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Nepotismo, Corrupción y Opacidad, distintivos de San Dimas

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El Congreso debe intervenir para evitar daño un daño mayor a la población gobernada por Alma Leticia Reyes Guerra.

 

Incluso EASE pidió reembolsar aumentos injustificados en nómina de familiares y amigos de la presidenta.

Derrocha Alcaldesa de San Dimas 3 MDP del gasto operativo: Ex – Tesorera

Wendy Bautista Morales.

  • Viajes para familiares, nóminas truqueadas, cenas exclusivas y gadgets de primera línea enlistan los excesos de Alma Reyes, equivalentes al 16 por ciento del gasto operativo aplicado en ese municipio
  • 300 mil pesos en viajes aéreos, viáticos, compras   de aparatos de tecnología para la presidenta municipal como teléfonos celulares y iPad; además, la no comprobación  de 700 mil pesos de gasto en el DIF municipal, administrado por su madre de la presidenta y su hermano, se suman fuertes cantidades de gasolina no justificada de 100 mil pesos al mes, sólo para ciertas personas de su confianza y una nómina excesiva para sus incondicionales

Para un Municipio que obtiene 70 millones de pesos anuales en su ingreso total, y de los cuales la mitad es destinada a obra pública, y el resto a  gasto de nómina y operativo,  los lujos y derroches de la Presidenta municipal de San Dimas, Alma Leticia Reyes Guerra son un insulto a la población, mismos que en tan sólo 9 meses de administración ascienden a 3 millones de pesos no justificados.

Estos están integrados de la siguiente manera, 300 mil pesos en viajes aéreos, viáticos, compras   de aparatos de tecnología para la presidenta municipal como teléfonos celulares y iPad; además, la no comprobación  de 700 mil pesos de gasto en el DIF municipal, administrado por su madre de la presidenta y su hermano, se suman fuertes cantidades de gasolina no justificada de 100 mil pesos al mes, sólo para ciertas personas de su confianza y una nómina excesiva para sus incondicionales, que incluso esta última generó observaciones de la Entidad de Auditoria Superior del Estado en el mes de diciembre del 2013, por pagos indebidos.

El derroche de recursos, de 3 millones de pesos equivale a un 16 por ciento aproximadamente del presupuesto proporcional ejercido en nueve meses de administración equivalente a 22 millones de pesos del gasto operativo, de un total de 30 millones anuales que se ejercen para este concepto en un año fiscal.

En un apartado diferente, está el presunto desvío de recursos públicos en obra para otros conceptos, pues la alcaldesa en una Sesión de Cabildo del 7 de mayo pasado, aceptó haber desviado recursos destinados para un puente, mismo que está reportado como terminado y pagado, por un monto total de  un millón 700 mil pesos, pero el constructor sólo recibió dos pagos de 300 mil pesos cada uno. Este puente, inconcluso, está ubicado en camino a Neveros, a una media hora de La Ciudad, por la carretera libre a Mazatlán.

María Guadalupe Enríquez Herrera, ex tesorera del Municipio de San Dimas, y quien fue destituida de su cargo el 7 de mayo por el cabildo, después de tres intentos de la presidenta municipal, en entrevista para este semanario, explicó con detalle los motivos que detonaron su salida, y que fue sólo uno, el no prestarse a avalar los excesos y el derroche de los recursos públicos de la presidenta municipal, pues ella como funcionaria pública  cumplió la ley, pese a todas las trabas y el hostigamiento de Alma Leticia Reyes, y su grupo de incondicionales, del que forma parte su familia, quienes reciben todos los privilegios económicos.

Este semanario cuenta con cada uno de los documentos que dan cuenta de los excesivos gastos de la presidenta municipal, quien tiene a por lo menos diez familiares directos e indirectos beneficiándose del erario público, algunos de ellos con altos salarios y otros mediante la proveeduría del servicio de recolección de basura, por un monto de 700 mil pesos en pocos meses, alimentos por 250 mil pesos y productos de farmacia y papelería por montos variables cada mes, los tres últimos sus familiares directos.

En diciembre del 2013, la EASE observó el pago a siete personas por el incremento en los salarios y el pago indebido, ellos fueron el Director de Obras Pública, Francisco Javier Pereda Zamora con un incremento de 15 mil a 17 mil pesos al mes, es decir un pago indebido de 8 mil pesos en cuatro meses de administración, de septiembre a diciembre.

Para Fermín Alvarado Hernández, el contralor con un incremento salarial de 10 mil a 18 mil 400 pesos, es decir un incremento total de 33 mil 600 pesos pagados de manera indebida en la nómina; para el esposo de la presidenta José Luis Romero Moreno, ella le autorizó incremento de 10 mil a 16 mil pesos, es decir un pago indebido de 24 mil pesos.

Para el director de catastro, Abraham Paniagua Verdugo Richard el salario se le incrementó de 7 mil a 11 mil pesos con pago indebido de 16 mil pesos de septiembre a diciembre, para otros tres trabajadores los incrementos fueron menores de entre 750 a mil 600 pesos al mes en su percepción salaria. A Maria del Refugio Ibarguen Mena le pagaron 6 mil 400 pesos de manera indebida, a Adilene Velarde Guevara 2 mil 700 pesos y a Alicia Anaya Rentería mil 300 pesos más.

La EASE ordenó la devolución de los recursos mediante ficha de depósito bancario, debido a que estos gastos no se encontraron autorizados en el tabulador municipal, según consta en el documento fechado el mes de diciembre del 2013.

Adicional a esto existe un monto de 300 mil pesos de gasto excesivo o “derroche” de recursos públicos destinados a vuelos aéreos para la presidenta municipal, para  su tía Beatriz Guerra Jiménez, que es la segunda regidora,  para su esposo José Luis Romero Moreno, de Tayoltita a Durango en vuelos sencillos y completos, cuyo costo por persona es de  3 mil 140 pesos.

Tan sólo en el mes de enero  la empresa Aerolíneas Centauro SA  de CV emitió cuatro pagarés para la transportación de la presidenta y su tía el 22 de enero, y el 3 de enero para Oscar Fuentes Nava, el 16 de enero otro vuelo para Beatriz Guerra de Tayoltita a Durango  y el 2 de enero otro viaje del mismo destino para César Humberto Marquez y Ramses Gutiérrezen el mes de mayo está otro pagaré de vuelo de Tayoltita a Durango para la presidenta y su esposo José Luis Romero Moreno, otro más el 29 de abril para los dos, y el 30 de abril de regreso a Tayoltita.

Al decir de la contadora Guadalupe Enríquez todos estos viajes y una cantidad excesiva en el 2013, no son necesarios, no se justifican, pues la presidenta municipal a su llegada adquirió una camioneta de la modelo Sierra con un valor de más de 500 mil pesos, en la que se transporta para las gestiones, y además le compró una camioneta Hilux al tercer regidor, Manuel de Jesús Rentería por un monto de 280 mil pesos, para su uso personal.

Otro de los lujos que la presidenta municipal se dio con dinero público, fue la compra de un AIOTouch en Sams club por 16 mil pesos el 26 de septiembre del 2013, bajo factura CABN310357; un Ipad con valor de 12 mil 598 pesos y una teléfono inalámbrico por 699 pesos; así como una funda Apple por mil 98 pesos en Liverpool Durango.

Con fecha 19 de mayo del 2014, la tesorera solicitó a la presidenta del DIF municipal Alma Delia Guerra Jiménez, madre de la presidenta municipal, la comprobación de los fondos financieros entregados en el ejercicio 2014 por 730 mil, 353 pesos, cantidad dividida en cuatro cheques  de 97 mil 917; 210 mil 296; 238 mil 478   y 183 mil 652, que hasta la salida de la tesorera, no fueron comprobados.

Sin haber comprobado los 730 mil pesos, la presidenta del DIF municipal le pidió el 6 de mayo del 2014 a la tesorera el 10 por ciento de participación correspondiente al mes de abril para el DIF, por la cantidad de 210 mil  607 pesos, misma que no fue entregada por falta de comprobación.

Pero las evidencias de los derroches de la alcaldesa, quien se ha dado viajes de placer, pues no existe un informe pormenorizado al cabildo de los fines y resultados de cada viaje, quedan al descubierto por la serie de facturas de alimentos, hoteles, compras, por ejemplo a Guadalajara Jalisco.

Se hicieron gastos por 113 mil 529 mil pesos, para dulces de aguinaldos en diciembre del 2013, sin embargo, el argumento de la presidenta a la tesorera fue que ella los prestó a las arcas municipales y pidió su reintegro, a lo cual la tesorera se negó, por no estar solicitado el recurso de acuerdo a la normatividad, además la presidenta hizo una compra directa, recibió los productos, los distribuyó y pidió su reembolso, cuando ese no fue el procedimiento.

En ese viaje realizado en  el mes de noviembre del 2013, la presidenta presentó recibos del hotel Azteca por 2 mil 450 pesos por una noche, facturas de consumo en el restaurante La Chata por mil 143 pesos. Existen documentos varios donde la presidenta cobra el consumo de gasolina en un viaje personal a Guanajuato por mil pesos el 29 de octubre del 2013, y por hospedaje en el Holiday Inn para ella y su esposo José Luis Romero, por la cantidad de 2 mil 360 pesos. En ese mismo mes el 7 de octubre, comieron en el restaurante Las Ventanas del hotel Holliday Inn de plaza Universidad en el DF, pidieron un plato de fruta, un sándwich vegetariano, una naranjada, tacos de arrachera, un consomé de pollo y una coca por 566 pesos.

Pero también se dio el tiempo la alcaldesa de ir a Gastronomía Perisur en el Pedregal de San Angel, ahí pidió factura por 3 mil 129 pesos, por alimentos y bebidas.

Otro de sus viajes realizados sin justificación fue al DF  en enero del 2014, ahí pago mil 468 pesos por hospedaje en el hotel City express de la delegación Benito Juárez,  alimentos en Wins del Aeropuerto de la ciudad de México por 360 pesos, en Sanborns por 196 pesos.

