Contraloría ya investiga caso del subsecretarios de turismo

Por conflicto de intereses, investigación a Rafael Sarmiento

Lo que no se puede hacer, es que un funcionario público se beneficie de forma directa de programas y recursos, valiéndose de su posición, pero tampoco debe influir para favorecer a familiares o conocidos y eso es lo que se investiga.

De acuerdo con la Sedeco, el proyecto en cuestión contempla la aplicación de 18 millones de pesos, para ser aplicados en 30 cabañas ubicadas en cuatro municipios de la entidad, pero todavía no entra en operación.

 

Carlos Suárez Zuno: los resultados los tendremos a finales de mayo


Texto: Daniel Estrada

Entre esta y la próxima semana la Secretaría de la Contraloría del Estado tendrá el resultado de la investigación en cuanto si hubo o no tráfico de influencias para que la empresa de ecoturismo de la familia de Rafael Sarmiento Aguirre, subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico del Estado, resultara favorecida al ser incluida en un programa de fortalecimiento en infraestructura, promovido con la Sedeco y el Inadem.

Carlos Gerardo Suárez Zuno, subsecretario Jurídico de la Secretaría de la Contraloría, en entrevista para el noticiario Ciudad 2.0, el pasado 16 de mayo, manifestó que el resultado de las indagatorias podría estar listo en unos 10 días hábiles.

Mencionó que el tema de Otinapa Sierra Camps podría resultar en un problema de conflicto de intereses cuyo resultado de la investigación podría quedar resuelto esta misma semana o a principios de la siguiente.

Lo que definitivamente no se puede hacer, es que un funcionario público se beneficie de forma directa de programas y recursos, valiéndose de su posición.

Empero, cuando se trata de la participación de familiares, se debe evitar la intervención del funcionario en cualquier tipo de trámite, para descartar el tráfico de influencias.

Adelantó que por lo pronto se puede mencionar que nadie ha sido beneficiado con el programa en cuestión, pues apenas se encontraba en proceso de selección de proyectos.

Fue la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), el ente mediante el cual se logró atraer este esquema de apoyo con el que se pretende fortalecer el ecoturismo en la entidad.

Lo que se indaga es el hecho de que hubiese existido alguna influencia por parte del servidor público para que el proyecto de la propiedad de su familia resultara favorecido para su inscripción en la lista de beneficiarios que cumplieron con las condiciones para obtener el apoyo.

En esto consiste el controvertido programa

Christian Medina Martínez, subsecretario de Fomento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) de la Sedeco, explicó que el proyecto contempla la aplicación de 18 millones de pesos, para ser aplicados en 30 cabañas ubicadas en cuatro municipios.

Este es operado por la propia Sedeco, en coordinación con el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y además de infraestructura, incluye temas de capacitación y comercialización.

Medina Martínez señaló que fue necesario recurrir a la Secretaría de Turismo para contactar a la Red de Ecoturismo para una mayor inscripción al programa, debido a que la primera convocatoria tuvo una respuesta mínima.

“La convocatoria fue emitida por la Sedeco, pero hubo pocos interesados, los cuales además no cumplieron con los requisitos para poder acceder al apoyo en materia de ecoturismo.

De los 16 proyectos aprobados, se recibieron las respectivas actas constitutivas y en ninguno apareció el nombre de algún servidor público como socio o dueño de algún centro de ecoturismo.

Manifestó que la Secretaría de Desarrollo Económico colabora con la Contraloría, con el objetivo de determinar si hay o no responsabilidad en el tema, sin embargo, la postura asumida por el subsecretario de Fomento a Mipymes, es de descartar el conflicto de intereses.

Sin embargo, la situación no resulta tan sencilla para Rafael Sarmiento Aguirre, subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico del Estado, pues aunque ha declarado que no tiene nada que ver con la administración de Otinapa Sierra Camps, resulta complicado deslindarse de un negocio familiar.

Simplemente, hasta hace pocos días, en la red social de Facebook, todavía se ostentaba como director de la empresa de ecoturismo, cuando el pasado viernes 11 de mayo, declaró a este semanario que desde que se convirtió en servidor público, dejó dicha encomienda.

Pero, por más que quiera, Rafael Sarmiento no puede deslindarse del todo de una empresa en la que están involucrados sus familiares cercanos, pues para empezar son muchas las personas que saben de sus orígenes y mentir al respecto serían contraproducente.

Lo que le queda al subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico del Estado, es que la Contraloría del Estado falle a su favor en el sentido de que no hubo ninguna intromisión de su parte para que la empresa Otinapa Sierra Camps resultara seleccionada para el programa.

A través de redes sociales hay ciudadanos que han manifestado su inconformidad por la manera en la que aparentemente se ha evadido la responsabilidad de Rafael Sarmiento, pues lo único que lo libra es el hecho de que la empresa de ecoturismo no está a su nombre.

Hay quienes ponen el ejemplo de tener una casa o automóvil a nombre de la esposa o un hijo, lo cual no impide obtener beneficio o incluso responsabilidad sobre dichas propiedades.

Por su parte, a Sarmiento Aguirre le molestó la manera en la que se ha dado a conocer el tema pues él insiste en que se le acusa de algo que no cometió y confía en que así lo verá también la Contraloría.

Cree que hay un interés político detrás de los señalamientos en su contra, teniendo en cuenta que transcurre el Proceso Electoral y hay quienes buscan la manera de afectar al Gobierno en turno.

Expuso que no tiene nada que ocultar y que está totalmente dispuesto a colaborar con la investigación que realiza la Contraloría del Estado.

Lo mismo dijo en su momento Víctor Hugo Castañeda Soto, secretario de Turismo en Durango, quien expresó que la dependencia a su cargo tendría abiertos cajones y carpetas con la intención de colaborar en todo lo posible con la investigación.

Las sanciones de la Contraloría

Por otra parte, Carlos Gerardo Suárez Zuno, subsecretario Jurídico de la Secretaría de la Contraloría comentó que en lo que va de la administración han sido sancionados 120 servidores públicos.

Explicó que las sanciones van de la amonestación pública a la suspensión, dependiendo de la gravedad de la falta en la que se haya incurrido.

También habló de la instalación de 50 buzones más, además de los 400 que ya existen distribuidos en los 39 municipios del estado, para que los ciudadanos puedan presentar sus quejas.

Este ejercicio se lleva a cabo en el marco del Proceso Electoral en curso, con el objetivo de evitar que los funcionarios públicos incurran en acciones que no les están permitidas, relacionadas con los partidos políticos.

De esta forma se da voz a los ciudadanos que no saben de qué forma pueden hacer sus señalamientos en contra de los funcionarios que no cumplen con las tareas que les han sido encomendadas, o bien, incurren en responsabilidades al momento de realizar su trabajo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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