Sólo la primera advertencia al pulpo del transporte

Texto: Daniel Estrada

Aunque el subsecretario de movilidad no supo ni por qué ni para qué, sólo creo un problema que luego resolvió el pasado viernes, el falso conflicto con la Alianza de Camioneros, sirvió para que Raúl Medina Samaniego sepa desde ahora “de qué lado mascará la iguana” en los próximos tres años.

Y el mejor momento para enviarle el mensaje a uno de los líderes del actual pulpo del transporte urbano, fue el amagarlo con sacarlo de la lista privilegiada de quienes obtienen cada año un ingreso extra al prestar sus servicios de movilidad durante la celebración de las fiestas de la ciudad.

Al enterarse Medina Samaniego de tal decisión, como respuesta al haberse echado en los brazos de José Ramón Enríquez, durante la pasada contienda electoral, su primera reacción fue el de bajarse con el ejecutivo estatal (estilo Enríquez Herrera), e incluso escalar el naciente conflicto hasta la prensa nacional. Al menos así fue planteado en un principio.

Sin embargo, durante varios días de rounds de sombra antes de entrar a la pelea franca, el diálogo se impuso el pasado viernes.

El conflicto, paso a paso.

El martes dos de julio, el subsecretario de movilidad, Jorge Campos Murillo declaró a los medios de comunicación que el sindicato La Alianza se opone a que se realicen exámenes periódicos y sorpresivos para detectar a aquellos choferes que manejen bajo los influjos de alguna sustancia, ya sea alcohol o drogas. Argumentan no tener dinero para cubrir dichas pruebas; además no asisten a las capacitaciones para mejorar el servicio.

Denunció que entre las medidas de presión que Medina Samaniego pretendía implementar estaban la toma de vialidades y oficinas gubernamentales, si no se les permite que lleguen sus autobuses a las instalaciones de la Feria Nacional Durango (Fenadu), ruta que no les pertenece ya que los únicos que tienen concesiones para esa ruta es el sindicato de transportes mixtos, en este sentido, les hizo un llamado al dialogo antes de incurrir en confrontaciones.

El Subsecretario aseguró que no se trata de una persecución en contra de este sindicato por cuestiones políticas como se pudiera especular, ya que el dirigente de La Alianza, Raúl Medina, participó en las pasadas elecciones formando parte de la planilla de Movimiento Ciudadano (MC).

Aseguró que se trata de aplicar la ley en contra de cualquier organismo sindical que opere fuera del reglamento y se les exhorta a cumplir, de lo contrario se abrirán procedimientos apegados a derecho que puede llevar como consecuencia hasta la revocación de las concesiones y el retiro de unidades, camiones o taxis, previó proceso administrativo.

Jorge Campos complementó que el Sindicato de la Alianza pretende acaparar las rutas a la Feria, con el argumento de que llevan mucho tiempo con esa cobertura, situación que también se presenta en torno a la zona de la Facultad de Enfermería y el Hospital 450.

“Si se detectan vehículos del servicio público realizando bloqueos de calles o tomas de oficinas públicas, como han amenazado, el Estado procederá a aplicar la sanción correspondiente, y de acuerdo con lo que marca la Ley, se puede llegar a revocar la concesión de las unidades”.

Al día siguiente, miércoles tres de julio, Medina Samaniego citó a conferencia de prensa en donde sacó textualmente los machestes.

Fuertes acusaciones

El tres de julio, Raúl Medina, quien formará parte del cuerpo edilicio de la nueva Administración Municipal (2019-2022), bajo el respaldo del partido Movimiento Ciudadano (MC), acusó de corruptos a Jorge Campos Murillo y a Raúl Obregón Maa, subsecretario de Movilidad y Transportes y director de Transportes, respectivamente.

En un encuentro con medios de comunicación en las instalaciones del Sindicato y acompañado por varios de sus más cercanos colaboradores, el líder sindical retó a los citados servidores públicos a acudir a practicarse una prueba de doping, a la mañana siguiente.

Este acudió al laboratorio al que citó a los funcionarios, e incluso se realizó la prueba y exhibió los resultados, saliendo negativo de cocaína, marihuana, anfetaminas y metanfetaminas. Campos Murillo y Obregón Maa, no llegaron.

Uno de los señalamientos más graves en contra de ellos, es la imposición de cuotas en las diferentes rutas, para dejar trabajar a los choferes, situación que no se había presentado durante ninguna administración anterior.

“Exigimos al Gobernador que se haga una auditoría al interior de la Subsecretaría, que además se ha convertido en un ‘estanquillo’ de placas. Todo lo que comento lo conoce el mandatario estatal y el Secretario General de Gobierno, pero todavía estamos en espera de sus respuestas”, apuntó.

Mencionó que ambos son culpables del fracaso del Metrobús en la Comarca Lagunera, ya que en lugar de buscar conciliar, fueron a confrontarse con los transportistas de Gómez Palacio.