En  noviembre del 2013 cobró cuatro boletos a Aguascalientes por Omnibus de México por 2 mil 720 pesos y otro más por 680 pesos, todos estos viajes sin justificación alguna, que la tesorera se negó a pagar.

Así, todos los consumos en restaurantes, la presidenta los cobra a la presidencia municipal, existen notas a nombre del municipio de San Dimas del restaurante Oly, Don Quijote, tacos Buena Suerte y Tacos Heris por dos mil 700 pesos en tres días consecutivos de octubre del 2013. Con fecha 5 de noviembre del 2013, el Hotel Rivera de Tayoltita emitió una factura a nombre de la tesorería municipal de San Dimas por la cantidad de 9 mil 579 pesos. Otra factura de Applebee´s Durango da prueba de un consumo de alimentos por 570 pesos el día 10 de enero del 2014.

Más notas de consumo a nombre del Municipio de San Dimas gastados por la tesorera corresponde al restaurante la Cava en Tayoltita,  por 5 mil 330 pesos, el 21 de noviembre del 2013, otra por 690 pesos el día 25 de octubre del 2013 en el mismo lugar. Otra nota de consumo por 955 pesos en Tacos Pikos de Durango el 27 de septiembre del 2013. Nada más del restaurante Asis Buffete, el 20 de octubre del 2013, fueron mil 300 pesos.

Existen varios boletos de avión de viajes de la alcaldesa y su esposo José Luis Romero de Durango al DF y de regreso por Aeroméxico, uno de ellos en octubre del 2013, y otro más reciente el 13  de junio con regreso el 14 para José Luis Moreno, y mientras hacían sus viajes dejaban su vehículo en el aeropuerto con pago de 322 pesos, por día en las dos ocasiones de sus viajes.

La ex tesorera precisó que de todas estas irregularidades cuando vio que la presidenta estaba decidida a seguir cometiéndolas, a pesar de su conminación constante  de evitar gastos excesivos y derroche de recursos públicos, entró a la Entidad de Auditoría y le preguntó qué hacer, si pagaba los excesos de la presidenta, pero la respuesta se quedó en trámite, pues en ese inter, se dio la destitución de la ex funcionaria pública.

Dijo que nunca lo hizo público porque siempre lo manejó de manera interna en la administración municipal, para evitar que se politizara el caso, pero ahora ante las acusaciones “temerarias” no demostradas de la alcaldesa Alma Leticia Reyes en su contra, quien ha declarado que “le perdió la confianza”, ella decidió salir a aclarar todo lo que sea necesario.

María Guadalupe Enríquez Herrera, ubicó como el punto del conflicto, el que ella le pidió de varias maneras a la presidenta municipal, cumpliera con la ley y disciplina presupuestaria. Incluso el 4 de febrero, fecha del primer intento de su destitución de la tesorera por parte de la alcaldesa ante el cabildo, la primera le pidió por escrito aplicara la ley de adquisiciones en la contratación de servicios, disciplina presupuestal, corrigiera el nepotismo, y evitara trato preferencial a ciertos trabajadores e incondicionales.

 

El Árbol genealógico en el gobierno del San Dimas.

La administración de Alma Leticia Reyes, 2013-2016, quien asumió la candidatura por el partido Movimiento Ciudadano, de manera circunstancial, al morir su padre Ricardo Reyes Zamudio, quien fue ejecutado una semanas antes de las elecciones, ha dejado huella de su amplio gusto por el dinero público, cometiendo excesos y “derroche”, sin que nadie le ponga un freno.

Guadalupe Enríquez Herrera, quien fue su tesorera desde el 15 de octubre del 2013 al 7 de mayo del 2014, aseguró que su nombramiento no fue ninguna posición política de su hermano, el presidente estatal de MC José Ramón Enríquez Herrera, pues Alma Leticia Reyes Guerra de 24 años, le “rogó” que fuera su tesorera, incluso le expresó, que  su padre la había mandado del cielo para manejar las finanzas del municipio, pero a la vuelta de los meses iniciaron los conflictos, porque no le permitió gastar el dinero público de un municipio con múltiples necesidades de obra, vivienda, empleo, etc.

Poco a poco se fue dando cuenta de la manera “aborigen” de gobernar, de cometer arbitrariedades y violar la ley sistemáticamente, pero aun así la ex tesorera se mantuvo para no incurrir en irresponsabilidad legal, pues todo el tiempo aguantó las presiones y el hostigamiento de la presidenta y sus aliados, empeñados en tres ocasiones destituirla, y hasta la cuarta lo lograron, pero bajo presión pública a los regidores, para otorgar la firma. En esa sesión de 7 de mayo, la presidenta solicitó en tres ocasiones el voto, y hasta la tercera se votó a favor sólo con un voto de diferencia.

Dijo que en las tres veces anteriores, los regidores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano las respaldaron al votar en contra de la propuesta de la presidenta, pero en la cuarta ocasión, Alma Leticia se valió de sus incondicionales y de su familia para presionarlos a que votaran  a favor, pero ni aun así lo hicieron, sólo que tomaron de rehén a uno de ellos, para alcanzar la votación.

Deslindó a su hermano de toda acusación hecha en su contra, pues él siempre fue respetuoso de las jerarquías en el Municipio, y la púnica vez que intervino en febrero del 2014 para mediar en el conflicto, fue porque Alma Leticia Reyes se lo pidió.

En cuanto a la supuesta contratación de un despacho contable, respondió que no fue así, sólo que solicitó los servicios de una contadora experta, para corregir todas las deficiencias profesionales de su auxiliar la contadora Gaucín nombrada por la presidenta, de quien era su incondicional, y respondía a sus intereses.

Ella como tesorera, no se hizo cómplice de las “corruptelas” de la presidenta Alma Leticia Reyes Guerra, quien por cierto renunció al partido que la llevó a ser presidenta, y sus regidores incondicionales se declararon independientes. Dijo que ella  su gente actúan de manera aborigen, regidos por los usos y costumbres.

En cuanto a la familia de la presidenta, varios de ellos ocupan cargos y son proveedores, cuestión que está prohibida por la ley de responsabilidades de los servidores públicos y para lo cual existen sanciones. En San Dimas el nepotismo está a todo su esplendor.

La mamá de la presidenta, la señora Alma Delia Guerra Jiménez dirige el DIF Municipal, y su primo Oscar Manuel Aguilar Guerra lo administra. La tía de Alama Leticia, la señora Beatriz Gurra es la segunda regidora en le cabildo, su pareja es su secretario particular y chofer. El hermano Ricardo Reyes Guerra fue responsable de transparencia, pero lo dio de baja luego del primer conflicto en febrero.

El esposo de su prima hermana, el arquitecto Hugo César Ortiz Miranda, es el director de obras públicas municipales, otro primo está en protección civil.

En cuanto a los proveedores, Francisco Darío Núñez Hernández tío político de la presidente municipal, es quien provee el municipio de servicios e recolección de basura, sólo en Tayoltita por la cantidad de 100 mil pesos al mes aproximadamente. A él se le han pagado 700 mil pesos a la fecha.

Rosalba Reyes Zamudio, tía de la presidenta municipal, provee de artículos de farmacia y papelería, ahí los pagos son muy variables por mes.

Manuel Aguilar, tío político de Alma Leticia esposo de una tía es el proveedores de alimentos de una abarrotera por la que se han erogado 250 mil pesos.

En la entrevista, Guadalupe Enríquez Herrera quien todo el tiempo estuvo acompañada de su hermano Felipe de Jesús, actual diputado local por Movimiento Ciudadano dijo no arrepentirse de haber estado en el cargo, porque eso le generó un aprendizaje, pero además ella tiene confianza en su trabajo y en su actuación apegada a la ley, y a pesar de los intentos fallidos de desprestigiar su trabajo, eso no va a prosperar, porque son sólo dichos de la presidenta Alma Leticia Reyes Guerra, quien no ha dado prueba alguna.

Dejó a las instancias responsables de contraloría y la entidad de auditoria como órgano técnico contable del congreso de Estado, hacer su trabajo, y poder determinar dónde se cometieron irregularidades.

Edición 690 (Semana del 23 al 29 de Junio del 2014)

Diez razones por las que el Congreso debe intervenir en San Dimas

Ahora Television y Sin Censura

Por: Víctor R. Hernández

Conforme comienza a surgir nueva información de lo que sucede en el municipio de San Dimas, el grotesco cuadro de nepotismo y corrupción de la administración que encabeza la jovencita de 23 años, Alma Leticia Reyes Guerra, comienza a tomar vida y sentido, esto ante la pasividad e indiferencia de nuestros legisladores locales.

A pesar que los primeros indicios sobre el conflicto de intereses surgieron en febrero pasado, cuando se dio el primer encontronazo entre el equipo de gobierno de Reyes Guerra y la familia Enríquez Herrera, los legisladores locales han pretendido encapsularlo en una simple disputa por el control de la administración, zafándose de lo que pudiera haber en el fondo y que los pudiera involucrar.

La semana pasada cuando el conflicto volvió a emerger, pero ahora con mayor fuerza, una vez que por petición de la alcaldesa, la tesorera Guadalupe Enríquez Herrera, fue dada de baja de ese cargo y sustituida legalmente por ¡¡la propia presidenta municipal!!, se creyó que, ahora sí, el legislativo voltearía hacia este miserable municipio pero no ha sido así. Ya pasaron dos semanas y no hay indicios de que alguno de nuestros representantes populares tenga curiosidad de enterarse de primera mano de lo que sucede.

Por ello, nos dimos a la tarea de presentarles, a los señores legisladores, sólo algunos datos muy concretos del por qué deben intervenir en San Dimas.

1.- Alma Leticia Reyes Guerra, colocó a su mamá como presidenta del DIF Municipal. La señora se ha gastado 700 mil pesos que no ha querido comprobar.

