Articulación del Sistema Nacional de Transparencia: el gran reto

Por: Lourdes López Salas

Consejera Propietaria del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, IDAIP

El lunes de la semana que recién concluyó quedó publicado finalmente el decreto que crea la Ley General de Transparencia.

Como lo apunté en una entrega anterior, el proyecto de decreto está integrado por ocho títulos, 216 artículos y 13 transitorios, cuyo objetivo es establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Además esta ley reglamenta el Artículo 6 constitucional, busca promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública y el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna.

Sin duda esta legislación trasciende representar un reto de tamaño gigantesco, puesto que uno de sus apartados relevantes es la creación y por ende la articulación del Sistema Nacional de Transparencia, SNT.

Este SNT estará integrado por el Instituto Nacional de Transparencia, INAI, antes IFAI, así como por los Organismos garantes de las Entidades Federativas; la Auditoría Superior de la Federación; el Archivo General de la Nación, y El Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El gran reto será sin duda la conformación del Sistema con el fin de establecer las bases de coordinación entre sus integrantes, para darle vigencia y funcionalidad a las bases y principios de la ley y sobre todo fortalecer el derecho de acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos personales, la conservación y organización de los archivos.

Dentro de los propósitos también se señala que se desarrollarán y establecerán programas comunes de alcance nacional, para la promoción, investigación, diagnóstico y difusión en materias de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y apertura gubernamental en el país.

La aplicación de esta ley general que obliga a las 3 instancias de gobierno, tendrá una revolución en materia del derecho a saber, ya que también se establece entre otras acciones la integración de una Plataforma Nacional.

De esta forma el artículo 49 de la citada ley general señala que: Los Organismos garantes desarrollarán, administrarán, implementarán y pondrán en funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente Ley para los sujetos obligados y Organismos garantes, de conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.

Por lo tanto la Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada por, al menos, los siguientes sistemas:

I. Sistema de solicitudes de acceso a la información;

II. Sistema de gestión de medios de impugnación;

III. Sistema de portales de obligaciones de transparencia, y

IV. Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados.

De lo anterior se desprende que habrá una gran plataforma tecnológica que permitirá el avance en cuanto al  ejercicio del derecho de acceso a la información en la versión 3.0.

Precisamente para analizar las implicaciones de la ley, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, IDAIP, será sede del Diálogo Nacional de órganos garantes para analizar el impacto de la ley, esto será el próximo 21 de mayo con la presencia de la comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora.

 

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