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En bullying hay omisión de todos; maestros y padres de familia

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En Durango, se asegura, que a través del programa Esmeralda atienda casos de violencia en escuelas

Wendy Bautista Morales.

@wendybautistamo

Ante el incremento de la violencia y el acoso escolar, que ya costó una vida en Tamaulipas y en Durango la agresión a navajazos de un estudiante de secundaria, las autoridades federales en conjunto con la SEP y las  secretarías de educación en los Estados, implementarán acciones para prevenir y erradicar este fenómeno del cual no se tienen cifras específicas.

Sin embargo, de acuerdo a registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del 2011 a 2013 los casos de bullying aumentaron 10 por ciento a nivel nacional, pues en 2011, el organismo reportó que el 30 por ciento de los estudiantes de primaria declaró sufrir algún tipo de acoso y  para 2013, el porcentaje subió al 40 por ciento.

 El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, que concedió la protección de la justicia federal a la menor, consideró que las omisiones de las autoridades educativas federales han producido tolerancia del bullying entre alumnos, y no adoptaron las medidas necesarias para proteger la integridad personal de la afectada en relación con posibles riesgos de abusos a sus derechos fundamentales dentro de la escuela pública en la que estudia.

 En Durango, la situación no es menor, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos acumula en este año siete quejas de agresión escolar en lo que va del 2014, cifra que representa el 25 por ciento del total de quejas recibidas, fenómeno multifactorial que tiene que ver con la omisión de la autoridad, de los mismos padres de familia, y de los maestros en las aulas, por ello se debe reforzar la coordinación y prevención.

En materia legislativa, en Durango en abril del 2012 se reformó la fracción IV y se adicionó la fracción VII al artículo 9; 77 y 86 de la ley de educación del Estado de Durango, tendientes a  atender y prevenir agresiones, violencia y cualquier tipo de maltrato  entre estudiantes dentro de las aulas. Estas modificaciones se publicaron en el Decreto No. 267, de la LXV Legislatura , publicado en el periódico oficial No. 30 de fecha 12 de abril del 2012. Posteriormente se emitió el reglamento de convivencia escolar, emitido desde ese mismo año y está vigente.

Las acciones más recientes en Durango se dieron en el Congreso del Estado con la aprobación de dos puntos de acuerdo, relacionados con instruir a la Secretaría de Educación para capacitar a los docentes para identificar los casos de bulliyng escolar y darles el procedimiento adecuado, así como promover reglamentos de disciplina en las escuelas que involucre más a los padres de familia. Este punto de acuerdo fue propuesto por Julián Salvador Reyes, presidente de la Comisión Educativa en el Congreso.

La semana anterior en el Congreso se realizaron dos acciones para combatir el problema del bullying, se aprobó un punto de acuerdo para que la secretaría de seguridad pública del gobierno estatal, a través del programa Esmeralda, de atención inmediata a víctimas de este problema, sin embargo, de  acuerdo  a un  análisis de la estructura  y componentes del programas Esmeralda no existe una coyuntura que permita, con sustento legal, el tratamiento de los casos de violencia que acontecen en las instituciones educativas; para  alguna  intervención estratégica será necesario crear las condiciones jurídicas  y la reformulación del programa.

Así mismo, en otra acción, los diputados  Rosauro Meza y Manuel Herrera presentaron la Iniciativa  de Seguridad Integral para prevenir el hostigamiento y atender el acoso escolar, dentro y fuera de los centros escolares, con participación de autoridades, maestros, alumnos y padres de familia.

El punto de acuerdo  fue votado en contra por el presidente de la Comisión Educativa, Julián Salvador Reyes, quien explicó no estar de acuerdo en los términos planteados, pues integrar a la Secretaría de Seguridad Pública es desconocer todo el trabajo hecho desde el 2012, en que se aprobaron las reformas a la Ley General de Educación, tendientes a prevenir y atender el acoso escolar. Desde entonces ha habido resultados emanados del reglamento en la materia, con la intervención de la autoridad educativa, padres de familia, comunidad docente y alumnos.

“Todo este trabajo ha evitado que los niveles de acoso o bullying escolar no haya llegado a altos niveles como ha sucedido en otras partes del país, en Durango ya hay acciones concretas en el tema”, dijo Salvador Reyes

Además en  estas acciones ha estado involucrada también la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con su programa Esmeralda, en conjunto con la Secretaría de Educación, identifican las escuelas problemas, y dan seguimiento a las agresiones en los centros escolares. De ahí se originó su punto de acuerdo anterior, para reforzar estas acciones preventivas y de tratamiento.

Retomó los artículos reformados en 2012 a la Ley General de Educación en la pasada legislatura, el artículo 9, 77 y 86 con acciones específicas, que han evitado que el tema del bullyin se desborde, pues hay avances importantes y resultados, que hoy por “protagonismo” y desconocimiento  de algunos legisladores proponen cosas que ya se han venido haciendo.

Se le cuestionó porque no subió a la tribuna a exponer su punto de vista y a informar a los legisladores sobre lo ya hecho, y las reformas anteriores, y respondió que a él no le correspondía, sólo exponer sus elementos del porqué no aprobó el punto de acuerdo. Esta posición del diputado de Nueva Alianza,  evidenció diferencias en el tema,  por no haber sido conciliado previamente con él, sin embargo, una semana antes, los legisladores si le aprobaron su punto de acuerdo para que la secretaria de educación tomara y diera seguimiento a cada caso de bullying.

Rosauro Meza Sifuentes, autor del punto de acuerdo para que el programa Esmeralda atendiera los casos de bullyin en las escuelas, explicó que con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, este programa no ha venido atendiendo los casos hasta ahora, por ello, pensó en la necesidad de involucrarla para una atención más inmediata.

En cuanto a la Iniciativa de Seguridad Integral para Prevenir el Hostigamiento y la Violencia Escolar, los  autores  argumentaron  que la  actual situación de violencia en el país, sobre todo en zonas de alta peligrosidad, convierte a las escuelas en espacios vulnerables a la inseguridad que pone en riesgo los procesos educativos, la salud y la integridad física de los alumnos; que si bien es cierto no son generalizadas, han despertado preocupación entre las autoridades educativas y la necesidad de adoptar medidas preventivas con un enfoque formativo.

Por ello, consideraron que  es de suma importancia fomentar los programas y acciones de enlace escolar y de seguridad pública para modificar las actitudes, formar hábitos y valores en los alumnos, a efecto de prevenir y contrarrestar los efectos de la inseguridad.

La iniciativa será enriquecida con una serie de foros de participación de especialistas en el tema, para  buscar un documento más integral, que norme y sancione con mayor rigor, pero sobre todo prevenga el fenómeno, y  genere en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad; proporcionar a los alumnos un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con sus actividades formativas.

Además de constituir  en cada centro educativo un modelo de protección y seguridad, establecer  normas conforme a las cuales se llevarán a cabo las acciones en materia de seguridad escolar; procurar la creación de vínculos permanentes entre los diversos elementos que interactúan en el ámbito de la comunidad escolar y la sociedad.

PROGRAMA ESMERALDA

En  el Programa Esmeralda   el propósito es salvaguardar la integridad física y emocional de las personas en situación de violencia, protegiendo sus derechos humanos, civiles, culturales y sociales; mediante el acompañamiento terapéutico, asesoría jurídica y apoyo especializado.  Es un Programa que atiende a cada mujer las ocasiones que resulten necesarias para su apoyo.

Las acciones de prevención que desarrolla dicho Programa tienden al tratamiento de la problemática de violencia con enfoque de género.  Atendiendo grupos focalizados como: estudiantes; con   violencia en el noviazgo,  amas de casa; con violencia de pareja, mujeres trabajadoras con de violencia de género.

Se brinda también atención  a la niñez  por omisión de cuidados y maltrato familiar.

De acuerdo  a un  análisis de la estructura  y componentes del programa Esmeralda no existe una coyuntura que permita, con sustento legal, el tratamiento de los casos de violencia que acontecen en las instituciones educativas; para  alguna  intervención estratégica será necesario crear las condiciones jurídicas  y la reformulación del Programa.

 A efecto  atender  la violencia, víctimas y victimarios en los planteles escolares están dadas las condiciones para estructurar una estrategia propia,  con base en los planteamientos que recientemente ha publicado la  Secretaría de Educación Pública.

 Además en la SEED existe trabajo  relacionado con  Reglas de Convivencia Escolar, sin embargo éstas serán insuficientes si la alineación al exterior con los mecanismos de contención social. La escuela como institución requiere de la acción de contenedores sociales; principalmente la familia y el Estado con toda su estructura orgánica y funcional. Todo ello, derivado de la opinión analítica de una fuente que conoce el funcionamiento del programa Esmeralda.

 

LEGISLACION VIGENTE DESDE 2012

ARTICULO 9

“… la educación que se imparta en el Estado de Durango, tendrá los siguientes objetivos:

…. VIII.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos entre ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos…”

 ARTÍCULO 77

 La Secretaría instrumentará Programas Educativos de Apoyo, dirigidos de manera preferente, a los grupos sociales y regiones con mayor rezago educativo, que enfrenten condiciones económicas, culturales y sociales de desventaja o a personas con problemas de discapacidad mental o física. En la aplicación de estos Programas, tendrán prioridad los educandos de 6 a 15 años de edad. Igualmente desarrollará de manera permanente, programas especializados, a fin de prevenir y atender casos de cualquier tipo de maltrato entre los estudiantes, evitando el acoso y la discriminación escolar.

ARTÍCULO 86

El proceso educativo comprende las diversas etapas en las que, mediante el acceso al conocimiento, se prepara, se educa, se capacita y se forma a los habitantes del Estado de Durango, para que desarrollen plenamente sus facultades integrales como personas y como seres sociales, y que en un entorno de libertades y democracia, adquieran valores humanos y sociales que les permitan ser útiles a las comunidades duranguense, nacional e internacional, de acuerdo a la filosofía educativa del  Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, así como a los objetivos de la Ley General de Educación y de la presente Ley. Este proceso se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la convivencia de respeto y armonía en condiciones de igualdad y libre de cualquier forma de maltrato entre escolares y educadores, y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas.

 

De masa guanga y cirugías

Federico-Müggenburg

Por: Julio César Hernández Vargas

 Se ha definido quién fue el ganador de la contienda interna del Partido Acción Nacional, del pasado domingo 18 de mayo. Es…

Más allá de la radiografía que pudiéramos analizar del resultado, los militantes panistas, son quienes deberán enfocarse en reconstruir el partido, ante la sociedad, después de una elección interna demasiado frotada, con miras a las elecciones del 2015 (pero primero tendrán que curarse los raspones y cicatrices). Tiempo tienen, paciencia entre ellos, quien sabe.

Como dato: El ex candidato a gobernador de Durango en 2010, por el PAN, hoy senador José Rosas Aispuro Torres, apoyó a Ernesto Cordero, y su mancuerna por la alcaldía de la capital en ese mismo año, Rodolfo Dorador, hoy diputado federal, apoyó a Gustavo Madero.

La Dirigencia del Comité Directivo Estatal, en Durango, inclinó durante toda la contienda, la balanza hacia un solo lado, hacia Gustavo Madero. Un interés chapulinesco (priísta como ellos le llaman) hay detrás.

