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En Durango ¿quién debe dar cuentas de los desaparecidos?

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Por: Víctor R. Hernández

En el marco de los debates que las tres principales fuerzas políticas (PRI, PAN y PRD)  vienen protagonizando de cara a la aprobación en los próximos días, de las leyes secundarias, tanto de las reformas política como de la energética y la de telecomunicaciones, surgió de último momento un tema que sin lugar a dudas incorpora a la sociedad civil, si no a los debates sobre los temas señalados, sí sobre el respeto a la vida y los derechos fundamentales de la persona.

En el análisis de contenido de los diarios que circulan desde la capital del país a una gran mayoría del territorio nacional, apareció un cintillo en la primera plana del diario El Economista del jueves 12 de los corrientes, con el siguiente contenido: “en el país se producen niveles intolerables de violencia, reporta relator de la ONU”.

Y en las páginas centrales (la 38 y 39) destaca el siguiente título: “Intolerable” violación del derecho a la vida en México, y se fundamenta con los siguientes elementos:

– Las violaciones al derecho a la vida continúan produciéndose en México a niveles “intolerables”, asentó el Relator de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias, Christof Heyns, en el “Informe de Misión a México”, la cual tuvo lugar el año pasado.

– El relator expuso su preocupación de que el país continúe experimentando niveles alarmantes de violencia. “Incidentes extremadamente violentos, particularmente violaciones del derecho a la vida, siguen produciéndose a un nivel intolerable”.

– De acuerdo con el documento de 22 páginas, “México enfrenta importantes desafíos para la protección del derecho a la vida”, pues existen importantes flujos de drogas; los migrantes son vulnerables, del sur al norte del país, y armas son traficadas desde Estados Unidos, a través de la frontera entre ambos países.

– Asimismo, poderosos cárteles, cuya influencia va más allá de las fronteras, se han arraigado y han logrado infiltrarse en el gobierno, de acuerdo con información recolectada y reportada por el relator.

– De acuerdo con información recibida por el relator, cerca de 70% de los homicidios reportados en años recientes en el país se han atribuido al crimen organizado.

– “Es importante enfatizar que es responsabilidad del gobierno de México prevenir estas muertes y, diligentemente, investigar y perseguir a sus perpetradores”, expuso el relator.

– Por otro lado, el alto nivel de asesinatos de grupos vulnerables —como las mujeres, migrantes, niños, periodistas, defensores de derechos humanos, detenidos, homosexuales, lesbianas y personas transexuales— fue señalado por parte del relator, como una preocupación particularmente urgente. “Dado el patrón de estas violaciones y el carácter pre-identificado de las víctimas, es posible que el gobierno emprenda mejores medidas de protección”.

– Los problemas para garantizar el derecho a la vida en México se deben a varios factores, reporta el documento; incluyendo deficiencias en el sistema legal; incremento en las actividades del crimen organizado y tráfico de drogas; falta de voluntad política; incapacidad de las policías y fiscales para investigar; desconfianza en el sistema judicial por parte de la ciudadanía, y la falta de rendición de cuentas por violaciones.

– El relator refirió que de las recomendaciones efectuadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre el 2006 y abril del 2013, en relación con el derecho a la vida, sólo 18 han sido plenamente cumplidas, seis presentan cumplimiento insatisfactorio, 27 han sido parcialmente cumplidas y cuatro no han sido aceptadas.

En consecuencia, el relator puso especial énfasis en este informe a la cuestión de poner fin a la impunidad. Para ello, existe una necesidad “urgente” de reducir la participación de los militares en la policía y establecer normas claras en el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todos los niveles de gobierno.

Heyns explicó que si bien es importante mirar hacia adelante para prevenir futuras violaciones al derecho a la vida, es de igual importancia asegurar la rendición de cuentas de los agravios ocurridos en el pasado.

Y es aquí en donde entra el caso de Durango y el dolor que en el sexenio pasado se causó a cientos de familias que hoy reportan algún ser querido y desaparecido.

Hay cientos de ciudadanos que en el gobierno anterior desaparecieron y que en su momento se les calificó como daños colaterales y de los que, anteponiendo el combate a la impunidad, hoy se debe dar cuentas sin importar de quién o quienes se trate.

A México y Durango, de nada les servirá entrar de lleno a la modernidad económica o de telecomunicaciones, si no hay muestras claras de que el Estado hace respetar el derecho a la vida y a la libertad.

 

Defiende Cárdenas que PRD negocie telecom

Cuauhtémoc Cárdenas se reunió este viernes con un grupo de senadores del PRD, encabezados por su coordinador Miguel Barbosa, en la que se le presentaron avances y se plantearon los pendientes que se tienen para la dictaminación de las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones.

Critica Cárdenas a AMLO por crear Morena y no unir partidos

Cuauhtémoc Cárdenas criticó que Andrés Manuel López Obrador y Morena no se hayan sumado a la recolección de firmas para la consulta popular contra la reforma energética junto con el PRD y lo hicieran por su lado.

Esta semana definirá INE si organiza elección interna del PRD: Baños

El Instituto Nacional Electoral (INE)informará en el transcurso de esta semana si está en condiciones o no de organizar la contienda interna del PRD, informó el consejero electoral, Marco Antonio Baños.

PAN no decidió el 2018 en el 2014

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 Por: Carlos Ramírez

Como la victoria tiene muchos padres, el triunfo electoral de Gustavo Madero ya adelantó la carrera por la candidatura presidencial panista del 2018 como si los votos para el regreso del PAN al poder fueran sólo los de los pocos militantes del domingo pasado.

Madero termina su gestión a finales del 2015, luego de operar el reparto de candidaturas legislativas y de perfilar candidatos a gobernadores, además de ver cómo quedaría la bancada panista en la Cámara.

Los mensajes panistas de las elecciones internas son pocos pero determinantes:

1.- El PAN de Madero buscará primero la recuperación del panismo, luego de haber perdido el partido con las gestiones presidenciales de Vicente Fox y Felipe Calderón, los dos sin proyectar al panismo.

 2.- La clave de la reelección de Madero se localiza en la reconfiguración de las alianzas panistas.

 3.- Por lo pronto, el PAN nunca pensaría en un candidato presidencial para el 2018 que hubiera militado en el PRI; una cosa fue que ex priístas hayan encontrado cargos legislativos y de gobiernos estatales, y otra que el PAN lleve a un ex priísta a Los Pinos.

 4.- Las posibilidades de una alianza del PAN con el PRD se dará a nivel de gobiernos estatales pero no en las presidenciales; el PRD sigue siendo un partido de tribus y llegará al 2018 fracturado por el partido-movimiento de López Obrador.

 En este escenario, las elecciones internas del PAN de ninguna manera perfilaron señales para las presidenciales del 2018 porque el partido tendrá que pasar por la aduana de las legislativas del 2015, los gobiernos en disputa y los reacomodos de grupos panistas.

Eso sí, ya se apuntaron tiradores a la candidatura presidencial por el solo hecho de haber influido en la victoria de Madero en algunos estados. Uno de los más movidos es el gobernador de Puebla, el ex priísta Rafael Moreno Valle. Sin embargo, el poblano es una figura local que ha tenido algunas victorias pero no ha logrado salir de su territorio, con el dato de que en las encuestas nacionales tiene un conocimiento bajo.

Puebla será un buen laboratorio político, pero con efectos estatales y no nacionales. El gobernador Moreno Valle ha tomado el control del PAN y ha colocado a su secretario de gobierno en el PRD, pero el PRI local se enfila a una reconstrucción fuerte porque está entre las prioridades del presidente Peña Nieto.

De todos modos, el PAN con Madero se reorganizó en una poderosa estructura de poder político, partidista y de grupos internos que buscará consolidar una nueva élite panista y que negociará directamente con el PRI y con el Gobierno federal.

Si alguna señal dejó la victoria de Madero es la de su propia consolidación hacia dentro del PAN, hacia afuera y sobre todo hacia el mediano plazo.

