De Florence Cassez a Azucena Calvillo; La justicia contaminada por los Medios

Texto: La Semana ahora


Una vez recuperada la libertad de la doctora, ahora, los médicos exigen la renuncia de la Fiscal Medina Alemán

Hasta los hechos registrados el domingo 13 de diciembre, el caso de la doctora Azucena Calvillo Carrillo se encaminaba a probar de qué está hecha nuestra justicia penal y el respeto al debido proceso.

El caso #AzucenaCalvillo es el típico en el que se mezclan dos elementos que son mortales para cualquier sistema de justicia penal:

1.- La violación a los derechos humanos y, por consiguiente al debido proceso y presunción de inocencia.

2.- La aplicación de la justicia dictada y ejecutada por los medios de comunicación y las redes sociales.

Primero, recuperemos el caso Florence Cassez como uno que nos recuerda lo que sucedió la semana pasada en Durango.

En diciembre de 2011, la Agencia Federal de Investigación (AFI) montó un operativo para las cámaras de televisión en donde escenificó la captura de dos supuestos secuestradores: Florence Cassez e Ignacio Vallarta y el rescate de tres víctimas en el Rancho “Las Chinitas”, donde supuestamente vivían Cassez y Vallarta. Esta escenificación fue presentada en la televisión como real, es decir, la AFI y las televisoras engañaron a la audiencia diciendo que el rescate y captura sucedía en vivo. Durante cerca de dos horas, dos periodistas en el lugar entrevistaron a las tres víctimas rescatadas, así como a Cassez y Vallarta, señalándolos, repetidamente y sin lugar a dudas, como culpables. “Es claro que ellos fueron”, “ella niega tener algo que ver, pero es evidente que ella era la secuestradora de estas víctimas” repetían los periodistas frente a las cámaras de TV, a las tres víctimas y policías.

Cassez aparecía sorprendida y repetidamente negó tener algo que ver con los secuestros, aunque aceptó vivir en esa casa. El país entero vio estas escenas durante todo el día, era “obvio” que si la captura había sido en vivo, los delincuentes habrían sido aprehendidos en flagrancia,  es decir, “los cacharon con las manos en la masa”.

Sin embargo, tiempo después el director de la AFI, quien luego fuera Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aceptó que esto no fue así, que en realidad se trató de una recreación del operativo para la televisión “porque los medios así lo pidieron” y que Florence y Vallarta habían sido aprehendidos horas antes en la carretera México-Cuernavaca.

Es decir, eso que vimos fue un teatro para la televisión que preparó la policía, poniendo en riesgo las vidas de las tres personas secuestradas y violando derechos de Cassez y Vallarta, quienes debían de haber sido puestos a disposición del Ministerio Público de manera inmediata y no llevados a actuar frente a las cámaras de televisión.

Segundo, el caso de Azucena Calvillo Carrillo.

El caso que a continuación presentamos, encuentra cierto paralelismo al registrado a finales del 2011. Claro, el paralelismo es la marcada intervención, en el caso de la doctora Calvillo Carrillo, de los medios de comunicación locales y nacionales y el activismo de las redes sociales.

También la violación al debido proceso, pues se le detuvo, no en flagrancia, cuando se le debió haber citado, además de que se le incomunicó, no permitiéndole hacer llamadas ni a familiares o a su defensa.

Los hechos comenzaron el lunes 7 de diciembre cuando familiares de la doctora Azucena Guadalupe Calvillo Carrillo, quien trabaja en el área Covid del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, denunciaron su desaparición al salir de su jornada laboral el lunes en la noche.

La oficina de representación en Durango del IMSS informó que estaba cooperando con las autoridades para la localización de la doctora al poner a disposición los videos del sistema de seguridad y la información que se requiera para la investigación.

«Las autoridades y directivos se reunieron con el esposo y familiares de la doctora Azucena Guadalupe Calvillo Carillo para brindarles el respaldo necesario en esta situación», citó la oficina en un comunicado.

«El Seguro Social coopera con las autoridades competentes y puso a disposición los videos del sistema de seguridad y la información que se requiera para abonar a la investigación que permita esclarecer el hecho”.

Al salir de su turno, según declaraciones de los familiares, la doctora se reportó con su esposo para informarle que ya se dirigía a su domicilio, localizado en el fraccionamiento Colinas del Saltito.