Víctor Hugo Castañeda, dirigente estatal, jamás se mantuvo al margen, como cuando dijo que renunciaría a la Delegación de la Secretaría de Economía en un abril y cerrar de ojos, pero que renunció varios meses después, el dinero el dinero.

A pesar de que se haga el chistosito, desempeñó un papel totalmente enarmónico.

No es nueva la disputa interna de este partido, por los grupos que la conforman. Cada elección, se hacen garras, cogen la cubeta del piso y se la avientan. Allá ellos. A últimos años, al PAN le termina afectando tanto golpe bajo el cinturón de parte como harakiri. Por hoy, dejaron el pan guango. Ya veremos luego. Al tiempo.

Otro dirigente que enfrenta un reto importante, es el del Movimiento AMCiudadano, José Ramón Enríquez Herrera, quien se decidió a emprender una disputa interna, con un regidor que su partido acomodó, en las pasadas elecciones, en el municipio de San Dimas, primera y única alcaldía en posesión de este instituto político.

El Doctor, como también se le conoce, presentó ante el Congreso del Estado una petición, para que se retire de su puesto al tercer regidor, Manuel de Jesús Rentería Carrasco, porque tiene antecedente penal en Estados Unidos, por delitos muy graves, de acuerdo a lo dicho por el Dr.

Sin embargo, el regidor escribió una carta, publicada por el medio de comunicación “Órale qué chiquito”, donde le realizaba una serie de preguntas que hurgan una respuesta como:

¿Bajo qué procedimiento se convirtió usted en Dirigente Estatal de Movimiento Ciudadano?

¿Le rinde cuentas a alguna instancia del partido sobre el destino de los recursos del mismo, recursos que por cierto le dan por nuestros votos?

¿Tiene usted comprada la franquicia del partido indefinidamente para hacer y deshacer a su antojo y colocar en las mejores posiciones del partido a familiares e incondicionales?

¿No revisó usted personalmente mi expediente que hoy cuestiona antes de registrarme como candidato a regidor por San Dimas?

¿No pensó en expulsarme cuando le aportamos más de 4000 votos que usó para colocar a su hermano en la diputación local?

Cada pregunta es pirotecnia pura para esta capillita. Esperemos la respuesta de Enríquez Herrera.

Un partido que refrescó las elecciones pasadas, ya atraviesa un momento muy crítico. Ante los ojos ciudadanos, que votaron por ellos, comienzan a desvanecerse la idea de un partido diferente. Todavía hay algunos que siguen preguntándose por qué el Doctor no terminó con las cirugías que dejó pendientes en la pasada elección, y que le generó votos. ¿Las programó para el 2015? ¿Qué tiene el paciente, Doctor? Basta, basta de preguntitas, que ya tiene muchas en fila que le hizo su regidor.

P. D. No se les olvide que el poder de ser apartidista, sabe a libertad.

Y como dijo Sólo: Los dejo.

Serán agradecidos todos los comentarios, acerca de esta pirotécnica columna. Favor de enviarlos a desdeelapando@hotmail.com o a mi cuenta extraviada de #Twitter @CexXxaR_

Rectifican legisladores y exigen a CAPUFE mantenimiento a Súpercarretera

MANUEL-HERRERA

Tras denuncia de la Auditoría Superior, dan la razón al diputado Enríquez Herrera y piden mejorar condiciones de la Durango-Mazatlán

Texto: Wendy Bautista Morales.

@wendybautistamo

En noviembre del 2013 un legislador de oposición propuso la integración en el Congreso del Estado,  de una comisión especial auxiliada por expertos para verificar la calidad de la autopista Durango-Mazatlán, pues a pocos días de la una inauguración sufrió serios problemas por la tormenta Sonia, pero su propuesta fue rechazada por la mayoría, por considerar que sus dichos no tenían sustento, hubo quien lo calificó de exagerado y extremo, de no tener la información.

Para entonces, Felipe de Jesús Enríquez Herrera del partido Movimiento Ciudadano recibió la negativa de sus compañeros del PRI, Partido Duranguense, Nueva Alianza y Partido Verde, votos que neutralizaron los cinco del PT, PAN, PRD y MC. A cuatro meses de distancia, la Auditoría Superior de la Federación a través de su informe de resultados 2012, le da razón al legislador de oposición en el congreso local, y exhibe una serie de irregularidades por un monto de mil 616  millones de pesos.

A partir de entonces, el PRI tomó el tema, y sin mencionar dichas irregularidades, propuso a través del diputado Manuel Herrera Ruiz del PRI,  un punto de acuerdo que por supuesto le fue aprobado por el PRI y sus partidos aliados, para  pedir a CAPUFE incrementar el mantenimiento en áreas dañadas de la autopista.

Añadió lo mismo que en su momento expuso Enríquez Herrera, de ser una carretera cara, con un  costo de peaje de 500 pesos, por lo cual merece estar en buenas condiciones para garantizar seguridad. Desde noviembre del año pasado, el legislador de Movimiento Ciudadano puso al descubierto la serie de deficiencias en la obra, que se tenían que aclarar, incluso propuso un recorrido por una comisión legislativa, pero también le fue rechazada.

Sin embargo, a esta exigencia legislativa se añade, una serie de dudas en la construcción de  la obra de gran magnitud para el Estado y para el país por su millonaria inversión de 28 mil millones de pesos, que implicó la injerencia de 3 gobernadores y 3 presidentes de la República. En la reciente entrega del informe de resultados a la cámara de diputados por la  Auditoría Superior de la Federación,  Juan Manuel Portal, informó de  irregularidades en su inversión, que ponen al descubierto y  su calidad   en la correcta aplicación de los recursos.

Este informe está basado en auditorías realizadas por el órgano auxiliar de fiscalización del congreso federal, es decir, tiene todo un sustento documental, que tendrá que solventarse en tiempo y forma, para clarificar las serias dudas vertidas. Este informe  detalla el elevado costo de la obra que se triplicó de acuerdo a la estimación inicial.

Las observaciones económicas también señalan una diferencia de mil 616 millones de pesos a causa de trabajos de mala calidad, errónea integración de precios unitarios extraordinarios, incorrecto cálculo y aplicación de los factores de ajustes de precios, falta de ajuste del costo de financiamiento por los anticipos concedidos y por la variación de las tasas de interés, así como por pagos anticipados.

El proyecto consistió en la construcción de una autopista de cuota de altas especificaciones con dos carriles de circulación de 12 metros de ancho en una longitud de 222 kilómetros, así como cuatro carriles en una longitud de 8 kilómetros. Además, se construyeron 61 túneles y 43 puentes, incluyendo el puente Baluarte, con una extensión de mil 124 metros y una altura de 390 metros, obra que se concluyó en octubre de 2013.

“Se ha observado que la problemática principal para la ejecución de las obras de infraestructura carretera en los tiempos y con los costos programados es la deficiente elaboración de los proyectos ejecutivos, la insuficiencia de estudios técnicos y la falta de permisos y licencias”, refirió el titular de la Auditoría Superior de la Federación.

La ASF consideró que “son hechos graves que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de  la dirección general de Carreteras y de los Centros SCT, Durango y Sinaloa, no cumplieran con las disposiciones normativas aplicables”.

La realización de este tramo carretero, incluido el puente atirantado más alto del mundo, el Puente Baluarte Bicentenario, fue cotizado inicialmente por 8 mil 889 millones de pesos, sin embargo, durante este último año de la administración  de Calderón Hinojosa, la suma se modificó a 22 mil 100 millones de pesos.

No obstante, el 31 de diciembre de ese mismo año, la suma se elevó a 23 mil 385 millones, según constató el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, en el apartado de Desarrollo Económico del informe sobre el gasto federal ejercido en 2012.

Con 28 señalamientos en contra por presumibles daños al erario público, la ASF calificó como negativo el dictamen sobre las diversas auditorías aplicadas, al tiempo de estimar un daño a la nación que supera los 1 mil 616 millones de pesos, sólo en esta obra carretera.

Por ello, la ASF recomendó “mejores prácticas para la contratación de obra pública, específicamente en los alcances, términos de referencia, modelos de contrato, análisis del financiamiento y especificaciones para el pago de conceptos de obra como el concreto hidráulico y asfáltico, y el acero de refuerzo”.

El resultado de la auditoría aseguró que, durante la administración de Dionisio Pérez-Jácome como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),  “no se evaluó correctamente el costo por financiamiento presentado en la propuesta del contrato de iluminación y no se autorizaron los precios unitarios extraordinarios dentro del plazo establecido por la ley”.

En la tribuna del Congreso del Estado, Manuel Herrera Ruiz expresó que hay tramos con daños que representan riesgo para los usuarios, mismos que se deben de atender por seguridad de los transeúntes, sobre todo cuando se trata de una vía de comunicación de gran importancia comercial y de desarrollo para la región del norte de México.

Se debe buscar la forma de destinar los recursos necesarios para su mantenimiento, que a la larga no generen una mayor inversión, sino que los problemas se resuelvan en el momento que se necesitan, y fue más allá, si  los funcionarios responsables de ello no lo hacen, pediremos al gobierno federal se destituya a quienes están encargados de esa dependencia, si no se les da una solución que aqueja a los usuarios de Durango, Sinaloa, y de otra otras partes del país.

Además, es una carretera cara de 500 pesos por peaje, que en su momento antes de la inauguración pidió se disminuya el costo, pero no fue posible, y si ahora tiene deficiencias debe bajar, o de lo contrario exigir las mejores condiciones de seguridad para los  automovilistas.

La madrugada del lunes 4 de noviembre, la súper carretera Durango-Mazatlán fue cerrada en varios tramos por diversos deslaves y derrumbes, uno de ellos el más grande en el kilómetro 142+600 del lado de Durango, y también la carretera libre de lado de Mazatlán en el tramo Villa Unión-El Palmito, todo ello derivado de las intensas lluvias durante el domingo y la madrugada del lunes del pasado mes de noviembre por el ciclón Sonia.

En el caso de la autopista, permaneció cerrada por un lapso de 37 horas aproximadamente, según reportó el coordinador de la Policía Federal de Caminos Ramón Cerón Castañeda, pues el paso se impidió desde las 3 horas del lunes y se abrió a las 4 de la tarde del miércoles 5 de noviembre. La carretera libre se abrió el mismo lunes por la tarde.

Ante los daños causados, los  legisladores tienen la obligación de pedir la información a las instancias respectivas, inspeccionarla, para estar en condiciones de decirle a la sociedad que la obra se construyó con los estándares de calidad requeridos, o bien que no fue así, precisó entonces el diputado Felipe de Jesús Enríquez Herrera de Movimiento Ciudadano.

“Yo creo que en aras de claridad, para confirmar que hay fallas o en su caso no las hay, no está por demás hacer una revisión, esto generará certeza, confianza a la sociedad  traducida en seguridad”.

En entrevista para este medio, el legislador de oposición, reconoció no ser especialista de obra, ni tampoco constructor, por eso la solicitud de formar una comisión especial legislativa que hiciera las gestiones necesarias para contratar a peritos en la materia, que pudieran detectar vicios ocultos, con el objetivo de conocer a ciencia cierta la calidad de la obra y tener los elementos para proceder ante las instancias respectivas.

Al haber recorrido la autopista hasta la caseta a Coscomate que es el límite con Sinaloa, apreció  un recarpetamiento muy visible en algunos tramos, para tapar  los baches a pesar de no haber sido usada.