Los grupos aliados a Madero fueron los verdaderos arquitectos de la victoria electoral interna; por tanto, el PAN se alejará de candidaturas individuales, individualistas o ajenas al panismo. El PAN regional se fortaleció en zonas que habían sido perdidas por el calderonismo. Por tanto, la candidatura panista para el 2018 será de estructura, no personal ni vistosa o de encuestas o popularidades efímeras. Es decir, no habrá un fenómeno tipo Peña Nieto en encuestas.

En todo caso, al interior del PAN han comenzado a ver con desconfianza los posicionamientos mediáticos de presuntos responsables de la victoria de Madero con miras a auto perfilarse para la candidatura presidencial del 2018 cuando no se define aún el papel del PAN en las legislativas y estatales de 2015-2017.

A 25 años de fundado el PRD, en Durango es un fracaso

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Secuestrado por una camarilla de serviles al PRI

Texto: Wendy Bautista M

@wendybautistamo

En Durango el PRD es un partido destinado al fracaso político y electoral, su presencia está minada por intereses del sistema priista profundizado a partir del 2008, cuya consigna ha sido dividirlo, comprar y nombrar a los dirigentes, para hacerlo afín a sus intereses.

Así ha sido con diferentes personajes que han sido más priistas que los propios priistas, quienes han visto por sus intereses personales y económicos, asegurar un empleo en gobiernos priistas, y no por defender la ideología.

Fundador del PRD en Durango, activista del partido comunista cuando operaba clandestino y luego del PSUM, Mauricio Yen Fernández,  recuerda aquellas luchas de la izquierda con personajes de convicción, auténticos que fueron víctimas de la represión, sin embargo defendieron sus ideas. Hoy en Durango la izquierda no existe, el PRD no tienen nada que celebrar, pues su presencia está disminuida a ser una agencia de colocaciones y una camarilla de priistas, incrustados en el PRD.

Por ejemplo Soledad Ruiz Canaán, Iván Ramírez, Pepe Posada, Sergio Duarte, Israel Soto Peña, Miguel Lazalde, José Arreola entre otros, quienes han servido cada uno en su tiempo a los intereses del PRI a cambio de candidaturas,  un cargo o cobro en las estructuras de gobierno del partido oficial.

Con decepción recordó la división “perversa” del PRD y su historia se remonta al año 2003 en una elección del presidente de la FEUD, era  presidente municipal Ismael Hernández Deras. Los candidatos de la federación estudiantil de la UJED, fueron Esteban Villegas Villarreal (hoy presidente municipal por el PRI) y un fuerte oponente, Iván Ramírez quien perdió la elección. Él fue presidente del PRD estatal, para quitar a Soledad Ruiz, cuando ella ya no sirvió a los intereses del PRI y se fue a apoyar a José Aispuro en el 2010 como candidato a gobernador, al renunciar éste al PRI.

En ese año, los seguidores de Iván en el 2003 ya se soñaban en el PRI escalando puestos a partir de la FEUD, como se usa actualmente, que los dirigentes se vuelven militantes priistas y cobrar en el erario público, por ejemplo Manuel Herrera Ruiz, Gabriel Montes, Esteban Villegas, entre otros.

 Al perder Iván Ramírez sus seguidores se reunieron en un aula de la Facultad de Derecho,  Israel Soto Peña, El Poison, y otros que decidieron constituirse como un grupo político, y así lo hicieron, porque después recibieron una oferta de Pepe Posada para ingresar al PRD con posibilidad de escalar a cargos y puestos de elección popular.

Tomaron la decisión de irse al PRD porque ahí vieron sus intereses económicos, y desde entonces se han encargado de ver al partido como una franquicia, para eso están bien organizados, pues sirven a un partido diferente, y a cambio reciben un salario dentro y fuera del PRD.

Mauricio Yen, mencionó que parte de este grupo  es Sergio Duarte Sonora quien  como regidor y diputado defendió las iniciativas del PRI, por eso los fundadores en Durango lo  encararon varias veces, antes hizo lo mismo Pepe Arreola, Mónico Rentería, Soledad Ruiz Cannán, y  como regidor Miguel Lazalde Ramos. Todos ellos obedecieron la línea del gobierno y cobran ahí, aseguró el entrevistado. Hoy Sergio Duarte es asesor en el Congreso del diputado Israel Soto Peña, quien viene del grupo de Iván Ramírez.

“Todos ellos no eran nada, pero a partir de ser serviles al PRI, han acumulado riqueza y propiedades cuando no tenían casi nada, hoy han acumulado propiedades y cobran en el sector público…los que hoy se dicen dirigentes son una camarilla que protegen sus intereses económicos, sólo eso, por ello el PRD no tiene futuro en Durango y quedará en el basurero político”, aseguró el también investigador de la UJED.

En esta parte de la historia reciente del PRD, y su división interna por parte de actores manejados por el PRI, apareció en 2008 el entonces gobernador Ismael Hernández Deras, quien operó para evitar que José Ramón Enríquez Herrera llegara a la presidencia estatal del PRD.

 Recordó que en 2008 hubo una elección interna a la dirigencia estatal, y los fundadores del PRD  decidieron proponer a Enríquez Herrera, sin embargo el gobernador en turno Ismael Hernández Deras fraguó el fraude interno y a través de la estructura priista impuso a Soledad Ruiz Cannán, cuyo operador fue Pepe Posada, quien como militante perredista sirvió siempre a los intereses del PRI.

La fobia personal de Ismael contra José Ramón,  lo llevó a inflar el padrón del PRD con militantes del PRI, vaciaron los seccionales del PRI en una burda maniobra y un 11 de marzo del 2008, los fundadores del PRD,  corroboraron el fraude a través de una elección interna muy parecida a una constitucional,  con casillas inusuales y operadores políticos en varias partes de la capital, cuando sólo se trataba de una elección interna del PRD.

Recuerda que en el Hospital del Niño grabaron con video,  camiones llegando con militantes priistas de La Virgen  para votar por el PRD con Soledad Ruiz quien arrasó en votación, con un padrón ficticio de 60 mil militantes que nadie creyó, mismo que fue impugnado por perredistas  pero no procedió.

Esta es la triste historia del PRD en Durango, que nunca ha pasado de tener un diputado plurinominal en el Congreso, no más de dos municipios gobernados, pero sí ser especialista en servir al PRI.

Mauricio Yen, adelantó que en próximos días él y otros compañeros harán un balance de los magros resultados electorales del PRD, y formalizarán su salida, porque desde hace varios meses ya están en el Partido Morena de Andrés Manuel López Obrador, quien se fue del PRD y con él se fue también la izquierda genuina.

Algunos de los fundadores del PRD en Durango, son  Jacobo Femat, Gustavo Gómez, Socorro Soto Alanís,  Silvino García, Castruita y varios profesores que en días posteriores van a formalizar su salida del PRD.

El tiempo apremia: sacaremos las leyes electorales, adelanta Solís

 

El subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación, Felipe Solís Acero, garantizó que las leyes secundarias en materia político-electoral estarán listas para que sus impactos positivos se tengan en los comicios de 2015.

Oceanografía: la triangulación de priistas, priistas y priistas

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Por: Víctor R. Hernández

El pasado 2 de abril, los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD en el Senado de la República anunciaron a la senadora priista Lizbeth Hernández Lecona como nueva presidenta de la comisión especial para el caso Oceanografía.

En conferencia de prensa la legisladora morelense del PRI aseguró que la comisión especial “trabajará con apego a derecho, a la transparencia y a la legalidad”.

El pasado 27 de marzo, Arely Gómez, también legisladora del tricolor, renunció a presidir la comisión especial para el caso, al aceptar parentesco en cuarto grado con Martín Díaz Álvarez, quien ha sido mencionado en las investigaciones.

