Ayotzinapa: la “verdad histórica” incinerada

Por: Martín Moreno

El comunicado 503/ 16 de la PGR, emitido entrada la noche del viernes 8 de abril de 2016, bien puede enmarcarse como la esquela de la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa que Jesús Murillo Karam esgrimió en nombre del Estado mexicano, que Peña Nieto avaló y defendió públicamente, y que insostenible y débil, débil por insostenible, terminó de derrumbarse y, junto con ella, el prestigio del régimen peñista ante los ojos del mundo.

 

Hoy por hoy, aquella “verdad histórica” de Murillo Karam, vendiéndonos la idea de que los 43 de Ayotzinapa habían sido quemados, en su totalidad, en el basurero de Cocula, carece no sólo de validez en cuanto al respaldo científico. Va más allá. Llega al extremo de haberse convertido en una “mentira histórica” que encubrió, desvirtuó y manipuló lo ocurrido con los estudiantes.

 

Cuando desde la Universidad de Innsbruck llegó el reporte frontal: “No fue posible obtener, hasta el momento, identificación de perfiles genéticos, en la totalidad de las muestras de los restos óseos…” provenientes del basurero de Cocula y (de) 2 muestras óseas de la bolsa del Río San Juan, que coincidieran con los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el efecto colateral fue directo y brutal: la “verdad histórica” de Murillo Karam quedaba hecha añicos.

 

¿Por qué esa “verdad histórica” hoy está prácticamente enterrada? Por varias razones:

 

Porque Murillo Karam cometió un error de primer año: asumió las declaraciones de los sicarios de Guerreros Unidos –en particular de Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, quien, a través de un video presentado durante la conferencia del 7 de noviembre de 2014 en la PGR, narró con una precisión matemática tan admirable como sospechosa, cómo llegaron…“43 o 44 estudiantes…” a Cocula, para ser victimados, quemados y tirados al río-, como verdad absoluta, sin someterla a una investigación a fondo y rigurosa que comprobara estas versiones, a final de cuentas, provenientes de un grupo de criminales desalmados cuya veracidad siempre estará en duda.

Porque Murillo Karam olvidó una máxima que los policías de carrera recomiendan: las declaraciones de los detenidos son, simplemente, eso: simples declaraciones que tienen que ser asumidas como líneas de investigación, trabajadas y, llegado el momento, ratificadas o desechadas. El Procurador cansado tomó como palabra de Biblia lo dicho por El Chereje, y allí están las consecuencias: el derrumbe de la credibilidad en la “verdad histórica”.

Porque Murillo y Los Pinos apresuraron –en realidad de manera errada y sin ninguna necesidad- la divulgación y aceptación pública de su “verdad histórica”, empujados y agobiados por la ola de críticas internacional que provocó el desgaste y el desprestigio del gobierno peñista. Quisieron darle carpetazo, como lo hizo Peña Nieto con el caso Paulette, a pesar de que se comprobó que los padres de la niña fueron los culpables de su desaparición (Ver a detalle libro “Paulette, lo que no se dijo. Martín Moreno. Edit. Aguilar). O con el affaire Arturo Montiel, donde se le eximió de las acusaciones de enriquecimiento ilícito cuando, en realidad, Montiel salió multimillonario, de forma inexplicable, de su gobierno. Peña y su equipo jamás entendieron que ni Paulette ni Montiel tenían el perfil de los estudiantes desaparecidos, y ese fue un error grave.

Porque la PGR y Los Pinos tuvieron pavor de pedir apoyo técnico y asesoría científica a entidades extranjeras sin darse cuenta, en su soberbia y torpeza, que allí estaba parte de la solución: involucrar a terceros hasta donde fuera posible, haciendo equipo y ofreciendo resultados de manera conjunta. Pero no. La mentalidad aldeana del Grupo Toluca no dio más que para intentar manejar el asunto a la vieja usanza: manipulando, encubriendo y mintiendo, y suponer que así cerrarían el asunto. No fue así. Ahora están hundidos en la desconfianza.

Porque el caso Ayotzinapa reventó la frágil y riesgosa relación histórica entre los gobiernos priistas y los estudiantes. Peña, Osorio, Nuño y Videgaray –sin excepción- nunca entendieron realmente que cuando hay estudiantes involucrados, los priistas son duramente cuestionados y se reviven episodios sangrientos y vergonzantes. Allí están 1968 y 1971. O en menor escala, la corretiza a Peña dentro de la Ibero. Aun cuando ahora la orden de masacrar a estudiantes no salió de Los Pinos o de Gobernación, el cálculo fue desafortunado: quisieron encapsular lo ocurrido en Iguala como un “asunto local”, despreciándolo desde un principio, buscando chivos expiatorios en la PGJEG y, cuando quisieron reaccionar, el conflicto ya los ahogaba. El gobierno jamás entendió lo que significaba Ayotzinapa, y si no comprendes un problema, menos lo podrás resolver.

Ni Murillo Karam ni su jefe, el Presidente, previeron que el GIEI tuviera tanta influencia entre la opinión pública nacional e internacional y se convirtiera, de hecho, en un grupo de presión que para desgracia del gobierno mexicano, tenía una ventaja por encima de Peña Nieto: la credibilidad internacional, esa credibilidad que el Gobierno perdió con el affaire “casa blanca” de la familia presidencial, y con el caso Ayotzinapa. El GIEI no sólo derrotó a la PGR –avalado por el informe del viernes 8 de abril llegado desde Innsbruck-, sino que, de paso, evaporó la escasa credibilidad del gobierno mexicano.

Con todos los escenarios en contra, la PGR también le dio el tiro de gracia a la propia PGR cuando, el uno de abril pasado, reveló en el famoso Tercer Dictamen, junto con los expertos foráneos, que en el basurero de Cocula había sido quemados “17 adultos” (jamás utilizó la palabra estudiantes), lo cual vulneraba y debilitaba la “verdad histórica” de que allí mataron a los 43 ayotzinapos. En la praxis política, Arely Gómez tuvo que matar, por salud pública, a Murillo Karam.

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A la luz de los informes de la Universidad de Innsbruck, las preguntas queman en la conciencia del país:

 

Si a los normalistas no los quemaron en Cocula, ¿dónde los masacraron realmente? ¿Dónde están sus restos? ¿Dónde están, al menos, 26 de ellos, si damos por válido el Tercer Dictamen de que solamente se incineraron en el basurero a 17 “adultos”?

 

Ayotzinapa no es un caso cerrado, como le urge presentarlo al gobierno.

 

Y habrá que entenderlo desde ahora: en lo que resta del sexenio, no se cerrará. No podrán hacerlo.

 

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