Sin embargo la inspección con especialistas de obra, sin duda que aportaría nuevos elementos a considerar, en que intervinieran otras instancias para poder corregir los errores desde ahora, porque  ese era el momento, y a partir de entonces darle seguimiento a las deficiencias que vayan surgiendo conforme se usara la obra, que será la más transitada del norte del país, por el traslado de mercancías  en camiones de carga.

El legislador fortaleció su argumento, de una inspección seria y profesional, por la magnitud de la inversión, de flujo de vehículos de carga, particulares y por la inversión tan costosa es conveniente hacer una revisión a fondo, no se puede quedar en declaración, lo sucedido en la obra más importante del Estado, es un tema que debe interesar a todos y alguien debe tomar la iniciativa.

Los peritos serían de los colegios de arquitectos, ingenieros civiles donde existen profesionales competentes, y ver la posibilidad de traer a algunos de fuera, pero eso quedará a decisión de los legisladores que integren la comisión especial investigadora.

Aclaró que su propuesta no obedecía a ningún protagonismo,  sino que en el congreso hay muchos temas en que ocuparse, pero este no  podía pasar desapercibido y este tema requería una urgente atención, pero su punto de acuerdo fue rechazado por la mayoría, y a cuatro meses la Auditoría Superior de la Federación le da la razón.

 

C. Contreras: quienes la hicieron, la pagarán; no se protegerá a nadie, advierte

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Pero los panistas exigen criterios técnicos no políticos

en análisis de cuentas públicas 2013

Texto: Wendy Bautista Morales

@wendybautistamo

Al llegar al Congreso del Estado las cuentas públicas de los ayuntamientos, el gobierno estatal y los organismos autónomos, siete fueron rechazas por los cabildos por diversas irregularidades que podrían constituir daño al erario público y al patrimonio municipal.

Ante ello, la fracción del PAN en el Congreso, denunció un ajuste de cuentas por parte de los cabildos con mayoría del PRI, que decidieron reprobar cinco de 7 cuentas públicas donde gobernaba el Partido Acción Nacional, mezclando criterios políticos, no técnicos, por eso en el Congreso con mayoría priista no hay garantías de que esta situación pueda variar, es decir, se pondrán ratificar las reprobaciones, denunció la fracción del PAN.

En la lista se contabilizan dos municipios que gobernó el PRI, Guanaceví y Durango, pero que sus cuentas fueron rechazadas también, en el primer caso por un cabildo del PAN, y en el segundo de su mismo partido el PRI.

Ante ello la fracción del PRI, negó que vayan a prevalecer los criterios políticos, y garantizó revisiones exhaustivas a las cuentas anuales, y  en los casos que haya irregularidades no habrá proteccionismo para nadie, sean del partido que sean, sentenció Carlos Contreras Galindo, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado.

Pero esta versión no fue creíble para los legisladores del PAN, PRD y PT, quienes exigieron revisiones exhaustivas apegadas a criterios técnicos no políticos, sin usar las cuentas como moneda de cambio para arreglarse entre partidos, o como un mecanismo de presión para aprobarse las cuentas mutuamente.

Israel Soto Peña del PRD aseguró que en el tema de la cuenta pública de Durango, la Ley está siendo usada con tintes políticos, eso ha quedado muy claro, y se preguntó: ¿cómo es posible que hasta hoy vean las irregularidades? El rechazo de su cuenta anual de Adán Soria, tiene tintes políticos, sin duda,  aunque eso no lo exime  de las deudas a proveedores que heredó a Esteban Villegas o el supuesto fraude a constructores locales, hechos por los que debe ser investigado para clarificar la información y su responsabilidad.

“Sin embargo, también queda muy claro que  la ley es  para fines políticos y eso es reprobable, lo demás se debe investigar sin que sea moneda de cambio para afectar a alguien en lo político”, expresó el legislador.

Las cuentas públicas del ejercicio 2013 fueron recibidas en el Congreso en el mes de febrero según la Ley de Fiscalización, pero en agosto de ese año concluyeron las administraciones 2010-2013, pero en cinco municipios gobernó el PAN, y llegaron gobiernos del PRI, cuyos cabildos actuaron de manera partidista, denunció el diputado Ricardo del Rivero Martínez secretario de la comisión de hacienda en el Congreso, también ex alcalde de Santiago Papasquiaro 2010-2013, sin embargo solicitó licencia el 22 de febrero del 2013 para la diputación local.

Estos municipios donde gobernó el PAN,  son Pánuco de Coronado, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria,  Nombre de Dios y  Santiago Papasquiaro, cuentas públicas anuales que no fueron aprobadas por los cabildos que a partir de  septiembre del 2013 son gobernadas por el PRI. En este caso el ex presidente municipal de Santiago Papasquiaro, recriminó, porque si estas cuentas públicas fueron aprobadas por sus cabildos de manera bimestral, hayan sido rechazadas en la anual, eso resulta sospechoso.

Este caso se repitió en el municipio de Guanaceví y Durango, en el primero gobernó el PRI hasta el 2013, y luego llegó el PAN, y en el caso de Durango fue PRI, contra PRI, se fue Adán Soria Ramírez y llegó Esteban Villegas, pero la cuenta anual 2013 fue rechazada por el cabildo. En el caso de su municipio, el de Santiago Papasquiaro, precisó que no se le puede responsabilizar de un ejercicio dudoso, pues él  solicitó licencia el 22 de febrero del 2013, sin embargo aseguró que hay cuentas claras, y las irregularidades que puedan existir son de tipo administrativo no patrimonial.

De hecho, el próximo 15 de marzo se solventarán observaciones de la EASE por parte del ex alcalde que lo sustituyó, Rodrigo Sotelo Islas, quien responderá en tiempo y forma conforme a la ley.

Al llegar las cuentas públicas al Congreso del Estado, como lo marca la ley, fueron remitidas al órgano fiscalizador auxiliar  que es la Entidad de Auditoría Superior del Estado, EASE, misma que tiene hasta el mes de junio para rendir el informe de resultados al Congreso del Estado, y posteriormente los legisladores abocarse a su análisis,  cualitativo y cuantitativo, que generalmente basa sus criterios de revisión en que las observaciones emitidas por la EASE en cada cuenta pública no rebasen el 15% de sus ingresos. La cuenta que exceda este porcentaje será reprobada, así ha sido en los últimos tres años.

Carlos Contreras no quiso anticipar si este criterio va a prevalecer, lo tendrá que definir la comisión de hacienda, presupuesto y cuenta pública, lo que sí aseguró fue que las cuentas no serán dotadas de tintes políticos, ese elemento estará al margen, sólo se abocarán a lo técnico como lo marca la Ley de Fiscalización.

….Lo importante es no politizar el tema de las cuentas públicas, sino darle seriedad, cumplimiento a la ley porque es la obligación de los legisladores y la sociedad tiene derecho a saber lo que pasa en el manejo de los recursos públicos, con la seriedad y compromiso que amerita este tema.

Debe privar la responsabilidad legislativa, y la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental   exige a detalle la revisión de cada rubro en cuentas públicas, por eso se actuará con transparencia para proceder en las instancias competentes, y de haber irregularidades se actuará conforme a la ley, sin proteccionismo para nadie.

Trinidad Cardiel del Partido del Trabajo, consideró que los legisladores tienen una oportunidad de demostrar qué tanto velan por la transparencia y la rendición de cuentas, o de lo contrario qué tanto pesa en ellos su compromiso partidista, en el caso del PRI y sus partidos aliados. Exigió que se deslinden de esos intereses y ejerzan una revisión imparcial, apegada a criterios técnicos.

En el caso de la cuenta pública del municipio de Durango, dijo que el tiempo le dio la razón, pues ella en tribuna denunció desde finales del 2013, los malos manejos e irregularidades del gobierno de Adán Soria, cuando el cabildo aprobó la línea de factoraje de 25 millones de pesos, que no fue otra cosa más que una nueva deuda pública, por la serie de deudas a proveedores encontradas por la actual administración. En este caso como en el resto se debe llegar al fondo del asunto y no dirimir las diferencias con arreglos partidistas.

Israel Soto Peña del PRD, dijo que los legisladores, deben asumir su responsabilidad de aplicar la ley independientemente de las consecuencias o de los partidos que gobiernen, pero dudó que esta vez sea diferente, a como se ha hecho, pues en el caso del municipio de Durango, se aplicó un criterio partidista y la ley se usó para exhibir a Adán Soria.

Ricardo del Rivero del PAN, y secretario de la comisión de hacienda, dijo que debe privar la legalidad en los recursos que son producto del impuesto de los ciudadanos. Es una gran controversia cuando cambian en un mismo año fiscal a los alcaldes, pero los criterios políticos prevalecen. En necesario que el ente fiscalizador, la Entidad de Auditoría Superior del Estado haga un trabajo imparcial, que no haya injerencia de personas que no conozcan ni tengan información, como los alcaldes entrantes, que señalan sin conocer.

“….Los ayuntamientos deben subsanar las solventación que haga la Entidad, no las administraciones municipales, que no son entes fiscalizadoras, sino esperar el informe de resultados que emita la EASE, y en base a ello analizarlos para decidir su aprobación o no.

Insistió el panista, que el  Congreso del Estado debe legislar sin criterios políticos, desligarse de esa tentación y sujetarse a lo técnico. En el caso de las 7 cuentas públicas anuales  reprobadas por sus cabildos, es contradictorio que las revisiones las realice la EASE y luego el cabildo aprueba las cuentas públicas  bimestrales, pero  cuando llega otra administración de un partido diferente las reprueba. Habrá que esperar los tiempos legales y determinar cuál fue el comportamiento legislativo.

¿Venganzas políticas en 7 municipios del PAN y PRI?

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Por: Víctor R. Hernández

La serie de acontecimientos que la sociedad de Durango viene presenciando desde el pasado martes, cuando la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Durango rechazó la Cuenta Pública 2013 que abarca los ocho meses de gobierno de Adán Soria Ramírez y cuatro meses de Esteban Villegas Villarreal, se inscriben, posiblemente, en una nueva etapa de transparencia, combate a la impunidad y a la corrupción en este nivel de gobierno.

Los elementos que a continuación enumeramos nos indican, a bote pronto, el hartazgo del histórico encubrimiento y el rompimiento de cadenas de corrupción que se han retroalimentado con el paso del tiempo entre gobiernos que salen y administraciones que llegan, hipótesis que en adelante el Congreso del Estado, deberá de ratificar o desechar, como siempre.

1.      El pasado martes la Comisión de Hacienda  y Protección del Patrimonio del Ayuntamiento capitalino dictamina en contra la Cuenta Pública 2013, por detectar irregularidades e inconsistencia en los tiempos de la recepción de facturas.

2.     El jueves pasado sesionó el cabildo y ratificó las razones de la Comisión de Hacienda, votando a favor la negativa de dicha comisión de dictaminar aprobada la cuenta pública.

– En este hecho destaca la ausencia de la regidora Gina Campuzano que se supone por ser de oposición debió ser la más interesada en el análisis de este documento, de ahí que en el acta de este organismo colegiado se registraran sólo 17 votos a favor y no 18.

3.- El viernes después de las 12:00 el ex alcalde Adán Soria Ramírez cita a conferencia de prensa para argumentar que el cabildo anterior había aprobado las cuentas bimestrales pero que está abierto a cualquier aclaración que reclame la autoridad correspondiente. Asegura que heredó un gobierno en orden.

