Fiscal: hay quienes maniobran

para que esto no funcione

Por: Víctor R. Hernández

Héctor García R.: “No hay motivo legal que me obligue a dejar la Fiscalía (anticorrupción)”, asegura

Héctor García advierte que no dejará la Fiscalía Anticorrupción; el Congreso analiza su caso

 

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango, ha sido tajante al declarar que no se separará del cargo, a pesar de la vinculación a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR).

 

La Comisión de Responsabilidades del Congreso local ya revisa el asunto con el objetivo de determinar de qué forma se debe proceder en este caso, sin que el procedimiento se ensucie con tintes políticos.

Héctor García Rodríguez, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango, ha sido tajante al declarar que no se separará del cargo, a pesar de la vinculación a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR); la Comisión de Responsabilidades del Congreso local ya revisa el asunto con el objetivo de determinar de qué forma se debe proceder en este caso, sin que el procedimiento se ensucie con tintes políticos.

Ya de por sí, la llegada de García Rodríguez a la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción de Durango fue algo trompicada, los resultados que ha obtenido durante su gestión han sido cuestionados y, ahora su continuidad en el cargo está en entredicho.

De manera independiente a todo lo que se ha dicho con relación a su vinculación a proceso por parte de una instancia federal, el abogado declaró que no tiene pensado separarse de su cargo ya que la ley le da la posibilidad de tener continuidad en el mismo.

“No hay un motivo legal que a mí me obligue a dejar la Fiscalía. Lo que aquí sucede es que estamos en una lucha contra los que no quieren que esto funcione”, advirtió.

Manifestó que hay intereses que ya comienzan a ser incomodados por las actuaciones que se han hecho a través de la institución que tiene por objetivo ejercer una procuración de justicia especializada.

“Disfrazan sus intereses de cuestiones legales y nos hacen ver como si fuésemos delincuentes, cuando su intención es quitarle la intimidad a la institución, debido a que ya se comienzan a ver resultados en nuestro actuar”, expuso.

Opinó que la situación por la que atraviesa, no es motivo de destitución y en caso de que el Congreso del Estado determinara su separación del cargo, procedería a combatir dicha determinación por la vía legal.

Lo anterior, al tener en cuenta que la legalidad está de su lado, por lo que en caso de llegar al escenario adverso que ha sido planteado por algunos actores que consideran que debe salir, no dudará en defenderse.

Un caso sin precedentes

Por su parte, el diputado Gerardo Villarreal Solís, presidente de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, reconoció que en este caso hay algunas “aristas jurídicas” que pueden derivar en la separación del cargo del fiscal anticorrupción, aunque lo procedente es analizar y hacer las cosas con total apego a derecho.

El legislador local manifestó que hay que ver bajo qué criterios se maneja la posibilidad de que el funcionario del organismo autónomo sea separado de sus funciones, con todo y que su vinculación a proceso es del conocimiento de todos.

El Legislativo no puede tomar una determinación inmediata; se tiene que analizar toda la situación, pues en caso de que el implicado supere el tema de la vinculación a proceso y el Congreso lo haya separado del cargo, habría que revertir la determinación.

“La Constitución tiene que ser ponderada y nosotros tendremos que evaluar lo conducente en torno a este caso único, no suscitado en ningún otro estado del país, por lo que se marcará un precedente en la manera en que se lleve”, comentó.

Advirtió que lo que no se debe permitir es que el asunto caiga en un escenario político, pues tiene que llevarse en un ambiente meramente jurídico e institucional.

Además, se hará lo que el Pleno del Congreso del Estado determine, pues la Comisión de Responsabilidades sugiere, pero depende de todos los diputados la decisión de lo que sucede con los proyectos de dictamen.

Villarreal Solís expuso que no hay un plazo específico para tomar una decisión sobre el tema, pero se hace la recomendación de hacerlo con la mayor brevedad posible.

Por lo pronto, luego de que la Fiscalía General de la República dio vista al Legislativo del Estado sobre el procedimiento penal, se procedió a dar parte a los diputados que forman parte de la Comisión de Responsabilidades para sesionar de inmediato al respecto.

Es complicado proceder en torno a algo que no tiene precedentes, ya que, para empezar, estos organismos son de reciente creación en las entidades y lo que se pretende evitar es hacer interpretaciones de la ley local o general.

Por eso se requiere revisar a fondo que el procedimiento no contenga errores que después puedan ser revertidos.

Hay que recordar que fue el pasado 14 de octubre del año en curso, cuando se dictó en contra de Héctor Rodríguez el auto de vinculación a proceso por presunta violación a la Ley de Amparo, hecho a partir del cual su continuidad al frente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, quedó en entredicho.

Él explicó que los ciudadanos cuentan con el medio de defensa del amparo, para contravenir los actos de la autoridad, aunque a veces se abusa un poco de este derecho. A final de cuentas lo que se busca con ello es evitar los abusos de la autoridad.

En su momento relató que la Fiscalía solicitó un juicio político al Congreso del Estado en contra de dos personas, mismas que tienen fuero y se tiene que seguir un procedimiento particular.

Uno de ellos se inconformó con este procedimiento y promovió un juicio de amparo, señalando directamente al Héctor Rodríguez por violentar sus garantías, juicio que fue recibido por el juez.

Éste solicitó a la autoridad un informe previo y uno justificado, por lo que se expuso a García Rodríguez que había una persona que lo estaba denunciando y haciendo un señalamiento de cuatro cosas, a lo que él respondió que no era cierto.

Ese “no es cierto” tiene apariencia de una mentira en el informe del fiscal Anticorrupción, conducta que puede hacerse valer como delito.

En lo literal podría decirse que sí existió una mentira, pero la lógica jurídica es distinta, según el argumento del vinculado a proceso.

Admitió que hay disposiciones que contemplan su separación del cargo, pero también dijo que existe un avance sustantivo en cuanto a la manera en que estas medidas han quedado rezagadas, por causa de los propios derechos humanos que aplican para su defensa.

Ya presentó un derecho de apelación y tiene confianza que este prosperará, además de considerar la atención que se ha puesto en este asunto, cuando antes habían sido denunciados por la propia Fiscalía, cinco asuntos muy similares al suyo, respecto de los cuales no pasó nada.

“El día que me tocó a mí sí pasó y con mucha puntualidad, lo cual me hace dudar de la buena fe de la autoridad que da seguimiento al caso”, manifestó, sin que el señalamiento sea hacia la institución, sino más bien a las personas encargadas.

 Una de las cosas que más ha llamado la atención y que ha generado todo tipo de reacciones y comentarios, es el hecho de que el Fiscal Anticorrupción, esté involucrado en un asunto de tipo penal, cuando es una figura que prácticamente debería mantener una trayectoria intachable.

El caso ya tiene seguimiento en el Congreso del Estado, en donde se tiene la consigna de no dejar pasar mucho tiempo para determinar si el fiscal debe o no continuar en el ejercicio del encargo de combatir la corrupción.