2.- En el área de transparencia del Ayuntamiento de San Dimas, Alma Leticia colocó a su hermano, Ricardo Reyes. Ante la presión de la familia Enríquez Herrera, fue removido y ahora se encuentra en un área administrativa del DIF municipal, ayudándole a su mamá.

3.- A su primo hermano, Oscar Aguilar Guerra, Alma Leticia lo nombró Secretario Técnico del Ayuntamiento. Se supone que es quien da seguimiento a los programas que desarrollan todas las direcciones municipales.

4.- Hugo César Ortiz, cuñado de la alcaldesa Alma Leticia Reyes, pues está casado con su hermana, es el director de obras públicas del municipio de San Dimas.

5.- Otro familiar cercano a la alcaldesa, del que durante la semana, si nos permiten los ciudadanos diputados les investigaremos, es director de protección civil.

6.- José Luis Romero Moreno, su pareja sentimental, se desempeña como su secretario particular.

7.- Su tío, Francisco Darío Simental, es el responsable de prestar el servicio de recolección de basura y al que le paga un promedio de 100 mil pesos mensuales.

8.- Otro tío está encargado de proveer alimentos, desde su tienda de abarrotes, a la presidencia municipal.

9.- Otra tía es la que le vende a la presidencia municipal la papelería y los medicamentos que a su vez el municipio entrega a la comunidad.

10.- Beatriz Guerra, la segunda regidora del Ayuntamiento de San Dimas, es su prima hermana y de las políticas más influyentes y beneficiadas en lo que va de la administración.

Indudablemente que esta ecuación, con los ojos cerrados da los siguientes resultados:

– Corrupción.

Si nos damos cuenta, Alma Leticia Reyes Guerra, no sabrá mucho de cuesitones políticas pues sucedió como candidata a la alcaldía a su padre Jesús Reyes Zamudio, quien fue ejecutado una semana antes de las elecciones de 2013, pero sí entendió de inmediato que antes que servir a la población que la eligió a ella, en reconocimiento al sacrificio de su señor padre, habría que responder a los intereses inmediato de sus familiares cercanos.

– Complicidad.

Una de las máximas que hoy en día repiten y repiten los políticos, es la lealtad. No les importa si sus subalternos son corruptos, ineficaces, ignorantes o flojos para desempeñar el puesto que se les asigne; lo importante es que sean leales. La lealtad por encima de todo, valor que regularmente se pervierte en complicidad.

Y esto es lo que alma Leticia Reyes ha construido al imponer a tanto familiar en su gobierno: construir una red de complicidad.

– Impunidad.

A mayor lealtad-complicidad, creciente impunidad y corrupción.

Si los funcionarios menores observan que la alcaldesa viaja y viaja con su pareja fuera de la entidad en aviones particulares, se hospeda en hoteles de lujo y gasta y gasta sin control, el mensaje es más que claro: el servicio público es para servirse. Sírvanse.

Y ante esto, el único poder, que en principio, puede poner un freno, comenzando por trasladarse para obtener de primera mano el pulso de la realidad, es el poder legislativo. Son los señores legisladores, quienes hasta ahora, al menos en este tema en concreto, han decidido mantener las cabeza metida en el hoyo de la indiferencia y la simulación.

Propone Congreso a rector michoacano como gobernador

El Congreso de Michoacán decidió proponer a Salvador Jara Guerrero, rector de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, para que sea el gobernador de la entidad, en sustitución de Fausto Vallejo Figueroa, quién renunció al cargo por motivos de salud.

Comisiones del Senado reanudan a tiempo debate energético

Con motivo de la inauguración del Mundial de Futbol, los legisladores que debaten las leyes secundarias energéticas iniciaron dos horas antes sus discusiones, para arrancar a las 09:00 horas con los legisladores presentes, pese a la molestia de los perredistas y petistas que exigían el registro de asistencia de los presentes para determinar si había quórum.

Diputados llamarán a magistrados para explicar haber del retiro

El vicecoordinador de la diputación de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, hizo un llamado a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a pronunciarse de manera directa en torno al haber de retiro.

Sin recato, se embolsa $250 mil cada mes

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diputado del PD, se embolsa 250 mil pesos al mes

por comisión sindical y sueldo en el Congreso

Por: Wendy Bautista Morales

 

La renovación de la dirigencia sindical de Telesecundarias en el Estado se ha tornado confusa, envuelta en una serie de descalificaciones mutuas, que pretenden provocar inestabilidad para aplazar la renovación programada para el 3 de abril.

Durante el proceso, los dos candidatos,  Armando Medina y Pablo Carrillo Montalvo, ambos señalados por violar los estatutos internos, el primero por tener tres comisiones sindicales continuas, y el segundo por supuestos antecedentes penales, han puesto al descubierto la serie de irregularidades cometidas por lo menos en los últimos tres años en el periodo del actual secretario general del Sindicato de Telesecundarias y diputado Felipe Meraz Silva, señalado como el autor intelectual de este conflicto y que niega toda autoría.

Detrás de todo este movimiento, está la mano negra de Felipe Meraz Silva, identificado por los maestros y uno de los contendientes, como el más interesado para posponer la elección, por la serie de irregularidades cometidas durante su periodo, que para muchos ha sido el peor, por la opacidad en el manejo de los recursos internos, y por la corrupción en las claves otorgadas a su familia.

Tan sólo, el legislador del PD se adjudicó como secretario general una clave de supervisor por la cual cobra al mes 168 mil 467 pesos al mes desde hace tres años, a su esposa le otorgó una clave de directora técnica con un sueldo de más de 24 mil pesos al mes y a su hija otra de docente con 15 mil pesos,  sin ser egresada del ITD, además de distribuir las claves a sus incondicionales a diestra y siniestra.

Pero el tamaño de la disputa en el SEMST, Sindicato Estatal del Magisterio a Servicio de Telesecundarias, es de 200 mil pesos al mes como producto de las cuotas sindicales, es decir 2 millones 400 mil pesos al año, de los cuales no existe transparencia en el destino de estos millonarios recursos, además el manejo discrecional de los 13 millones de pesos que se manejan anualmente en la caja de ahorro, con préstamos a los maestros con intereses del 2.5 por ciento mensual, de los cuales tampoco se rinden cuentas.

En este marco se han desarrollado la serie de descalificaciones enmarcadas en sacar de la contienda  a Pablo Carrillo, pues el secretario general saliente busca imponer a su sucesor en la persona de Armando Medina quien lo acompañó como administrador de la caja de ahorro, y como parte de su equipo, y  busca le cuide las espaldas en el tema financiero.

En las semanas anteriores han surgido una serie de hechos que dejan al descubierto el tamaño de la disputa, centrado en los millonarios recursos económicos obtenidos en el sindicato, y el gran beneficio que significa la entrega sin transparencia alguna de las claves sindicales para los incondicionales del secretario general, en este caso el diputado Felipe Meraz Silva, quien en entrevista a este semanario negó que su comisión sindical sea ilegal, y hasta dijo que ya va a concluir en junio próximo, pero mientras tanto seguirá cobrando su cheque de 85 mil pesos a la quincena, y de manera adicional su dieta como legislador de casi 80 mil pesos al mes.

Con este súper sueldo, el legislador del Partido Duranguense se embolsa cada mes 250 mil pesos, que superan en casi el doble al sueldo del gobernador del Estado Jorge Herrera Caldera, quien desde su llegada al gobierno estatal en el 2010 lo dona al cien por ciento para las causas sociales.

Al ser insistentemente señalado y descubierto como el autor intelectual de la inestabilidad previo a los días de la elección, con el fin de aplazar la votación, el diputado y aun secretario general, aceptó en entrevista para este semanario que de darse este escenario renunciaría al beneficio de su comisión sindical, para estar al margen y no ser el centro de la disputa, y con el fin de llegar a una solución al conflicto, sin embargo dijo que en estos momentos no se está en ese supuesto, pero la comisión estatal electoral es la que decidirá qué es lo mejor.

En cierta medida dejó entrever su punto de vista sobre la magnitud del problema interno rumbo a la renovación, “yo creo que el señalamiento a Pablo Carrillo es grave, de tener antecedentes penales” pero a pregunta expresa negó que sea su intención perpetuarse en el cargo, y de ser así pedirá una licencia. Aceptó su alto salario por comisión sindical pero dijo tener derecho a ella, pues la ley no le prohíbe ser diputado y también gozar de la comisión sindical, pero entonces se le preguntó  si era ético y moral que ganara casi el doble que el gobernador del Estado, y respondió que era legal.

Dijo que su esposa es maestra desde hace 22 años y cobra como tal sin beneficio alguno que haya conseguido durante su periodo, y en el caso de su hija sí estuvo cubriendo un interinato, pero ya no vive en Durango, radica fuera, sin embargo, sus detractores cuentan con documentos que contradicen esa versión, pues aseguran que la hija cobra sin trabajar.

La secretaría general de Felipe Meraz Silva en el SEMST ha sido la peor, cobró una comisión sindical violatoria a los estatutos y no hubo crecimiento en el patrimonio sindical, ni transparencia en el manejo de los 200 mil pesos al mes por cuotas sindicales y se dispuso de las plazas a diestra y siniestra.

Pero el beneficio de ser secretario general en el sindicato de telesecundarias, le da al dirigente la posibilidad de repartir 36 cargos,  de ellos 22 titulares, pero además  se distribuyeron  14 más  a discreción, y esto explica porque la pelea y el conflicto interno, por el poder y los beneficios que les significan en recursos económicos.

El articulo 164 de los estatutos del SEMST dice que  ningún agremiado podrá participar en dos periodos consecutivos a menos que en el tercero se desempeñe como secretario general, y por ninguna circunstancia podrá tener tres comisiones consecutivas, este  es el caso de Armando Medina, quien ya tiene estas tres comisiones, es decir por 9 años consecutivos, que le impiden su registro, sin embargo la comisión electoral, afín al secretario general le aprobó su registro con el fin de ser impuesto.