4.- Sin embargo, el constructor Julio Rodríguez, en respuesta al ex alcalde, hace pública su situación. Le recuerda a Soria Ramírez que a él nunca le quiso pagar más de un millón de pesos por la pavimentación de 3 calles en la ciudad capital.

5.- Fuentes  allegadas a la Sindicatura del Ayuntamiento comenzaron a filtrar el pasado fin de semana, avances sobre la serie de irregularidades que se vienen encontrando en las diferentes direcciones que conforman la administración municipal.

– Por ejemplo, se da a conocer que el bordo con geomembrana destinado para la comunidad del poblado Aquiles Serdán, municipio de Durango, con recurso federal del Ramo 33 y cuya inversión fue de 700 mil pesos, dentro del ejercicio 2013, fue construido en una propiedad privada cuyo dueño único es el profesor Fidencio Quiñones.

Por lo que se deduce que el recurso no se aplicó conforme a la normatividad vigente, en los términos del artículo 33 capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículo 47 fracción 2 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del estado y municipio, al no ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia y no cumplir las leyes y otras normas que determinan el manejo de los recursos.

– Se le da seguimiento a otro casos semejante que fue aprobado para la comunidad de J. Refugio Salcido y se construyó en el poblado Felipe Ángeles, con la misma característica del anterior: en propiedad privada, dejando fuera al resto de la comunidad.

– En esta misma semana podrían generarse nuevas informaciones de bordos de abrevadero con irregularidades semejantes a las antriores en los poblados Parras de la Fuente, Aquiles Serdán y el poblado 27 de noviembre.

6.- Pero no sólo en Durango capital se cuecen habas. Hay situaciones muy semejantes al comportamiento del organismo colegiado del Ayuntamiento de Durango. Por mayoría, regidores de los municipios de Santiago Papasquiaro, PAN; Nombre de Dios, PAN; Guadalupe Victoria, PAN; Pánuco de Coronado, PAN y Guanaceví, PRI, rechazaron dictaminar a favor de las respectivas cuentas públicas de 2013, argumentando también serias irregularidades.

En total, son siete los casos y, claro, el más impactante es el de Durango Capital, por lo que será difícil considerar que los siete casos responden a venganzas políticas.

Claro, la respuesta a esta suspicacia está desde esta semana en la cancha del Congreso del Esado, a donde fueron a dar todas las cuentas públicas desde el pasado viernes 28 de febrero, fecha límite para hacer llegar tales documentos al poder legislativo. Y claro, más específicamente, corresponderá al titular de la Entidad de Auditoria Superior del Estado, a cargo del contador Luis Villarreal, demostrar si los regidores de estos 7 municipios actuaron dentro del marco de la ley o de nueva cuenta se sujetaron a eso, a las venganzas políticas.

Priistas: faltó tiempo. Oposición: urge auditoría externa

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Pasa Cabildo “papa caliente” al Congreso

Por : Daniel Ortiz

 

Por unanimidad el pleno del Cabildo de Durango aprobó y envío al Congreso del Estado el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda en el que no se aprueba la Cuenta Pública Anual 2013. Un hecho sin precedentes y del cual, aseguran, no hay trasfondo político.

No se trataba de cualquier trámite; en esta ocasión los ediles tuvieron que hacer más que levantar la mano para manifestar su aprobación o desaprobación del dictamen, sino que a solicitud de quien presidió la sesión de Cabildo en ausencia del Alcalde, uno por uno y de viva voz externaron su voto a favor de la no aprobación de la Cuenta Pública Anual 2013.

El Pleno del Cabildo votó a favor del “dictamen no aprobatorio” presentado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, que dos días antes lo había sometido a votación con el resultado de tres en contra, dos abstenciones y uno a favor, además de una ausencia.

Así, el pasado 28 de febrero el documento llegó al Congreso del Estado –como lo exige la Ley-, con el argumento de la fracción priista que les faltó tiempo para completar la revisión de la cuenta anual.

Mientras tanto, la oposición mantuvo la misma postura asumida desde el principio de la administración en cuanto a que el mal manejo del recurso público por parte del Gobierno Municipal es cada vez más evidente, razón por la que solicitaron un ejercicio de auditoría externa.

Ante la ausencia del Alcalde Esteban Villegas Villarreal, quien no participó de la concluyente sesión “por motivos de agenda”, el encargado de presidir la Sesión Ordinaria fue José Luis Cisneros Pérez, en su rol de primer regidor.

Antes de dar lugar a las participaciones de los regidores que querían manifestar su postura respecto al tema, Cisneros, también secretario de la Comisión de Hacienda, anticipó que los representantes sociales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votarían en contra de la Cuenta, en la que se concentra el ejercicio de ocho meses de la gestión del ex alcalde Adán Soria y cuatro de la actual.

El aviso

El pasado martes 25 de febrero, la tesorera municipal, Diana Gabriela Gaitán Garza, fue la primera en sorprender a los medios de comunicación al dar a conocer la no aprobación del documento, tras la culminación de la sesión de la Comisión de Hacienda.

A dicha mesa de trabajo asistieron seis ediles y votaron de la siguiente manera: Valentín Uviña Rubio (PT), Sandra Lilia Amaya Rosales (PAN) y Mayela Enríquez Hernández (MC), en contra; mientras tanto, el síndico Alfredo Andrade Gallegos (PRI) y José Luis Cisneros Pérez (PRI), en abstención, mientras que Salvador Quintero Peña (PRI), fue el único a favor. Jesús Cabrales Silva no asistió a la comisión de la que forma parte, por motivos de salud.

El argumento de los ediles de oposición para no aprobar, fue prácticamente el mismo al que han hecho referencia, respecto a la percepción de incremento en la deuda pública y la inconsistencia en el pago a proveedores, aunque en esta ocasión Enríquez Herrera, criticó y puso en tela de duda la renovación del alumbrado público que efectuó el gobierno anterior.

El argumento no esperado, lo dio el Síndico Municipal, al resaltar la detección de facturas que han sido entregadas en últimas fechas a diferentes direcciones, por servicios supuestamente prestados en 2013, e incluso 2012.

“El problema radica en que tales facturas no se contemplaron en el proceso de entrega recepción.”

Cisneros fue claro al referir que como ente revisor, al Cabildo le faltó tiempo para valorar de forma adecuada el documento que ya fue entregado al Congreso del Estado, en cumplimiento con lo que marca la Ley.

Anotó que será necesario investigar a cabalidad la veracidad de los documentos fiscales, pues para empezar hay que comprobar si en realidad se prestó el servicio cobrado, así como los motivos por los que hasta ahora aparecen.

Es de recordar que los estados financieros bimestrales, tanto en Comisión como en el Pleno del Cabildo habían sido aprobados con la mayoría priista, mientras que con la negativa constante de la oposición, los dictámenes se emitían en aprobación por mayoría.

Empero, en esta última ocasión, después de un voto dividido en contra en los trabajos de Comisión, la Cuenta Pública Anual logró un voto unánime, sólo que fue a favor de la no aprobación.

Dan sus motivos

Cisneros Pérez, quien ha participado en el Congreso como diputado y asesor, explicó que dicho poder tiene la facultad para fiscalizar las cuentas públicas de los ayuntamientos, no así el Cabildo, que se limita a la revisión.

Expuso que los ciudadanos necesitan conocer los resultados obtenidos del proceso de fiscalización, más que de la revisión de los movimientos realizados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

Advirtió que el Congreso cuenta con un órgano técnico contable integrado por más de 100 profesionistas, de los cuales más del 60 por ciento son contadores públicos y el resto ingenieros y arquitectos, de ahí el potencial en recursos para analizar las cuentas presentadas por los ayuntamientos.

Alegó que el voto de los miembros de la fracción priista no tiene nada que ver con alguna política, sino con la rendición de cuentas y que la ciudadanía pueda conocer  el desenlace de un análisis a fondo y pidió a los ediles de oposición no valerse de la situación para “llevar agua a su molino”.

En clara muestra de que ahora sí se preparó para la ocasión, la regidora Mayela Enríquez Herrera, de Movimiento Ciudadano, pidió la palabra para exigir una auditoría puesta en manos de una consultora independiente y certificada, la cual se aplicaría no sólo a los ocho meses de la pasada administración, sino también de los cuatro primero meses de la vigente, teniendo en cuenta que se ha actuado con omisión y encubrimiento en varios temas, según consideró.

La regidora pidió a sus iguales priistas no dejarse llevar por vendettas políticas, pero tampoco  ocultar los errores de la pasada administración, de entre los que se ha encargado de señalar con mayor ahínco la adquisición y colocación de luminarias de nueva tecnología, que costó 100 millones de pesos.

La edil, también cuestionó el hecho que el Ayuntamiento aprueba en sus leyes de Ingresos, cantidades menores a las que saben que se van a recaudar, lo que puede representar un vacío al momento de la rendición de cuentas.

Respecto a la auditoría, José Luis Cisneros mencionó que no es viable, ya que no está dentro de las facultades del Ayuntamiento, más si del legislativo, de quien precisamente se espera un trabajo minucioso de revisión.

Referente a tema de la Ley de Ingresos, fue Jesús Cabrales Silva quien se encargó de responder y argüir que si se presupuesta una cantidad superior a la que se recauda, existe el riesgo de gastar más de lo que se tiene o quedarse sin dinero antes de tiempo.

Luis Galindo Ramírez, representante de los regidores panistas, aprovechó para recordar que desde principios de la administración la cuenta de proveedores se mostraba inconsistente, con una deuda de hasta 90 millones de pesos, 30 mdp superior a la del año anterior.

El coordinador de los regidores priistas, Antonio Vázquez Sandoval, destacó que la postura asumida por sus compañeros en la pasada Sesión de Cabildo, da muestra del interés que existe por promover la transparencia y rendición de cuentas.

“Descartamos cualquier situación política al interior del partido, el cual se nutre de muchas corrientes y organizaciones, todos representados en el Cabildo, en el que por cierto hay unanimidad en torno a esta decisión”, dijo.

Cuestionada sobre la reprobación de la cuenta presentada, Diana Gabriela Gaitán Garza, directora municipal de Administración y Finanzas, se amparó al referir que no han tenido tiempo suficiente para trabajar con relación a las facturas extemporáneas, pues hay que recabar lo que se tiene en Contraloría, Sindicatura y otras direcciones.

Por lo pronto, aseguró que todavía no hay montos estimados y tampoco se sabe todavía si proceden o no los cobros, pero esperan tener datos concretos de ser posible en una semana.

Jornada

Aunque el punto que se llevó los reflectores en la sesión fue el del dictamen que presentó la Comisión de Hacienda que no autorizó la Cuenta Pública 2013, se atendieron en total  20 puntos de la orden del día.

El citado punto pasó de ser el no. 18 al primero en ser atendido tras la toma de asistencia y declaratoria de quórum legal, y fue el que por obvias razones más tiempo se llevó y captó el mayor interés de los presentes, que en su mayoría eran medios de comunicación.

El color lo dieron  un par de payasos, miembros de una asociación de personas que se dedican a esta actividad y que en otras circunstancias hubieran sido abordados por la prensa de forma inmediata, dada la psicosis que se vive en un sector de la población por una serie de rumores que los involucran.

Sin embargo, los expertos de la globoflexia y su pancarta de solicitud de apoyo y alto a las acciones de rechazo de las que han sido víctimas en los últimos días, pasaron desapercibidos, hasta culminado el primer punto de la sesión y las reacciones que el mismo causó.

