Contrastes en materia de seguridad pública

Por Manuel Espino

 

Es un acto de honestidad política reconocer que ha habido avances en materia de seguridad pública, muy especialmente el dato (sustentado por el INEGI) de acuerdo al cual en 2014 México padeció 24 % menos homicidios que en 2012. Tenemos que en el indicador internacional de “Tasa de Homicidios por cada 100 mil habitantes” se logró una reducción de 22.1 en 2012 a 16.4 en 2014.

 

Por supuesto, la reducción en los homicidios no es mérito exclusivo de los tres órdenes de gobierno; testimonios de primera mano nos dejan ver que en muchos casos se debe tan solo a que los ciudadanos de esas regiones acceden a pagar derecho de piso, como un perverso “impuesto” que les permite proteger a sus vidas y las de sus familias.

 

También están las cifras positivas de que el robo se redujo 13% entre 2012 y 2014. Asimismo, hay un 20% menos de denuncias por extorsión y tenemos que durante los primeros siete meses de 2015 las denuncias por secuestro disminuyeron 30% respecto al mismo lapso del año anterior.

 

Estos avances son bienvenidos, pues no significan una ganancia política o electoral, sino un cambio real, tangible, comprobable, en la vida de personas y comunidades enteras.

 

Sin embargo, las buenas noticias palidecen cuando vemos que al margen de lo coyuntural, es en la estructura misma del Estado —que no solo del gobierno— donde tenemos retos inconmensurables.

 

Allí está el dato devastador presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein: De cada cien delitos que se cometen en México, solo dos son castigados. Una tasa de impunidad del 98 % es una verdadera tragedia nacional, así como una franca invitación a delinquir.

Además, por segundo año consecutivo se redujo el presupuesto al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.  Ello va en contra, directamente, de uno de los objetivos en materia de seguridad marcados por el presidente, licenciado Enrique Peña Nieto, que es el de aumentar el gasto en programas que combatan la inseguridad no con la fuerza de las armas, sino con la fuerza pacífica del desarrollo social.

Igualmente preocupante resulta el estado en el que se encuentra el sistema penitenciario del país; la fuga de Joaquín “el Chapo” Guzmán no es la enfermedad, sino tan solo el síntoma de un esquema carcelario y de readaptación fallido, que se ha convertido en un eslabón más en la cadena de la corrupción.

 

En este contexto, urge un cambio de rumbo en el combate a la delincuencia organizada, cuya estrategia ha cambiado de forma, pero no de fondo, en los últimos años. Es hora de extender la convocatoria, de abrir espacios, de permitir la participación real de los ciudadanos en la construcción de la paz, por encima de visiones partidistas o ideológicas.

 

Porque se pueden lograr cambios positivos, coyunturales, capaces de engalanar un informe o un evento. Pero solo la participación ciudadana efectiva logrará los cambios estructurales que demanda el tener un México de paz.

 

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