Radicalismo panista empuja a priistas con López Obrador

Recuento de los primeros 15 días de precampañas

Texto: Víctor R. Hernández

Se consumieron las primeras dos semanas del 2018 y con ellas las precampañas entraron en su etapa álgida. La confrontación entre PAN y PRI por el caso Chihuahua hasta ahora ha sido lo más sobresaliente, mientras que en el caso López Obrador, el candidato de Morena ha resultado beneficiado de esta pelea pues ha aprovechado la distracción de sus contrincantes para continuar con sus giras territoriales e imponer la agenda a través de propuestas como el perdón a los narcotraficantes.

Al hacer el recuento de los hechos más sobresalientes de estos primeros 15 días es importante mencionar que la serie de movimientos que se vienen registrando se encuentran contextualizados dentro del período de pre-campañas; especie de rounds de sombra antes de entrarle en serio a las campañas.

Sin embargo, desde esta etapa previa a las campañas constitucionales, comienza a vislumbrarse la posibilidad de que la clase política gobernante, lidereada por Enrique Peña Nieto, al verse en clara desventaja para retener la presidencia de la República, como en 2006, decida apoyar a uno de los dos candidatos que se encuentran disputando el liderazgo. En ese entonces, el PRI al ver que Roberto Madrazo no reputaría, decidió apoyar desde las entidades federativas a Felipe Calderón y evitar que López Obrador se levantara con el triunfo.

En este 2018 puede suceder algo semejante y los componentes de este escenario ya comienzan a aparecer. A continuación la serie de hechos de estas primeras dos semanas:

1.- Desde la capital chihuahuense se filtraron, durante la segunda semana de diciembre, documentos que evidenciaban la desviación de recursos desde la Secretaría de Hacienda hacia las campañas del PRI en 2016, utilizando al gobierno del entonces mandatario César Duarte.

El diario Reforma dio a conocer una serie de investigaciones a partir del 19 de diciembre en donde sostiene que la Secretaría de Hacienda, cuando era encabezada por Luis Videgaray en 2016, avaló el desvío de más de 250 millones de pesos hacia campañas estatales del PRI, según declaró Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de Chihuahua en el gobierno de César Duarte.

El exfuncionario estatal refirió que el pacto entre priistas incluyó a los entonces gobernadores de Chihuahua, César Duarte, de Veracruz, Javier Duarte, y de Tamaulipas, Egidio Torre, con Manlio Fabio Beltrones, quien en ese tiempo era el líder nacional del partido tricolor.

Reforma publicó que tuvo acceso a la declaración ministerial del testigo con ‘identidad reservada’, rendida ante la Fiscalía de Chihuahua y que corresponde a Herrera, según fuente oficiales.

En la declaración se estipula que Alejandro Gutiérrez, identificado como cercano a Beltrones y exsecretario del CEN del PRI, fue el estratega de la triangulación de recursos y que contó con el apoyo de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda; ambos aprobaron un convenio de ‘fortalecimiento financiero’ de 275 millones de pesos.

El testigo declaró que los recursos recibidos en Chihuahua y con el apoyo de Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación estatal, Gerardo Villegas, director de Administración y Antonio Enrique Tarín, director de Adquisiciones del estado en ese tiempo, simularon compras y devolvieron al PRI 250 millones de pesos.

Esos movimientos estuvieron apoyados por César Duarte, quien habría dicho que era una retribución a Beltrones por aprobar la candidatura de Enrique Serrano para suceder a Duarte en la gubernatura, que al final ganó el panista Javier Corral.

La Auditoría Superior de la Federación detectó fechas erróneas en los oficios de operación, debido a la premura para ejecutar el desvío millonario.

“(Se pidió que) el dinero exigido saliera de dinero público pero de origen estatal, ello como decisión de las áreas de Egresos y Administración de la Secretaría de Hacienda del estado, a efecto de no hacer una devolución de recursos de origen federal con el mecanismo solicitado, en virtud de que se buscó que no fuera observado por la ASF”, dice el testigo en su declaración.

El exgobernador César Duarte, cuando tuvo conocimiento de los errores en la operación, ordenó que se regularizaran las compras, a lo que Yáñez le indicó que todo había quedado blindado y a prueba de auditorías.

Ricardo Yáñez cumple una pena de cuatro años de cárcel por el delito de peculado.

2.- El ocho de enero, el PAN decide cerrar la pinza contra el PRI-gobierno.

Ese día, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral acusó al gobierno federal y en específico a Enrique Peña Nieto y al secretario de Hacienda, Antonio González Anaya, de tratar de amedrentar a su administración mediante la retención de financiamiento para el estado debido a la prisión preventiva por un año que se le dictó al exsecretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, así como Investigaciones que realiza la Fiscalía local sobre hechos de corrupción.

En conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México, el gobernador, junto a personalidades como la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard y Maricleare Acosta Urquidi, próxima presidenta del Sistema, entre otros activistas y políticos panistas, afirmó que el pasado 4 de enero se reunió con el secretario de Hacienda, Antonio González Anaya, quien le dejó ver el descontento del gobierno federal sobre las investigaciones que realiza el gobierno de Chihuahua y la detención de Gutiérrez Gutiérrez.

En ente sentido, dijo que el pasado 14 de diciembre, en Palacio Nacional, se firmaron diversos convenios que consistían en el otorgamiento por parte del gobierno federal de 44 millones 777,000 pesos por concepto de desarrollo regional en el estado; 35 millones 334,000 pesos por motivo de fortalecimiento a la gestión legislativa y 700 millones más por fortalecimiento financiero correspondientes al ejercicio fiscal 2017, los cuales dijo no se entregaron en el mes de diciembre como se pactó.

Ante este hecho, precisó Corral, pidió a Gustavo Madero, coordinador del gabinete del gobernador, en el contexto de su buena relación con el secretario de Hacienda, se comunicara con éste último para saber las razones del por qué no se habían destinado los recursos.

El gobernador indicó que en la conversación sostenida, González Anaya arguyó que la recaudación fiscal se había caído por lo que se estaban “teniendo problemas para el cierre” del ejercicio fiscal 2017.

No obstante, añadió Corral, la única entidad que no recibió recursos de apoyo federal fue Chihuahua.

“Delante de mí Madero preguntó: ‘a ver Pepe Toño, no se está mezclando en esto otra agenda’, el secretario contestó; hay que platicar”, afirmó Corral.

Ya en la reunión sostenida el 4 de enero pasado, el funcionario de Hacienda, le precisó al gobernador que la investigación que se realiza en contra de Gutiérrez Gutiérrez por peculado agravado, debido al presunto desvío de 250 millones de pesos de las arcas públicas de la entidad para actividades partidistas, ponía en entredicho la asignación de recursos por parte del gobierno federal.

3.- La semana pasada una tercera pista se echó andar. El Congreso de Nayarit dio a conocer que se encontraba imposibilitado legalmente para promover una sanción penal contra el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, pero el Congreso local determinó este miércoles someterlo a juicio político por presunta malversación de recursos públicos.

 

El diputado Leopoldo Domínguez, presidente de la Mesa Directiva, señaló que en el peor de los casos el juicio político servirá únicamente para generar una inhabilitación del exmandatario como funcionario público, pues recordó que la legislatura pasada –después de que el PRI perdió la elección– aprobó una reforma para quitar al Poder Legislativo la facultad de interponer denuncias penales contra gobernadores.

En la sesión de este día de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se resolvió turnar a la Comisión Instructora las demandas de juicio político contra Sandoval y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras, para que sea ésta la que revise a fondo cada uno de los procedimientos.

En el caso del exgobernador, una de las demandas de juicio político fue presentada desde principios de octubre del año pasado por el grupo Ciudadanos Promotores de la Comisión de la Verdad, que acusó a Roberto Sandoval de presunta intervención ilegal en el pasado proceso electoral, probable enriquecimiento ilícito y presunto cohecho.

Suscribieron la demanda los ciudadanos Rodrigo González Barrios, Flavia Ureña Montoya, Natalia Tayatzin Palomino Hermosillo, Octavio Campa Bonilla, Arturo Guillermo Arruti, Ramón Enrique Agüet Romero, Carlos Moncayo y Arturo Hermosillo González, entre otros.

Según informó en su momento González Barrios, vocero del grupo, el primer señalamiento se basa en el uso que el entonces gobernador habría hecho del Programa de Seguro Alimentario (Prosa) para inducir el voto a favor del candidato del PRI a la gubernatura de esta entidad, Manuel Humberto Cota Jiménez; el segundo por su presunto enriquecimiento personal, y el tercero por cohecho, tras haber entregado una notaría pública al entonces auditor, Roy Rubio Salazar.

Ante este endurecimiento del panismo lidereado por la gente de Ricardo Anaya, quien sigue dando muestras de que si llega a la presidencia de la República sí procederá contra los priistas, al grupo de Enrique Peña Nieto (de seguir estancado José Antonio Meade), no le quedará otra que el replegarse hacia López Obrador, quien ya envió mensajes de perdón no sólo a los narcos, también a los políticos corruptos.

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