 

 

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“Los ciudadanos necesitan conocer los resultados obtenidos del proceso de fiscalización, más que de la revisión de los movimientos realizados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013”

José Luis Cisneros Pérez, primer regidor.

 

 

 

 

 

 

A lo chino, Conagua cobrará adeudos a 19 municipios

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Le adeudan $300 millones; Congreso autoriza descontárselos de sus participaciones

Texto: Wendy Bautista Morales

El Congreso del Estado aprobó la modificación a la Ley Estatal de Obra Pública del Estado para permitir a los ayuntamientos convenir la afectación de sus participaciones federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN, a fin de cubrir con la Comisión Nacional del Agua, CNA, los pagos de derechos y aprovechamientos de agua y descargas residuales.

En Durango el adeudo por este concepto asciende a los 300 millones de pesos de  19 ayuntamientos, y a partir de enero de este año, el municipio que se adhiera a este programa de descuento, mismo que será voluntario, tendrá el descuento automático por parte de la secretaría de finanzas para que ésta transfiera el pago mensual de ese derecho a la Comisión Nacional del Agua.

De esta manera se irá abatiendo el rezago histórico, porque de no hacerlo, el riesgo es que la  CNA ya no les apoyará con recursos para obra pública, que en los hechos significa ya no recibir participaciones federales del fondo de infraestructura hidráulica.

Sin embargo, al adherirse, uno de los beneficios para los ayuntamientos,  es que en automático la administración municipal ingresará a un programa denominado de devolución de derechos por parte de CNA, esto significa que las cantidades que ellos paguen serán devueltas en recursos para infraestructura hidráulica.

Ante ello, el delegado de CONAGUA Fernando Uc Nájera, dio a conocer que el adeudo actual por derechos y aprovechamientos es de 300 millones de pesos por parte de 19 municipios, quienes serán beneficiados con esta modificación legislativa para permitirles vayan reduciendo su rezago, pues no habrá condonación alguna en los próximos dos años.

Esto se generó por un incumplimiento reiterado a la Ley Federal de Derechos de los Usuarios que son los operadores de agua de las presidencias municipales, y la modificación a la ley local permitirá que ese adeudo se vaya cubriendo poco a poco y que ya no se genere más, pues el organismo federal  en este caso la Conagua no está en condiciones de subsidiarlos.

La inscripción será voluntaria, no obligada, pero si no lo hacen el riesgo para los ayuntamientos  es que puedan ser afectadas sus participaciones federales, hasta ese punto se puede llegar, entonces  esto es una oportunidad para regularizar su situación a lo largo de dos años, y posteriormente el rezago histórico desaparezca.

Es decir, si hoy un municipio debe cierta cantidad a Conagua, pero se adhiere a este programa y bajo un esfuerzo paga continuamente por dos años, mediante  el descuento del programa FORTAMUN, a partir del 2016 su cuenta quedará en ceros.

Otra de las reformas y adiciones a la Ley de Deuda Pública, fue la de los artículos 6, 8 y 12 en que se busca generar mecanismos que permitan contratar financiamientos a las administraciones públicas en mejores términos y condiciones, sobretodo en lo referente a las tasas de interés y la posibilidad de acotar los riesgos en los presupuestos públicos.

COSTOS Y CRISIS POR EL AGUA.

El origen de los adeudos y de la crisis que enfrenta el tema de la necesidad del agua por el crecimiento demográfico se reduce a uno sólo, la falta de conciencia de la población por revalorar lo que significa para la vida, la falta de conciencia para pagar por el servicio y lo que cuesta la producción y mantenimiento de la infraestructura.

Las tarifas representan apenas una quinta parte de la producción y transportación del agua. No es solo llevar una toma, sino mantener el servicio en el tiempo,  el mantenimiento a la infraestructura, costo que no está contemplado en las tarifas, eso cuesta mucho más.

El promedio nacional de la tarifa se ubica entre 7 y 8 pesos por tinaco o metro cubico, lo que se ignora es el costo de producción, si se toma el agua de arroyos o ríos, o es bombeada de pozos, hay un costo importante antes de la potabilización, luego se conduce por la red primaria, secundaria,  hasta llegar a la red doméstica. Posteriormente usada, se debe extraer, transportar,  tratar hasta depositarla nuevamente en las condiciones como se tomó, todo eso cuesta  35 pesos por tinaco, cuando se cobra sólo 7 pesos.

Este es un costo cotidiano, del día a día, lo mismo que la reposición de redes y de infraestructura, tampoco  considerado el costo  en la tarifa, y a eso se le suma la atención del servicio para  atender el crecimiento demográfico.

Esto costos no tienen dimensión a la tarifa, significan grandes inversiones de dinero público, por eso la gente tiene que tener conciencia en su cuidado y pago.

El tratamiento del agua cuesta el doble del suministro, y ante ello se requiere decirle a la gente que el tema del agua es serio, riesgoso, trascendente en que no se puede dejar solo la responsabilidad a la autoridad.

Al anunciarse la XI edición del Encuentro Nacional de Cultura del Agua del 7 al 9 de mayo, con la participación de los organismos involucrados, como la ANEAS, IMTA, CONAGUA, AMD y CAED,  con sede en Durango, se pusieron sobre la mesa los temas a analizarse, como la sequía, las inundaciones y falta de servicios de agua potable.

Ante ello, Roberto Olivares director general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento ANEAS, expuso la  crisis del agua en el mundo y  también en México, en que la seguridad hídrica se ve amenazada por la sequía, mucho  más grave que las inundaciones, porque la primera se prolonga por años y  aniquila el desarrollo vegetal y humano.

Enumeró los  cinco graves problemas que aquejan a la prestación de los servicios; el primero  la parte económica, no hay un sistema financiero del agua, por eso hace falta incidir en el valor del vital líquido, porque la gente tiene la idea que es la prestación de un nivel de gobierno,  una asignación divina o celestial, y eso es contra lo que se lucha.

Entre ellos se encuentra sin duda el  tema político, que  les ha complicado a un 200% el cobrar las tarifas del agua porque, hasta hay candidatos de todos los partidos políticos que ofrecen en campaña no subir las cuotas del agua, y eso  debe ser tipificado como un delito o fraude electoral.

En la conferencia de prensa ofrecida a los medios de comunicación, en la que estuvo el gobernador Jorge Herrera Caldera, y funcionarios locales y nacionales,  Roberto Olivares fue abordado por un tema en particular, que en Durango la diputada Trinidad Cardiel se opuso al incremento de las tarifas de agua potable en diciembre pasado, y como este tipo de posiciones les complica avanzar en el tema.

“…no se ha metido a analizar lo técnico y la complejidad para introducir los servicios de agua potable, qué tanto conoce de los costos, es irresponsable que alguien que asume una responsabilidad pública plantee la contención de los costos en las tarifas. Hay rezago de inversión de cuatro décadas en el país de un billón de pesos, hay incultura que se debe combatir.

Yo diría no solo a la diputada sino a cualquier legislador, que su responsabilidad es informarse de la problemática e involucrarse qué tanto puede proponer para la solución, y dejar actitudes populistas para que actitudes irresponsables no frenen el progreso y sirva a la sociedad su función legislativa. Es su función informarse y actuar”.

El tema de la crisis por el agua, tiene enfoques diversos, políticos y de tecnología, en este último se  requiere una gran inversión para bajar el costo de producción hasta el 50%, falta mucho por cumplir con estos aspectos, pero se plantean esquemas graduales para sentar las bases para la transformación en los seis años, es complicado pero se hará aceptando cualquier cosa que aporte a la solución, las tarifas, inversión pública, privada, etc.

La seguridad hídrica es otro factor, relacionado con  la falta de servicios de agua elemental para la población, pero en esta parte  todos son actores de las soluciones, por eso en breve se presentará  un plan nacional hídrico de la CONAGUA, para actuar con corresponsabilidad de la autoridad y usuarios. Buscará la alienación, donde la federación sea responsable de la parte normativa, los Estados de la política pública y  municipios  a los sistemas operadores y de la autonomía para que sean auto sostenibles.

En el caso de Durango el programa Agua Futura es un gran avance en tecnología y garantía del servicio, el presupuesto  de 2013 fue de 600 millones de pesos, para infraestructura del agua y  la tecnificación de riego para el campo. Para 2014 en términos globales serán 840 millones de pesos en infraestructura del agua, de esos, 240 millones serán para macrotanques en La Laguna y tecnificación de módulos de riego.

 

 

Se movilizan PRI y PAN.

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Wendy Bautista M.

La agenda de la semana anterior estuvo cargada de varias lecturas en el ámbito político que empiezan a echar luz a como se van a reagrupar las fuerzas en este año.

El gobernador Jorge Herrera Caldera, en reunión con los sectores del PRI en Durango y Gómez Palacio con motivo del año nuevo,  hizo un recuento de las principales acciones realizadas en el 2013, y de la necesidad de ir por el camino de la unidad para continuar dando resultados.

Frente a varios ex gobernadores, con excepción de Ismael Hernández, quien no asistió a la reunión de la capital, pero si Gómez Palacio, el mandatario estatal también les leyó la cartilla a los priistas para decirles desde ahora que nadie se anticipe, que no son los tiempos y que todo trabajo debe ir en función de la responsabilidad pública, no personal.

Consideró que este era un buen momento para hacerlo, pues los priistas deben tener claro que por hoy  es su obligación acuerpar su gobierno, no desviarse de esa función, tampoco apartarse de dar respuesta a los ciudadanos en la laboral cotidiana antes de andar con vanidades personales.

Sin embargo conforme avancen los meses, esta instrucción podrá irse olvidando poco a poco, pues se empezaran a delinear con mayor profundidad los grupos, las fuerzas entorno a ciertos liderazgos dentro del PRI para tratar cada uno de apuntalar sus esfuerzos, por ahora en el congreso del Estado se empiezan a ver ciertos visos de quienes pretenden estar en la jugada.

Algunos  legisladores de mayoría por la capital, con el argumento de  estar en contacto directo con sus representados, andan trabajando cotidianamente en reuniones con vecinos de sus distritos, organizando visitas a escuelas, con madres de familia, trabajadores, jóvenes para escucharlos y ayudarlos en algunas gestiones de servicios públicos, así como apoyos deportivos, sonidos, etc. Invirtiéndole cada uno esperando les reditúe en algo. Los regidores andan en una labor similar aunque por ahora de más bajo perfil, pero habrá que observarlos como evolucionan en el cabildo.

Esta semana Jorge Herrera Delgado, rindió su informe de actividades en la cámara de diputados espacio que compartió con sus compañeros legisladores, pero  queda claro desde ahora cuál es su intención política, sobre todo cuando Manlio Fabio Beltrones vino a apoyarlo como invitado de honor.  En este espacio el coordinador de todos los diputados del PRI en San Lázaro pudo observar de cerca cuál es el ánimo y la fuerza de los priistas en el gobierno de Jorge Herrera Caldera.

Por el lado del PAN, las fuerzas también se empiezan a definir. Víctor Hugo Castañeda Soto anunció su eventual salida del comité directivo estatal para incorporarse a la campaña de Gustavo Madero una vez que inicie formalmente la campaña, por ahí del mes de mayo, pero como Madero anda en abierta campaña tal vez Castañeda Soto se retire antes.