Al ver que no llegó a su casa, los familiares de la doctora fueron a buscarla por las calles que usa para desplazarse diariamente a su trabajo, sin localizarla, por lo que decidieron presentar la denuncia por desaparición y reportarla al Programa Esmeralda, de personas desaparecidas.

Ella usa para sus traslados una camioneta cerrada marca GMC, modelo 2012, color guinda, cuatro puertas, de procedencia extrajera.

Desde el lunes por la tarde, el caso “brincó” a las redes sociales y comenzó a sociabilizarse aceleradamente.

Sin embargo, para el martes 8, el caso dio un vuelco inesperado. A eso del mediodía, surgieron versiones de que la doctora Calvillo Carrillo había aparecido y los familiares confirmaron la versión solo que afirmaron que estaba detenida en la Fiscalía General de la República (FGR). Más tarde, los mismos familiares aclararían que no era en la FGR donde estaba detenida la doctora, sino en la Fiscalía General del Estado (FGE) y que la causa del arresto fue por el delito de negligencia médica.

Agregaron que el caso está relacionado con el internamiento en el IMSS del magistrado Héctor Emanuel Silva Delfín, quien supuestamente al estar en el área Covid-19 alguien trató de desconectarlo y por eso, su hermana Velia Silva Delfín, exdelegada del IMSS en Durango y actual titular de esa misma dependencia en Tamaulipas, presentó la denuncia por negligencia.

El mismo martes, pasadas las 18:00 horas, la Fiscalía General del Estado citó a rueda de prensa para abordar el caso de la doctora Calvillo Carrillo.

Tras confirmarse que estaba detenida, la fiscal dio a conocer que fue la madrugada del domingo 6 de diciembre, aproximadamente a las 04:00 horas, cuando la trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adscrita al área Covid-19, ingresó a la clínica e intentó desconectar del respirador artificial al funcionario del Poder Judicial del Estado de Durango (PJED).

La funcionaria estatal, agregó que no era su horario laboral, sin embargo, a los guardias de la clínica número 1 del IMSS no les pareció extraño que llegara al lugar, pues es trabajadora de dicha institución de salud.

Fue desde el domingo, aproximadamente a las 08:00 horas, cuando la delegación del IMSS informó de dicha acción a la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que, supuestamente, la dependencia encargada de la procuración de justicia comenzó la investigación y tuvo acceso al material de videovigilancia.

Con ese material, afirmaron que lograron detectar a la doctora Azucena Guadalupe llegar en un vehículo, mismo en el que se retiró de dicha institución luego de, presuntamente, haber intentado desconectar a Héctor Emanuel Silva Delfín, y se trasladó a una casa de un fraccionamiento ubicado por la salida a la carretera Mazatlán.

Al recopilar la información necesaria, la Fiscalía solicitó al juez de control una orden de aprehensión, misma que según la fiscal del estado, Ruth Medina Alemán, se ejecutó el martes.

“Como resultado de lo anterior, al haber agotado ambas líneas de acción y colmar los estándares probatorios necesarios, se solicitó la orden de aprehensión al juez de control y enjuiciamiento, ellos en contra de la probable responsable por la comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, hechos cometidos en agravio del licenciado Héctor Emanuel Silva Delfín, mandamiento judicial el cual el día de hoy una vez que se obtuvo se ha dado cumplimiento en el transcurso del día”, refirió la fiscal del estado.

Al mismo tiempo que Medina Alemán, daba la rueda de prensa, a las afueras de las instalaciones de la FGE, personal médico y de enfermería se manifestaban y reclamaban que fue arrestada injustamente y que violaron los derechos humanos de la doctora.

La denuncia que hiciera el gremio médico consiste en que la aprehensión fue sin una orden, “se desaparece más de 18 horas y hasta ahorita a las 6 de la tarde no se ha sabido por parte de los familiares, no les han dado ninguna noticia de ella”.

Los médicos advirtieron que si la doctora Azucena Guadalupe no queda en libertad tomarían otro tipo de medidas, entre ellas no acudir a trabajar ninguno de los médicos del área Covid-19.

A partir de la tarde del martes 8, las redes sociales dieron cobertura en tiempo real a todo lo que sucedía en torno al caso de Calvillo Carrillo, en una especie de competencia sobre quien transmitía los datos más recientes, tanto de las autoridades, como opiniones del gremio médico y sociedad involucrada activamente.