Sin embargo, para quienes seguimos los trabajos de este tema en la cámara alta ubicamos de inmediato que la creación de una “comisión” en el Senado de la República, respondía a la intentona de amarrarle las manos al área de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Esto es:

a) Neutralizar los trabajos de Inteligencia Financiera del Gobierno de Peña Nieto,

b) Abrogarse tareas que sólo le competen a Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Procuraduría General de la República.

c)  Darle un viraje político al escándalo de OCEANOGRAFÍA, para cubrirle las espaldas a los politicos del zedillato implicados y con ello, dejar todo el asunto como la operación fraudulenta de un solo hombre, al que “le cargarían todo el muerto”.

Es por ello que intervino Peña Nieto y a la mujer que habían puesto como Presidente de la Comisión Senatorial para el caso Oceanografía la hizo renunciar, tomando como argumentos, los siguientes elementos:

1.- Arely Gómez González es hermana de Leopoldo Gómez González, el exsecretario particular de Ernesto Zedillo; exsubsecretario de estado durante el régimen de Zedillo mismo, y cuña del zedillato en el manejo y orientación de las informaciones en Televisa, en donde se le ubicó desde el sexenio de aquél como vicepresidente de noticieros.

2.- Arely Gómez González, está emparentada Martín Díaz Álvarez, socio de Oceanografía.

3.- Martín Díaz Álvarez, de tiempo atrás, es investigado por la PGR, debido a que presuntamente adquiría para sus estaciones de servicio localizadas en la zona del Bajío, gasolina robada por Los Zetas.

– Asimismo se le ubica como “socio” de “empresarios” queretanos –Francisco Javier y Oscar Rodríguez Borgio–, codueños de casas de apuesta y de la llamada Caja de Ahorros Libertad, donde lavaban el dinero y, de la que era Presidente del Consejo de Administración el propio Martín Díaz Álvarez.

4.- Por cierto que otro de los socios de la Caja de Ahorro Libertad es el ex tenista Oliver Fernández Mena, el financiero de todas las confianzas de Elba Esther Gordillo.

5.- Y a través de dicha Caja de Ahorro Libertad Elba Esther Gordillo realizaba operaciones financieras y otorgaba “créditos” a los miembros del SNTE, a grado tal que este manejo les ofrecía jugosas ganancias, dado que tiene registradas cerca de 70 mil cuentas de profesores manejados políticamente por la profesora, para que cuidaran las casillas en elecciones donde los candidatos eran sus pupilos.

6.- En el gabinete de Peña Nieto tienen claro que la suerte del ex tenista Oliver Fernández Mena empezó a cambiar a partir de las relaciones de negocios que estableció con uno de los hijos del ex presidente Ernesto Zedillo, hoy promotor de la legalización de la marihuana, y en su propio sexenio acusado por el general Gutiérrez Rebollo de que su familia estaba involucrada en el tráfico de drogas.

7.- Resulta que el socio de Oceanografía, pariente de la legisladora priísta Arely Gómez González (Martín Díaz Álvarez) es sobrino de Francisco Gil Díaz.

8.- Oceanografía tiene como socia a la firma Akanuuk de la que es propietario Oliver Fernández Mena. Pues bien, resulta que Oliver es socio de dos empresas: OFEM y Crédito Maestro, utilizadas por Elba Esther, y de la compañía Álvarez Puga y Asociados, una outsourcing de la que, según se ha publicado ya, son socios, ¿quién cree?:

a) Los hijos de Francisco Gil Díaz

b) Uno de los hijos de…Ernesto Zedillo, y

c) Emilio Gamboa Patrón.

El hecho de que Emilio Gamboa, líder de los priistas en el senado, aparezca como socio de un hijo de Ernesto Zedillo, de los hijos de Gil Díaz y del ex tenista Oliver Fernández, en una empresa ligada a Oceanografía, tuvo algo que ver con la intentona de poner como “presidente” de la Comisión Senatorial encargada de “investigar” el Caso Oceanografía, precisamente a la senadora Arely Gómez González, quien fue “invitada a declinar y se nombró como nueva responsable a Lizbeth Hernández Lecona, quien desde el pasado tres de los corrientes encabeza los trabajos.

El PAN, PRD y ahora el PRI, dentro de una enorme alberca de lodo

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Por: Víctor R. Hernández

El tema de Oceanografía y la corrupción panista entraba en su novena semana, en los medios de comunicación del país. La corrupción de la Línea 12 del Metro, de la Ciudad de México, alcanzaba ya su quinta semana en la prensa nacional, arrastrando el prestigio del gobierno perredista. Y mientras todo esto sucedía, el PRI, se dedicaba a alimentar la polémica sobre estos dos temas y a ver desde la barrera cómo la opinión pública nacional destrozaba a ambos partidos, uno de la derecha y otro de la izquierda.

Nunca se imaginó que en una guerra política, los contrarios se dedican a buscar en las fortalezas de su competidor, las debilidades, y pronto, el PRD se la encontró al PRI: la autoridad moral de la que presume el nuevo PRI de Enrique Peña Nieto.

Y el tema lo presentó, nada más y nada menos que la periodista ampliamente identificada con el proyecto de la izquierda populista, de Andrés Manuel López Obrador: Carmen Aristegui, en su noticiario de MVS.

Este jueves, otra destacada periodistas, también de la misma línea editorial de Aristegui, Lydia Cacho, escribió un espléndido artículo en El Universal, en donde ubica con precisión la magnitud de la denuncia de los reporteros al servicio de Carmen Aristegui:

– “Esta semana el valiente equipo del noticiero MVS de Carmen Aristegui mostró la evidencia que hacía falta, con una reportera infiltrada se demostró plenamente que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, (ahora ex) líder del PRI de la Capital del país, operó una red de prostitución forzada con recursos públicos. Y lo hizo al interior de la sede del partido. Las implicaciones del comportamiento delictivo de Gutiérrez pueden llegar hasta los pasillos de Los Pinos y a las casas de gobierno de Veracruz, Jalisco y el Estado de México, entre otros.

– “El padre del ex líder del PRI capitalino se llamaba Rafael Gutiérrez Moreno, apodado El “Rey de la basura”. Cuando sonreía se veían incrustados en sus dientes tres diamantes enormes; pero sonreía poco. Este hombre presumía tener 56 hijos, y mientras mantenía el control del negocio de mafias alrededor del manejo de basura, tejió fuertes lazos con el PRI nacional, partido para el cual fue diputado federal.

– “El PRI siempre supo de sus andanzas; era bien conocido que ganaba más de 60 millones de pesos mensuales, se convirtió en usurero e hizo fuertes donativos en procesos electorales, lo que le ganó un estatus importante frente al partido tricolor. A Rafael se le acusó de violar a un centenar de mujeres, pero eso carecía de importancia para el partido en el poder. En 1987 fue asesinado en su propia mansión; pronto se supo que fue su esposa Martha García, quien pagó para que lo mataran.

– “Martha había logrado demostrar ante la policía del Distrito Federal que su esposo, que se la llevó cuando ella apenas había cumplido 18 años, era un “consagrado” violador de mujeres y niñas, que había abusado sexualmente de su sobrina de 15 años entre otras mujeres de la familia.

– “Martha estaba encerrada en casa, todos sabían cómo vivía, y Cuauhtémoc, el hoy señalado hijo del rey de la basura, conocía las andanzas de su padre, los prostíbulos de los que era propietario, la violencia que ejercía sistemáticamente contra mujeres y niños. Su padre mantenía a Martha encerrada en la casa, la golpeaba, la violaba y la tenía vigilada con una red de golpeadores que estaban a su servicio en el entramado de poder y usura que manejaba; esa mafia que le dio más poder y dinero del que jamás imaginó. Lo cierto es que no se puede entender al hombre sin conocer su historia.

