Homologación de leyes de transparencia y el presupuesto

Por: Lourdes López Salas

Consejera Propietaria del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, IDAIP

Siguiendo la ruta en el tema de la transparencia y después de la instalación del Sistema Nacional como lo mandata la Ley General, de manera paralela se están realizando una serie de acciones que se deben también cumplir conforme a lo establecido por la citada ley.

A finales del mes de mayo el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales, INAI organizó el Seminario Alcances y retos de la Ley General de Transparencia organizado por el senador Alejandro Encinas, donde anunció que se llevaría a cabo una gira nacional de los representantes populares de la cámara alta a fin de que los estados homologuen sus leyes estatales a la general.

Efectivamente, la Ley General de Transparencia, en el inciso V de los artículos transitorios, señala con toda claridad la obligación de las entidades del país para llevar a cabo dicha homologación.

El inciso V dice textualmente: Quinto. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para armonizar la leyes relativas, conforme a lo establecido en esta Ley.

Derivado de tal disposición, la gira por la Transparencia anunciada por el senador Encinas, inició el 1° de Julio en Veracruz, ahí la presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora y el mismo senador, demandaron la armonización de la leyes estales quienes expusieron que los retos será la homologación de los sujetos obligados y la clasificación de la reserva de la información.

Sin embargo, existen otros retos que no están visibles y a los cuales hay que ponerles la atención debida, como es el caso del presupuesto de los órganos garantes de transparencia ya que no es igual para todos.

 

El presupuesto para cada órgano garante se autoriza de acuerdo a la “voluntad política” de los legisladores o del jefe del ejecutivo estatal, y en honor a la verdad, existen una disparidad entre todos los presupuestos asignados.

En ese aspecto no existe un apartado específico ni en la Constitución ni en la ley general que obligue a entregar recursos suficientes a los órganos garantes de transparencia en las entidades a fin de cumplir a cabalidad con el cumplimiento de las obligaciones marcadas en la ley respectiva.

Si se toma en consideración que a partir del próximo año la Secretaría de Hacienda, asignará el presupuesto base cero, la situación se complica aún más.

En consecuencia, no es un asunto menor el tema de la asignación presupuestal para las comisiones e institutos de transparencia de las entidades federativas del país, por lo tanto se debe poner en la mesa de discusión de la gira de la transparencia, no solo la homologación de las leyes, sino también el tema de los presupuestos asignados a los organismos de transparencia.

 

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