Conforme avanzaba la noche del martes, las acciones de presión subían de tono. Médicos, enfermeras y sociedad en general, bloquearon el bulevar Francisco Villa a la altura del Centro de Reinserción Social Número 1 del estado, exigiendo la liberación inmediata de Azucena, al tiempo que advertían una y otra vez, que estaban dispuesto a realizar, para el miércoles 9 de diciembre, una huelga de brazos caídos en el sistema hospitalario, incluyendo las áreas Covid-19.

En ese escenario, las autoridades, ya entrada la noche del martes, decidieron reclasificar los cargos para que Azucena Guadalupe recuperara su libertad el miércoles, pasadas las dos de la mañana.

Los noticieros de radio y televisión, durante la mañana del miércoles 9 de diciembre, daban la noticia de la liberación de la doctora especialista en vías respiratorias, y quien ya había ayudado a salvar varias personas con la enfermedad avanzada del coronavirus.

Ese miércoles 9, el caso tomaba nuevos derroteros. Ya con la doctora en libertad, médicos comenzaron a exigir la renuncia de la fiscal Ruth Medina Alemán, a quien responsabilizaban por haber alterado el debido proceso y violentar la presunción de inocencia. Esta nueva realidad contra la Fiscal, tomaba vuelo y se convertiría durante el miércoles 9 y el jueves 10 de diciembre, en uno de los principales temas de Twitter y Facebook.

El jueves 10 de diciembre en la Ciudad de México y desde la sede de San Lázaro, los diputados federales del Partido del Trabajo, acusaron a personal de la FGED de torturar a la doctora hasta hacerla firmar la declaración en la que acepta la culpa, con tal de que no le hicieran daño a su familia.

El legislador Alfredo Femat Bañuelos dio a conocer irregularidades, como el hecho de que Velia Patricia Delfín tenía la posibilidad de permanecer en un área Covid, al pendiente de su hermano, con la indumentaria que se requiere para estar en un espacio de esa naturaleza.

En esa zona se habrían presentado diferencias entre la doctora Calvillo y la delegada de Tamaulipas por el trato que la funcionaria federal quería que se le diera a su familiar y el que percibía que se le estaba dando, razón por la que las cosas pasaron a mayores.

El mismo jueves 10, y a pesar de que el martes 8 acompañó a la Fiscal en rueda de prensa, el delegado del IMSS, emitió un comunicado en video en el que negaba haber presentado denuncia alguna en contra de Calvillo Carrillo, ni a título personal, ni de parte de la institución.

También manifestó que la doctora es inocente hasta que se demuestre lo contrario y dijo que han colaborado y mostrado disposición para colaborar con las autoridades encargados de la investigación, pero también hay total apertura para el trabajo realizado por la defensa.

El viernes 11 de diciembre, circuló un comunicado escrito a nombre de la exdelegada del IMSS Durango, en el que refería que ella no había presentado denuncia en contra de ninguna persona en particular, además de que solamente había atendido a la entrevista que, como familiar de la presunta víctima de atentado, le hicieron los agentes de la Fiscalía.

También mencionó que no fue tomada en cuenta en las investigaciones realizadas en torno al caso, tampoco se le ha dado acceso a la carpeta de investigación, no fue convocada a la audiencia, y no ha sido recibida por el Ministerio Público.

Ante este nuevo escenario en donde las partes involucradas daban un paso de costado, el secretario general de gobierno, Héctor David Flores Ávalos, transmitía un mensaje con el siguiente contenido:

“En congruencia con el compromiso de garantizar la paz social y con el propósito de procurar un bien superior, y ante la duda razonable que se desprende de las contradicciones de quienes han motivado la investigación y han aportado los indicios que forman parte del expediente, el gobernador del Estado, en uso de las facultades que le confiere la Constitución, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que valore retirar la formulación realizada ante el juez, en el proceso penal que se sigue en contra de la Doctora Azucena Calvillo”.

Ese mismo día, el gobernador aparecería en redes sociales con la doctora Calvillo Carrillo y su esposo, en una de las oficinas del Centro de Convenciones Bicentenario (CCB).

Sin embargo, las marchas de protesta y en demanda de la renuncia de la Fiscal Ruth Medina Alemán, se escucharon y se vieron el sábado 12 y el domingo 13 de diciembre por las principales calles de la ciudad, en donde miles de ciudadanos, se manifestaron con pancartas y mantas de protesta. Ambos eventos también tuvieron cobertura en tiempo real, a través de las diferentes plataformas de Twitter y Facebook.