Felipe Meraz Silva es el secretario general del SEMST, cobra doble sueldo y los tiempos no son compatibles, es jefe de sector, legislador y no puede desempeñarse en ambos lados, y así ha sido por 3 años que se vencen en junio, con un sueldo de 85 mil pesos a la quincena. Armando es su administrador de la caja de ahorro, donde no hay transparencia y exigen un cambio de raíz, maestros inconformes que acudieron a este semanario, para expresar sus inconformidades.

Aseguraron con documentos en la mano, obtenidos mediante solicitudes de información, vía le Ley de Transparencia,  que en los tres años de dirigencia de Felipe Meraz Silva, no se ha respetado el programa de promociones y ascensos, que reglamenta y limita a quienes puedan o no participar en un ascenso.

Por ejemplo, Sergio Sánchez Valenzuela secretario de finanzas es jefe de sector, para ello tuvo que haber sido primero docente frente a grupo, luego director técnico, supervisor y jefe de sector, pero eso no sucedió.

José Antonio Mendoza Sifuentes secretario de trabajo y conflictos,  ya tiene clave de director técnico pero nunca se concursó su clave, le fue otorgada sin un proceso de transparencia.

Previo al proceso electoral, este comité ejecutivo de Felipe Meraz condicionó a los maestros para que voten por ellos, bajo la estrategia de meter a interinos en los lugares que dejan las incapacidades, para asegurar su voto, esto se  da mucho con hijos de maestros para tenerlos incondicionales.

Otra de las irregularidades cometidas, es que un grupo de incondicionales de Felipe Meraz se adjudicaron una comisión bajo clave Z1 para la zona indígena, para percibir un sueldo de 15 mil pesos al mes sin trabajar, de lo cual este semanario cuenta con el respaldo documental.

Para la elección, existe  un padrón de mil 800 maestros con derecho a voto, pero existe el riesgo de que ésta no se lleve a cabo por el cúmulo de irregularidades ya descritas.

Edición 678 (Semana del 31 de Marzo al 6 de Abril del 2014)

C. Contreras: quienes la hicieron, la pagarán; no se protegerá a nadie, advierte

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Pero los panistas exigen criterios técnicos no políticos

en análisis de cuentas públicas 2013

Texto: Wendy Bautista Morales

@wendybautistamo

Al llegar al Congreso del Estado las cuentas públicas de los ayuntamientos, el gobierno estatal y los organismos autónomos, siete fueron rechazas por los cabildos por diversas irregularidades que podrían constituir daño al erario público y al patrimonio municipal.

Ante ello, la fracción del PAN en el Congreso, denunció un ajuste de cuentas por parte de los cabildos con mayoría del PRI, que decidieron reprobar cinco de 7 cuentas públicas donde gobernaba el Partido Acción Nacional, mezclando criterios políticos, no técnicos, por eso en el Congreso con mayoría priista no hay garantías de que esta situación pueda variar, es decir, se pondrán ratificar las reprobaciones, denunció la fracción del PAN.

En la lista se contabilizan dos municipios que gobernó el PRI, Guanaceví y Durango, pero que sus cuentas fueron rechazadas también, en el primer caso por un cabildo del PAN, y en el segundo de su mismo partido el PRI.

Ante ello la fracción del PRI, negó que vayan a prevalecer los criterios políticos, y garantizó revisiones exhaustivas a las cuentas anuales, y  en los casos que haya irregularidades no habrá proteccionismo para nadie, sean del partido que sean, sentenció Carlos Contreras Galindo, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado.

Pero esta versión no fue creíble para los legisladores del PAN, PRD y PT, quienes exigieron revisiones exhaustivas apegadas a criterios técnicos no políticos, sin usar las cuentas como moneda de cambio para arreglarse entre partidos, o como un mecanismo de presión para aprobarse las cuentas mutuamente.

Israel Soto Peña del PRD aseguró que en el tema de la cuenta pública de Durango, la Ley está siendo usada con tintes políticos, eso ha quedado muy claro, y se preguntó: ¿cómo es posible que hasta hoy vean las irregularidades? El rechazo de su cuenta anual de Adán Soria, tiene tintes políticos, sin duda,  aunque eso no lo exime  de las deudas a proveedores que heredó a Esteban Villegas o el supuesto fraude a constructores locales, hechos por los que debe ser investigado para clarificar la información y su responsabilidad.

“Sin embargo, también queda muy claro que  la ley es  para fines políticos y eso es reprobable, lo demás se debe investigar sin que sea moneda de cambio para afectar a alguien en lo político”, expresó el legislador.

Las cuentas públicas del ejercicio 2013 fueron recibidas en el Congreso en el mes de febrero según la Ley de Fiscalización, pero en agosto de ese año concluyeron las administraciones 2010-2013, pero en cinco municipios gobernó el PAN, y llegaron gobiernos del PRI, cuyos cabildos actuaron de manera partidista, denunció el diputado Ricardo del Rivero Martínez secretario de la comisión de hacienda en el Congreso, también ex alcalde de Santiago Papasquiaro 2010-2013, sin embargo solicitó licencia el 22 de febrero del 2013 para la diputación local.

Estos municipios donde gobernó el PAN,  son Pánuco de Coronado, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria,  Nombre de Dios y  Santiago Papasquiaro, cuentas públicas anuales que no fueron aprobadas por los cabildos que a partir de  septiembre del 2013 son gobernadas por el PRI. En este caso el ex presidente municipal de Santiago Papasquiaro, recriminó, porque si estas cuentas públicas fueron aprobadas por sus cabildos de manera bimestral, hayan sido rechazadas en la anual, eso resulta sospechoso.

Este caso se repitió en el municipio de Guanaceví y Durango, en el primero gobernó el PRI hasta el 2013, y luego llegó el PAN, y en el caso de Durango fue PRI, contra PRI, se fue Adán Soria Ramírez y llegó Esteban Villegas, pero la cuenta anual 2013 fue rechazada por el cabildo. En el caso de su municipio, el de Santiago Papasquiaro, precisó que no se le puede responsabilizar de un ejercicio dudoso, pues él  solicitó licencia el 22 de febrero del 2013, sin embargo aseguró que hay cuentas claras, y las irregularidades que puedan existir son de tipo administrativo no patrimonial.

De hecho, el próximo 15 de marzo se solventarán observaciones de la EASE por parte del ex alcalde que lo sustituyó, Rodrigo Sotelo Islas, quien responderá en tiempo y forma conforme a la ley.

Al llegar las cuentas públicas al Congreso del Estado, como lo marca la ley, fueron remitidas al órgano fiscalizador auxiliar  que es la Entidad de Auditoría Superior del Estado, EASE, misma que tiene hasta el mes de junio para rendir el informe de resultados al Congreso del Estado, y posteriormente los legisladores abocarse a su análisis,  cualitativo y cuantitativo, que generalmente basa sus criterios de revisión en que las observaciones emitidas por la EASE en cada cuenta pública no rebasen el 15% de sus ingresos. La cuenta que exceda este porcentaje será reprobada, así ha sido en los últimos tres años.

Carlos Contreras no quiso anticipar si este criterio va a prevalecer, lo tendrá que definir la comisión de hacienda, presupuesto y cuenta pública, lo que sí aseguró fue que las cuentas no serán dotadas de tintes políticos, ese elemento estará al margen, sólo se abocarán a lo técnico como lo marca la Ley de Fiscalización.

….Lo importante es no politizar el tema de las cuentas públicas, sino darle seriedad, cumplimiento a la ley porque es la obligación de los legisladores y la sociedad tiene derecho a saber lo que pasa en el manejo de los recursos públicos, con la seriedad y compromiso que amerita este tema.

Debe privar la responsabilidad legislativa, y la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental   exige a detalle la revisión de cada rubro en cuentas públicas, por eso se actuará con transparencia para proceder en las instancias competentes, y de haber irregularidades se actuará conforme a la ley, sin proteccionismo para nadie.

Trinidad Cardiel del Partido del Trabajo, consideró que los legisladores tienen una oportunidad de demostrar qué tanto velan por la transparencia y la rendición de cuentas, o de lo contrario qué tanto pesa en ellos su compromiso partidista, en el caso del PRI y sus partidos aliados. Exigió que se deslinden de esos intereses y ejerzan una revisión imparcial, apegada a criterios técnicos.

En el caso de la cuenta pública del municipio de Durango, dijo que el tiempo le dio la razón, pues ella en tribuna denunció desde finales del 2013, los malos manejos e irregularidades del gobierno de Adán Soria, cuando el cabildo aprobó la línea de factoraje de 25 millones de pesos, que no fue otra cosa más que una nueva deuda pública, por la serie de deudas a proveedores encontradas por la actual administración. En este caso como en el resto se debe llegar al fondo del asunto y no dirimir las diferencias con arreglos partidistas.

Israel Soto Peña del PRD, dijo que los legisladores, deben asumir su responsabilidad de aplicar la ley independientemente de las consecuencias o de los partidos que gobiernen, pero dudó que esta vez sea diferente, a como se ha hecho, pues en el caso del municipio de Durango, se aplicó un criterio partidista y la ley se usó para exhibir a Adán Soria.

Ricardo del Rivero del PAN, y secretario de la comisión de hacienda, dijo que debe privar la legalidad en los recursos que son producto del impuesto de los ciudadanos. Es una gran controversia cuando cambian en un mismo año fiscal a los alcaldes, pero los criterios políticos prevalecen. En necesario que el ente fiscalizador, la Entidad de Auditoría Superior del Estado haga un trabajo imparcial, que no haya injerencia de personas que no conozcan ni tengan información, como los alcaldes entrantes, que señalan sin conocer.

“….Los ayuntamientos deben subsanar las solventación que haga la Entidad, no las administraciones municipales, que no son entes fiscalizadoras, sino esperar el informe de resultados que emita la EASE, y en base a ello analizarlos para decidir su aprobación o no.