Otro panista que inició el año con mucho ánimo de ir por su siguiente peldaño político es Rodolfo Dorador quien podría ser el coordinador nacional de la campaña de Gustavo Madero, con quien trabajó muy de cerca en la primera campaña a la dirigencia nacional.

Mientras tanto los precandidatos a la dirigencia estatal del PAN andan muy activos, José Antonio Ochoa, Ricardo del Rivero recorren comunidades, primero para hacer su labor en torno a sus gallos a la dirigencia nacional, y de paso darse a conocer en su intención de presidir el PAN. Ochoa apoya a Juan Manuel Oliva, quien por cierto estuvo el domingo pasado, y del Rivero con Madero.

Finalmente Nancy Vázquez Luna, ex alcaldesa de Nombre de Dios, ya aceptó tener la intención de inscribirse a la dirigencia estatal, por eso también trae una agenda muy dinámica en visitas a militantes. Así las cosas en esta semana, en que los dos partidos más importantes ya dieron señales de movilidad.

 

Esposas, amantes, ex líderes sindicales; de todo hay en las ITP

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Hasta en $100 mil se vendieron las incapacidades, revela

dirigente de la CNTE

Texto: Wendy Bautista Morales

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE está de acuerdo en  la reforma a la  Ley de los Tres Poderes con impacto directo a restringir las Incapacidades Totales y Permanentes, ITP, de la sección 44, pues en esa lista hay  esposas, amantes,  ex amantes, de ex líderes sindicales, diputados en funciones y ex diputados que en otros momentos pactaron con la autoridad para darles ese beneficio.

Aunque su dirigente Rafael Montes no aportó nombres, dijo que  es un secreto a voces, el tráfico de incapacidades totales y permanentes que se han venido expidiendo al amparo del poder y la corrupción entre autoridades y sindicatos para maestros que no las merecen, que tienen otros trabajos y que siguen cobrando su salario al cien por ciento sin estar enfermos, eso es una realidad, por eso la iniciativa aprobada en el Congreso del Estado es un buen paso, pero el dirigente fue más allá y pidió que se revisen las incapacidades para obligar a que regresen a trabajar quienes no las justifiquen.

En este tema de las incapacidades Rafael Montes dirigente de la CNTE estuvo de acuerdo, sin desproteger el derecho  a la salud de los trabajadores de la educación, sin embargo  lo sucedido en el Congreso es una muestra que la autoridad educativa va por todo, pues a compañeros en diciembre les retiraron la prima vacacional y se plantea que ya no les den bonos y les quiten el aguinaldo, y ahora enfermarse será un delito.

Fue específico en el tema  de las ITP, y  se mostró dispuesto a que la autoridad transparente la lista y las prácticas cometidas para beneficiar a maestros no enfermos que las compraron hasta en 100 mil pesos, eso se dio mucho en La Laguna, incluso otra fuente que pidió su anonimato, por haber trabajado por varios años en el sector educativo y tener acceso a esa información, confirmó que  hace algunos años existió una asamblea de ex dirigentes sindicales de la sección 44 que acordaron otorgarles incapacidades totales y permanentes a todas sus mujeres, esposa, sus amantes,  ese acuerdo fue real y prevalece a la fecha con un sin número de ITP.

Rafael Montes, mencionó que el séptimo transitorio de la reforma a la Ley de los Tres Poderes, se garantiza el derecho a la salud de los maestros, y negó que ese apartado haya sido un logro de la sección 44 luego de reunirse con el secretario de gobierno  Jaime Fernández Saracho y el gobernador Jorge Herrera Caldera, pues ese texto ya existía desde antes, pero la redacción no cambia en nada la esencia de los candados impuestos, en que las incapacidades totales y permanentes ya no aplicarán en enfermedades crónicas como diabetes, y prácticamente tendrán que estar muy graves o llegar sin brazos y sin piernas para obtenerla.

En entrevista, el dirigente de la  CNTE dijo que siempre ha señalado a funcionarios y líderes sindicales que se prestaron a comprar y vender ITP hasta en 100 mil pesos, en La Laguna está infestado de compañeros con ITP, uno de ellos el ex dirigente de la sección 44, Artemio de quien no recordó los apellidos, y de muchos maestros que dicen que las tienen y las compraron.

Y fue más allá, denunció que en la lista de Incapacidades Totales y Permanentes actuales,  están esposas de ex secretarios, amantes de ex secretarios de las secciones, amantes de secretarios generales,  esposas y amantes de diputados y ex diputados y un sinfín de maestros sanos que tienen otros trabajos, pero con el beneficio del ITP.

“…Nosotros estamos en desacuerdo en esto, que este círculo de corrupción se siga dando, por eso queremos transparencia y que quien de verdad esté enfermo cuente con su incapacidad, porque hay maestros con cáncer y problemas de salud que no se pueden presentar a trabajar, pero no cuentan con este beneficio.

Por su parte Carmen Villalobos dirigente del Sindicato de los Tres Poderes avaló la reforma aprobada en el Congreso, porque no les afecta en lo absoluto,  cuando un trabajador se retira por estado de invalidez no se retira de acuerdo a los años trabajados ni con el cien por ciento de su salario. Existe un beneficio que se les otorgará una pensión por riesgo de trabajo que antes no estaba considerada en la ley.

En otro tema, Rafael Montes anunció que la CNTE no participará de los foros nacionales que organiza la cámara de diputados para legitimar las leyes secundarias de la reforma educativa, pues ese es un circo al que se ha prestado el “payaso” del SNTE Juan Díaz de la Torre.

En el caso de Durango, ya realizaron los once foros en el Estado, y los resultados fueron entregados al Congreso del Estado para ser tomados en cuenta, están obligados como representantes populares a escucharlos y de no ser así iniciarán nuevas movilizaciones, sin miedo a represalias, pues los han querido amedrentar con denuncias y una persecución en la fiscalía por supuestos daños a la Secretaría de Educación en pasadas manifestaciones.

Rafael Montes, Leobardo Carrillo y Consuelo de Villar, tienen denuncia por daños en la SEED y el tema no se termina con el pago de mil pesos del vidrio dañado, sino que han sido perseguidos para tratar de debilitarlos rumbo a las manifestaciones que ya se preparan para mediados de febrero a nivel nacional, en que Durango participará también a nivel local.

Ya ven venir en Durango el retiro del subsidio sobre el producto del trabajo del 60%, que va a pagar el trabajador no solo los maestros, sino el burócrata, pero la CNTE no lo va a permitir, porque eso significaría un retroceso de 10 años en el salario, por eso van a movilizarse el 30 de enero, saldrán del jardín de Nazas, al congreso del Estado y  las dos secciones sindicales.

 

 

 

 

Edición 669 (Semana del 27 de Enero al 02 de Febrero del 2014)

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Reglazo en las manos a maestros, por corruptos

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El Estado erogaba hasta $350 millones al año, por Incapacidad Total y Permanente, gestionado por el sindicato

Texto: Wendy Bautista Morales

El Congreso del Estado aprobó con 21 votos a favor y 7 votos en contra, 3 de ellos del Partido  Nueva Alianza, una iniciativa para regular la emisión de las incapacidades totales y permanentes que cuestan al Estado 350 millones de pesos al año, tan sólo las 1,300 incapacidades  otorgadas a los maestros de la sección 44 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, SNTE, en Durango.

Asimismo se podrán revocar las incapacidades no justificadas a los trabajadores de los tres poderes,  que serán revisadas por un nuevo organismo de valoración, dependiente del gobierno del Estado, bajo una revisión exhaustiva para determinar la viabilidad médica de la incapacidad, y quien no la justifique regresará a trabajar.

De acuerdo a lo dicho por el diputado Rosauro Meza, uno de los impulsores de la reforma,  las incapacidades vigentes estarán sujetas a valoración médica por el organismo a crearse en los próximos 120 días, y las que se detecten irregulares, los titulares tendrán que regresar a trabajar, sólo seguirán las que se justifiquen, pues no descartó que en muchas de ellas haya existido corrupción de por medio.

Esta iniciativa surgió a raíz de la creciente corrupción en el sector magisterial, en que maestros en contubernio con las autoridades médicas, consiguen o compran las incapacidades totales y permanentes, sin estar enfermos, es decir, siguen cobrando su sueldo completo, pero a la vez tienen otro trabajo fuera del sector educativo, pero que les permite continuar con sus prestaciones, antigüedad y salario al cien por ciento.

La iniciativa sorprendió a la secretaria general de la sección 44, Clara Eugenia Gurrola Zamora, quien llegó al Congreso el martes 14 de enero, acompañada de su comité exactamente un año después de haberse manifestado en contra de la reforma constitucional educativa, promulgada el 25 de febrero del 2013 por el Presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional.

La iniciativa a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado, presentada por la comisión de trabajo y previsión social al pleno, pero originada por otros 5 diputados, aunque  regula las licencias e incapacidades totales y permanentes a los trabajadores de los tres poderes, está dirigida en la parte de los transitorios a los trabajadores de la educación de la sección 44 del SNTE,  por ser trabajadores estatales, no así los de la sección 12 y 35 que son federalizados.

Esa mañana se generó un caos, en el que participó de lleno el diputado Julián Salvador Reyes ex dirigente sindical de la sección 44, hoy legislador del Partido Nueva Alianza, quien visiblemente molesto cuestionó las formas en que se presentó la iniciativa sin mediar palabra alguna con él, como presidente de la comisión de educación en el Congreso.

Clara Eugenia Gurrola Zamora, dijo desconocer el contenido de la iniciativa, pues nadie les informó de qué se trataba, mucho menos  los escucharon,  sin embargo impacta de lleno en los intereses de la sección a su cargo,  y negó que los maestros hagan rehén a la autoridad educativa o legislativa, pues en el caso de las incapacidades, el organismo encargado de dar esta prestación no es el sindicato, que ha sido respetuoso de la autoridad, y su presencia en el Congreso obedeció a  su interés de que los maestros reciban el servicio como un derecho adquirido.

En los minutos siguientes a las declaraciones de la maestra Clara Eugenia Gurrola, un intermediario en el Congreso estatal, se comunicó con el dirigente nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre, para mostrar su inconformidad a la iniciativa que consideraron atentatoria contra los derechos de los maestros en la sección 44 en Durango, paralelamente este mismo contacto habló  a la oficina del gobernador del Estado Jorge Herrera Caldera para mostrar su inconformidad y la imposición de la que serían objeto.

En la primera sesión se  presentó la iniciativa por los legisladores Octavio Carrete, Fernando Barragán, Iván Gurrola, Rosauro Meza y José Ángel Beltrán Félix, misma que fue valorada por la comisión de trabajo y previsión social, presidida por Alicia García Valenzuela, y en el trayecto hacia la segunda sesión, una hora después, los maestros de la 44 amagaron con regresar y movilizar a las bases hacia el Congreso del Estado, pero esto no sucedió.

Al iniciar la segunda sesión alrededor de las 13:45 horas, se leyó la iniciativa y se votó, con 21 votos a favor del PRI, Partido Verde Ecologista y Duranguense,  y 7 en contra, de los cuales 3 fueron de legisladores de Partido Nueva Alianza provenientes del magisterio del SNTE, ellos fueron Agustín Bonilla Saucedo, Felipe Meraz Silva y Marco Aurelio Rosales Saracco, pues Julián Salvador Reyes estuvo ausente en la sesión, tampoco asistió Felipe Herrera Enríquez de Movimiento Ciudadano.  Los otros cuatro votos en contra fueron de Israel Soto Peña del PRD, Trinidad Cardiel del PT, Ricardo del Rivero y Juan Quiñones del PAN.

