La ley general de Transparencia, por fin

Por: Lourdes López Salas

Consejera Propietaria del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, IDAIP

 

Después de poco más de dos meses de vencido el plazo para que el congreso de la Unión emitiera la Ley General de Transparencia, después de la reforma constitucional del 2013, finalmente el jueves de la semana pasada dicha legislación fue avalada por la cámara de diputados, luego de que el senado de la República aprobó el dictamen inicial.

En consecuencia, el documento final fue remitido al presidente de la República, para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación e inicie su vigencia.

Después de varias semanas de discusión sobre el documento definitivo sobre la Ley General de Transparencia, podría asegurarse que hay avances importantes que vienen a fortalecer el ejercicio del derecho a saber en el país.

El proyecto de decreto está integrado por ocho títulos, 216 artículos y 13 transitorios, cuyo objetivo es establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Además esta ley reglamenta el Artículo 6 constitucional, busca promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública y el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna.

Entre los temas de mayor relevancia, por ejemplo destacan el aumento en el número de sujetos obligados, ya que la constitución incorporó a los partidos políticos, los sindicatos, los fondos y fideicomisos públicos, éstos últimos de gran importancia ya que estas figuras fueron utilizadas por las autoridades para no rendir cuentas o no transparentar su uso.

Otros temas relevantes, son las bases para homologar el ejercicio del derecho de acceso a la información, donde se establecen plazos de entrega de la información para todo el país, esto es, que todas las entidades deberán tener máximos de entrega de la información y no ampliar dicho plazo que son 15 días hábiles.

Se crea un Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos y la Plataforma Nacional de Transparencia, con el fin de que no haya más opacidad en el uso de los recursos públicos.

Y se establece la imposibilidad de invocar el carácter de reservado, cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos, de delitos de lesa humanidad o información relacionada con actos de corrupción.

Se incrementan las obligaciones de transparencia, que son denominadas común y se señalan específicas para sujetos obligados como los 3 poderes, organismos autónomos, partidos políticos, fondos y fideicomisos, sindicatos y personas físicas y morales que reciben recursos públicos.

De relevancia, es el apartado señalado como “medidas de apremio y sanciones”, esta es una novedad importante ya que en muchas leyes locales no establecen la posibilidad de sanción a quienes incumplan con el derecho de acceso a la información.

También se le da la posibilidad a la sociedad que interponga denuncias contra aquellos sujetos obligados que no cumplan con las obligaciones de transparencia.

Hay otros temas relevantes que en la siguiente entrega estaremos apuntando, lo que es una realidad es que constituye un gran reto para el país, para los órganos garantes, las autoridades y la sociedad la aplicación de esta nueva ley.

 

 

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