Insistió el panista, que el  Congreso del Estado debe legislar sin criterios políticos, desligarse de esa tentación y sujetarse a lo técnico. En el caso de las 7 cuentas públicas anuales  reprobadas por sus cabildos, es contradictorio que las revisiones las realice la EASE y luego el cabildo aprueba las cuentas públicas  bimestrales, pero  cuando llega otra administración de un partido diferente las reprueba. Habrá que esperar los tiempos legales y determinar cuál fue el comportamiento legislativo.

Priistas: faltó tiempo. Oposición: urge auditoría externa

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Pasa Cabildo “papa caliente” al Congreso

Por : Daniel Ortiz

 

Por unanimidad el pleno del Cabildo de Durango aprobó y envío al Congreso del Estado el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda en el que no se aprueba la Cuenta Pública Anual 2013. Un hecho sin precedentes y del cual, aseguran, no hay trasfondo político.

No se trataba de cualquier trámite; en esta ocasión los ediles tuvieron que hacer más que levantar la mano para manifestar su aprobación o desaprobación del dictamen, sino que a solicitud de quien presidió la sesión de Cabildo en ausencia del Alcalde, uno por uno y de viva voz externaron su voto a favor de la no aprobación de la Cuenta Pública Anual 2013.

El Pleno del Cabildo votó a favor del “dictamen no aprobatorio” presentado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, que dos días antes lo había sometido a votación con el resultado de tres en contra, dos abstenciones y uno a favor, además de una ausencia.

Así, el pasado 28 de febrero el documento llegó al Congreso del Estado –como lo exige la Ley-, con el argumento de la fracción priista que les faltó tiempo para completar la revisión de la cuenta anual.

Mientras tanto, la oposición mantuvo la misma postura asumida desde el principio de la administración en cuanto a que el mal manejo del recurso público por parte del Gobierno Municipal es cada vez más evidente, razón por la que solicitaron un ejercicio de auditoría externa.

Ante la ausencia del Alcalde Esteban Villegas Villarreal, quien no participó de la concluyente sesión “por motivos de agenda”, el encargado de presidir la Sesión Ordinaria fue José Luis Cisneros Pérez, en su rol de primer regidor.

Antes de dar lugar a las participaciones de los regidores que querían manifestar su postura respecto al tema, Cisneros, también secretario de la Comisión de Hacienda, anticipó que los representantes sociales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votarían en contra de la Cuenta, en la que se concentra el ejercicio de ocho meses de la gestión del ex alcalde Adán Soria y cuatro de la actual.

El aviso

El pasado martes 25 de febrero, la tesorera municipal, Diana Gabriela Gaitán Garza, fue la primera en sorprender a los medios de comunicación al dar a conocer la no aprobación del documento, tras la culminación de la sesión de la Comisión de Hacienda.

A dicha mesa de trabajo asistieron seis ediles y votaron de la siguiente manera: Valentín Uviña Rubio (PT), Sandra Lilia Amaya Rosales (PAN) y Mayela Enríquez Hernández (MC), en contra; mientras tanto, el síndico Alfredo Andrade Gallegos (PRI) y José Luis Cisneros Pérez (PRI), en abstención, mientras que Salvador Quintero Peña (PRI), fue el único a favor. Jesús Cabrales Silva no asistió a la comisión de la que forma parte, por motivos de salud.

El argumento de los ediles de oposición para no aprobar, fue prácticamente el mismo al que han hecho referencia, respecto a la percepción de incremento en la deuda pública y la inconsistencia en el pago a proveedores, aunque en esta ocasión Enríquez Herrera, criticó y puso en tela de duda la renovación del alumbrado público que efectuó el gobierno anterior.

El argumento no esperado, lo dio el Síndico Municipal, al resaltar la detección de facturas que han sido entregadas en últimas fechas a diferentes direcciones, por servicios supuestamente prestados en 2013, e incluso 2012.

“El problema radica en que tales facturas no se contemplaron en el proceso de entrega recepción.”

Cisneros fue claro al referir que como ente revisor, al Cabildo le faltó tiempo para valorar de forma adecuada el documento que ya fue entregado al Congreso del Estado, en cumplimiento con lo que marca la Ley.

Anotó que será necesario investigar a cabalidad la veracidad de los documentos fiscales, pues para empezar hay que comprobar si en realidad se prestó el servicio cobrado, así como los motivos por los que hasta ahora aparecen.

Es de recordar que los estados financieros bimestrales, tanto en Comisión como en el Pleno del Cabildo habían sido aprobados con la mayoría priista, mientras que con la negativa constante de la oposición, los dictámenes se emitían en aprobación por mayoría.

Empero, en esta última ocasión, después de un voto dividido en contra en los trabajos de Comisión, la Cuenta Pública Anual logró un voto unánime, sólo que fue a favor de la no aprobación.

Dan sus motivos

Cisneros Pérez, quien ha participado en el Congreso como diputado y asesor, explicó que dicho poder tiene la facultad para fiscalizar las cuentas públicas de los ayuntamientos, no así el Cabildo, que se limita a la revisión.

Expuso que los ciudadanos necesitan conocer los resultados obtenidos del proceso de fiscalización, más que de la revisión de los movimientos realizados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

Advirtió que el Congreso cuenta con un órgano técnico contable integrado por más de 100 profesionistas, de los cuales más del 60 por ciento son contadores públicos y el resto ingenieros y arquitectos, de ahí el potencial en recursos para analizar las cuentas presentadas por los ayuntamientos.

Alegó que el voto de los miembros de la fracción priista no tiene nada que ver con alguna política, sino con la rendición de cuentas y que la ciudadanía pueda conocer  el desenlace de un análisis a fondo y pidió a los ediles de oposición no valerse de la situación para “llevar agua a su molino”.

En clara muestra de que ahora sí se preparó para la ocasión, la regidora Mayela Enríquez Herrera, de Movimiento Ciudadano, pidió la palabra para exigir una auditoría puesta en manos de una consultora independiente y certificada, la cual se aplicaría no sólo a los ocho meses de la pasada administración, sino también de los cuatro primero meses de la vigente, teniendo en cuenta que se ha actuado con omisión y encubrimiento en varios temas, según consideró.

La regidora pidió a sus iguales priistas no dejarse llevar por vendettas políticas, pero tampoco  ocultar los errores de la pasada administración, de entre los que se ha encargado de señalar con mayor ahínco la adquisición y colocación de luminarias de nueva tecnología, que costó 100 millones de pesos.

La edil, también cuestionó el hecho que el Ayuntamiento aprueba en sus leyes de Ingresos, cantidades menores a las que saben que se van a recaudar, lo que puede representar un vacío al momento de la rendición de cuentas.

Respecto a la auditoría, José Luis Cisneros mencionó que no es viable, ya que no está dentro de las facultades del Ayuntamiento, más si del legislativo, de quien precisamente se espera un trabajo minucioso de revisión.

Referente a tema de la Ley de Ingresos, fue Jesús Cabrales Silva quien se encargó de responder y argüir que si se presupuesta una cantidad superior a la que se recauda, existe el riesgo de gastar más de lo que se tiene o quedarse sin dinero antes de tiempo.

Luis Galindo Ramírez, representante de los regidores panistas, aprovechó para recordar que desde principios de la administración la cuenta de proveedores se mostraba inconsistente, con una deuda de hasta 90 millones de pesos, 30 mdp superior a la del año anterior.

El coordinador de los regidores priistas, Antonio Vázquez Sandoval, destacó que la postura asumida por sus compañeros en la pasada Sesión de Cabildo, da muestra del interés que existe por promover la transparencia y rendición de cuentas.

“Descartamos cualquier situación política al interior del partido, el cual se nutre de muchas corrientes y organizaciones, todos representados en el Cabildo, en el que por cierto hay unanimidad en torno a esta decisión”, dijo.

Cuestionada sobre la reprobación de la cuenta presentada, Diana Gabriela Gaitán Garza, directora municipal de Administración y Finanzas, se amparó al referir que no han tenido tiempo suficiente para trabajar con relación a las facturas extemporáneas, pues hay que recabar lo que se tiene en Contraloría, Sindicatura y otras direcciones.

Por lo pronto, aseguró que todavía no hay montos estimados y tampoco se sabe todavía si proceden o no los cobros, pero esperan tener datos concretos de ser posible en una semana.

Jornada

Aunque el punto que se llevó los reflectores en la sesión fue el del dictamen que presentó la Comisión de Hacienda que no autorizó la Cuenta Pública 2013, se atendieron en total  20 puntos de la orden del día.

El citado punto pasó de ser el no. 18 al primero en ser atendido tras la toma de asistencia y declaratoria de quórum legal, y fue el que por obvias razones más tiempo se llevó y captó el mayor interés de los presentes, que en su mayoría eran medios de comunicación.

El color lo dieron  un par de payasos, miembros de una asociación de personas que se dedican a esta actividad y que en otras circunstancias hubieran sido abordados por la prensa de forma inmediata, dada la psicosis que se vive en un sector de la población por una serie de rumores que los involucran.

Sin embargo, los expertos de la globoflexia y su pancarta de solicitud de apoyo y alto a las acciones de rechazo de las que han sido víctimas en los últimos días, pasaron desapercibidos, hasta culminado el primer punto de la sesión y las reacciones que el mismo causó.

 

 

Fotofrase

“Los ciudadanos necesitan conocer los resultados obtenidos del proceso de fiscalización, más que de la revisión de los movimientos realizados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013”

José Luis Cisneros Pérez, primer regidor.

 

 

 

 

 

 

A lo chino, Conagua cobrará adeudos a 19 municipios

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Le adeudan $300 millones; Congreso autoriza descontárselos de sus participaciones

Texto: Wendy Bautista Morales

El Congreso del Estado aprobó la modificación a la Ley Estatal de Obra Pública del Estado para permitir a los ayuntamientos convenir la afectación de sus participaciones federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN, a fin de cubrir con la Comisión Nacional del Agua, CNA, los pagos de derechos y aprovechamientos de agua y descargas residuales.