– “Cuauhtémoc, heredero e hijo predilecto del rey de la basura, aprende la violencia por ambos lados. Su madre es Guillermina de la Torre, también conocida por sus redes de explotación y usura. Ambos, su padre y madre, son famosos por operar con métodos mafiosos y el uso de violencia extrema. Rafael metió a su hijo en las juventudes del PRI a los catorce años; tiempo después, el hoy acusado de probable trata de mujeres, intentó apropiarse del PRI capitalino por medio de la violencia y las amenazas. Mientras el Junior de la basura siguiera inyectando “donativos” en efectivo a las campañas del PRI, nadie se atrevía a sacarlo de ese instituto político. El junior de la basura ya era multimillonario, lo que quería era poder político formal; ser reconocido por las cúpulas tal como su padre le instruyó”.

Hasta aquí parte del valioso artículo de Lydia Cacho.

La pregunta más lógica es: cuántos más Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre tiene el PRI y los demás institutos políticos, como PRD y PAN, en todo el país que, usando los recursos públicos, provenientes de nuestros impuestos, no sólo los usan para actos ilícitos, sino también los cargos que administran.

El caso Gutiérrez de la Torre, es el caso más emblemático, de la corrupción extrema; del uso de los recursos públicos para la trata de mujeres. Para el abuso sexual de la mujer necesitada de un trabajo. Un verdadero acto criminal que de no administrarlo inteligentemente, le costará muchísimos votos al PRI nacional en 2015, además del desprestigio internacional. Por ello, más vale que en esto no haya simulación, el mismo partido lo lleve ante los tribunales y los jueces actúen con plena libertad.

De igual forma, ahora que se discute y está por analizarse y votarse la reforma política, el nuevo INE habrá de tomar en cuenta este nuevo elemento, para incrementar las penas a los partidos que le den este uso a los recursos públicos. Y deberán ser sanciones ejemplares, como la suspensión temporal del registro, por ejemplo.

El PAN, PRD y ahora el PRI, dentro de una enorme alberca de lodo

Victor Hugo

Por: Víctor R. Hernández

El tema de Oceanografía y la corrupción panista entraba en su novena semana, en los medios de comunicación del país. La corrupción de la Línea 12 del Metro, de la Ciudad de México, alcanzaba ya su quinta semana en la prensa nacional, arrastrando el prestigio del gobierno perredista. Y mientras todo esto sucedía, el PRI, se dedicaba a alimentar la polémica sobre estos dos temas y a ver desde la barrera cómo la opinión pública nacional destrozaba a ambos partidos, uno de la derecha y otro de la izquierda.

Nunca se imaginó que en una guerra política, los contrarios se dedican a buscar en las fortalezas de su competidor, las debilidades, y pronto, el PRD se la encontró al PRI: la autoridad moral de la que presume el nuevo PRI de Enrique Peña Nieto.

Y el tema lo presentó, nada más y nada menos que la periodista ampliamente identificada con el proyecto de la izquierda populista, de Andrés Manuel López Obrador: Carmen Aristegui, en su noticiario de MVS.

Este jueves, otra destacada periodistas, también de la misma línea editorial de Aristegui, Lydia Cacho, escribió un espléndido artículo en El Universal, en donde ubica con precisión la magnitud de la denuncia de los reporteros al servicio de Carmen Aristegui:

– “Esta semana el valiente equipo del noticiero MVS de Carmen Aristegui mostró la evidencia que hacía falta, con una reportera infiltrada se demostró plenamente que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, (ahora ex) líder del PRI de la Capital del país, operó una red de prostitución forzada con recursos públicos. Y lo hizo al interior de la sede del partido. Las implicaciones del comportamiento delictivo de Gutiérrez pueden llegar hasta los pasillos de Los Pinos y a las casas de gobierno de Veracruz, Jalisco y el Estado de México, entre otros.

– “El padre del ex líder del PRI capitalino se llamaba Rafael Gutiérrez Moreno, apodado El “Rey de la basura”. Cuando sonreía se veían incrustados en sus dientes tres diamantes enormes; pero sonreía poco. Este hombre presumía tener 56 hijos, y mientras mantenía el control del negocio de mafias alrededor del manejo de basura, tejió fuertes lazos con el PRI nacional, partido para el cual fue diputado federal.

– “El PRI siempre supo de sus andanzas; era bien conocido que ganaba más de 60 millones de pesos mensuales, se convirtió en usurero e hizo fuertes donativos en procesos electorales, lo que le ganó un estatus importante frente al partido tricolor. A Rafael se le acusó de violar a un centenar de mujeres, pero eso carecía de importancia para el partido en el poder. En 1987 fue asesinado en su propia mansión; pronto se supo que fue su esposa Martha García, quien pagó para que lo mataran.

– “Martha había logrado demostrar ante la policía del Distrito Federal que su esposo, que se la llevó cuando ella apenas había cumplido 18 años, era un “consagrado” violador de mujeres y niñas, que había abusado sexualmente de su sobrina de 15 años entre otras mujeres de la familia.

– “Martha estaba encerrada en casa, todos sabían cómo vivía, y Cuauhtémoc, el hoy señalado hijo del rey de la basura, conocía las andanzas de su padre, los prostíbulos de los que era propietario, la violencia que ejercía sistemáticamente contra mujeres y niños. Su padre mantenía a Martha encerrada en la casa, la golpeaba, la violaba y la tenía vigilada con una red de golpeadores que estaban a su servicio en el entramado de poder y usura que manejaba; esa mafia que le dio más poder y dinero del que jamás imaginó. Lo cierto es que no se puede entender al hombre sin conocer su historia.

– “Cuauhtémoc, heredero e hijo predilecto del rey de la basura, aprende la violencia por ambos lados. Su madre es Guillermina de la Torre, también conocida por sus redes de explotación y usura. Ambos, su padre y madre, son famosos por operar con métodos mafiosos y el uso de violencia extrema. Rafael metió a su hijo en las juventudes del PRI a los catorce años; tiempo después, el hoy acusado de probable trata de mujeres, intentó apropiarse del PRI capitalino por medio de la violencia y las amenazas. Mientras el Junior de la basura siguiera inyectando “donativos” en efectivo a las campañas del PRI, nadie se atrevía a sacarlo de ese instituto político. El junior de la basura ya era multimillonario, lo que quería era poder político formal; ser reconocido por las cúpulas tal como su padre le instruyó”.

Hasta aquí parte del valioso artículo de Lydia Cacho.

La pregunta más lógica es: cuántos más Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre tiene el PRI y los demás institutos políticos, como PRD y PAN, en todo el país que, usando los recursos públicos, provenientes de nuestros impuestos, no sólo los usan para actos ilícitos, sino también los cargos que administran.

El caso Gutiérrez de la Torre, es el caso más emblemático, de la corrupción extrema; del uso de los recursos públicos para la trata de mujeres. Para el abuso sexual de la mujer necesitada de un trabajo. Un verdadero acto criminal que de no administrarlo inteligentemente, le costará muchísimos votos al PRI nacional en 2015, además del desprestigio internacional. Por ello, más vale que en esto no haya simulación, el mismo partido lo lleve ante los tribunales y los jueces actúen con plena libertad.

De igual forma, ahora que se discute y está por analizarse y votarse la reforma política, el nuevo INE habrá de tomar en cuenta este nuevo elemento, para incrementar las penas a los partidos que le den este uso a los recursos públicos. Y deberán ser sanciones ejemplares, como la suspensión temporal del registro, por ejemplo.

La 2da Ley Televisa exhibirá a Peña Nieto

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Carpinteyro: porque también la rechazará la S. Corte.

Por: Wendy Bautista Morales.

@wendybautistamo

La ley general de telecomunicaciones y radiodifusión, es una contrarreforma que impide la competencia en el sector, y corre el riesgo de convertirse en la segunda  versión de la ley Televisa, ahora impulsada por el PRI de  Enrique Peña Nieto,  tal y como sucedió con el PAN de Vicente Fox que otorgó todos los privilegios a esta televisora.

Las propuestas de Ley reglamentarias a la Reforma Constitucional,  enviadas por el Poder Ejecutivo al senado,  echan por la borda los esfuerzos de abrir verdaderamente la competencia y las opciones en la oferta de los servicios de telefonía, televisión, celular, abaratar los costos, y llevar estos servicios como una opción real de economía y de mejora en la calidad de vida en las zonas más marginadas del país.