El diputado Rosauro Meza razonó que a través de la Ley de los Trabajadores del  Sindicato de los Tres Poderes, se diferenció claramente los riesgos de trabajo, enfermedades profesionales y no profesionales,  porque no es lo mismo que un trabajador en función en su trabajo sufra un deterioro en su salud, a quienes ya tienen un padecimiento ajeno a su desempeño laboral. En función de ello, las reformas aprobadas diferencian las licencias e incapacidades y su temporalidad.

Se prevé la creación de un organismo que valore las licencias e incapacidades, pero también se revisarán las ya otorgadas, porque habrá quienes ya se hayan recuperado y estén en condiciones de regresar a su trabajo, y quienes no puedan no lo harán, no se les van a vulnerar sus derechos laborales ni de salud.

Actualmente las incapacidades totales y permanentes son otorgadas por el ISSSTE, donde los maestros de esta sección 44 acuden para la prestación de servicios médicos, cuyas incapacidades (ITP) son revisadas por un comité de valoración médica estatal para los trabajadores de la SEED adheridos a la sección 44 del SNTE, creado por decreto administrativo en el año 2007. Este comité de valoración está integrado por médicos y personal de la SEED, sin embargo, en los transitorios de la iniciativa ya aprobada, este comité es derogado, para crear un nuevo organismo dependiente del gobierno del Estado.

También se derogaron varias disposiciones que la ley regía para los trabajadores de esta sección, por ejemplo  el Reglamento del Comité de Valoración Médica Estatal para los Trabajadores de la Secretaria de Educación del Estado de Durango, el Decreto que crea el Comité de Valoración Médica Estatal para Trabajadores de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, agremiados a la sección 44 del S.N.T.E. y el Reglamento del Comité de Valoración Médica Estatal para los Trabajadores de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, agremiados a la Sección 44 del S.N.T.E., publicados en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango en fechas 15 de febrero del 2007, 03 de junio del 2007, 25 de junio del 2009 y 13 de agosto del 2009 respectivamente.

El documento aprobado por los legisladores es muy específico en el otorgamiento de las incapacidades, y habla de las condiciones en las que se podrá revocar. Para tal efecto se adicionó un capítulo tercero titulado “de la revisión de las incapacidades”.

Artículo 101.-

Los Trabajadores que soliciten Pensión por riesgos del trabajo y los Pensionados por la misma causa, están obligados a someterse a los reconocimientos y tratamientos que el Organismo que establezca el Gobierno para otorgar las incapacidades, les prescriba y proporcione en cualquier tiempo, con el fin de aumentar o bien disminuir su cuantía y en su caso revocar la misma en virtud del estado físico que goce el pensionista, así como a las investigaciones y evaluaciones necesarias para verificar la vigencia de sus derechos por este concepto y, en caso de no hacerlo, no se tramitará su solicitud o se le suspenderá el goce de la Pensión.

Artículo 101 A.-

La Pensión por incapacidad parcial podrá ser revocada cuando el Trabajador se recupere de las secuelas que deje el riesgo del trabajo, previa valoración que se le realice en términos del artículo anterior. En este supuesto, el Trabajador continuará laborando, y el único efecto será la cancelación de la Pensión correspondiente.

La Pensión por incapacidad total será revocada cuando el Trabajador recupere su capacidad para el servicio. En tal caso, la Dependencia en que hubiere prestado sus servicios el Trabajador recuperado, tendrá la obligación de restituirlo en su empleo si de nuevo es apto para el mismo, o en caso contrario, asignarle un trabajo que pueda desempeñar, debiendo ser cuando menos de un sueldo y categoría equivalente a los que disfrutaba al acontecer el riesgo. Si el Trabajador no aceptare reingresar al servicio en tales condiciones, o bien estuviese desempeñando cualquier trabajo, le será revocada la Pensión.

Si el Trabajador no fuere restituido a su empleo o no se le asignara otro en los términos del párrafo segundo de este artículo por causa imputable a la Dependencia en que hubiere prestado sus servicios, seguirá percibiendo el importe de la Pensión con cargo al presupuesto de ésta. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el Titular de la Dependencia, el cual deberá restituir los montos erogados por concepto del pago de la Pensión.

 

FRASE:

“No tengo  por qué avisar a mis compañeros lo que voy a presentar, tampoco pedirles permiso ni mucho menos  consultarles, sólo seguir  el trámite legislativo, por oficialía para darle seguimiento”. Esto en respuesta a lo dicho por Julián Salvador Reyes presidente de la comisión educativa en el Congreso, quien se mostró molesto por no ser informado sobre la iniciativa presentada por cinco legisladores y analizada por la comisión respectiva.

 

 

Edición 668 (Semana del 20 al 26 de Enero del 2014)

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En 2014, legisladores vigilarán endeudamiento de municipios

Congreso

Legisladores de oposición presentan iniciativa para transparentar uso de recursos y limitar préstamos a ayuntamientos

Texto: Wendy Bautista Morales

La falta de información acerca  las deudas reales de los Municipios y los montos de nuevos endeudamientos, llevó a la oposición en el congreso del Estado a presentar una iniciativa de reforma a la ley de deuda pública del Estado y los Municipios, con el fin de implementar nuevos candados que pongan freno a esta práctica.

Al concluir el año 2013, los municipios pidieron al gobierno estatal recursos por 100 millones de pesos en total, para hacerle frente a sus obligaciones de fin de año, pero además obtuvieron 300 millones de pesos en global como adelanto de participaciones, esto sin contar las deuda global a largo plazo, que es un tema digno de un análisis por separado.

Tan sólo el gobierno del Estado solicitó un crédito de largo plazo de 900 millones de pesos a finales del mes de octubre del 2013,  para incrementar su deuda a largo plazo de 3,070 millones de pesos, de deuda directa. Este hecho fue severamente criticado por los partidos de oposición, pues a su decir la deuda de largo plazo asciende a más de 9 mil millones de pesos.

El 19 de diciembre en las dos sesiones del congreso del Estado se aprobó con la mayoría del PRI y sus partidos aliados, el adelanto de hasta el 25% de sus participaciones federales del FAISM para 33 municipios, equivalente a aproximadamente 300 millones de pesos, que al decir del presidente de la gran comisión, Carlos Contreras, no es deuda pública, sino un financiamiento que queda saldado al término de la administración municipal, pues es un mecanismo que permite a los ayuntamientos obtener ingreso para la mezcla de recursos.

Sin embargo, al decir de los legisladores de oposición,  no se justifica este adelanto de participaciones pues no se sabe a dónde se van a destinar ni a qué obras, no existe un programa establecido de planeación de obra que especifique al menos al poder legislativo a dónde van a ir a parar esos recursos millonarios.

Israel Soto Peña del PRD, precisó que los alcaldes en lo general son muy irresponsables en la recaudación, en su mayoría no tienen una política eficiente, y la realidad es que si necesitan recursos, pero ahora se les otorgan con el adelanto del FAISM, y continúan sin cobrar impuestos, se les alienta más a que sean omisos en su obligación legal y fiscal. Desde su punto de vista todos estos recursos recibidos, los alcaldes les dan un sesgo político electoral, porque trabajan en su presencia, cuyas obras que realizan las venden como lo máximo para avanzar en sus pretensiones políticas cuando es su obligación realizarlas.

Dijo que por ahora la situación financiera de los municipios de Durango y del país es insostenible, han sido rebasados por rehusarse a cobrar impuestos, por desviar recursos públicos a actividades electorales, y por la deficiente fiscalización que castigue a los alcaldes irresponsables, hay impunidad y por eso las deudas están hasta casi el tope.

La iniciativa de reforma a la ley de deuda pública presentada el 19 de diciembre pasado por el PRD, PT, PAN y Movimiento Ciudadano, es para tener claridad sobre la deuda pública del Estado y los municipios, que incluya todos los créditos, y que no se simule ni se maquillen cifras, sino que se tomen en cuenta todos los pasivos en la deuda para poner tener candados claros que frenen esta irregularidad.

 

Felipe de Jesús Enríquez Herrera, en tribuna habló de la necesidad urgente de obtener recursos para los ayuntamientos, sin embargo la “actitud paternalista, tradicional” es rebasada por la falta de creatividad y búsqueda de ingresos propios que aminoren en esa falta de recursos.

Los ayuntamientos toman medidas muy cómodas inclinándose al endeudamiento con la banca de desarrollo y en este caso el anticipo del FAISM a través de Banobras, que ya se hizo costumbre o tradición.

En la tribuna habló de la necesidad de implementar las estrategias para incrementar los ingresos propios y hacerle frente al gasto público, que los alcaldes cumplan las leyes de ingresos  y evitar actúen con fines políticos, porque actualmente no se exponen para evitar el descontento de la sociedad que le puedan significan a él o a su partido menos votos en los procesos electorales.

Esto es el fundamento para que los alcaldes elaboren leyes de ingresos con opacidad, muy conservadoras en la captación de ingresos propios y en otros casos nulos de impuestos como se pudo confirmar en las leyes de ingresos 2014, similar al ejercicio anterior.

PRESENTAN REFORMA A

LA LEY DE DEUDA PÚBLICA

Los diputados de los partidos MC, PT, PAN y PRD, presentaron iniciativa de reformas y adiciones a la ley de deuda pública del Estado de Durango y sus municipios, ante el Congreso del Estado el día 19 de diciembre de 2013.

A juicio de los partidos de oposición en el congreso, no hay claridad en la deuda del estado de Durango, pues la cifra oficial es de cuatro mil millones, pero la real es de más de nueve mil millones de pesos, por ello, la iniciativa  propone una adecuada definición de lo que es deuda pública.

“Más allá de posiciones políticas de coyuntura, debemos definir con precisión técnica lo que cuesta, en pesos y centavos, el pago de los compromisos contraídos y por lo tanto que deben ser pagados”.

Se retoman recomendaciones hechas por la Auditoria Superior de la Federación en su “Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios” publicado por la Cámara de Diputados Federal el 05 de febrero del 2013, como son:

Determinar las causas válidas para la contratación de deuda, establecer los destinos exclusivos y específicos a los que se podrán aplicar los recursos obtenidos, como son las inversiones públicas productivas, e impedir se use deuda para el pago de sueldos personales y gasto burocrático.

Transparentar el destino de los recursos obtenidos mediante endeudamiento y someterse a la rendición de cuentas. Que los acuerdos que tome el Congreso del Estado para su aprobación sean por mayoría calificada.

Para cuidar los límites del endeudamiento se propone que “No se autorizará deuda cuando las obligaciones financieras acumuladas resulten mayores al equivalente del 20 por ciento del importe total del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal en que pretenda contratarse el nuevo crédito”.

Se clarifica que “El Congreso o los Ayuntamientos no podrán autorizar la contratación de deuda para el pago de gasto corriente, reestructura, refinanciamiento o para cubrir adeudos pendientes de pago.

Se deben tomar medidas legislativas, administrativas, inteligentes y responsables que impidan que los endeudamientos o compromisos de pago excesivos hagan inviable el desarrollo de Durango en el futuro.