En Durango el adeudo por este concepto asciende a los 300 millones de pesos de  19 ayuntamientos, y a partir de enero de este año, el municipio que se adhiera a este programa de descuento, mismo que será voluntario, tendrá el descuento automático por parte de la secretaría de finanzas para que ésta transfiera el pago mensual de ese derecho a la Comisión Nacional del Agua.

De esta manera se irá abatiendo el rezago histórico, porque de no hacerlo, el riesgo es que la  CNA ya no les apoyará con recursos para obra pública, que en los hechos significa ya no recibir participaciones federales del fondo de infraestructura hidráulica.

Sin embargo, al adherirse, uno de los beneficios para los ayuntamientos,  es que en automático la administración municipal ingresará a un programa denominado de devolución de derechos por parte de CNA, esto significa que las cantidades que ellos paguen serán devueltas en recursos para infraestructura hidráulica.

Ante ello, el delegado de CONAGUA Fernando Uc Nájera, dio a conocer que el adeudo actual por derechos y aprovechamientos es de 300 millones de pesos por parte de 19 municipios, quienes serán beneficiados con esta modificación legislativa para permitirles vayan reduciendo su rezago, pues no habrá condonación alguna en los próximos dos años.

Esto se generó por un incumplimiento reiterado a la Ley Federal de Derechos de los Usuarios que son los operadores de agua de las presidencias municipales, y la modificación a la ley local permitirá que ese adeudo se vaya cubriendo poco a poco y que ya no se genere más, pues el organismo federal  en este caso la Conagua no está en condiciones de subsidiarlos.

La inscripción será voluntaria, no obligada, pero si no lo hacen el riesgo para los ayuntamientos  es que puedan ser afectadas sus participaciones federales, hasta ese punto se puede llegar, entonces  esto es una oportunidad para regularizar su situación a lo largo de dos años, y posteriormente el rezago histórico desaparezca.

Es decir, si hoy un municipio debe cierta cantidad a Conagua, pero se adhiere a este programa y bajo un esfuerzo paga continuamente por dos años, mediante  el descuento del programa FORTAMUN, a partir del 2016 su cuenta quedará en ceros.

Otra de las reformas y adiciones a la Ley de Deuda Pública, fue la de los artículos 6, 8 y 12 en que se busca generar mecanismos que permitan contratar financiamientos a las administraciones públicas en mejores términos y condiciones, sobretodo en lo referente a las tasas de interés y la posibilidad de acotar los riesgos en los presupuestos públicos.

COSTOS Y CRISIS POR EL AGUA.

El origen de los adeudos y de la crisis que enfrenta el tema de la necesidad del agua por el crecimiento demográfico se reduce a uno sólo, la falta de conciencia de la población por revalorar lo que significa para la vida, la falta de conciencia para pagar por el servicio y lo que cuesta la producción y mantenimiento de la infraestructura.

Las tarifas representan apenas una quinta parte de la producción y transportación del agua. No es solo llevar una toma, sino mantener el servicio en el tiempo,  el mantenimiento a la infraestructura, costo que no está contemplado en las tarifas, eso cuesta mucho más.

El promedio nacional de la tarifa se ubica entre 7 y 8 pesos por tinaco o metro cubico, lo que se ignora es el costo de producción, si se toma el agua de arroyos o ríos, o es bombeada de pozos, hay un costo importante antes de la potabilización, luego se conduce por la red primaria, secundaria,  hasta llegar a la red doméstica. Posteriormente usada, se debe extraer, transportar,  tratar hasta depositarla nuevamente en las condiciones como se tomó, todo eso cuesta  35 pesos por tinaco, cuando se cobra sólo 7 pesos.

Este es un costo cotidiano, del día a día, lo mismo que la reposición de redes y de infraestructura, tampoco  considerado el costo  en la tarifa, y a eso se le suma la atención del servicio para  atender el crecimiento demográfico.

Esto costos no tienen dimensión a la tarifa, significan grandes inversiones de dinero público, por eso la gente tiene que tener conciencia en su cuidado y pago.

El tratamiento del agua cuesta el doble del suministro, y ante ello se requiere decirle a la gente que el tema del agua es serio, riesgoso, trascendente en que no se puede dejar solo la responsabilidad a la autoridad.

Al anunciarse la XI edición del Encuentro Nacional de Cultura del Agua del 7 al 9 de mayo, con la participación de los organismos involucrados, como la ANEAS, IMTA, CONAGUA, AMD y CAED,  con sede en Durango, se pusieron sobre la mesa los temas a analizarse, como la sequía, las inundaciones y falta de servicios de agua potable.

Ante ello, Roberto Olivares director general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento ANEAS, expuso la  crisis del agua en el mundo y  también en México, en que la seguridad hídrica se ve amenazada por la sequía, mucho  más grave que las inundaciones, porque la primera se prolonga por años y  aniquila el desarrollo vegetal y humano.

Enumeró los  cinco graves problemas que aquejan a la prestación de los servicios; el primero  la parte económica, no hay un sistema financiero del agua, por eso hace falta incidir en el valor del vital líquido, porque la gente tiene la idea que es la prestación de un nivel de gobierno,  una asignación divina o celestial, y eso es contra lo que se lucha.

Entre ellos se encuentra sin duda el  tema político, que  les ha complicado a un 200% el cobrar las tarifas del agua porque, hasta hay candidatos de todos los partidos políticos que ofrecen en campaña no subir las cuotas del agua, y eso  debe ser tipificado como un delito o fraude electoral.

En la conferencia de prensa ofrecida a los medios de comunicación, en la que estuvo el gobernador Jorge Herrera Caldera, y funcionarios locales y nacionales,  Roberto Olivares fue abordado por un tema en particular, que en Durango la diputada Trinidad Cardiel se opuso al incremento de las tarifas de agua potable en diciembre pasado, y como este tipo de posiciones les complica avanzar en el tema.

“…no se ha metido a analizar lo técnico y la complejidad para introducir los servicios de agua potable, qué tanto conoce de los costos, es irresponsable que alguien que asume una responsabilidad pública plantee la contención de los costos en las tarifas. Hay rezago de inversión de cuatro décadas en el país de un billón de pesos, hay incultura que se debe combatir.

Yo diría no solo a la diputada sino a cualquier legislador, que su responsabilidad es informarse de la problemática e involucrarse qué tanto puede proponer para la solución, y dejar actitudes populistas para que actitudes irresponsables no frenen el progreso y sirva a la sociedad su función legislativa. Es su función informarse y actuar”.

El tema de la crisis por el agua, tiene enfoques diversos, políticos y de tecnología, en este último se  requiere una gran inversión para bajar el costo de producción hasta el 50%, falta mucho por cumplir con estos aspectos, pero se plantean esquemas graduales para sentar las bases para la transformación en los seis años, es complicado pero se hará aceptando cualquier cosa que aporte a la solución, las tarifas, inversión pública, privada, etc.

La seguridad hídrica es otro factor, relacionado con  la falta de servicios de agua elemental para la población, pero en esta parte  todos son actores de las soluciones, por eso en breve se presentará  un plan nacional hídrico de la CONAGUA, para actuar con corresponsabilidad de la autoridad y usuarios. Buscará la alienación, donde la federación sea responsable de la parte normativa, los Estados de la política pública y  municipios  a los sistemas operadores y de la autonomía para que sean auto sostenibles.

En el caso de Durango el programa Agua Futura es un gran avance en tecnología y garantía del servicio, el presupuesto  de 2013 fue de 600 millones de pesos, para infraestructura del agua y  la tecnificación de riego para el campo. Para 2014 en términos globales serán 840 millones de pesos en infraestructura del agua, de esos, 240 millones serán para macrotanques en La Laguna y tecnificación de módulos de riego.

 

 

La Quinta Constitución, de Emiliano Hernández Camargo

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En esta nueva obra, el escritor recupera los hechos que enmarcaron los trabajos que concluyeron con la nueva constitución de Durango

Texto: Wendy Bautista Morales

Una compilación de los procesos de construcción de la reforma constitucional integral del 2013 a la carta magna del Estado se incluye en el libro La Quinta Constitución de Durango, de la autoría de Emiliano Hernández Camargo, ex legislador loca y quien tuvo  la responsabilidad desde el congreso de hacer posible desde el ámbito legislativo este documento.

Ante una amplia convocatoria de los diversos sectores sociales políticos y educativos de la entidad, que se dieron cita en el museo Francisco Villa, se presentó el texto editado por el  ITD y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Durango CECyTED, instituciones dirigidas por Jesús Astorga y Maximiliano Silerio Díaz, a quien el autor agradeció su respaldo por su interés de difundir y socializar los contenidos d la nueva Constitución.

La obra fue escrita con tres objetivos básicos; registrar para la memoria colectiva, la historia de construcción de la nueva Constitución Política del Estado. Compartir con la academia, la clase política y el  público, un análisis de los contenidos e innovaciones de la reforma constitucional integral de agosto del 2013 y de su trascendencia para el presente y la vida futura de los duranguenses.

El otro objetivo fue para contribuir a la socialización y el conocimiento de la Constitución de Durango de 2013, cuyo texto completo se incluye en la obra, en la línea de colaborar a la construcción de una cultura de respeto y legalidad, expresó el autor Emiliano Hernández Camargo.

La obra fue comentada por el magistrado vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia, Gerardo Antonio Gallegos Isáis, y por José Alberto Aguilar Iñárritu, secretario Técnico de la Comisión de Reforma del Estado de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO y consultor en materia de desarrollo político e institucional.

La Constitución de Durango fue promulgada el 29 de agosto del 2011, y  el libro de la Quina Constitución, fue escrito al calor de las sinergias nacionales de los principales partidos entorno al Presidente Enrique Peña Nieto, que puso fin a intentos fallidos y desacuerdos sobre las reformas estructurales para el desarrollo del país a través de todas las reformas aprobadas en el año 2013. En el libro presentado, se incluyen los textos completos, para dejar un registro de su participación para fomentar la cultura de la legalidad entre los duranguenses.