Al presentar su libro “El fin de Los Medios”, la diputada federal por el PRD  y experta en el tema de las telecomunicaciones, Purificación Carpinteyro, puso el dedo en la llaga sobre  los verdaderos intereses políticos en el tema de las telecomunicaciones, y reflexionó sobre la exigencia de cambiar esa realidad, con el fin de beneficiar a los más desprotegidos, y de dimensionar cómo esta contrarreforma va  en contra de los usuarios, cuestiones que ya se habían superado en 2013.

…Parece que hoy los intereses del poder ejecutivo están alineados a Televisa para ir en contra de Carlos Slim; de evitar la competencia entre ambas empresas, y los beneficios directos a los usuarios.  Así lo planteó la Reforma Constitucional del 2013, pero ahora eso quedó en el olvido y se contradicen los esfuerzos de los senadores y diputados que apoyaron esta reforma como parte de los acuerdos del Pacto por México.

Desde su punto de vista, el Ejecutivo debe cumplir la ley, estar por el beneficio del  país y de los mexicanos. “deben sentar a los dos empresarios  y alinearlos hacia la dirección del país, no preferenciar a uno de ellos, porque la obligación de un gobierno es  no  satisfacer los intereses de empresas particulares sobre el interés general.” Dijo que esta Ley Reglamentaria parece ser que  la escribió el equipo de Televisa para  ponerle obstáculos a Telmex,  y obligar a Slim a salirse de México y desaparecer a su empresa.

Al contrario, por el bien de los usuarios, el poder ejecutivo  tendría que haber enviado leyes secundarias para  permitir la competencia de  Televisa y Slim entre sí, y generar  servicios de calidad, a precios accesibles y mejor infraestructura como en los países del primer mundo—dijo–no conformarse, los mexicanos en compararse con países de Suramérica.

Es que el tema de telecomunicaciones es tan transcendente para el país, que se convierte en la herramienta más importante para generar equidad en la economía, en el acceso a la educación, en vivienda,  a la salud, porque si el internet llega a las zonas marginadas se convierten en la herramienta más importante para generar y distribuir la riqueza de mejor manera.

La Reforma Constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión aprobada en el 2013 como parte de los acuerdos del Pacto por México, transformó la estructura fundamental de la oligarquía de las telecomunicaciones en México.

Se creó un órgano autónomo independiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo: el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, cuyos siete miembros fueron elegidos de acuerdo a su capacidad y conocimientos, bajo un examen preparado por el Banco de México, INEGI y Coneval, y aprobados por el Senado bajo mayoría calificada.

Este órgano declaró a Telmex y Televisa como agentes preponderantes, es decir que estableció obligaciones iguales para ambos en la competencia real de sus sectores de voz, datos, internet y televisión.

También abrió la competencia para licitar dos cadenas de televisión abierta para ofrecer más alternativas a los mexicanos: la reforma constitucional  sentó las bases para que el Estado coadyuve en mejorar la carretera de la información  con asociación público privada utilizando los bienes del estado desde los derechos de vida y el espectro radioeléctrico.

Esto beneficiará a los que pueden pagar por ese servicio para que reciban un servicio de calidad,  pero lo más importante es que el Internet y las telecomunicaciones “lleguen a las zonas marginadas, a los indígenas, a la Sierra Tarahumara, para que puedan tener una consulta a distancia, clases a distancia para una mejor preparación que les ayude a mejorar su entorno y calidad de vida”, detalló la diputada federal. “A las mujeres en Oaxaca, por ejemplo, que puedan vender sus artesanías en el extranjero sin intermediarios, para que las ganancias se las queden ellas”.

Esta reforma  requirió dos terceras partes de los votos del Sena y la Cámara de Diputados y del 50 por ciento más uno de los congresos estatales. A decir de la expositora, fue un trabajo muy intenso para poder aprobar las reformas constitucionales emitidas de los acuerdos del Pacto por México, representado por los principales partidos políticos.

Sin embargo, todo se ha echado por la borda.

Purificación Carpinteyro pensó haber ganado su  batalla de transformar el sistema de medios en México para el bien de los más desprotegidos, convicción que la ha llevado a casi ser expulsada del país, y en otra ocasión estuvo a punto de  ir a la cárcel, pero con tristeza ve que la Reforma Constitucional, de la cuál formó parte, no fue suficiente para cristalizar su esfuerzo.

Confió que el escenario no sea  tan tétrico, que los presidentes del PRD, Jesús Zambrano y del PAN, Cecilia Romero, unidos con su  voto en contra a esas leyes secundarias, prevalezcan para echarlas para abajo.

Sin embargo, de no  ser así,  se puede repetir el escenario de la “ley Televisa” en el 2006, porque en “ese año al final del sexenio de Vicente Fox se aprobaron reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con beneficios ‘descarado’ a Televisa; todo en seis minutos”; se renovaron las concesiones hasta el 2021 y se duplicaron cada una de las concesiones como pago al apoyo recibido por esta empresa a la campaña y a su gobierno.

En ese entonces, en el 2006, los candidatos a la Presidencia de la República del, PAN, PRD y PRI,  pasaron lista ante el consejo de administración de Televisa, Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo, quienes instruyeron a sus diputados y senadores para aprobar la ley televisa en seis minutos.

Esa ley fue recurrida constitucionalmente por los senadores que llegaron, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la echó para abajo por considerarla inconstitucional, sin un costo político para Fox, pues él ya había salido de la presidencia. Ahora,  ese pasado está condenado a repetirse, pero con un costo alto para el presidente de la República y para el PRI.

Purificación Carpinteyro dibuja lo que puede pasar, en caso de que la mayoría priista se imponga en las leyes secundarias enviadas la semana pasada al senado, al provocar la oposición una escalada de recursos de inconstitucionalidad para regresar las cosas al Estado que guardaban, es decir que se cumpla lo que dice la Constitución.

Los diputados y senadores del PRI y sus partidos aliados lo podrán hacer, porque les alcanzan los votos, sólo que el riesgo de desgaste es muy grande, pues el PRD y el PAN también reúnen la tercera parte requerida en ambas cámaras  para  irse a los recursos constitucionales, para conseguir de nuevo lo que ya se había aprobado en el 2013 y evitar la ley Televisa en su segunda versión.

Este proceso emprendido por la oposición sería un  desgaste en el resto de su periodo como presidente para  el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque demostrará, de aprobarse como está, que en los hechos gobierna para Televisa y que se debe a esa empresa, como ha sido tildado desde siempre, pero además  que no cumplió su palabra en el Pacto por México.

Eso no le conviene ni al PRI, ni al presidente, ni a la sociedad, ni a los partidos que participaron en el Pacto por México, los beneficios de tener competencia en el sector y sentar las bases para que México se integre de una vez  a las sociedades más avanzadas con las herramientas mágicas especialmente a quienes más lo necesitan.

….Ojalá el Presidente Peña Nieto se acuerde de que hay una reforma constitucional que estableció una serie de filtros internos de lo que el ejecutivo puede y no puede hacer, ojalá recuerde que esta reforma obligó al instituto federal de telecomunicaciones de tratar a Televisa y Telmex como deben ser tratados, como concesionarios de servicios públicos y como tales deben cumplir la ley los dos no uno, sino las dos empresas.

El Estado tiene la obligación de hacer leyes que no sean privativas o dirigidas a favor o en contra de nadie, ojalá el presidente se acuerde y entienda que el riesgo que corre esta ley es alto.

Actualmente se realizan pláticas entre los senadores de las diferentes fuerzas políticas, y  los sectores interesados para ver si se puede llegar a acuerdos, que no contradigan las reformas constitucionales, pero de ser así, el escenario podría tornarse complicado.

