En IEPC, una burocracia

onerosa y sin escrúpulos

Texto: Daniel Estrada O.

Ejemplo: a David Arámbula, luego de ser consejero presidente, se le “indemnizó” con  374 mil 966 pesos; un atraco

Diputados exhiben y cuestionan lo que gasta el IEPC en salarios de sus consejeros

 

Roberto Herrera Hernández, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) señala que a la fecha no se ha informado sobre el estatus jurídico sobre las observaciones por 18 millones de pesos que la EASE hizo a la cuenta pública 2019.

 

Del presupuesto de 216 millones de pesos gastados por el Instituto el año pasado, una tercera parte se fue en sueldos, lo que equivale a más de 72 millones de pesos. Solamente 11 millones fueron para el personal permanente.

Mientras que Roberto Herrera Hernández, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) señala que a la fecha no se ha informado sobre el estatus jurídico de las observaciones por 18 millones de pesos que la EASE hizo a la cuenta pública 2019, diputados lanzaron duras críticas al mal manejo de recursos que prevalece en el organismo.

El jueves 8 de octubre, Herrera Hernández compareció ante el Pleno del Congreso del Estado, con poco más de un mes de haber tomado las riendas del Organismo Público Local Electoral (OPLE), tras haber llegado en sustitución de David Arámbula Quiñones, quien, a la vez, en su momento llegó en lugar de Juan Enrique Kato Rodríguez.

Durante el ejercicio, los diputados locales tomaron una postura distinta a la que prevaleció el año pasado durante la comparecencia de Kato Rodríguez, quien terminó por renunciar a la presidencia del Instituto el pasado 31 de diciembre de 2019.

Si bien, reconocieron que Roberto Herrera no tenía vínculo con los malos manejos al interior del organismo, debido a que tiene muy poco tiempo en el cargo, le exigieron tomar medidas para evitar que se continuara incurriendo en excesos y corruptelas.

Pendientes

De entrada, el diputado Gerardo Villarreal Solís, representante del Partido Verde, tocó el tema de las observaciones que se han hecho con anterioridad al IEPC en sus cuentas públicas y le preguntó sobre la disposición que hay de su parte por colaborar en lo que se requiera, para transparentar el recurso público en controversia.

“Hay voluntad en el presidente y demás integrantes del Consejo General del IEPC para que se aplique la normativa a cabalidad. Las observaciones que se hicieron no son un secreto y hay que dar seguimiento”, dijo.

Mencionó que después de que las observaciones fueron hechas, en su momento fueron solventadas y está en el terreno de la Entidad valorarlas. Hasta hoy no se ha recibido una notificación oficial del estatus jurídico que guarda el asunto.

“Focos de alarma”

Por su parte, el diputado Iván Gurrola Vega, de la coalición parlamentaria Cuarta Transformación, se refirió al proceso de análisis de cuentas públicas que se inició en comisiones en días recientes, en el que se incluyen los organismos autónomos.

Señaló que la cuenta del OPLE muestra “focos de alarma” en más de seis millones de pesos, que a lo largo de un año no han podido ser justificados ante la Auditoría Superior, con todo y la supuesta capacidad que tiene una institución de esta naturaleza.

El legislador local comparó esta situación con la que enfrentan algunos municipios que, por diversas circunstancias, enfrentan condiciones de mayor adversidad, y, aun así, presentan un mejor estado financiero que el Instituto Electoral.

Dijo que las irregularidades van desde las prestaciones de dos millones de pesos en exceso para los consejeros, abarcando desde vacaciones, aguinaldos, primas vacacionales y otros rubros.

Recordó que hace un año, la cuenta pública del organismo, presentaba más de 18 millones de pesos de observaciones, situación que orilló al presidente en turno a salir huyendo, prácticamente.

“El derroche es una constante al interior del Instituto, insisto en la palabra derroche, porque eso fue lo que sucedió con la indemnización del secretario ejecutivo David Arámbula, la cual ascendió a 374 mil 966 pesos, cuando pasó a ser consejero presidente”, expuso Gurrola.