En ese año, en el marco de los festejos del 450 aniversario de la ciudad, Durango estrenó una nueva Constitución política y corresponde al estado y ciudadanos difundirla, conocerla y respetarla, pues al congreso del Estado le toca actualizar la  legislación secundaria.

El secretario general de gobierno, Jaime Fernández Saracho quien acudió en representación del gobernador Jorge Herrera Caldera,  dijo que el documento fue construido por expertos en los temas, pero también con la aportación de los ciudadanos, en un proceso de reforma para tener las reglas claras.

El libro La Quina Consitución consta de cuatro apartados, en la primera parte habla de los antecedentes de la Constitución política de Durango  en un panorama histórico, su evolución y remite a los orígenes histórico de Durango y sus culturas; posteriormente en otro apartado habla de la intervención de los expertos en cada tema, la aportación de los legisladores con reformas, y los temas de la sociedad civil a través de los diversos sectores, quienes participaron a través de foros ciudadanos en el año 2013. El cuarto apartado muestra los documentos completos que hablan de la ley de la reforma del Estado y todo el texto Constitucional ya vigente.

 

Incluye un apartado de los Derechos Humanos, desarrollo económico, sistema electoral, y los temas más sobresalientes,  se hace una comparación de cómo estaba la anterior Constitución y como quedó, aquí el autor reflexiona en un tema que fue debate, si el constituyente permanente puede o no hacer reformas a la Constitución.  La respuesta, fue  que Durango cuenta con un texto diferente al anterior, con una amplia reflexión y análisis.

José Alberto Aguilar Inárritu, quien comentó el libro, habló de un panorama general de la Constitución política de México, de sus etapas de reforma, y como no e podrá tener una nueva, porque simplemente hay una subsecuencia de la actualización de las constituciones,  así se ha dejado constancia en la Constitución de 1857 cuando fue entregada al Congreso Federal pero en 1917, ese día el presidente de la mesa directiva del congreso federal, expresó que  entregaba la Constitución de 1857 actualizada.

Actualmente existe un cuerpo Constitucional con el 80% de sus artículos reformados, y del texto original solo queda el 3%, el resto ha sido modificado, y en esta parte el académico Iñarritu, expresó que hay abusos para llenar la Constitución de temas que no tienen que ver con las necesidades ciudadanas, como el tema electoral, bajo una obsesión partidaria. El articulo 41cuando antes tenia 65 palabras, ahora tiene casi 3 mil, con “ocurrencias”.

Por ejemplo, cómo se van a distribuir los tiempos de radio y televisión para los partidos  en tiempos electorales, todas estas modificaciones alejan el documento de los ciudadanos,  al  dejar de ser una herramienta que responsa a sus exigencias, pues en México con tanta tendencia autoritaria, a la sociedad le cuesta mucho trabajo entender que ese texto es para ellos,  además está redactado con términos jurídicos para especialistas.

En el texto de Durango, Aguilar Iñarritu, destacó que fue un ejercicio constitucional de actualización para hacerla más clara, con menos palabras, empatarla con causas contemporáneas como los derechos humanos del primera, segunda y tercera generación que son el marco de la discusión mundial de las democracias, además de ser un ejercicio que tomó en cuenta la participación de la sociedad.

En la presentación del libro estuvieron presentes el ex gobernador Angel Sergio Guerrero Mier, siete directores de instituciones de  educación superior, investigadores, académicos, líderes de organismos empresariales, colegios de profesionistas, dirigentes estudiantiles, medios de comunicación, consejeros, comisionados de organismo ciudadanos, dirigentes de partidos políticos, diputados,  funcionarios públicos estatales y municipales.

Marchan contra el aborto en EU

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A pesar del frío polar, miles de activistas participaron ayer en Washington en la “Marcha por la Vida”, un evento anual contra el aborto en Estados Unidos que contó con el apoyo del papa Francisco.

JHD: ni me descarto, ni me distraigo

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Estoy preparado para cualquier reto

Texto: Wendy Bautista Morales

El año 2013 fue intenso en el Congreso de la Unión, al llegar a la aprobación de 16 reformas  en  16 meses de trabajo en total, mismas significan un parteaguas para el Congreso,  porque permitirán a México transitar a otro ritmo que implique beneficios a mediano y largo plazo en la economía y el empleo, principalmente.

Para Jorge Herrera Delgado ha sido un privilegio estar en este  proceso tan trascendente para el país, y tener la oportunidad de buscar nuevas formas de hacer las cosas, pues las reformas significan en los hechos  una respuesta del gobierno y de los legisladores para responder a las expectativas ciudadanas, que se traduzcan en beneficio al bolsillo de los ciudadanos.

En entrevista para este medio de comunicación, el diputado federal por el PRI hizo un recuento de las principales reformas aprobadas, los temas en los que se apoyó a Durango con el presupuesto federal, a la Universidad Juárez, el programa de gestión de recursos del FONDEN para  el pavimento para Durango y Gómez Palacio, y también de sus futuras aspiraciones políticas, de las cuales ahora no es el tiempo de hablarlas.

Sin embargo, dijo no inquietarse por nada porque está acostumbrado a trabajar, a dar  resultados en un compromiso para responder a la sociedad, en su caso, el diputado federal expresó no ha sido fácil por los ataques recibidos de todos lados, y hasta “fuego amigo” por lo menos de un par de compañeros, pero para él eso no es lo importante, sino responder al compromiso con la sociedad, con los presidentes municipales y el gobernador del Estado, en las necesidades de Durango y acompañar las gestiones que requiera.

Por ahora, subrayó,  no es el tiempo de hablar del futuro político, porque no son los tiempos, esos llegarán después, pero mientras tanto no se tapa los ojos, ni se asusta, tampoco se descarta, pero por ahora no se distrae en otro tema que no tenga que ver con la tarea legislativa, ya llegarán los tiempos de enfrentar cualquier reto, incluido el político en el que está preparado para responder.

Mientras tanto no se distrae del tema que  ocupa hoy su responsabilidad en el Congreso de la Unión, y precisó que en  el 2014 estará en mayor contacto con sus representados de su distrito, pero también acompañando las gestiones con el gobernador, el presidente Esteban Villegas y el resto de los alcaldes.  Si por el trabajo lo van a criticar,  será normal, y a pregunta expresa de que entonces si está en la jugada política, respondió que  ni lo afirma ni lo niega, pues la mejor forma de hacer política es con trabajo, no con grilla.

Para el 2014, bajo la gestión de los legisladores federales se consiguió un aumento sustancial al  presupuesto  que permita al gobierno estatal seguir dando respuesta, en el panorama nacional se han hecho las reformas constitucionales, pero faltan las reformas secundarias y luego las políticas públicas. En los Estados dependerá de la voluntad política y de la eficiencia en el trabajo de los congresos locales para armonizar al andamiaje jurídico, adecuar sus constituciones, sus leyes secundarias en un ritmo que no se debe soltar.

En el tema de la Universidad Juárez,  los legisladores federales cumplieron, pues sumaron al presupuesto 100 millones de pesos adicionales, que entran en la categoría de regularizables que se convierten en un nuevo piso para las siguientes gestiones. Aquí la UJED continuará en su labor interna para eficientar los recursos, reducir su gasto y en el tema legislativo la gestión continuará.

Al hablar un poco acerca de las reformas aprobadas en 2013, la reforma fiscal significa una inyección de recursos para el país, para el crecimiento económico y el empleo;  la reforma  energética es mucho más que PEMEX porque generará energía alternativa y  otras opciones ante la escasez de recursos fósiles e hidrocarburos.

El compromiso con esta reforma, es disminuir el costo del gas y la electricidad, dos elementos que afectan directamente la economía de las familias, pero estos beneficios serán a mediano y largo plazo, porque México va retrasado en sus reformas que debieron hacerse hace varios años y hoy se han empezado a dar los primeros pasos.

Asimismo se aprobaron reformas a la Ley de Acceso a la Información,  pero se debe acrecentar la cultura de la gente, de interesarse más por el tema, porque de nada sirve la nueva ley si no se ejercen sus derechos.

La reforma financiera busca mayor crédito, abaratarlo para hacer a las empresas más competitivas y poder reducir sus costos de oferta en productos. La reforma hacendaria significa una respuesta para un país polarizado ente pobres y ricos, y ahora México tendrá en la Constitución una herramienta de combate a la pobreza como pensión universal, o seguro de desempleo.

Todas estas  reformas y otras más, alinearán al país en una ruta de despegue para un nuevo escenario, y en el 2014 se enfocarán los legisladores a realizar las leyes secundarias para traducirse a políticas públicas.

Jorge Herrera Delgado precisó que el mensaje con este trabajo legislativo,  es marcar con claridad el rumbo, buscar que todos los actores políticos, sociales, económicos tomen acciones y alineen sus esfuerzos hacia una nueva dirección, traer todos, la misma ruta crítica para el desarrollo, evitar los esfuerzos dispersos. En este sentido los gobernadores y presidentes municipales tienen que leer lo ya hecho, para dar los siguientes pasos en torno a este desarrollo.

Para Durango, las expectativas  son grandes, porque será el año de las leyes secundarias, de impulsar al desarrollo turístico para dar seguimiento a una oferta integral de servicios con la apertura de la supercarretera con apoyo de la iniciativa privada que tiene mucho que hacer.

En el tema presupuestal no echar las  campanas al vuelo, hace falta más, pero se permitirá que se puedan lograr mayores metas, con la gestión de recursos extraordinarios.

En el caso de Durango, los legisladores federales cumplen con su responsabilidad, el grupo ha sido unido con el gobernador del estado en torno al presupuesto y cada uno en sus distritos, y en este caso se hará frente al problema del pavimento en la capital y en Gómez Palacio, siendo solidarios con los presidentes para ayudarle a bajar los recursos necesarios.