MÁS DATOS

 

El 22 de octubre del 2013, en el congreso se desató la polémica por la aprobación de un crédito a largo plazo de 900 millones de pesos para el gobierno estatal.

Con este nuevo empréstito, el gobierno del Estado incrementa la deuda de 3,697 millones en 2010 a 5,012 millones en 2013, según se puede apreciar en la página de la Secretaría de Hacienda, pero ya con la suma de los 3000 millones de los PPS y el CRIT, la deuda oscila en los 8,012 millones de pesos.

Ante esta realidad, el Partido Acción Nacional, cuestionó severamente la imposición de este crédito aprobado por mayoría en el congreso del Estado la tarde noche del 22 de octubre, con 3 votos en contra del PAN y Movimiento Ciudadano, y 1 voto en abstención  de la diputada Trinidad Cardiel del PT,  lo que generó amplias sospechas de los diputados del PRI, quienes no esperaban que la petista emitiera su voto en este sentido, pues  desde el inicio de la legislatura todos sus votos han sido en contra.

Para el PAN, el nuevo endeudamiento, el más grande de la historia de Durango, en los hechos significó un abandono real a Durango de Enrique Peña Nieto, pues para poder enfrentar las mezclas financieras de los diferentes programas el gobierno estatal tuvo que pedir un nuevo crédito por 900 millones de pesos, lo que contradice la versión del gobernador Jorge Herrera Caldera, que el Presidente de la República ha apoyado a Durango, cuando no es así.

….el abandono en el que se encuentra nuestro Estado obliga al gobierno del estado y a los ayuntamientos a recurrir a deuda pública, ante la falta de solidaridad del Gobierno de la República, gobierno que ni siquiera ha liberado los recursos del Fondo Nacional de Desastres para atender los municipios que fueron declarados como afectados por el paso de torrenciales lluvias en meses pasados. Fue la versión del PAN, misma que fue refutada de inmediato por el PRI.

 

Quitan blindaje de impunidad a notarios públicos de Durango

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Ya se les podrá  juzgar como a cualquier ciudadano y habrá transparencia en el concurso de este tipo de concesiones

Texto: Wendy Bautista Morales.

Los notarios públicos se han constituido en un poder  paralelo al Estado,  usufructuando los beneficios de ser fedatarios públicos, y en muchos casos incurrir en irresponsabilidad avalando propiedades a quienes no son dueños de ellas, pero además acumulando bienes para ellos mismos, sin que la justicia les sea aplicada.

Hoy, el Congreso del Estado les pone freno a estos abusos, reformando la Ley de Notariado Público y estableciendo mecanismos de transparencia para acotar ese poder que han mal usado como concesionarios del gobierno estatal, al abrir esquemas de equidad en los procedimientos de autorización de licencias para nuevas notarías, pero también imponiendo sanciones administrativas y penales  al hacerlos sujetos de procedimientos administrativos en caso de que incurran en irresponsabilidades, pues hasta hoy este gremio no ha sido tocado.

Para el otorgamiento de nuevas licencias se deben cumplir exámenes de oposición para los estudiosos del derecho, en donde habrá un jurado no integrado por familiares de los aspirantes, para evitar preferencias como sucede actualmente.

Esta situación tensó la sesión del 19 de diciembre en que inesperadamente minutos antes de la aprobación a las reformas,  arribaron al Congreso tres notarios públicos, José Miguel Castro Carrillo, Vicente Guerrero y Jesús Cisneros, quienes visiblemente molestos pidieron una explicación a los legisladores del contenido de la iniciativa, pero nadie se las dio, pues quedaron en atenderlos, pero hasta luego de haber votado la iniciativa que se aprobó con 23 votos a favor, del PRI, Nueva Alianza, Partido Verde y Partido Duranguense, y dos abstenciones del PAN y dos en contra de Trinidad Cardiel del PT y Movimiento Ciudadano con Felipe Enríquez Herrera.

Esto provocó que los tres notarios calificaran el hecho como un “albazo” y abandonaran el recinto antes de ser atendidos y calificaran el hecho de “lamentable” pues no se les tomó en cuenta, ni hubo intentos de un acercamiento para pedirles su opinión o cuando menos enterarlos del contenido de la iniciativa de reforma.

Los promotores de la misma fueron los diputados Rosauro Meza Sifuentes, Eduardo Solís Nogueira y Eusebio Cepeda Solís. El primero de ellos en entrevista dio a conocer que la esencia de la iniciativa se justifica pues se termina con acciones irregulares cometidas por los notarios en perjuicio de particulares, hoy  existe la facultad del gobernador de crear notarías donde se justifique y  se da mayor equidad para llenar las vacantes.

Antes se necesitaban las prácticas notariales a los solicitantes,  pero se les reconocía a quienes los notarios querían con marcadas preferencias de tipo familiar,  ahora cambia esta dinámica pues cualquier practicante del derecho podrá participar; la rectoría de los exámenes de oposición pasan a un consejo integrado por tres representantes del poder ejecutivo y dos vocales del colegio de notarios.

De esta manera hay mayor imparcialidad para que los exámenes de oposición se desarrollen de manera transparente y esto les permite a quienes tienen experiencia participar. Otro aspecto muy importante es que la responsabilidad penal o administrativa de notarios ya no tendrá que pasar por un proceso de procedencia para iniciarles una averiguación.

Antes se le tenía que hacer del conocimiento del colegio, establecerse una comisión presidida por el procurador de justicia y ahora eso cambia, pues los notarios serán sujetos de procedimiento si cometen alguna irregularidad, en otras palabras retirarles una especie de fuero que tenían como protección a sus actos no siempre legales.

En un acercamiento con algunos legisladores para saber la esencia de la iniciativa, expresaron que los notarios públicos al ser representantes del estado, en la práctica han venido usando ese poder para su beneficio, o en perjuicio de particulares, cuyos bienes les han sido arrebatados de manera ilegal con papelería apócrifa en una cadena de corrupción, que al final es avalada por los notarios.

La iniciativa fue leída en una primera sesión, y en una segunda, la de su aprobación, llegaron al Congreso tres notarios, los  24, 1 y 23 quienes calificaron el hecho de un “albazo” legislativo, pues se enteraron cinco minutos antes de la aprobación y llegaron al Congreso totalmente desinformados, sin saber con quién dirigirse, desconocer de qué se trataba la iniciativa y cuando lograron establecer contacto con el oficial mayor Luis Pedro Bernal, este los dirigió con Carlos Emilio Contreras, presidente de la Gran Comisión, quien les dijo que los atendería, pero nunca les informó que en ese momento se aprobarían las reformas.

Los notarios permanecieron en el recinto unos minutos más, y al ver que se daba la aprobación sin escucharlos, decidieron retirarse molestos, pues para ellos ya no tenía caso quedarse. José Miguel Castro Carrillo le expresó a esta reportera que era “muy lamentable” lo que habían hecho los diputados, pues ni siquiera les informaron el sentido de la iniciativa.

En la redacción del documento aprobado se establece en los considerandos los cambios realizados, en el quinto se establecen los mecanismos de transparencia. … “Esta comisión que dictamina, da cuenta que las reformas que en esta ocasión se plantean, tienen por objeto transparentar los mecanismos de acceso a la función notarial, con criterios de equidad, abierto al gremio de los abogados con méritos y conocimientos, acorde a las tendencias tanto nacional como internacional, en donde el mérito y la capacidad, son indispensables para acceder al desempeño de una función o cargo”.

SEXTO. Aunado a lo anterior, también se reivindica la función originaria del Estado, en lo relativo a que la función notarial, es de orden público que está a cargo del Estado, por lo cual se establece la potestad de que el Gobernador del Estado, en atención a los estudios demográficos y sociales de la población y a los cambios de la sociedad, pueda crear nuevas notarías mediante decreto respectivo, sin que sea menester el reformar la Ley del Notariado.

SÉPTIMO. En lo que se refiere a la realización del procedimiento de responsabilidad administrativa de los notarios, este se perfecciona, haciéndolo más eficiente y eficaz, subsanando las omisiones que pudiera tener la Ley del Notariado, al establecer la supletoriedad de la Ley de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango.

OCTAVO. De igual forma, se derogan las disposiciones que contemplaban la existencia de la Comisión Investigadora, en el capítulo que comprende los delitos oficiales de los notarios, lo cual ahora quedará sometido a la jurisdicción de los tribunales competentes, lo anterior bajo la premisa de transparentar la función notarial, con los criterios de equidad y certeza jurídica para los ciudadanos, a fin de unirse a la tendencia modernizadora a nivel nacional que se sigue en estados como Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Puebla, así como el Distrito Federal.

Con lo anterior se fortalece la función del notariado, al sujetar su ejercicio a los principios de imparcialidad, honestidad, transparencia y equidad, todo ello en beneficio del ciudadano.

 

Asimismo se norman los procedimientos para la aplicación de los exámenes de oposición.

ARTÍCULO 74.- El examen se efectuará en el lugar que determine la Dirección General de Notarías, y se realizará por un jurado el que estará integrado por cinco miembros: tres serán representantes del Ejecutivo del Estado, a quienes designará el Gobernador, uno de los cuáles fungirá como Presidente y los dos restantes como Vocales. El Presidente del Consejo del Colegio de Notarios fungirá como Secretario, un representante del Colegio de Notarios como Vocal.

 

ARTÍCULO 76.- No podrán formar parte del jurado, sus parientes consanguíneos o afines, dentro del cuarto grado del parentesco consanguíneo y del segundo afín, ni los que guarden relación íntima de amistad con el sustentante.

 

ARTÍCULO 92.- El plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la última publicación, los pretendientes acudirán a la Dirección General de Notarías, solicitando ser admitidos a la oposición, para ello presentarán su solicitud por escrito acompañando el comprobante de pago de derechos correspondientes. La oficina respectiva anotará en cada solicitud, la fecha y la hora en que fue presentada y lo hará saber al Consejo del Colegio de Notarios; tratándose de notarios en ejercicio de sus funciones, será facultad del Ejecutivo del Estado designar al titular de la notaría en que haya sido creada o hubiere quedado vacante.

 

ARTÍCULO 93.- La Dirección General de Notarías en coordinación con el Colegio de Notarios, señalará el lugar, día y hora para que tengan lugar los exámenes de oposición. Este señalamiento lo dará a conocer la Dirección a los concursantes, cuando menos con quince días de anticipación, por medio de oficio de manera personal o en su caso por correo certificado a la dirección que al efecto hubieren designado en su solicitud.

 

ARTÍCULO 95.- La oposición consistirá en un ejercicio práctico y en otro teórico. Para el primero, la mayoría de los miembros del Jurado deberán tener en sobres cerrados y numerados, diez temas para la redacción de instrumentos.

Para el ejercicio del teórico los miembros del Jurado interrogarán al sustentante sobre puntos de derecho que sean de aplicación por el notario en el ejercicio de sus funciones. Aun cuando solo se inscriba para la oposición un solo aspirante, siempre que celebrará el examen previsto en este artículo, pero se le denominará: examen para obtener el nombramiento de Notario, y producirá los mismos efectos legales que el de oposición.

En cuanto a la responsabilidad de los notarios, se establece en el ARTÍCULO 121.- Los notarios son responsables de los delitos o falta que cometan en el ejercicio de sus funciones, quedando sometidos a la acción de los tribunales correspondientes, en términos de la legislación aplicable.

 

Edición 664 (Semana del 23 al 29 de Diciembre del 2013)

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