 

 

 

 

 

Legisladores piden a la fiscal investigar fraude a constructores

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Debe investigarse a fondo fraude a constructores

 

Legisladores del PRI, PAN, PT y PRD, piden a fiscalía desarchivar denuncia interpuesta; Banobras lanza alerta

Banobras hace llegar una carta a alcaldes, alertándolos de oficinas gestoras de proyectos fraudulentas

Texto: Wendy Bautista Morales

Para evitar posibles fraudes en contra de presidentes municipales en el  tema de la gestión de recursos para obra pública, Banobras emitió una carta enviada a los presidentes municipales, tesoreros y funcionarios estatales en la que alerta sobre este tipo de intermediarios como una medida preventiva.

Al iniciarse las nuevas administraciones municipales, Banobras explica tener conocimiento de presuntos gestores que acuden con los presidentes municipales para conseguirles recursos del Fopedep a cambio de un cobro, por ello se aclara que Banobras no tiene injerencia en la participación de ese recurso y los alerta a acudir a la delegación estatal para cualquier trámite.

Esta acción retoma importancia porque recientemente se reposicionó el tema del fraude a un grupo de siete constructores de la localidad por un monto de 20 millones de pesos, y en cada uno de los contratos de obra se menciona que el origen de los recursos, es el Fondo Nacional de Infraestructura a través de la SHCP-BANOBRAS y FONADIN, es decir se involucró a la banca de desarrollo en contratos emitidos por los presidentes municipales de Durango y Poanas en el 2012.

Ante ello, legisladores de todos los partidos políticos se solidarizaron con el fraude cometido a constructores de la localidad, y pedirán que el caso se agilice en la fiscalía general del Estado para que se esclarezca y se deslinden responsabilidades.

Eso es una urgencia y el derecho de un particular que busca justicia, que debe esclarecer quienes estuvieron detrás de este fraude millonario a constructores locales, por lo tanto la fiscalía general no debe ser omisa, ni encubrir a nadie, coincidieron diputados de todos los partidos políticos.

El martes 20 de noviembre Julio César Rodríguez Martínez, uno de los siete constructores defraudados con 20 millones de pesos, por un consorcio fantasma, acudió al congreso del estado, entregó en oficialía mayor, al presidente de la gran comisión y a cada uno de los legisladores de oposición, un compendio del expediente en el que obran todas las pruebas que él ha aportado al ministerio público de la fiscalía general bajo la carpeta de investigación 34DVE/2013 ratificada el 18 de junio del 2013 en la mesa de delitos patrimoniales a cargo de la MP  Gisela Gurrola Castro.

A varios meses de distancia de la denuncia y su ratificación, el pasado viernes 22 de noviembre, quedó en evidencia la investigación, pues  el constructor tuvo que ir de nuevo a ratificar la denuncia, a aportar  los datos, pues al parecer se les extravió, y no encontraron rastro alguno en la fiscalía, lo que confirmó que el ministerio público archivó la denuncia sin la mínima intención de investigarla, y ahora que el tema resurgió en algunos medios de comunicación el afectado fue buscado a través de su abogado para presentar la denuncia por tercera ocasión.

Este hecho resurgió en Durango en medio de una fuerte acusación publicada en el periódico Reforma que involucra a Luis Alberto Villarreal coordinador de los diputados federales del PAN, a quien alcaldes  acusaron de sobornarlos o  pedirles “moche” a cambio de asignarles recursos para obra pública en la autorización de presupuestos. Este tema ha generado una fuerte polémica dentro y fuera del PAN, pues militantes han pedido su destitución al presidente nacional Gustavo Madero para ser investigado y fuera de él las críticas se han venido en cascada.

En el tema local del constructor Julio César Rodríguez, (caso documentado en el número anterior) los legisladores Héctor Vela del PRI, Trinidad Cardiel del PT, Israel Soto del PRD y Juan Quiñones del PAN, coincidieron en que es su responsabilidad tomar el caso, analizarlo y hacer lo que esté en el ámbito de su competencia, para que haya una respuesta a pesar de que el caso se sigue por una vía penal.

En contraste,  otros legisladores que pidieron omitir su nombre, reconocieron que este caso es muy delicado y de entrada los ex alcaldes (son los casos de San Dimas y Vicente Guerrero) deben ser investigados, porque ellos fueron autoridad y además generaron contratos de obra que firmaron y sin embargo no se cumplieron, ahí ellos tienen responsabilidad, pero la autoridad competente la debe determinar, pues no puede ser que hasta cierto punto hayan avalado acciones que significaron de por medio el depósito de recursos económicos que nadie supo hacia donde fueron a parar.

Fuentes cercanas a la pasada administración municipal de Adán Soria Ramírez  confiaron que será difícil probar que hubo coparticipación, pues los constructores no depositaron dinero a la administración como anticipo de obra pública, sino que fue a través de un intermediario en este caso el consorcio, además ese fue un trato entre particulares en que la autoridad no tuvo nada que ver, ni los obligó a depositar dinero.

La lógica de los profesionales de la construcción tendría que haber ido encaminada a cerciorarse del origen de ese consorcio y sus empresas, y no soltar el dinero hasta estar seguros de la seriedad y medir su riesgo, pues ellos se dedican a los negocios y habrían podido detectar si las empresas existían.

En un oficio anexo y en entrevista con los reporteros, Julio César exigió la intervención del poder legislativo para que hagan un pronunciamiento o emitan un punto de acuerdo para que la Fiscalía General del Estado realice la investigación y deslinde responsables, pues a la fecha no hay resultados, son puras largas.

En los documentos del expediente, uno de los defraudadores directos a quien nombra es a Bernardo Terrazas Salgado alias “El Mayor” quien siempre aparentó una cercanía directa con Ernesto Cordero ex secretario de Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón.

Israel Soto Peña del PRD, comentó que la omisión de la autoridad investigadora envía una mensaje muy claro, que se trata de encubrir a los posibles responsables, que hay algún arreglo político para no entrarle al fondo del asunto, pues en la denuncia se involucra a nivel local a ex alcaldes del PRI, como Adán Soria, Raúl Piedra Macías, Enrique García Solís, y al priista Abraham Moreno García, entre otros personajes supuestamente ligados con el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, hoy senador por el PAN.

“Si como dice el constructor, no hay respuesta ni investigación entonces hay alguien que los quiere proteger, pues ni siquiera han sido citados a declarar para deslindar responsabilidades, por eso yo estaré pendiente aquí en el congreso para llevar el caso a la tribuna o a donde se tenga que llevar”.

Se comprometió personalmente con el constructor para ver su caso a detalle, pugnar porque se investigue, además de promover un pronunciamiento o punto de acuerdo para exigirle a la Fiscalía General que haga su trabajo a través del ministerio público investigador.

Héctor Vela Valenzuela miembro de la comisión de obras públicas y de responsabilidades de los servidores públicos dijo conocer al constructor que acudió al congreso, saber de su trayectoria en la localidad y por eso tendría un acercamiento formal con él para apoyarlo y ver de qué manera podría intervenir para agilizar la investigación, porque como parte del poder legislativo no tiene una injerencia directa ni tampoco facultades para investigar.

Sin embargo, como representante popular está obligado a conocer del caso, a involucrarse y no permanecer omiso a ninguna solicitud de apoyo solicitada por un ciudadano, y en ese caso por un constructor que creyó en algo y en alguien pero fue engañado, pues el diputado dijo desconocer de algún otro constructor que haya denunciado un fraude de este tipo.

Juan Quiñones Ruíz diputado y constructor de profesión expresó a esta reportera que atenderá la solicitud personal del constructor, porque es necesario y urgente abrir la cloaca, exigir una investigación imparcial y que los involucrados den la cara incluidos los ex alcaldes Adán Soria y Raúl Piedra Macías, quienes acudan a comparecer y expresen lo que a su derecho convenga, porque una cuestión de este tipo no se puede quedar en la impunidad.