En su distrito el cuarto federal, Jorge Herrera comentó que  hay muchas cosas por hacer, en caminos, infraestructura de agua, desarrollo para el campo, sobre todo en el medio rural, al que se abocará de lleno en este año. Para el pavimento ayudará a la gestión de recursos del FONDEN con 25 millones de pesos que se mezclen con los que aporte el Estado para convertirlos en 60 millones.

Para ello en días pasados, los diputados federales se reunieron con el presidente municipal  Esteban Villegas para ver los detalles de la gestión, y agilizar los recursos del FONDEN  para estar en condiciones de mezclarlos.

Reglazo en las manos a maestros, por corruptos

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El Estado erogaba hasta $350 millones al año, por Incapacidad Total y Permanente, gestionado por el sindicato

Texto: Wendy Bautista Morales

El Congreso del Estado aprobó con 21 votos a favor y 7 votos en contra, 3 de ellos del Partido  Nueva Alianza, una iniciativa para regular la emisión de las incapacidades totales y permanentes que cuestan al Estado 350 millones de pesos al año, tan sólo las 1,300 incapacidades  otorgadas a los maestros de la sección 44 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, SNTE, en Durango.

Asimismo se podrán revocar las incapacidades no justificadas a los trabajadores de los tres poderes,  que serán revisadas por un nuevo organismo de valoración, dependiente del gobierno del Estado, bajo una revisión exhaustiva para determinar la viabilidad médica de la incapacidad, y quien no la justifique regresará a trabajar.

De acuerdo a lo dicho por el diputado Rosauro Meza, uno de los impulsores de la reforma,  las incapacidades vigentes estarán sujetas a valoración médica por el organismo a crearse en los próximos 120 días, y las que se detecten irregulares, los titulares tendrán que regresar a trabajar, sólo seguirán las que se justifiquen, pues no descartó que en muchas de ellas haya existido corrupción de por medio.

Esta iniciativa surgió a raíz de la creciente corrupción en el sector magisterial, en que maestros en contubernio con las autoridades médicas, consiguen o compran las incapacidades totales y permanentes, sin estar enfermos, es decir, siguen cobrando su sueldo completo, pero a la vez tienen otro trabajo fuera del sector educativo, pero que les permite continuar con sus prestaciones, antigüedad y salario al cien por ciento.

La iniciativa sorprendió a la secretaria general de la sección 44, Clara Eugenia Gurrola Zamora, quien llegó al Congreso el martes 14 de enero, acompañada de su comité exactamente un año después de haberse manifestado en contra de la reforma constitucional educativa, promulgada el 25 de febrero del 2013 por el Presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional.

La iniciativa a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado, presentada por la comisión de trabajo y previsión social al pleno, pero originada por otros 5 diputados, aunque  regula las licencias e incapacidades totales y permanentes a los trabajadores de los tres poderes, está dirigida en la parte de los transitorios a los trabajadores de la educación de la sección 44 del SNTE,  por ser trabajadores estatales, no así los de la sección 12 y 35 que son federalizados.

Esa mañana se generó un caos, en el que participó de lleno el diputado Julián Salvador Reyes ex dirigente sindical de la sección 44, hoy legislador del Partido Nueva Alianza, quien visiblemente molesto cuestionó las formas en que se presentó la iniciativa sin mediar palabra alguna con él, como presidente de la comisión de educación en el Congreso.

Clara Eugenia Gurrola Zamora, dijo desconocer el contenido de la iniciativa, pues nadie les informó de qué se trataba, mucho menos  los escucharon,  sin embargo impacta de lleno en los intereses de la sección a su cargo,  y negó que los maestros hagan rehén a la autoridad educativa o legislativa, pues en el caso de las incapacidades, el organismo encargado de dar esta prestación no es el sindicato, que ha sido respetuoso de la autoridad, y su presencia en el Congreso obedeció a  su interés de que los maestros reciban el servicio como un derecho adquirido.

En los minutos siguientes a las declaraciones de la maestra Clara Eugenia Gurrola, un intermediario en el Congreso estatal, se comunicó con el dirigente nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre, para mostrar su inconformidad a la iniciativa que consideraron atentatoria contra los derechos de los maestros en la sección 44 en Durango, paralelamente este mismo contacto habló  a la oficina del gobernador del Estado Jorge Herrera Caldera para mostrar su inconformidad y la imposición de la que serían objeto.

En la primera sesión se  presentó la iniciativa por los legisladores Octavio Carrete, Fernando Barragán, Iván Gurrola, Rosauro Meza y José Ángel Beltrán Félix, misma que fue valorada por la comisión de trabajo y previsión social, presidida por Alicia García Valenzuela, y en el trayecto hacia la segunda sesión, una hora después, los maestros de la 44 amagaron con regresar y movilizar a las bases hacia el Congreso del Estado, pero esto no sucedió.

Al iniciar la segunda sesión alrededor de las 13:45 horas, se leyó la iniciativa y se votó, con 21 votos a favor del PRI, Partido Verde Ecologista y Duranguense,  y 7 en contra, de los cuales 3 fueron de legisladores de Partido Nueva Alianza provenientes del magisterio del SNTE, ellos fueron Agustín Bonilla Saucedo, Felipe Meraz Silva y Marco Aurelio Rosales Saracco, pues Julián Salvador Reyes estuvo ausente en la sesión, tampoco asistió Felipe Herrera Enríquez de Movimiento Ciudadano.  Los otros cuatro votos en contra fueron de Israel Soto Peña del PRD, Trinidad Cardiel del PT, Ricardo del Rivero y Juan Quiñones del PAN.

El diputado Rosauro Meza razonó que a través de la Ley de los Trabajadores del  Sindicato de los Tres Poderes, se diferenció claramente los riesgos de trabajo, enfermedades profesionales y no profesionales,  porque no es lo mismo que un trabajador en función en su trabajo sufra un deterioro en su salud, a quienes ya tienen un padecimiento ajeno a su desempeño laboral. En función de ello, las reformas aprobadas diferencian las licencias e incapacidades y su temporalidad.

Se prevé la creación de un organismo que valore las licencias e incapacidades, pero también se revisarán las ya otorgadas, porque habrá quienes ya se hayan recuperado y estén en condiciones de regresar a su trabajo, y quienes no puedan no lo harán, no se les van a vulnerar sus derechos laborales ni de salud.

Actualmente las incapacidades totales y permanentes son otorgadas por el ISSSTE, donde los maestros de esta sección 44 acuden para la prestación de servicios médicos, cuyas incapacidades (ITP) son revisadas por un comité de valoración médica estatal para los trabajadores de la SEED adheridos a la sección 44 del SNTE, creado por decreto administrativo en el año 2007. Este comité de valoración está integrado por médicos y personal de la SEED, sin embargo, en los transitorios de la iniciativa ya aprobada, este comité es derogado, para crear un nuevo organismo dependiente del gobierno del Estado.

También se derogaron varias disposiciones que la ley regía para los trabajadores de esta sección, por ejemplo  el Reglamento del Comité de Valoración Médica Estatal para los Trabajadores de la Secretaria de Educación del Estado de Durango, el Decreto que crea el Comité de Valoración Médica Estatal para Trabajadores de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, agremiados a la sección 44 del S.N.T.E. y el Reglamento del Comité de Valoración Médica Estatal para los Trabajadores de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, agremiados a la Sección 44 del S.N.T.E., publicados en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango en fechas 15 de febrero del 2007, 03 de junio del 2007, 25 de junio del 2009 y 13 de agosto del 2009 respectivamente.

El documento aprobado por los legisladores es muy específico en el otorgamiento de las incapacidades, y habla de las condiciones en las que se podrá revocar. Para tal efecto se adicionó un capítulo tercero titulado “de la revisión de las incapacidades”.

Artículo 101.-

Los Trabajadores que soliciten Pensión por riesgos del trabajo y los Pensionados por la misma causa, están obligados a someterse a los reconocimientos y tratamientos que el Organismo que establezca el Gobierno para otorgar las incapacidades, les prescriba y proporcione en cualquier tiempo, con el fin de aumentar o bien disminuir su cuantía y en su caso revocar la misma en virtud del estado físico que goce el pensionista, así como a las investigaciones y evaluaciones necesarias para verificar la vigencia de sus derechos por este concepto y, en caso de no hacerlo, no se tramitará su solicitud o se le suspenderá el goce de la Pensión.

Artículo 101 A.-

La Pensión por incapacidad parcial podrá ser revocada cuando el Trabajador se recupere de las secuelas que deje el riesgo del trabajo, previa valoración que se le realice en términos del artículo anterior. En este supuesto, el Trabajador continuará laborando, y el único efecto será la cancelación de la Pensión correspondiente.

La Pensión por incapacidad total será revocada cuando el Trabajador recupere su capacidad para el servicio. En tal caso, la Dependencia en que hubiere prestado sus servicios el Trabajador recuperado, tendrá la obligación de restituirlo en su empleo si de nuevo es apto para el mismo, o en caso contrario, asignarle un trabajo que pueda desempeñar, debiendo ser cuando menos de un sueldo y categoría equivalente a los que disfrutaba al acontecer el riesgo. Si el Trabajador no aceptare reingresar al servicio en tales condiciones, o bien estuviese desempeñando cualquier trabajo, le será revocada la Pensión.

Si el Trabajador no fuere restituido a su empleo o no se le asignara otro en los términos del párrafo segundo de este artículo por causa imputable a la Dependencia en que hubiere prestado sus servicios, seguirá percibiendo el importe de la Pensión con cargo al presupuesto de ésta. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el Titular de la Dependencia, el cual deberá restituir los montos erogados por concepto del pago de la Pensión.

 

FRASE:

“No tengo  por qué avisar a mis compañeros lo que voy a presentar, tampoco pedirles permiso ni mucho menos  consultarles, sólo seguir  el trámite legislativo, por oficialía para darle seguimiento”. Esto en respuesta a lo dicho por Julián Salvador Reyes presidente de la comisión educativa en el Congreso, quien se mostró molesto por no ser informado sobre la iniciativa presentada por cinco legisladores y analizada por la comisión respectiva.