Explicó que en términos jurídicos la indemnización se entrega cuando se causa un perjuicio a una persona, es decir, al despedirla, pero no cuando es cambiada de área en una misma dependencia.

Cuestionó el hecho de que la democracia en México es tan cara y describió que, en 2019, del presupuesto de 216 millones de pesos gastados por el Instituto, una tercera parte se fue en sueldos, lo que equivale a más de 72 millones de pesos.

De dicha cantidad, solamente 11 fueron para el personal permanente, mientras que 32 millones se destinaron para el personal de carácter transitorio, y que 22 millones de pesos fueron para remuneraciones adicionales.

El diputado indicó que, durante el ejercicio señalado, se gastó un millón 300 mil pesos en alimentos, lo cual parece no ser tan sorprendente en comparación con los demás datos referidos o con las observaciones que se hicieron a la cuenta pública 2019.

De la misma manera, se gastó de manera duplicada por seguros de vida, con una afectación de 380 mil pesos al erario, durante 2019, lo cual todavía no ha sido subsanado.

También fue detectado un error de 164 mil pesos en el cálculo de aguinaldos, según consigna el informe preparado por la Entidad de Auditoría.

Ante dichas circunstancias, el diputado Iván Gurrola preguntó al titular del OPLE si consideraba justificable el uso referido de los recursos públicos y tales errores jurídicos, además de las acciones que se han emprendido para enmendar estas inconsistencias.

En su respuesta, Roberto Hernández no dejó de mencionar que, en el presupuesto de 2019, en el que se cuestionó el gasto en salarios, el 42 por ciento se destinó a partidos políticos, aunque aceptó que el 36.5 por ciento se destinó a los servicios personales.

A nombre propio y de los demás consejeros, declaró que hay total disposición de cumplir a cabalidad con la ley y sobre el nombramiento de Arámbula como consejero, se limitó a decir que su nombramiento fue hecho por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sobre las cantidades erogadas, afirmó que habrá puertas abiertas para transparentar todo lo relacionado con las observaciones y procedimientos que requiera la EASE.

Reiteró que hasta ahora no se ha dejado ninguna observación sin solventar, pero también subrayó que por ahora no existe ningún estatus jurídico con relación a la situación que estas guardan.

Indemnizaciones excesivas

La diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, también se refirió al presupuesto 2019, al señalar que, entre otras irregularidades, en este se observa el gasto de 662 mil pesos para la indemnización del presidente que renunció.

La legisladora manifestó que dicha cantidad era incompatible con el cargo y con el retiro voluntario, de acuerdo con la normativa vigente.

Mencionó el uso de dos millones de pesos en prestaciones como vacaciones, primas, aguinaldos y otros; no obstante, este tipo de observaciones son hechas cada año y a pesar de ello, se siguen justificando.

Cuestionó sobre la disposición de acabar con este tipo de prácticas, tanto de su parte, como del resto de los consejeros, como una forma de terminar con malas prácticas.

El compareciente admitió que el expresidente del IEPC, obtuvo una indemnización derivada de un convenio, porque así lo establecía la normativa vigente, en la que se plasmaba que todos los trabajadores con más de un año de antigüedad, serían merecedores de 12 días por año, más 20 días por año, entre otras prestaciones.

Incluso, hay tesis de jurisprudencia avaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las que se contempla este rubro.

Aun así, de manera reciente el Consejo General del IEPC ha modificado diversos lineamientos, de tal manera que en la actualidad ya no se contemplan muchas de las prestaciones que se tenían con anterioridad.

La disposición es tal, que en la actualidad el salario promedio de los consejeros es alrededor de cinco mil pesos menor que la que se tenía el año pasado, además de que han sido eliminados diversos bonos, con la intención de incursionar en la austeridad.

Durante el ejercicio, no se dejó de mencionar el Proceso Electoral que culminará con las votaciones del próximo 6 de junio, para las cuales es muy probable que se tengan que preparar procedimientos especiales, a causa de la pandemia.