Sobre los exámenes de doping, señaló que la autoridad debe entender que los choferes no pueden estar pagando 200 pesos cada vez que se les exige, pero de ahí a que haya oposición a la prueba hay mucha diferencia. 

El jueves 4 de julio, cuando poco después de las 8:00 horas, decenas de taxis de la Alianza se apostaron en las inmediaciones del crucero de las vialidades Perimetral Ferrocarril y Juan Pablo II, para impedir que las “micros blancas”, iniciaran con la ampliación de ruta que les concedió el Gobierno del Estado, para llegar hasta la Facultad de Enfermería y el Hospital 450.

“Estamos tranquilos, pero si pasan la vía (del ferrocarril que divide los asentamientos Jardines de Durango y José Ángel Leal y se ubica en el crucero de referencia) entonces habrá golpes”, dijeron algunos de los taxistas de la Alianza, mientras que otros se mostraban incómodos de participar en la movilización.

No obstante, como lo había anticipado Medina Samaniego, no se interrumpió el tráfico ni se afectó a terceros con esta acción, lo único que hicieron fue impedir que las “micros blancas” fueran más allá de la vía férrea.

Los taxis fueron estacionados en las laterales de la vía del ferrocarril, mientras que una micro permaneció estacionada a un costado de del crucero, también fuera de los carriles de circulación.

Junto a la unidad se encontraba Juan Mercado, secretario de organización del Sindicato de Choferes de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), quien mencionó que ese día  iniciaba formalmente la ampliación del servicio de las “micros blancas”, con el objetivo de atender la demanda de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Juárez (UJED) y de quienes acuden al Hospital General 450.

Sin embargo, a pesar de contar con un documento que exhibe el permiso para atender dicha ruta, los taxistas de la Alianza no los dejaron pasar, con el argumento de que sus compañeros de la ruta de autobuses Piedrera, son quienes cubren dicha zona.

Mercado señaló que no entrarían en la confrontación, por lo que sus unidades no fueron más allá de la vía, pero si pidió la intervención de la autoridad estatal, al demandar garantías para poder prestar el servicio de la ampliación de ruta, sin este tipo de contratiempos.

Por su parte, Fernando Torres, coordinador de la Ruta Piedrera, comentó que ellos prestan atención a esta zona desde hace 36 años, haciendo los ajustes que resultan necesarios con el crecimiento de los asentamientos y la implementación de nuevos espacios públicos.

“Son cosas de los sindicatos”, decían algunos de los presentes en el crucero, mientras buscaban resguardarse bajo la sombra de algún árbol o edificio, a sabiendas de que su permanencia en el lugar sería como una guardia, para luego integrarse a sus actividades normales.

Sin embargo, el mayor problema se da entre la Alianza con la autoridad, particularmente con la Subdirección de Vialidad y Transportes del Estado, con una serie de acusaciones que han subido de tono, por parte del colectivo.

Que pruebe lo que dice

El gobernador José Rosas Aipsuro, no se tocó el corazón con el líder choferil, y en entrevista declaró que si tenían pruebas en contra de las autoridades a quienes acusaba debería presentarlas para actuar en consecuencia.

“Lo más fácil es hacer declaraciones, pero cuando estas no están sustentadas no se puede hacer nada. Pero si en este caso hay elementos, yo estaré atento para verificar que se proceda conforme a la Ley”, dijo.

Explicó que el Gobierno del Estado entrega concesiones de transporte para que se preste el mejor servicio, por lo que estas no son propiedad de particulares, sino que la autoridad tiene la facultad de rescindir una concesión cuando esta se aparta de su objetivo.

“Que quede claro, son dueños de los camiones y de los taxis, pero no de las concesiones, por lo que a la hora que no cumplan con los requisitos que exige la Ley, tenemos todo el derecho de revocarlas”, argumentó el Gobernador.

Pero además, indicó que hay señalamientos de propios miembros de los colectivos, en cuanto a los manejos internos que existen, por lo que no está de más realizar una revisión al interior de estos.

Aunque dijo que hay apertura para todos los ciudadanos, Aispuro Torres, también señaló que estas situaciones las puede ver Medina Samaniego con las autoridades de la Subsecretaría de Movilidad y Transportes, o bien, con Adrián Alanís Quiñones, titular de la Secretaría General de Gobierno.

Ya el viernes cinco de julio, el Gobernador  daría a conocer que el conflicto había terminado. Dio a conocer que se reunió por corto tiempo con Raúl Medina, pero reiteró que el  asunto es atendido en la Secretaría General de Gobierno y  que el Estado no cambiará de postura.

El objetivo se había cumplido. Medina Samaniego se había enterado directamente de parte del gobernador, que o se alinea ahora en su función como regidor, o estarán de por medio las concesiones del transporte.

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