Bajan delitos en Durango pero no hay más dinero a seguridad

Por: Miguel Á. Hernández G.

En el último año, los índices de delitos y violencia en Durango han experimentado una disminución en términos sensible en términos reales, lo cual se puede constatar con los reportes que sobre el particular ha difundido la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual ha sido resultado sin lugar a dudas de un buen trabajo interinstitucional de los tres niveles de gobierno.

En lo que va de este 2013, las autoridades han tomado decisiones importantes, como el cierre de las actividades al interior del Cereso No. 2 de Gómez Palacio, Dgo., la reubicación de los internos en diferentes centros de reclusión en el país, todo ello luego del enfrentamiento que se dio al interior de ese penal con el saldo funesto de más de 20 personas muertas.

Las cosas no han quedado ahí, sino que elementos del Ejército han tomado el control y vigilancia en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, amén del proceso de depuración de los elementos de las policías municipales de esos lugares, la investigación e inicio de proceso penal en contra de más de seis decenas de efectivos y directivos de esas corporaciones por realizar actividades que los vinculaba con el crimen organizado.

De acuerdo a la estadística de incidencia delictiva del fuero común publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y reproducido por el Siglo de Durango, el año pasado se registraron 924 homicidios, cuya investigación se inició de oficio. De esta cifra, el 66 por ciento fueron de tipo dolosos.

Según los datos revelados por la dependencia de la Secretaría de Gobernación, y que se elaboran con base en la información emitida por las respectivas Agencias del Ministerio Público estatales, el 70 por ciento de los homicidios, entre dolosos y culposos, fueron cometidos con arma de fuego.

La cifra total de homicidios, ocurridos durante el 2012, representa una reducción en comparación con los del 2011, cuando las autoridades estatales tomaron conocimiento de mil 37 casos; es decir, una diferencia del 12 por ciento.

La diferencia es aún más considerable si se comparan con los números del 2010, año en el que se abrieron mil 383 carpetas de investigación por este delito del fuero común; en este caso, la diferencia es del 43 por ciento.

Este porcentaje es muy cercano al comparativo con el 2009, pues en ese año se registraron mil 378 homicidios en Durango.

En el desglose de la forma en que se dio el homicidio, también se refleja una disminución de asesinatos con arma de fuego al pasar de 455 en el 2011, a 401 el año pasado.

La mayor cantidad de homicidios registrados por mes durante el 2012 se tuvo febrero y junio, ambos con 92 casos. Mientras que la cantidad menor fue de 61 y corresponde al mes de agosto.

El año pasado también se contabilizaron 54 homicidios por arma blanca. Cabe destacar que las autoridades encargadas de la procuración de justicia en Durango manifestaron no tener datos de 110 homicidios de los que tomaron conocimiento en el 2012.

El pasado viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto a través del cual se dan a conocer la manera en que se distribuirán los 7 mil 631.7 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) entre los estados de la república y el Distrito Federal.

En ese documento se establece que al estado de Durango le corresponderán 179 millones 624 mil pesos, cifra ligeramente superior a los 173.8 millones de pesos que se autorizaron en 2012, pero muy inferiores a los 210.8 millones de pesos en 2011 y los 204.2 millones de pesos de 2010.

Como se puede apreciar, existe una especie de estancamiento en la asignación de recursos para Durango en el FASP que no es proporcionar a los mejores indicadores en el combate y control de los índices delictivos que se aprecian desde el 2012 a la fecha.

En verdad que se tienen que revisar los criterios de asignación de recursos a las entidades para el combate a la inseguridad, de tal manera que se deberían reconocer esfuerzos en la disminución de indicadores negativos, así como acciones positivas como la depuración, procesamiento y sanción a los malos elementos, pero también incentivar y premiar las buenas prácticas.