“Nosotros como legisladores no podemos permanecer al margen de una cosa tan grave como esta, tampoco podemos ser defensores oficiosos sin una investigación de por medio, máxime cuando al Presidente de la República ya conoció del caso y la Secretaría de Gobernación ha intervenido”

Felipe Enríquez Herrera diputado de Movimiento Ciudadano expresó que al existir una denuncia por el afectado la fiscalia general está obligada a investigar, incluso a rendir un informe al congreso del Estado si este se lo solicita cosa que él también va a valorar para darle atención al ciudadano que fue a solicitar su ayuda.

Opinó que este hecho deja en claro que el fraude si se cometió, que “chamaquearon” a los constructores y porque no pensar que también a los alcaldes en funciones de ese tiempo, quienes se dejaron llevar por toda una estrategia de operación del supuesto consorcio que hasta a ellos los convenció, y por eso se generaron los contratos firmados.

Sin embargo la autoridad no debe ser omisa e investigar para tener claridad de qué fue lo que realmente pasó, y se deslinden las responsabilidades.

“Yo pienso también que los alcaldes con tal de generar obra pública en su municipio y los constructores de tener trabajo fueron envueltos por los defraudadores, y en el caso de la autoridad no significa que ellos hayan estado coludidos”

En la denuncia, Julio César Rodríguez señala al ex alcalde Adán Soria Ramírez y Raúl Piedra Macías de Poanas, quienes firmaron los contratos respectivos para la asignación de obra, misma que no se realizó, en estos documentos en poder de este semanario, se da cuenta de los montos específicos,  las obras, la empresa asignada, las firmas y las condiciones del contrato.

ALERTA BANOBRAS A ALCALDES

Al iniciar las administraciones municipales en el Estado, oficianas centrales de BANOBRAS instruyó a la delegación estatal a comunicar formalmente a los presidentes municipales sobre los trámites que deben realizar para la gestión de recursos.

Les informa que el trámite es directo sin intermediarios para prevenirlos de quienes intenten sorprenderlos, a cambio de dinero. A continuación el texto íntegro:

Estimados Presidentes Municipales, Tesoreros y Funcionarios Estatales:

Me permito comunicarles, que nuestras Oficinas Centrales tienen conocimiento que presuntos gestores se acercan a los municipios utilizando el nombre de BANOBRAS y ofreciendo conseguirles recursos del “FOPEDEP” a cambio de una suma de dinero, lo cual formalizan a través de un contrato de prestación de servicios.

En virtud de lo anterior les reitero lo siguiente:  

a.     BANOBRAS no participa en la distribución del Fondo de referencia, y aquellos Municipios que tiene recursos asignados deben realizar sus gestiones directamente en el Estado ante la instancia correspondiente, sin costo y sin necesidad de intermediario alguno, y

b.    BANOBRAS no utiliza gestores para ofrecer sus servicios, y cualquier trámite que requieran hacer con nuestra Institución favor de hacerlo directamente ante la Delegación Estatal o ante nuestras Oficinas Centrales.

Finalmente les recomiendo que no se dejen sorprender por los presuntos gestores y no suscriban los contratos que les presentan.

Sin otro particular, me repito siempre a sus órdenes.

Atentamente

Ing. Manuel Domínguez Ávila

Delegado Estatal

Delegación Durango

 

 

Hay de manifestaciones a manifestaciones, dicen

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Por: Julio César Hernández Vargas

 Ya se ha hablado mucho acerca de las famosas manifestaciones, una actividad que se hace, cada vez más común.

La autoridad se enjuaga la boca diciendo que respetan la Libertad de Expresión. Aquí hemos remarcado la necesidad de disciplinarlas (pero ni nos pelan), por la afectación que se genera hacia “los terceros”, aquellos en quien nadie piensa a la hora de ejercer su “Libertad de Expresión”; dicen que mi libertad empieza donde termina la tuya. Sólo lo dicen porque nunca es efectiva. Mucha paja, y la aguja siempre es para el tercero.

Es muy fácil tomar un motivo como bandera para circular por las venas de la ciudad, provocando caos vehicular, convirtiendo en súper sayayin a los choferes del transporte público.

La semana pasada, la manifestación estuvo a cargo de una joven, quien convocó a una marcha pro chapo Guzmán, con el argumento de que ha hecho más que el gobierno. Para muchas personas, esto ocasionó un motivo para persignarse, para otras, admiración, aversión, y hasta cierta expectación.

Hemos visto manifestaciones de los Cocopos donde van y piden una cosa y regresan con otra; hemos visto manifestaciones con personas que no saben a lo que van (PT y PRD), hemos visto manifestaciones de paz. Pero jamás nos imaginamos que pudieran existir personas que creyeran tanto en una persona como Joaquín Guzmán, como para convocar a una marcha, una manifestación de apoyo.

En Sinaloa, se llevó a cabo una marcha que terminó con la captura de ciudadanos por participar. Aquí en Durango, la autoridad se había pronunciado respetuosa, no habría detenciones si no se delinque. A pesar de que el diputado Rosauro Meza habló de apología del delito.

Si se llega a detener a una persona por participar en una manifestación (marcha), debería de repetirse en todas las manifestaciones. No porque se trate de un narcotraficante tenga que tener especial o dura la justicia.

La convocatoria fue principiada en una Red Social, muchos se contagiaron de ella y ésta se fue haciendo más grande. A pesar de esto, es interesante desde el punto de vista social.

Las redes sociales no fueron creadas para desestabilizar a una Sociedad, sino para compartir información, en un principio era información inteligente, ahora mucho chisme, mucho cobarde, mucho valiente, mucho de vecindad. Cuanto esto pasa, la red social debe de ser lo menos importante.

Mi voto es a favor de una disciplina que permita esa Libertad de Expresión, pero sin afectarnos a los terceros. ¿Se podrá?

Pasó el centenario del natalicio de Octavio Paz, ¿en Durango qué se hizo para conmemorar?

Ya para terminar de trenzar ésta columna, es necesario felicitar al Periódico Victoria de Durango, por esos 19 años de andar correteando la chuleta en el periodismo. Una felicitación a Don Carlos Herrera Araluce, fundador, a Jorge Clemente Mojica el auriga en ese Medio, y a todo el organigrama. Abrazo desde acá.

Y como dijo Sólo: Los dejo.

Serán agradecidos todos los comentarios, acerca de esta manifestante columna. Favor de enviarlos a desdeelapando@hotmail.como a mi apología de Twitter: @CexXxaR_

 

Rectifican legisladores y exigen a CAPUFE mantenimiento a Súpercarretera

MANUEL-HERRERA

Tras denuncia de la Auditoría Superior, dan la razón al diputado Enríquez Herrera y piden mejorar condiciones de la Durango-Mazatlán

Texto: Wendy Bautista Morales.

@wendybautistamo

En noviembre del 2013 un legislador de oposición propuso la integración en el Congreso del Estado,  de una comisión especial auxiliada por expertos para verificar la calidad de la autopista Durango-Mazatlán, pues a pocos días de la una inauguración sufrió serios problemas por la tormenta Sonia, pero su propuesta fue rechazada por la mayoría, por considerar que sus dichos no tenían sustento, hubo quien lo calificó de exagerado y extremo, de no tener la información.

Para entonces, Felipe de Jesús Enríquez Herrera del partido Movimiento Ciudadano recibió la negativa de sus compañeros del PRI, Partido Duranguense, Nueva Alianza y Partido Verde, votos que neutralizaron los cinco del PT, PAN, PRD y MC. A cuatro meses de distancia, la Auditoría Superior de la Federación a través de su informe de resultados 2012, le da razón al legislador de oposición en el congreso local, y exhibe una serie de irregularidades por un monto de mil 616  millones de pesos.

A partir de entonces, el PRI tomó el tema, y sin mencionar dichas irregularidades, propuso a través del diputado Manuel Herrera Ruiz del PRI,  un punto de acuerdo que por supuesto le fue aprobado por el PRI y sus partidos aliados, para  pedir a CAPUFE incrementar el mantenimiento en áreas dañadas de la autopista.

