatus actual del proyecto y, al respecto, el funcionario estatal afirmó que este se mantiene en la agenda, debido a que se trata de una de las obras más importantes de la administración 2016-2022, basada en estudios y análisis establecidos por la normatividad en la materia.

Esta vialidad tiene un tránsito promedio de más de 57 mil vehículos, además de ser el bulevar que presenta más accidentes en situaciones de pérdida de vidas humanas, situación que ha llevado a la generación de alternativas de solución.

Se cuenta con estudios de análisis costo-beneficio y todos los requisitos que establecen todas las instancias competentes y están a disposición de quien así los solicite.

Recordó que, en torno a este proyecto se han presentado manifestaciones y hasta denuncias, ante diferentes instancias legales, pero todas han sido resueltas de manera favorable, debido a que se tiene todo en regla para su ejecución.

“Hemos llevado encuestas y sondeos con la ciudadanía y en su mayoría nos han respondido a favor del puente, al tener en cuenta que su construcción representa un avance en materia de comunicación vial y seguridad para los peatones”, expuso.

Antes de la pandemia, es decir, hasta mediados de marzo, el proyecto presentaba un avance físico del 70 por ciento, ya que los trabajos se estuvieron haciendo en taller, lo cual permitirá que, una vez que las condiciones de salud y climáticas lo permitan, se reiniciarán los trabajos.

Esto podría suceder en la segunda quincena de octubre, para luego tardar alrededor de 10 meses para su conclusión, lo que significa que el puente vehicular Francisco Villa podría estar listo a mediados de julio de 2021.

Sarmiento Álvarez explicó que si bien, hubo suspensión en esta obra por diferentes motivos, esta fue parcial, ya que a pesar de que por mucho tiempo no se han realizado trabajos en el lugar en el que estará ubicada la estructura, se trabajó mucho en taller.

En este sentido, se construyeron las trabes tipo cajón, hechas a base de acero de alta resistencia, las cuales ya están listas para su colocación, pero para ello se tiene que hacer primero la cimentación respectiva, para después colocar columnas y apoyos.

Aseguró que el puente ayudará a reducir la contaminación generada por la elevada cantidad de vehículos que diariamente transitan por esta zona, además de que ayudará a reducir los accidentes que involucran a automóviles, ciclistas y peatones.

Recordó que el proyecto inicial tuvo cambios, para preservar en lo posible, la flora y la fauna que ya existe en esta zona, pero, además, ahora se contempla la implementación de una mayor superficie de áreas verdes.

El plan inicial era la edificación de un puente de cuatro carriles juntos, pero tras las modificaciones, ahora se contempla la separación para que el puente se componga de dos cuerpos, de dos carriles cada uno.

Aunque el servidor público no habló sobre el monto de inversión para esta obra, por lo que se ha mencionado con anterioridad, se sabe que este oscila en los 200 millones de pesos. 

Por su parte, el diputado por Morena Iván Gurrola Vega cuestionó a Rafael Sarmiento con relación al sobreprecio que podría tener la construcción del puente, a lo que este respondió que

por el momento no se tiene un monto exacto sobre el impacto que puede tener el retraso que se ha tenido en la obra, en la inversión total,.

No obstante, dijo tener en cuenta que son dos años de retraso, por lo que lo más seguro es que la empresa que tiene a su cargo los trabajos, hará reclamos por lo que esto representa, lo que posiblemente elevará el costo. 

El mismo diputado Iván Gurrola pidió que se le informara sobre la cantidad de obra que llevan a cabo empresas locales y foráneas, a lo que el compareciente aseguró que esta se divide en el 93 y el 7 por ciento, respectivamente.

En lo que respecta a este 7 por ciento, se trata de obras que se llevan a cabo en la Región Laguna, cuyas empresas contratadas tienen sede en la ciudad de Torreón, Coahuila, mientras que otras ubicadas en el norte de la entidad, podrían estar ocupando a constructores del vecino estado de Chihuahua, particularmente de Parral.

El diputado Gerardo Villarreal Solís, tocó el tema de las obras inconclusas en diversos municipios del estado y de la probable falta de confianza que puede haber para que estos ejecuten los recursos.

Sarmiento explicó que si bien los municipios pueden ser ejecutores de ciertas obras, tienen que cumplir requisitos como no tener adeudos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por concepto de descargas y extracción de agua.

En este sentido, solamente municipios como Durango y Gómez Palacio, tienen la posibilidad de ser ejecutores de estos recursos, debido a que no presentan adeudos por los conceptos ya mencionados.

Por su parte, la diputada Alicia Gamboa Martínez, conminó a aplicar los mil 800 millones de pesos del crédito obtenido por el Gobierno del Estado en obras de impacto para los 39 municipios, con la contratación de empresas locales y sin tintes políticos.

Indicó que la propuesta para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, no presenta el mejor escenario para Durango, además de que la pandemia sigue haciendo estragos a la economía de la entidad.

Por tal razón es indispensable cerrar filas con los constructores y proveedores duranguenses, de tal manera que se pueda reactivar la economía local, con las obras que están por llevarse a cabo en la entidad.

El funcionario estatal comentó que se han tenido varias reuniones con los alcaldes, con el objetivo de conocer cuáles son las obras prioritarias, mismas que pretenden ser realizadas con el recurso correspondiente al préstamo.

En cuanto a la ejecución de las obras, se buscará privilegiar a las empresas locales, con todo y que la Ley de Obra Pública

prohíbe no dar la oportunidad a los foráneos de participar en los procesos de licitación.

“Y es que tampoco nos gustaría que nuestros empresarios no tuvieran la oportunidad de concursar en Zacatecas, Coahuila, Jalisco y otros estados”, mencionó.

No obstante, se hará todo lo que esté dentro de la ley, para ayudar a que las empresas locales puedan quedarse con la mayor parte de la obra y que a su vez se abastezcan con proveedores locales.

Aseguró que el recurso no será aplicado con tintes político-electorales, sino que se buscará atender las necesidades prioritarias en un estado que ha sufrido los estragos de la contingencia y está urgido de una reactivación económica.