Añadió lo mismo que en su momento expuso Enríquez Herrera, de ser una carretera cara, con un  costo de peaje de 500 pesos, por lo cual merece estar en buenas condiciones para garantizar seguridad. Desde noviembre del año pasado, el legislador de Movimiento Ciudadano puso al descubierto la serie de deficiencias en la obra, que se tenían que aclarar, incluso propuso un recorrido por una comisión legislativa, pero también le fue rechazada.

Sin embargo, a esta exigencia legislativa se añade, una serie de dudas en la construcción de  la obra de gran magnitud para el Estado y para el país por su millonaria inversión de 28 mil millones de pesos, que implicó la injerencia de 3 gobernadores y 3 presidentes de la República. En la reciente entrega del informe de resultados a la cámara de diputados por la  Auditoría Superior de la Federación,  Juan Manuel Portal, informó de  irregularidades en su inversión, que ponen al descubierto y  su calidad   en la correcta aplicación de los recursos.

Este informe está basado en auditorías realizadas por el órgano auxiliar de fiscalización del congreso federal, es decir, tiene todo un sustento documental, que tendrá que solventarse en tiempo y forma, para clarificar las serias dudas vertidas. Este informe  detalla el elevado costo de la obra que se triplicó de acuerdo a la estimación inicial.

Las observaciones económicas también señalan una diferencia de mil 616 millones de pesos a causa de trabajos de mala calidad, errónea integración de precios unitarios extraordinarios, incorrecto cálculo y aplicación de los factores de ajustes de precios, falta de ajuste del costo de financiamiento por los anticipos concedidos y por la variación de las tasas de interés, así como por pagos anticipados.

El proyecto consistió en la construcción de una autopista de cuota de altas especificaciones con dos carriles de circulación de 12 metros de ancho en una longitud de 222 kilómetros, así como cuatro carriles en una longitud de 8 kilómetros. Además, se construyeron 61 túneles y 43 puentes, incluyendo el puente Baluarte, con una extensión de mil 124 metros y una altura de 390 metros, obra que se concluyó en octubre de 2013.

“Se ha observado que la problemática principal para la ejecución de las obras de infraestructura carretera en los tiempos y con los costos programados es la deficiente elaboración de los proyectos ejecutivos, la insuficiencia de estudios técnicos y la falta de permisos y licencias”, refirió el titular de la Auditoría Superior de la Federación.

La ASF consideró que “son hechos graves que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de  la dirección general de Carreteras y de los Centros SCT, Durango y Sinaloa, no cumplieran con las disposiciones normativas aplicables”.

La realización de este tramo carretero, incluido el puente atirantado más alto del mundo, el Puente Baluarte Bicentenario, fue cotizado inicialmente por 8 mil 889 millones de pesos, sin embargo, durante este último año de la administración  de Calderón Hinojosa, la suma se modificó a 22 mil 100 millones de pesos.

No obstante, el 31 de diciembre de ese mismo año, la suma se elevó a 23 mil 385 millones, según constató el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, en el apartado de Desarrollo Económico del informe sobre el gasto federal ejercido en 2012.

Con 28 señalamientos en contra por presumibles daños al erario público, la ASF calificó como negativo el dictamen sobre las diversas auditorías aplicadas, al tiempo de estimar un daño a la nación que supera los 1 mil 616 millones de pesos, sólo en esta obra carretera.

Por ello, la ASF recomendó “mejores prácticas para la contratación de obra pública, específicamente en los alcances, términos de referencia, modelos de contrato, análisis del financiamiento y especificaciones para el pago de conceptos de obra como el concreto hidráulico y asfáltico, y el acero de refuerzo”.

El resultado de la auditoría aseguró que, durante la administración de Dionisio Pérez-Jácome como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),  “no se evaluó correctamente el costo por financiamiento presentado en la propuesta del contrato de iluminación y no se autorizaron los precios unitarios extraordinarios dentro del plazo establecido por la ley”.

En la tribuna del Congreso del Estado, Manuel Herrera Ruiz expresó que hay tramos con daños que representan riesgo para los usuarios, mismos que se deben de atender por seguridad de los transeúntes, sobre todo cuando se trata de una vía de comunicación de gran importancia comercial y de desarrollo para la región del norte de México.

Se debe buscar la forma de destinar los recursos necesarios para su mantenimiento, que a la larga no generen una mayor inversión, sino que los problemas se resuelvan en el momento que se necesitan, y fue más allá, si  los funcionarios responsables de ello no lo hacen, pediremos al gobierno federal se destituya a quienes están encargados de esa dependencia, si no se les da una solución que aqueja a los usuarios de Durango, Sinaloa, y de otra otras partes del país.

Además, es una carretera cara de 500 pesos por peaje, que en su momento antes de la inauguración pidió se disminuya el costo, pero no fue posible, y si ahora tiene deficiencias debe bajar, o de lo contrario exigir las mejores condiciones de seguridad para los  automovilistas.

La madrugada del lunes 4 de noviembre, la súper carretera Durango-Mazatlán fue cerrada en varios tramos por diversos deslaves y derrumbes, uno de ellos el más grande en el kilómetro 142+600 del lado de Durango, y también la carretera libre de lado de Mazatlán en el tramo Villa Unión-El Palmito, todo ello derivado de las intensas lluvias durante el domingo y la madrugada del lunes del pasado mes de noviembre por el ciclón Sonia.

En el caso de la autopista, permaneció cerrada por un lapso de 37 horas aproximadamente, según reportó el coordinador de la Policía Federal de Caminos Ramón Cerón Castañeda, pues el paso se impidió desde las 3 horas del lunes y se abrió a las 4 de la tarde del miércoles 5 de noviembre. La carretera libre se abrió el mismo lunes por la tarde.

Ante los daños causados, los  legisladores tienen la obligación de pedir la información a las instancias respectivas, inspeccionarla, para estar en condiciones de decirle a la sociedad que la obra se construyó con los estándares de calidad requeridos, o bien que no fue así, precisó entonces el diputado Felipe de Jesús Enríquez Herrera de Movimiento Ciudadano.

“Yo creo que en aras de claridad, para confirmar que hay fallas o en su caso no las hay, no está por demás hacer una revisión, esto generará certeza, confianza a la sociedad  traducida en seguridad”.

En entrevista para este medio, el legislador de oposición, reconoció no ser especialista de obra, ni tampoco constructor, por eso la solicitud de formar una comisión especial legislativa que hiciera las gestiones necesarias para contratar a peritos en la materia, que pudieran detectar vicios ocultos, con el objetivo de conocer a ciencia cierta la calidad de la obra y tener los elementos para proceder ante las instancias respectivas.

Al haber recorrido la autopista hasta la caseta a Coscomate que es el límite con Sinaloa, apreció  un recarpetamiento muy visible en algunos tramos, para tapar  los baches a pesar de no haber sido usada.

Sin embargo la inspección con especialistas de obra, sin duda que aportaría nuevos elementos a considerar, en que intervinieran otras instancias para poder corregir los errores desde ahora, porque  ese era el momento, y a partir de entonces darle seguimiento a las deficiencias que vayan surgiendo conforme se usara la obra, que será la más transitada del norte del país, por el traslado de mercancías  en camiones de carga.

El legislador fortaleció su argumento, de una inspección seria y profesional, por la magnitud de la inversión, de flujo de vehículos de carga, particulares y por la inversión tan costosa es conveniente hacer una revisión a fondo, no se puede quedar en declaración, lo sucedido en la obra más importante del Estado, es un tema que debe interesar a todos y alguien debe tomar la iniciativa.

Los peritos serían de los colegios de arquitectos, ingenieros civiles donde existen profesionales competentes, y ver la posibilidad de traer a algunos de fuera, pero eso quedará a decisión de los legisladores que integren la comisión especial investigadora.

Aclaró que su propuesta no obedecía a ningún protagonismo,  sino que en el congreso hay muchos temas en que ocuparse, pero este no  podía pasar desapercibido y este tema requería una urgente atención, pero su punto de acuerdo fue rechazado por la mayoría, y a cuatro meses la Auditoría Superior de la Federación le da la razón.